Camaradería y narcotráfico: las guerrillas colombianas en Venezuela

Corría el año 2016 cuando Raúl* recibió una visita que sería el comienzo de una larga pesadilla. Un general venezolano lo visitó en su finca y le entregó un teléfono. Al otro lado de la línea estaba Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del chavismo y hoy ministro de interior, justicia y paz de Venezuela.

Cabello fue directo. Quería comprar el rancho de Raúl, una enorme finca ganadera ubicada en la frontera con Colombia. Raúl se negó. Tiempo después llegó un segundo ofrecimiento, esta vez hecho directamente por Cabello. La respuesta volvió a ser la misma.

Durante meses, Raúl creyó que el asunto había quedado atrás. Pero en 2017 fue detenido por una unidad de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Fue enviado a prisión, sometido a torturas y, finalmente, el Estado se apropió de su propiedad.

“Mandaron generales a hablar conmigo porque ellos estaban interesados en la pista de aterrizaje que había hecho mi papá … ellos querían hacer tráfico de droga desde ahí con la guerrilla, con el ELN. Ese era el gran interés”, le comentó Raúl a InSight Crime.

La finca de Raúl se encuentra en el estado de Apure, una región fronteriza que con los años se ha consolidado como un corredor estratégico del narcotráfico. Desde allí despegan decenas de avionetas cargadas de cocaína con destino a Centroamérica y el Caribe, y ha sido hogar de varios grupos guerrilleros de origen colombiano.

Poco después de la detención de Raúl, la guerrilla de origen colombiano del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se instaló en su propiedad con el fin de coordinar operaciones de narcotráfico en colaboración con importantes figuras militares y políticas de Venezuela, según se enteró más tarde Raúl.

El despojo de la finca de Raúl es una de las múltiples maniobras que el ELN, en cooperación con autoridades venezolanas, ha utilizado para consolidar su dominio en la frontera entre Colombia y Venezuela. Por este límite binacional atraviesan innumerables corredores de narcotráfico, una economía ilegal que ha financiado tanto a altos funcionarios del régimen como a las guerrillas del ELN y a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a sus disidencias.

Financiando la revolución

Las guerrillas de origen colombiano, que durante décadas se declararon enemigas del sistema capitalista, terminaron integradas a una de sus economías más rentables: el narcotráfico.

El auge de la producción de cocaína en Colombia permitió a las guerrillas pasar del cobro de un impuesto a los carteles colombianos en la década de 1980, a convertirse, en la actualidad, en el principal proveedor de cocaína del Cartel de los Soles, una red de corrupción dentro del gobierno venezolano integrada por altos mandos militares y políticos. Hoy el Cartel de los Soles está en el centro de atención internacional luego de la captura en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

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La llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 marcó un punto de inflexión en la presencia de las guerrillas colombianas en Venezuela. Su proyecto político y las declaraciones públicas de respaldo a los comandantes de las FARC facilitaron que estas insurgencias encontraran, al otro lado de la frontera, un refugio y un nuevo centro de operaciones.

A comienzos de la década del 2000, la relación entre el régimen venezolano y las FARC se volvió más estructurada. Chávez designó a altos funcionarios militares y políticos como enlaces con la guerrilla e institucionalizó un vínculo de beneficio mutuo. Bajo este esquema, los comandantes rebeldes aseguraron la continuidad de sus negocios en territorio venezolano, mientras que altos oficiales accedieron a rentas criminales, especialmente las derivadas del narcotráfico.

“Chávez le pidió a algunos miembros del poder popular, a miembros de la Asamblea Nacional, y a otras personas cercanas al poder que hicieran una coalición con las FARC y que se les permitiera utilizar el territorio venezolano”, le comentó a InSight Crime Zair Mundaray, un exfiscal venezolano que se encuentra en el exilio.

Mientras el Bloque Oriental de las FARC dominaba extensos territorios con cultivos de coca y centros de procesamiento de cocaína, Venezuela ofrecía la plataforma logística ideal para la exportación. La participación de sectores militares y políticos facilitó el tránsito de cargamentos a través de aeropuertos, carreteras y puertos marítimos, lo que consolidó un circuito binacional de narcotráfico.

Los frutos de esa relación no tardaron en hacerse visibles. Para 2004, por Venezuela se movían alrededor de 250 toneladas de cocaína al año, de acuerdo con estimaciones del gobierno de Estados Unidos.

Entre los principales militares señalados por su participación en este entramado criminal figura el exgeneral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Cliver Alcalá Cordones, quien, según documentos judiciales de Estados Unidos, entregó armamento oficial venezolano a las FARC. A su vez, Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, habría brindado protección a cargamentos de cocaína, facilitado la instalación de bases guerrilleras en estados fronterizos como Apure y gestionado documentación legal para los miembros de la guerrilla. En la actualidad, Alcalá y Carvajal están detenidos en Estados Unidos.

En un inicio, las FARC suministraban la droga y los militares venezolanos garantizaban el transporte, y ambos operaban a través de narcotraficantes curtidos como Daniel “El Loco” Barrera y Walid Makled, alias “el Turco”. Sin embargo, la caída de varios de estos capos alteró el equilibrio del negocio y dio paso a una nueva fase en la relación entre la guerrilla y el régimen venezolano.

Las FARC comenzaron a despachar cargamentos desde su propia infraestructura, principalmente pistas clandestinas ubicadas en regiones fronterizas de Venezuela, como Apure o Zulia. Paralelamente, las redes de corrupción incrustadas en el Estado venezolano —conocidas como el Cartel de los Soles— empezaron a negociar directamente con compradores y a despachar sus propios envíos.

Hacia 2013, la muerte de Chávez y el inicio de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia reconfiguraron el panorama. Con Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, el régimen comenzó a tejer nuevas alianzas criminales, mientras la desmovilización de las FARC llevó a la creación de grupos disidentes que, aunque sostuvieron las alianzas políticas, también crearon enemistades con el régimen.

El heredero del negocio

En 2016, el gobierno de Colombia firmó el acuerdo de paz con las FARC, que derivó en la desmovilización y el desarme de cerca de 13.200 combatientes. Sin embargo, no todos los líderes de la organización respaldaron las negociaciones. Algunos comandantes optaron por seguir en armas y preservar sus negocios ilícitos, especialmente en la frontera colombo-venezolana.

Con el antecedente de una presencia histórica en Venezuela, las primeras facciones disidentes de las FARC aprovecharon las bases ya instaladas en ese país y los vínculos construidos con militares bajo las órdenes de Maduro. 

Una de las principales facciones disidentes que sostuvo estos nexos es el Frente Acacio Medina, liderado por Géner García Molina, alias “John 40”, cuyo centro de operaciones está ubicado en el estado de Amazonas, sur de Venezuela, fronterizo con los departamentos colombianos de Guainía y Vichada. Aproximadamente desde 2013, y hasta hoy, John 40 y sus hombres han logrado consolidar uno de los principales corredores de cocaína y oro de la región, en el que la permisividad y complicidad de sectores de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han sido determinantes para su funcionamiento.

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En agosto de 2019, un grupo de importantes líderes de las FARC volvieron a las armas y usaron a Venezuela como plataforma para lanzar su proyecto insurgente. Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Pausías Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, se separaron del proceso de paz y fundaron la autodenominada “Segunda Marquetalia”. El grupo estableció su base en el estado Apure, un importante eje de narcotráfico fronterizo con Colombia.

La incursión de la Segunda Marquetalia en el escenario criminal creó fracturas entre las facciones disidentes de las FARC y detonó una disputa por el control de corredores fronterizos estratégicos entre Colombia y Venezuela. 

Estas tensiones desembocaron en enfrentamientos abiertos. En 2021, el ejército venezolano lanzó una ofensiva militar contra el Frente 10 de las disidencias de las FARC en el estado de Apure, una zona clave para el tráfico de drogas y el control de pasos fronterizos. Políticos, periodistas y habitantes de la región le comentaron a InSight Crime que la operación buscaba desplazar a esta facción para facilitar el control territorial de la Segunda Marquetalia sobre rutas estratégicas del narcotráfico.

Con el tiempo, Venezuela dejó de ser un refugio seguro para las disidencias de las FARC. El país se convirtió en el cementerio de varios de sus principales comandantes, como Hernán Darío Velásquez, alias “el Paisa”, y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, así como de múltiples atentados contra Iván Márquez.

“Todavía queda parte de las antiguas FARC, pero ya no es una sola persona la que controla el tráfico de drogas ni las rutas. Ese poder está hoy más fragmentado y, en muchos casos, en manos de generales, que tienen sus propias cuotas de control en distintas zonas”, le comentó a InSight Crime un exfuncionario de una agencia antidrogas del gobierno de Chávez, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

El proveedor confiable del negocio ya no viste de camuflaje con las siglas de las FARC. Hoy, quien controla los corredores, la logística y las rentas ilegales en la frontera luce brazaletes rojinegros.

De actores secundarios a protagonistas

Considerados por muchos años como los “primos pobres” de las FARC, el fracaso de las disidencias fue el tiquete de oro que catapultó el proyecto militar y económico del ELN en varias zonas de la frontera de 2.200 kilómetros que comparten Venezuela y Colombia.

“Las disidencias de las FARC no estaban dispuestas a complacer al gobierno de Maduro, no estaban dispuestas a hacer todo lo que dijera el régimen», mencionó Raúl a InSight Crime. Sin embargo, el ELN sí lo estaba.

Más allá de la afinidad ideológica, el ELN pasó a desempeñar un papel paramilitar al servicio de los intereses del Estado venezolano en la frontera. El control de territorios, poblaciones y economías ilegales, como el tráfico de cocaína, fue la carta de entrada para que el ELN se convirtiera en un bastión de defensa de la Revolución Bolivariana.

Detrás de esta estrategia, se encuentra Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”, comandante del Frente de Guerra Oriental (FGO), la estructura de guerra más rica y poderosa del ELN. Pablito y su estructura armada son los principales financiadores de la lucha del ELN en Colombia.

Informes de inteligencia colombiana, dados a conocer por la revista Cambio, dan cuenta de cómo Pablito controla laboratorios de producción de pasta base y de clorhidrato de cocaína, bodegas de almacenamiento y pistas clandestinas para la salida de la droga desde Venezuela. Gerly Sánchez Villamizar, alias “Mono Gerly” uno de los principales lugartenientes de Pablito, fue capturado en diciembre de 2025 en España. No solo está acusado de liderar actividades de narcotráfico, sino que estaría detrás de una red de blanqueo de capitales que presuntamente lavó más de US$240 millones provenientes del narcotráfico.

“Es el principal lavador de activos del traqueteo del ELN. Es el capo”, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X a finales de 2025 en alusión al rol de Sánchez.

El principal rol del ELN en el narcotráfico en Venezuela es garantizar el ingreso de cocaína desde Colombia, proteger pistas y cargamentos. Una vez en Venezuela, la cocaína es despachada desde pistas clandestinas, como la que se encuentra en el rancho de Raúl, o es transportada al interior del país, donde es enviada a destinos internacionales por diversas rutas. 

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Un intercambio de comunicaciones revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol documenta que, además del flujo de cocaína controlado por el ELN desde Colombia, el ejército venezolano habría comercializado armas con comandantes de ese grupo y coordinado operaciones conjuntas en suelo venezolano. 

Diosdado Cabello aparece como otro de los enlaces entre el régimen y el ELN, según el más reciente escrito de acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y testimonios de exmilitares y ganaderos que hablaron con InSight Crime. Cabello se ha encargado de disponer los elementos necesarios para que el ELN, y en general, el narcotráfico en Venezuela, pueda ocurrir sin inconvenientes. 

Cabello supuestamente viajó entre 2022 y 2024 a pistas clandestinas controladas por el ELN en la frontera con Colombia para asegurar que la cocaína saliera de Venezuela con éxito mediante vuelos clandestinos. 

“La articulación entre el Cartel de los Soles y los grupos guerrilleros que hacen vida en la frontera sirve para mantener todo tranquilo y para que la mercancía pueda circular tranquilamente”, dijo a InSight Crime un antiguo miembro del Partido Comunista Venezolano (PCV), quien omitió su nombre por razones de seguridad. “El ELN ayuda a pasar droga hasta cierto punto y de ahí para acá el Ejército resguarda.”

La relación de larga data entre el ELN y figuras clave del régimen chavista reduce las probabilidades de que las economías del narcotráfico compartidas con el Cartel de los Soles se desarticulen, incluso después de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Por el contrario, todo apunta a una adaptación de estos vínculos, con formas de cooperación más encubiertas entre el ELN y sectores del poder político y militar.

“Veo difícil una decisión del régimen bolivariano de combatir al ELN”, dijo Luis Fernando Celis, analista de seguridad especializado en el ELN, a InSight Crime. “No creo que el ELN sea fácilmente golpeable en Venezuela, como no lo es en Colombia. El ELN va a tener más dificultades, va a tener que recomponer sus relaciones, pero no veo una gran amenaza para el ELN en el escenario actual venezolano”.