Un futuro sombrío se asoma para las pandillas de El Salvador

En una calurosa tarde de julio en el municipio salvadoreño de Apopa, al norte de la capital, San Salvador, InSight Crime se sentó con una mujer y su madre en un parque. Se trataba de una de las decenas de entrevistas grupales realizadas en todo el país para analizar cómo ha cambiado la vida en los antiguos bastiones de las pandillas desde el inicio de la histórica ofensiva del presidente Nayib Bukele contra los grupos criminales.

Bajo el sol abrasador que cocinaba el asfalto arenoso de una cancha de baloncesto desgastada y los armazones metálicos oxidados y chisporroteantes de un gimnasio, la mujer nos contó que este tipo de entrevista habría sido imposible hace tan solo unos meses.

“Nos hubieran disparado quizás, o nos hubieran secuestrado…no se podía estar en un parque”, dijo.

A lo largo de nueve meses de investigación sobre lo que el gobierno denomina régimen de excepción, escuchamos docenas de historias similares en antiguos bastiones de las pandillas de todo el país. Los residentes hablaron libremente en centros comunitarios y campos de fútbol antes prohibidos, un testimonio de cómo el rápido declive de las pandillas ha cambiado radicalmente la vida de las personas que soportaron años de terror. 

Ese día, a pocos metros de distancia, un grupo de vecinos charlaba junto a un grueso muro de hormigón. El muro, según los vecinos, representaba antaño una línea infranqueable entre territorios controlados por facciones de grupos rivales. Pandillas como la MS13 y Barrio 18, nos contaron los residentes, ocupaban los espacios públicos e imponían normas estrictas que prohibían a los forasteros —incluidos la mayoría de los periodistas— entrar en su espacio.

“En ese tiempo estaba feo (…) uno no podía andar de noche”, añadió la mujer.

El rápido declive de las pandillas de El Salvador ha alterado radicalmente el panorama criminal del país, liberando extensiones de territorio del control de la delincuencia. La tasa de homicidios del país, que ya había caído a mínimos históricos antes de que comenzara el régimen de excepción, se encuentra ahora en su nivel más bajo desde el final de la guerra civil en 1992.

Sin embargo, críticos y unos partidarios del régimen de excepción entrevistados durante la visita de InSight Crime a El Salvador durante 2023, cuestionaron la sostenibilidad a largo plazo de políticas de seguridad tan agresivas, que se han basado en la suspensión de derechos constitucionales durante más de un año y medio y en una gestión opaca del presupuesto. 

Es más, en Apopa y en otros lugares, las esperanzas de un futuro sin asesinatos y extorsiones desenfrenadas se vieron atenuadas por la preocupación de que las pandillas pudieran volver algún día, mutar o ser sustituidas por otros actores criminales. A continuación, analizamos esta y otras posibles consecuencias de la histórica represión.

¿Pueden reagruparse las pandillas en El Salvador?

Una cuestión clave de cara al futuro es si la MS13 y las dos facciones del Barrio 18 en El Salvador pueden reagruparse, reclamar territorio y reanudar la violencia y la delincuencia, como ha ocurrido tras anteriores represiones. 

No se trata de un escenario probable a corto o mediano plazo, dadas las herramientas legales a disposición del gobierno para mantener a las personas en la cárcel y la amenaza inminente de detención para cualquier miembro de la pandilla. Además, el presidente Bukele tiene previsto presentarse a la reelección en 2024 y cuenta con una amplia ventaja en las encuestas, lo que significa que su administración podría permanecer en el poder al menos otros cinco años.

Desconcertados, los miembros de las pandillas parecen estar en modo de supervivencia. Privados de territorio e ingresos, reagruparse no es una opción inmediata. También han sufrido un aparente colapso de la comunicación entre las células tras el inicio del régimen de excepción. Los miembros de las pandillas que han permanecido fuera de la cárcel se han quedado en gran medida solos, según fuentes de las pandillas entrevistadas por InSight Crime. 

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Aun así, la MS13 y el Barrio 18 han evolucionado y se han adaptado para seguir operando frente a la agresión del Estado, y algunos de sus miembros podrían volver a la actividad delictiva. Las antiguas células de las pandillas, por ejemplo, podrían convertirse en nuevos grupos y reactivar economías criminales como la extorsión o la venta de drogas. Fuentes policiales, militares y pandilleros dijeron a InSight Crime que los remanentes de la MS13 y el Barrio 18 siguen extorsionando y cometiendo delitos menores en algunas zonas.

Más de 21.000 pandilleros de pleno derecho siguen en libertad, según estimaciones de la policía. El gobierno también estima que 53 grupos armados permanecen en El Salvador, lo que sugiere que al menos algunas estructuras de las pandillas permanecen, aunque de manera intermitente. 

Pero, a menos que se produzca un cambio radical en la política de seguridad del gobierno, parece poco probable que estos grupos puedan establecer el tipo de control territorial que antaño permitió a las pandillas gestionar redes delictivas en todo el país.

Aun así, la semilla permanece. 

La MS13 y el Barrio 18 surgieron en zonas urbanas o rurales con condiciones socioeconómicas precarias, entre ellas pobreza generalizada, alto desempleo, educación limitada, familias fracturadas y altos niveles de violencia doméstica y abusos. Las detenciones masivas pueden haber exacerbado los problemas sociales al desintegrar a las familias, reducir los ingresos de los hogares y marginar aún más a los jóvenes en situación de riesgo al vincularlos a las pandillas, a menudo sin pruebas. 

El gobierno no parece tener un plan integral para abordar las causas que originaron las pandillas. Esto impone una carga desproporcionada a la comunidad y a las organizaciones de la sociedad civil y religiosas para cubrir estas necesidades sociales y económicas, algo que no han podido hacer en el pasado. 

“Lo que ha hecho el gobierno simplemente es cortar del tronco hacia arriba a las pandillas… pero dejaron la raíz”, dijo Estuardo Escobar, un abogado salvadoreño y crítico abierto del régimen de excepción.

La dimensión de la delincuencia relacionada con las pandillas en El Salvador en el futuro también puede depender del plan de seguridad del gobierno. El régimen de excepción sofocó las pandillas y la delincuencia común con una abrumadora demostración de fuerza, pero mantener este nivel de compromiso es costoso. Además, las prioridades políticas podrían cambiar incluso durante la presidencia de Bukele.

Sin embargo, el Estado dispone de una herramienta poderosa, aunque controvertida, para contener a las bandas y otros grupos de delincuentes en el futuro. Las denuncias anónimas fueron la base de muchas detenciones, incluso de personas inocentes, según fuentes de la sociedad civil. Los residentes de las comunidades controladas por las pandillas en la zona de San Salvador dijeron a InSight Crime que los lugareños habían utilizado una línea telefónica anónima para informar a la policía sobre el paradero de las mismas. En otras palabras, las pandillas se desintegraron en parte, y podrían seguir haciéndolo, gracias a las comunidades que una vez controlaron.

La posibilidad de la consolidación de pandillas carcelarias

A finales de septiembre de 2023, las autoridades salvadoreñas habían detenido a más de 77.000 personas durante el régimen de excepción. Las prisiones del país albergan ahora a más de 105.000 detenidos y pueden estar funcionando al doble de su capacidad. 

El encarcelamiento masivo ha suscitado dudas sobre si las pandillas podrían aprovechar el grave hacinamiento en las cárceles para consolidar su presencia tras las rejas y empezar a operar como lo hacen las pandillas carcelarias en lugares como Brasil, Venezuela y Estados Unidos.

Hay algunos precedentes históricos que respaldan esta afirmación. Las detenciones masivas realizadas durante la campaña de mano dura en El Salvador a mediados de la década de 2000 condujeron a una reorganización de las pandillas. Los líderes encarcelados reformaron las estructuras de las pandillas, su modus operandi y la organización de sus mercados delictivos. En pocos años, las pandillas habían convertido las cárceles en sus centros de operaciones, así como en centros de reclutamiento y disciplina para sus bases. 

Los gobiernos sucesivos han reforzado la seguridad en las prisiones, medidas que, aunque controversiales y contrarias a la Constitución del país y posiblemente al derecho internacional en materia de encarcelamiento, han demostrado ser más eficaces para controlar la actividad de las pandillas. 

Múltiples testimonios de personas detenidas durante el régimen de excepción sugieren que las fuerzas de seguridad han establecido un control casi total en las cárceles, sometiendo a los miembros de las pandillas a malos tratos físicos y psicológicos con regularidad. Las autoridades también han cortado las comunicaciones con el mundo exterior. Incluso los familiares y los representantes legales tienen poco o ningún contacto con sus parientes y clientes dentro del sistema penitenciario.

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Por el momento, estas medidas extremas parecen haber logrado su objetivo de aislar a las pandillas e impedir una respuesta colectiva tanto dentro como fuera de las prisiones. Esta falta de comunicación ha supuesto un golpe potencialmente crítico para el modus operandi de las pandillas. La represión también ha limitado la comunicación entre los miembros de las pandillas encarcelados, y no hay indicios de que los miembros de la MS13 y el Barrio 18 puedan planificar actividades delictivas o imponer normas fuera de las celdas individuales, según múltiples testimonios de personas detenidas en cárceles que albergan a miembros de las pandillas. 

Pero este sombrío panorama para las pandillas podría cambiar. Las pandillas carcelarias necesitan una rotación constante de reclutas que les permita controlar a sus miembros en el exterior y acceder a economías criminales clave. Y el flujo de miembros de las pandillas que entran y salen de las prisiones puede aumentar con la liberación gradual de los detenidos a causa del estado de excepción y futuras detenciones. Recuperar esa influencia y restablecer las comunicaciones con los miembros de las pandillas en la calle también podría suponer un trampolín para la reactivación de algunas células inactivas y, por extensión, una base para que la multitud de pandilleros encarcelados reafirme su influencia como fuerza criminal entre rejas.

Los costos asociados con mantener en prisión a cerca del 1,7% de la población del país son muy elevados. Cualquier disminución de los recursos asignados a las prisiones podría debilitar el control del Estado en las cárceles, lo que podría favorecer a las pandillas.

El régimen actual depende de la violación sistemática del debido proceso y otros derechos fundamentales, y requiere una constante represión física y psicológica dentro de los centros penitenciarios. Esta combinación de factores es lo que condujo a la aparición de las estructuras criminales ahora dominantes en lugares como Brasil.

Pandilleros en el exilio

Con las oleadas de pandilleros salvadoreños que huyeron a países cercanos tras el inicio del régimen de excepción, han surgido dudas sobre si estos exiliados podrían reagruparse en países donde las pandillas ya tienen presencia, como México, Guatemala y Honduras.

De momento, hay pocos indicios de que los miembros de las pandillas salvadoreñas estén intentando reincorporarse a la vida criminal en el extranjero. Por el contrario, todo parece indicar que se mantienen ocultos con la esperanza de evitar ser detenidos y deportados. Pero esta situación también podría cambiar si los miembros de las pandillas que huyen con escasas perspectivas de empleo buscan gradualmente fuentes de ingresos y sistemas de apoyo en el extranjero, o si los gobiernos extranjeros disminuyen las deportaciones de miembros de pandillas salvadoreñas.

Los escenarios probablemente diferirán entre países.

En México, la MS13 tiene una presencia limitada, canalizada principalmente a través de su llamado Programa México. El Programa México, formado por miembros salvadoreños de la MS13 expatriados y fugitivos entre 2014 y 2015, está involucrado en el tráfico de drogas y el tráfico de migrantes. Varios líderes de pandillas salvadoreñas operan ahora desde México, según una acusación estadounidense contra altos dirigentes de la MS13 publicada en marzo de 2023.

Uno de esos líderes, Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, fue arrestado en México en noviembre de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Muchos consideran a Crook el miembro de segundo mayor rango de la MS13. Su captura confirmó la presencia de líderes pandilleros de la MS13 en México, hecho que haría del Programa México el método preferido para que los líderes salvadoreños de la MS13 organicen células pandilleras fuera de El Salvador.

Aunque el reclutamiento de pandilleros salvadoreños podría reforzar las filas del Programa México y los miembros de las pandillas podrían unirse o formar sus propias pequeñas organizaciones criminales, es poco probable que esto cambie la posición de las pandillas en un panorama criminal dominado por sofisticadas organizaciones narcotraficantes.

Los presuntos vínculos entre el Programa México de la MS13 y grupos de narcotraficantes mexicanos podrían ofrecer oportunidades financieras a los pandilleros salvadoreños experimentados. Sin embargo, la superioridad de los grupos de narcotraficantes mexicanos probablemente limitará a los miembros de las pandillas a un papel de apoyo.

En Guatemala y Honduras, las pandillas también tendrán dificultades. Tanto la MS13 como el Barrio 18 tienen presencia en zonas urbanas y cárceles, aunque la influencia de las pandillas nunca ha sido tan fuerte como en El Salvador antes del régimen de excepción. Es más, hasta ahora, hay pocos indicios de que la afluencia de pandilleros salvadoreños haya alterado la vida de las pandillas.

Llenando el vacío

El colapso de las pandillas de El Salvador ha generado dudas sobre la posibilidad de que otras redes delictivas llenen el vacío. Como ya se ha mencionado, los grupos de delincuentes formados por remanentes de las pandillas o sus afiliados podrían intentar reactivar las economías criminales callejeras que antes monopolizaban las pandillas. Pero el éxito del gobierno en la neutralización de la MS13 y el Barrio 18 —durante décadas una fuerza criminal sin rival y, en algunas zonas, una forma de gobierno paralelo— también podría abrir el camino para que las redes criminales incrustadas en el Estado monopolicen el panorama delictivo.

En particular, la caída de las pandillas ha ido de la mano de la consolidación y centralización del poder por parte del gobierno de Bukele. El éxito del régimen de excepción se debe, en parte, al control de todos los poderes del Estado —especialmente las fuerzas de seguridad, la Asamblea Legislativa y el poder judicial— para reprimir a los delincuentes y, al mismo tiempo, eliminar los controles sobre las acciones del gobierno. 

El gobierno de Bukele ya se ha enfrentado a acusaciones de corrupción. El ministro de salud y el ministro de finanzas del gobierno fueron investigados por presunta malversación de fondos públicos tras el inicio de la pandemia del coronavirus en 2020. Los fiscales también iniciaron investigaciones preliminares sobre el director de prisiones, Osiris Luna, por el presunto desvío de US$1.6 millones en ayuda alimentaria durante la pandemia.

Estas investigaciones se estancaron cuando los legisladores alineados con Bukele destituyeron al fiscal general que dirigía las investigaciones de corrupción. Ninguno de los funcionarios se ha enfrentado a cargos formales por corrupción. Después, lo sustituyeron por un fiscal general con presuntos vínculos con operadores criminales, incluido uno con estrechos lazos con la MS13.

El partido de Bukele también aprovechó su supermayoría en la Asamblea Legislativa para reorganizar la composición del más alto tribunal del país, una controvertida medida calificada de inconstitucional por los críticos. Estas maniobras legales han eliminado casi por completo el escrutinio del gasto público, lo que ofrece una gran oportunidad para la corrupción estatal. Las altas cortes también han tomado decisiones controvertidas, como anular un caso de lavado de dinero contra un presunto delincuente y negarse a extraditar a líderes de pandillas buscados por cargos de terrorismo en Estados Unidos.

Del mismo modo, las fuerzas de seguridad del Estado y las autoridades penitenciarias han sido objeto de un escrutinio mínimo de sus acciones durante el régimen de excepción, a pesar de las denuncias generalizadas de detenciones arbitrarias y otros abusos contra los derechos humanos. 

Un poder sin precedentes en manos de unas fuerzas de seguridad con un pasado cuestionable —facciones de la policía salvadoreña han sido vinculadas a escuadrones de la muerte y casos de corrupción— podría crear las condiciones para que los funcionarios se dediquen al crimen o incluso usurpen los negocios criminales dejados por las pandillas. En agosto de 2023, por ejemplo, un investigador de la policía fue arrestado bajo sospecha de extorsión; los fiscales afirman que el funcionario exigió US$10.000 a un individuo a cambio de no arrestarlo bajo los poderes del régimen de excepción. Los fiscales también han detenido a agentes de policía acusados de establecer controles de carretera no autorizados para amedrentar a los civiles.

También puede haber cierto margen para el cruce entre las redes criminales incrustadas en el Estado y los remanentes de las pandillas. Los principales líderes de las pandillas llevan años cultivando vínculos estratégicos con los sucesivos gobiernos de El Salvador, a veces negociando pagos a cambio de apoyo político. Entre estos contactos se encuentran algunos de los aliados políticos más cercanos a Bukele, como el director de prisiones Luna, que figura en la lista negra del gobierno de Estados Unidos por su presunto papel como facilitador de las negociaciones secretas con las pandillas antes del régimen de excepción.

El gobierno de Bukele también excarceló a una serie de líderes de la MS13, incluido Crook, antes del régimen de excepción, y no ha extraditado a líderes de la pandilla buscados por Estados Unidos.

Un panorama criminal dominado por un Estado poderoso podría adoptar diferentes formas. En su forma más vertical, el poder descansaría en una fuerte empresa criminal dirigida desde la cúpula del gobierno que aprovecha su control monolítico del Estado para eliminar toda oposición política y criminal. Esta empresa monopoliza el control sobre la corrupción y la actividad delictiva. También borra espacios para las pandillas y recauda impuestos de las organizaciones de narcotráfico, el contrabando y otras actividades delictivas. Este perfil concuerda con la centralización del poder que rodea al gobierno de Bukele e imita a otros gobiernos criminales de la región, sobre todo Nicaragua.

En un modelo más horizontal, varias mafias incrustadas en el Estado podrían tener el control de algunas economías criminales importantes, en particular esquemas de corrupción de alto nivel, formando varios bloques criminales que ejercen el control sobre su feudo. Pero la competencia entre estos bloques, así como la competencia por los negocios criminales menos glamorosos -como la extorsión, el tráfico de drogas, el robo y la reventa, y el contrabando- podría seguir generando violencia y delincuencia entre estas diversas facciones criminales. Este escenario, que se asemeja a Venezuela y, en algunos aspectos, a Guatemala, requiere un fuerte control sobre partes clave del gobierno, en particular sus fuerzas de seguridad y poderes judiciales. 

*Con contribuciones de Steven Dudley, Carlos García, César Fagoaga, Bryan Avelar, Roberto Valencia y Juan José Martínez d’Aubuisson.