El grupo rebelde más grande de Colombia podría ser expulsado de su santuario histórico, Venezuela, tras el primer ataque significativo del gobierno venezolano contra los insurgentes por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Ante la creciente presión de Estados Unidos, el Gobierno de Delcy Rodríguez envió drones para bombardear un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia. Según The New York Times, la operación se llevó a cabo con asistencia estadounidense.

El bombardeo, ocurrido el 30 de octubre, dejó al menos 19 muertos, entre ellos venezolanos, colombianos y mexicanos. El campamento aparentemente albergaba un laboratorio de procesamiento de drogas, según fotografías y videos difundidos en redes sociales.

Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha emitido declaraciones oficiales sobre el ataque. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, tan solo comentó que están tomando previsiones ante recientes episodios de violencia en Colombia el 2 de noviembre.

Estados Unidos tampoco ha dado declaraciones, pero el secretario de Estado Marco Rubio dijo en septiembre desde Colombia que habían discutido con la administración de Rodríguez posibles acciones contra el ELN en Venezuela.

“Imagine que una banda criminal operara desde un territorio al otro lado de la frontera, entrara en su país, cometiera delitos, asesinatos y atentados, y luego regresara y se escondiera en otro país. Eso no es sostenible. Tenemos que hacer frente a esta situación”, dijo Rubio a la prensa tras reunirse con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Un quiebre con el pasado

La afinidad del gobierno con las guerrillas colombianas ha sido prevalente desde la presidencia de Hugo Chávez en la década del 2000, quien abrió las puertas del país a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor ejército guerrillero del país hasta la firma del acuerdo de paz en 2016. 

El ELN rápidamente llenó el vacío criminal que dejaron las FARC y, desde entonces, fue ganando progresivamente control de gran parte de los 2.219 kilómetros de la porosa frontera que comparten Venezuela y Colombia y se extendió por distintos estados al interior de Venezuela, hasta llegar al extremo oriental, fronterizo con Guyana. 

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Esta expansión fue apalancada por alianzas con múltiples funcionarios y militares venezolanos, que le permitieron al ELN implementar sistemas de gobernanza criminal y reclutar a miles de venezolanos a sus filas. También le permitieron controlar zonas clave para el tráfico de cocaína y la minería ilegal, dos economías criminales de las que el gobierno y el ELN se han beneficiado durante años. 

En el estado de Apure, el ELN construyó uno de sus principales centros operacionales, pues el estado colinda con el departamento colombiano de Arauca, un histórico bastión del grupo guerrillero. Desde los llanos apureños, el ELN ha consolidado operaciones de procesamiento y tráfico de cocaína hacia múltiples países.

Pero la abierta protección con la que operaba el grupo quedó en el aire desde la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses y el giro político de Rodríguez como presidenta interina bajo presión de Washington. 

¿Qué tan difícil podría ser combatir al ELN en Venezuela?

El ataque en Venezuela ocurre al tiempo que el grupo es asediado en Colombia, y aunque su posición estratégica en la frontera podría verse amenazada por primera vez, el ELN difícilmente cederá su poderío en el territorio sin luchar por él. 

Si bien en los últimos años del gobierno de Maduro la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó algunas incautaciones de brazaletes del ELN y destrucción de supuestos campamentos clandestinos, nunca se llevó a cabo una acción contundente en su contra. 

Las fuerzas de seguridad, en general, se han mantenido al margen de las disputas por territorios mineros en el sur de Venezuela entre el ELN y disidencias de las FARC a lo largo de este año, y apenas han intervenido con despliegues militares superficiales para evitar mayores episodios de violencia.

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De hecho, ante un escenario de confrontación sostenida con el ELN, las fuerzas de seguridad venezolanas estarían en desventaja. Bajo el chavismo, estas han perdido capacidades profesionales y entrenamiento táctico, mientras la corrupción se ha extendido por sus filas. Las tropas del ELN, por su parte, cuentan con entrenamiento y disciplina. Esto les permitió, en 2021, enfrentar con éxito al Frente 10 de las disidencias de las FARC, algo que el ejército no consiguió.

Delcy Rodríguez y el apoyo de Estados Unidos y Colombia 

En este contexto, el papel de Washington, tanto en la presión sobre las decisiones de seguridad de Venezuela como en su nueva alianza con Colombia, podría ser determinante en las operaciones contra la guerrilla en ambos países. 

En Colombia, De la Espriella ha mantenido una campaña de mano dura contra los insurgentes, y se ha convertido en uno de los principales aliados de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado en la región. Incluso ha ofrecido el país como sede operativa del Escudo de las Américas. 

Una de las primeras acciones en materia de seguridad del presidente fue un bombardeo contra el ELN en la región fronteriza del Catatumbo, donde el grupo se disputa el control de la zona cocalera con el Frente 33 de las disidencias de las FARC desde 2025. La situación se ha agudizado tras atentados registrados en el departamento de Norte de Santander a finales de octubre, que llevaron a una militarización parcial de la frontera. 

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Ahora, siendo el ELN uno de los primeros grupos criminales de América Latina designados por Estados Unidos (en 1997) como organizaciones terroristas extranjeras y con Washington influyendo en las operaciones de seguridad en ambos países, existen mayores posibilidades de que el efecto pinza pueda debilitar al grupo criminal.

Sin embargo, la colaboración de Estados Unidos con las fuerzas de seguridad en Venezuela ha sido limitada a lo largo del año. La principal operación conjunta, el ataque de junio que logró la muerte del líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, que aunque fue promocionado como una victoria por Estados Unidos, no abarcó operaciones contra otros grupos criminales mineros operando en el estado Bolívar, a pesar de los intereses que Washington mantiene sobre la producción aurífera en la zona.