En México se encuentran las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio. Estas organizaciones han surgido de una larga historia de contrabando y de su proximidad a Estados Unidos, la mayor economía del mundo, para convertirse en una amenaza regional.

Sus redes se extienden desde Argentina hasta Canadá e incluso Europa. Trafican con drogas ilegales, bienes de contrabando, armas y personas, y lavan sus ganancias a través de cambistas, bienes inmuebles, bancos regionales y locales y proyectos económicos. Su armamento, entrenamiento y táctica se han vuelto más sofisticados con la intensificación de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatirlos. El aumento de la presión respecto a la seguridad ha causado un cambio dramático en el hampa mexicana, pues la caída de numerosos jefes de la droga ha precipitado la fragmentación de carteles monolíticos en gran número de células criminales. Estos grupos tienen un alcance más local que sus antecesores y se basan en un portafolio criminal más diverso para generar ingresos ilícitos.

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¿Cómo favorece la geografía de México al crimen organizado?

A medio camino entre el golfo de México y el océano Pacífico, y con extensas fronteras con Estados Unidos y Centroamérica, México tiene una ubicación estratégica como puerto de entrada internacional de sustancias ilegales, recursos naturales, armas y personas.

El largo litoral del país facilita las operaciones de tráfico marítimo y ha convertido ciudades portuarias, como Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, en bastiones claves de los grupos criminales que dependen de los despachos al exterior. Sus amplias cordilleras —como la Sierra Madre oriental y occidental— permiten a los grupos criminales establecer fortines rurales clandestinos para el adiestramiento de nuevos reclutas, cultivar amapola y marihuana, producir metanfetamina y fentanilo, y eludir las patrullas del ejército y la Guardia Nacional. Las selvas tropicales albergan una enorme variedad de especies de flora y fauna, lo que las convierte en zonas especialmente atractivas para las redes dedicadas al tráfico de vida silvestre.

Además, el país es un punto de tránsito para la cocaína y los migrantes de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Asia y África que buscan llegar a Estados Unidos.

¿Cómo es la historia del crimen organizado en México?

El papel de México en el crimen organizado ha sido definido por el estado de su vecino, Estados Unidos, como la economía de consumo más poderosa del mundo. La frontera compartida de 3.141 kilómetros históricamente ha constituido una de las rutas de contrabando más activas del mundo. Desde hace dos siglos, los contrabandistas han pasado mercancías a través de los vastos territorios fronterizos, en su mayoría sin presencia del gobierno. Los migrantes siempre han cruzado la frontera y muchos permanecen tanto en los principales centros urbanos estadounidenses como en lugares rurales, donde el trabajo agrícola se ha mantenido estable.

La historia moderna del narcotráfico en México se remonta a inicios del siglo XX, cuando la producción tradicional de marihuana comenzó a alimentar un creciente mercado de consumo entre soldados y campesinos que pelearon durante la Revolución. Al mismo tiempo, la producción de amapola a pequeña escala formaba parte de una tendencia global de consumo de opiáceos, como la morfina y la heroína, que se fortaleció en Estados Unidos tras las dos guerras mundiales, debido a la demanda de sustancias analgésicas por parte de soldados heridos. 

La producción de ambas sustancias históricamente se concentró en una zona conocida como el Triángulo Dorado, que abarca los municipios que unen a los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde varias familias de campesinos, empresarios y funcionarios de gobierno comenzaron a formar las redes de protección y la infraestructura de trasiego que se mantiene hasta el día de hoy.

A partir de la década de 1960, la producción de marihuana y heroína experimentó una transformación hacia métodos industriales, impulsada por un incremento en la demanda en Estados Unidos. La preocupación ante el flujo ilícito fue tan intensa que el presidente estadounidense de ese entonces, Richard Nixon, optó por prácticamente cerrar la frontera entre ambos países. Aunque la clausura afectó más al movimiento legítimo de mercancías que al comercio de drogas, esta medida sentó las bases para las políticas de seguridad fronteriza que perduran hasta la actualidad.

Los patrones de tráfico se fortalecieron en la década de 1980, cuando los narcotraficantes de Colombia trasladaron sus rutas de cocaína desde el Caribe hacia México y cuando algunas células de traficantes mexicanos comenzaron a experimentar con la producción de metanfetamina en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán a partir de precursores traídos de China. De esta manera, se formaron las cadenas de suministro transnacionales y conexiones entre grupos criminales que han caracterizado el narcotráfico de la región.

El negocio de la cocaína sirvió precisamente para afianzar la colaboración regional. El hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, por ejemplo, dividía su tiempo entre Honduras, Colombia y México, ofreciendo un puente entre el Cartel de Medellín y lo que se convertiría en el Cartel de Guadalajara. Este último se componía de un grupo de traficantes del estado de Sinaloa. Muchos tenían lazos familiares, por matrimonio o de compadrazgo, o se conocían de los pequeños pueblos agricultores donde se cultivaba marihuana y amapola. Bajo la dirección de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Padrino”, el cartel creció a comienzos de la década de 1980, sentando las bases de casi todas las actividades actuales de tráfico de drogas. Por la misma época, José García Ábrego, uno de los pocos líderes criminales que no proviene de Sinaloa, estableció sus operaciones en el estado de Tamaulipas, en la costa del golfo de México. García Ábrego trabajó de cerca con el Cartel de Cali, rivales del Cartel de Medellín. También desarrolló poderosos aliados políticos, entre ellos Raúl Salinas de Gortari, hermano del que más adelante sería presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

La manera imprudente como operaban estas organizaciones de narcotráfico contribuyó a su posterior caída. Un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) se infiltró en la organización de Ábrego, y las grabaciones de audio que logró hacer jugarían un papel importante en la condena del traficante años más tarde en una corte de Houston, Texas. En febrero de 1985, miembros del Cartel de Guadalajara secuestraron a Enrique Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), para luego torturarlo y matarlo. Estados Unidos presionó a México para que actuara con rapidez, y los traficantes se dieron a la fuga. Durante los años que siguieron, muchos de ellos fueron arrestados, entre ellos el entonces líder nominal Rafael Caro Quintero, quien fue detenido en Costa Rica en abril de 1985. Casi cuatro años después, las autoridades mexicanas capturaron a Félix Gallardo.

Desde la cárcel, Félix Gallardo trató de repartir el territorio. Había tres grandes grupos: el clan de los Arellano Félix, con sede en Tijuana; el de los Carrillo Fuentes, que operaba en Ciudad Juárez, y el grupo de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y su socio Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero”. La competencia entre ellos desató un conflicto casi de inmediato. El clan Arellano Félix y el Cartel de Sinaloa comenzaron una guerra, que incluyó una masacre en una discoteca de Puerto Vallarta y la muerte de un arzobispo mexicano, quien supuestamente había sido confundido con Guzmán. Este último fue detenido por primera vez poco después de ese incidente, en 1993, y la operación de los Arellano Félix continuó creciendo.

No obstante, el grupo más lucrativo y de mayor influencia era el Cartel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”. Llamado así por el uso de aviones para introducir droga a Estados Unidos. Su imperio rivalizó con el de su antiguo socio, Pablo Escobar, del Cartel de Medellín. Durante un tiempo, Carrillo Fuentes pudo crear una “federación”, que evitó disputas entre la mayoría de las facciones. Pero su supuesta muerte en julio de 1997, después de una cirugía plástica, abrió el camino para que muchos de sus asociados se independizaran, incluyendo la Organización Beltrán Leyva, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”. Lo que vino después fue un baño de sangre que se mantuvo mientras las grandes organizaciones se posicionaron y reacomodaron, especialmente a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

En medio de la mayor parte de estas batallas estaba el Cartel de Sinaloa, liderado en ese entonces por Guzmán. La ventaja de esta organización recaía en gran medida en su control territorial sobre el Triángulo Dorado y por su capacidad de establecer socios y clientes en el exterior. Aunque su primer arresto desaceleró su ascenso, siguió manejando el poder tras las rejas. Su hermano, Arturo Guzmán Loera, alias “El Pollo”, tomó el control de las operaciones. Sus compañeros, en particular Zambada, los Beltrán Leyva, y Esparragoza lo mantuvieron con los bolsillos llenos. Y cuando parecía que Guzmán iba a ser extraditado para ser juzgado en Estados Unidos, estos aliados se ingeniaron su fuga de una prisión de alta seguridad en 2001.

El escape preparó el escenario para otra “federación”, esta vez presuntamente dirigida por el mismo Guzmán. La nueva federación se consolidó luego de una reunión en 2002, a la que presuntamente asistieron los Beltrán Leyva, Zambada, Esparragoza y lo que quedaba del clan de los Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez. Rápidamente, tomaron control de la zona fronteriza entre Arizona y México, y también compitieron con los remanentes del clan de los Arellano Félix por el control de la frontera de Baja California, lo que provocó una nueva ola de violencia. Al mismo tiempo, la federación trató de ganar control sobre los corredores del Cartel del Golfo en el oriente, lo que provocó una batalla por el paso fronterizo más preciado, Nuevo Laredo, y sumió a esa zona en un espiral de violencia entre 2003 y 2004.

Por su parte, el Cartel del Golfo había vivido una transformación desde el momento de la detención de Ábrego. El nuevo líder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén había reforzado su seguridad personal, atrayendo a 31 miembros de las fuerzas especiales de México a su grupo a finales de 1990. El nuevo grupo paramilitar se hizo llamar Los Zetas, en referencia al nombre con el que se identificaban por radio cuando formaban parte de las fuerzas del gobierno. Rápidamente, extendieron el alcance del cartel utilizando tácticas militares y macabras exhibiciones de fuerza, que incluyeron decapitaciones de miembros de las familias rivales. Los Zetas también entrenaron a un grupo de traficantes nuevos en el estado de Michoacán, en la costa oeste, una entrada de cocaína y un importante centro de producción de metanfetaminas que estuvo por mucho tiempo bajo el control de una organización conocida como el Cartel del Milenio, que colaboraba de manera cercana con el Cartel de Sinaloa. Este nuevo grupo de traficantes pronto sobrepasó tanto al Cartel del Milenio como a sus progenitores de Los Zetas, y se hizo llamar La Familia Michoacana. La referencia a “familia” tenía que ver con la filosofía pseudorreligiosa defendida por sus líderes. El debut de La Familia fue rodar varias cabezas cortadas en un club nocturno lleno de gente en 2006.

La ruptura del “código” de los narcotraficantes cambió la lucha, y agravó la guerra. El Cartel de Sinaloa respondió con su propia marca de grupo paramilitar. Bajo la dirección de Arturo Beltrán Leyva, formaron pandillas y “fuerzas especiales” que le dieron pelea a Los Zetas. Inevitablemente, el terror se extendió al ritmo de la expansión de los intereses de los narcotraficantes. Pronto, tanto Los Zetas como La Familia Michoacana tendrían intereses en otros negocios ilícitos, como el secuestro, la extorsión, la piratería y la trata de personas.

Mientras tanto, las grandes organizaciones de tráfico de drogas empezaron a fragmentarse. La federación se desintegró definitivamente en 2004, cuando Guzmán habría ordenado un atentado en contra de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano del líder del Cartel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes. El Cartel de Juárez respondió matando al hermano de Guzmán, Arturo, quien estaba encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La lucha se trasladó a Ciudad Juárez, que llegó a considerarse una de las ciudades más peligrosas del mundo en ese entonces, en gran parte debido a las batallas entre estas dos organizaciones narcotraficantes.

Los carteles tradicionales también se fracturaron. Cuando las autoridades arrestaron a Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, en enero de 2008, el hermano mayor de Alfredo, Arturo, acusó a Guzmán de haberlo delatado. La Organización de los Beltrán Leyva comenzó una lucha sin cuartel contra Guzmán, Zambada y Esparragoza, que dejó cientos de muertos en todo el país. Los Beltrán Leyva también se aliaron con sus antiguos rivales, Los Zetas, que rompieron con sus antiguos jefes, el Cartel del Golfo. La división llegó a un punto crítico en 2010, cuando el Cartel del Golfo mató a un miembro de Los Zetas y se negó a entregar al comandante que había llevado a cabo el atentado. Las batallas entre Los Zetas y el Cartel del Golfo por el control de Tamaulipas y Nuevo León continuaron. Tijuana también se vio afectada por la violencia cuando el clan de los Arellano Félix comenzó a luchar contra su exsicario principal, Teodoro García Simental, alias “El Teo”.

La zona del Pacífico también fue testigo de reacomodos criminales. En 2010, tras la muerte del traficante Ignacio “Nacho” Coronel en Guadalajara, el Cartel del Milenio perdió su alianza con el Cartel de Sinaloa y sus luchas internas ocasionaron la creación del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización, actualmente una de las más violentas del país, heredó el negocio de las metanfetaminas del Cartel del Milenio y las conexiones del tráfico internacional de cocaína del Cartel de Sinaloa. En poco tiempo, comenzó una campaña de expansión agresiva y militarizada por el país. Al igual que el Cartel de Sinaloa, el CJNG ha diversificado su portafolio criminal y cada vez destina más recursos a la producción y tráfico de drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo.

Por otro lado, desde 2011, un grupo que se hizo llamar los Caballeros Templarios se separó de La Familia Michoacana y se dedicó a continuar con las actividades criminales que sus predecesores desarrollaron, así como a operar de manera violenta en Michoacán y alrededores. A lo largo de la última década, esta organización también ha pasado por diversas fracturas, lo que ha creado una variedad de células armadas, como Los Viagras y los Blancos de Troya. Hoy en día, varias de estas escisiones han formado una alianza llamada Cárteles Unidos, con la que resiste las incursiones del CJNG en la región conocida como Tierra Caliente.

Finalmente, durante la última década, las batallas entre Los Zetas y el Cartel del Golfo también han dado como resultado la creación de varios grupos disidentes, tales como el  Cartel del Noreste, el Grupo Sombra, Sangre Nueva, Zetas Vieja Escuela, Metros y Escorpiones, entre otros. 

Estos grupos menores, junto con otro centenar de células repartidas por todo el país, se disputan el control de actividades criminales cada vez más depredadoras, incluyendo el hurto de petróleo, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el narcomenudeo y varios mecanismos de gobernanza criminal a nivel local. 

Las luchas entre grupos criminales históricamente también se han acelerado con la política gubernamental de lucha frontal contra las bandas criminales, que fue respaldada y alentada por Estados Unidos. Primero, el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y luego el de Felipe Calderón (2006-2012) se trazaron como prioridad detener las operaciones de los narcotraficantes en México con más ejército y policía, mejores equipos de inteligencia, más formación y nuevas leyes que le dieron más herramientas al sistema judicial para preparar los casos contra los traficantes. 

Esto garantizó varias capturas, incluyendo la de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue arrestado en 2003 y, posteriormente extraditado a Estados Unidos  y, desde 2024, se encuentra en libertad; Arturo Beltrán Leyva, quien fue asesinado por los infantes de marina mexicanos en diciembre de 2009; Teodoro García Simental, arrestado en enero de 2010; Jorge Eduardo Costilla Sanchez, detenido en septiembre de 2012; Heriberto Lazcano, dado de baja en octubre de 2012.

Sin embargo, esta “guerra” también vino acompañada de más de 47.000 muertes relacionadas con el narcotráfico, más de 60.000 desaparecidos e incontables violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en 2012, prometiendo que cambiaría el paradigma. El punto central de su cambio era el enfoque hacia la prevención del crimen, en contraste con la estrategia reaccionaria de Calderón. Sin embargo, en la práctica, la estrategia siguió en gran medida enfocada en descabezar a las organizaciones criminales y en mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

El mayor logro durante la administración de Peña Nieto fue la captura de El Chapo en febrero de 2014. El gobierno inicialmente pasó por un episodio bochornoso, en el que Guzmán se escapó por segunda vez de un penal de máxima seguridad en julio de 2015. Sin embargo, seis meses después, las autoridades lo capturaron de nuevo y fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

Pero la llamada “estrategia de los capos” (“kingpin strategy”) de destituir a los líderes de los grupos del crimen organizado sólo dejó el panorama criminal de México más fragmentado y violento.

Andrés Manuel López obrador, AMLO, gobernó entre 2018 y 2024, fue elegido con amplia diferencia sobre sus competidores. Su propuesta de seguridad prometía erradicar la corrupción en el gobierno y desmilitarizar la lucha contra los carteles.

Su gobierno también se ha caracterizado por delegar mayores responsabilidades y poderes a las fuerzas armadas. Además, su decisión de crear un nuevo organismo de orden público, la Guardia Nacional, ha reforzado la cultura de choques de fuerza bruta contra los carteles.

Durante el gobierno de López Obrador se capturó a o José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, el líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, un grupo dedicado al hurto de petróleo, y a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, e integrante de Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa. Ovidio Guzmán, quien fue detenido en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos ocho meses después, se declaró culpable por cargos de narcotráfico en una corte federal de Chicago en julio de 2025. También han sido capturados varios jefes de plaza y mandos medios del CJNG, el Cartel del Noreste y otras células menores, a los que el gobierno consideró “generadores de violencia”.

Otro hecho significativo durante el gobierno de AMLO fue la captura de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, en julio de 2024. Fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien presuntamente secuestró a El Mayo y lo llevó a Estados Unidos. Desde septiembre de 2024, ambas facciones mantienen una guerra interna. Como parte de esta disputa entre La Mayiza y los Chapitos, una ola de violencia se extendió por Sinaloa.

En 2024, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia. Los cuatro pilares de su estrategia de seguridad se centraron en atender las causas estructurales del crimen, consolidar la Guardia Nacional, fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación y mejorar la coordinación entre las autoridades estatales.

Esta estrategia también ha estado marcada por las tensiones con Estados Unidos. En febrero de 2025, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos para presionar a México a hacer más por frenar el flujo de fentanilo y migrantes hacia Estados Unidos. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas extranjeras.

En febrero de 2026, el Ejército mexicano llevó a cabo una operación con apoyo de inteligencia estadounidense en el estado de Jalisco, en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien era líder del CJNG.

En este contexto, crece la inestabilidad en los dos grupos del crimen organizado más poderosos de México. Por un lado, continúa la guerra interna entre las facciones de los Chapitos y La Mayiza del Cartel de Sinaloa. Por otro, el CJNG enfrenta un panorama incierto tras la muerte de El Mencho.

¿Cuáles son los principales grupos criminales de México? 

Muchos de los grandes y poderosos carteles del narcotráfico que alguna vez dominaron el mundo criminal de México son ahora apenas una sombra de lo que fueron. Los principales líderes del Cartel del Golfo, la Organización Beltrán Leyva, Los Zetas, la Familia Michoacana, el Cartel de Juárez, el Cartel de Tijuana y Los Caballeros Templarios han sido asesinados o capturados en los últimos años, dejando a sus organizaciones en distintos niveles de declive.

A pesar de esto, el Cartel de Sinaloa y el CJNG siguen siendo las dos organizaciones de narcotráfico con mayor actividad. Las redes vinculadas a ambos grupos participan en la producción y el tráfico de drogas sintéticas y también obtienen ingresos de otras economías ilícitas.

Tanto el Cartel de Sinaloa como el CJNG operan más como redes con diversos socios criminales que como estructuras jerárquicas. Esto les permite funcionar en torno a líderes regionales semiautónomos que cuentan con cierto grado de control operativo.

El CJNG, que comenzó a operar junto con los carteles de Sinaloa y del Milenio a comienzos de la década de 2010, se ha convertido en la fuerza criminal más importante de México. El grupo combina una violencia despiadada con acciones destinadas a ganarse el respaldo de las comunidades, como repartir regalos a los niños y prometer que expulsará a otros grupos criminales de determinadas zonas. Esto le ha permitido expandirse desde su bastión original en el estado de Jalisco hacia gran parte del centro y el norte de México, no sin desatar sangrientas disputas en Michoacán, Zacatecas y Baja California, entre otros lugares.

En Michoacán, el CJNG enfrenta la resistencia de una alianza de grupos de narcotráfico y autodefensas conocida como Cárteles Unidos. Varios de estos grupos surgieron tras la fragmentación del Cartel del Milenio, la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

En el noreste del país operan varios grupos que se desprendieron de Los Zetas y el Cartel del Golfo. Entre los más destacados se encuentran el Cartel del Noreste, Los Metros y Los Escorpiones. Además del tráfico transfronterizo, estos grupos controlan diversas actividades depredadoras, entre ellas la extorsión, el secuestro de migrantes, la trata de personas, el tráfico de contrabando, el tráfico de armas y el tráfico de migrantes.

En todo el país también existen decenas de células independientes dedicadas a actividades locales, como el robo de combustible o la venta de drogas al menudeo, o que prestan servicios a organizaciones transnacionales.

En los últimos años, el panorama del crimen organizado en México ha dejado atrás a las organizaciones monolíticas y se ha orientado hacia grupos cada vez más locales. De la fragmentación de las grandes organizaciones ha surgido una nueva generación de grupos criminales, lo que ha provocado una redistribución del poder criminal.

¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad de México?

Las operaciones de seguridad pública en México están a cargo de las policías municipales, de tránsito y estatales, así como de la Guardia Nacional. Esta última fue creada durante el gobierno de AMLO y reemplazó a la Policía Federal.

Aunque originalmente la Guardia Nacional estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 la colocó bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. De esta manera, se convirtió en una fuerza permanente de seguridad pública integrada por personal militar con formación policial.

Las policías municipales se encargan principalmente de prevenir el delito, mientras que las policías estatales y la Guardia Nacional también realizan investigaciones criminales. A mediados de 2026, el Ejército mexicano contaba con 186.064 integrantes activos; la Fuerza Aérea, con 9.486; y la Guardia Nacional, con 136.501 agentes en servicio. Según los datos más recientes, correspondientes a 2024, las policías estatales contaban con alrededor de 132.000 agentes.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 78% de la población considera efectivo el trabajo de la Guardia Nacional, mientras que el 64% tiene la misma percepción sobre la labor de las policías estatales.

Ambas instituciones participan activamente en operaciones contra el crimen organizado, entre ellas patrullajes, retenes, capturas, incautaciones de drogas, erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios clandestinos.

Sin embargo, pese a los intentos de reforma, las Fuerzas Armadas continúan cometiendo abusos durante sus labores de combate al crimen, casi todos los cuales quedan completamente impunes. Además de las persistentes preocupaciones sobre derechos humanos, los críticos han señalado que la creciente participación de los militares en la seguridad interna no ha producido reducciones sostenidas de la criminalidad o la violencia.

Además, algunas fuerzas de seguridad mexicanas, como la Guardia Nacional, han funcionado principalmente como una policía migratoria sobredimensionada, ante la creciente presión del gobierno estadounidense para detener el tránsito de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. Esto ha generado denuncias de malos tratos y violaciones de derechos humanos contra la institución.

México tiene una larga historia de complejas relaciones de seguridad con Estados Unidos. Aunque ambos países han cooperado en numerosos asuntos relacionados con el crimen organizado, las fricciones en la relación bilateral han sido frecuentes, y los agentes antidrogas, aduaneros y de inteligencia estadounidenses tienen una capacidad limitada para operar en el país vecino. Los grupos criminales mexicanos también han demostrado su capacidad para infiltrar y corromper a las agencias de seguridad estadounidenses.

Un ejemplo de ello es el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos por presuntamente haber recibido sobornos del Cartel de Sinaloa y la Organización Beltrán Leyva. A comienzos de 2022, la DEA removió a su director en México por presuntos vínculos con abogados de narcotraficantes.

El gobierno mexicano aprobó para 2024 un presupuesto de seguridad de alrededor de US$25.000 millones, una cifra que representa un aumento del 180% respecto a 2019. Según un informe del Índice de Paz de 2023, el impacto económico de la violencia en México supera ampliamente esta inversión. Para 2025, México mostraba señales de mejoría, pese a que aún registraba elevados niveles de violencia. La situación de paz en el país mejoró un 5,1%, lo que marcó el sexto año de avances después de cuatro años de deterioro. Esta tendencia estuvo relacionada principalmente con la reducción de los homicidios, que disminuyeron un 19,8% en 2025, lo que equivale a casi 7.000 muertes menos que el año anterior y constituye la mayor caída anual registrada.

Sin embargo, esta reducción no se tradujo en una disminución proporcional de los costos asociados con la violencia. Ese mismo año, el impacto económico de la violencia en México ascendió a 4 billones de pesos —unos US$220.000 millones—, equivalentes a aproximadamente el 11% del producto interno bruto del país.

¿Cómo es el sistema judicial de México?

El sistema de tribunales federales de México está encabezado por la Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral, así como tribunales de circuito y juzgados de distrito. El organismo encargado de la procuración de justicia a nivel federal es la Fiscalía General de la República. Además, cada estado tiene su fiscalía, que atiende delitos del fuero común.

Históricamente, el sistema de justicia penal ha estado marcado por la corrupción, los altos índices de impunidad y una cantidad significativa de casos acumulados. Según la organización Impunidad Cero, en México solo se resuelve el 1% de los delitos. 

En un intento de aumentar la transparencia y ampliar los derechos de los acusados, el Congreso aprobó en 2008 una enmienda que obliga a los tribunales a pasar de un sistema acusatorio escrito a un sistema procesal oral a mediados de 2016.

Una característica notable de la tradición jurídica mexicana es el “amparo”, que es similar a una orden judicial en Estados Unidos. Muchos narcotraficantes han presentado amparos con el fin de retrasar su proceso de extradición, a menudo durante largos períodos de tiempo.

Además, el 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reforma Constitucional en Materia del Poder Judicial. Este decreto estableció cambios en la forma de designar jueces: en lugar de privilegiar el mérito y la carrera judicial, el nuevo criterio de selección es el voto popular. 

Sin embargo, la reforma judicial no contribuye a atacar los factores subyacentes que dificultan las investigaciones efectivas, como la falta de recursos, financiamiento y capacitación especializada para contrarrestar el crimen organizado. Además, abre una nueva ventana para que los grupos criminales intenten influir en el proceso de selección de jueces mediante la corrupción.

¿Cómo es el sistema penitenciario de México?

México cuenta con 14 prisiones federales, 261 prisiones estatales y 50 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes. En 2024, la tasa de ocupación fue de 102,9 personas privadas de libertad por cada 100 espacios disponibles.

Según los datos más recientes, correspondientes a abril de 2026, México tenía una población penitenciaria de 265.874 personas. De ellas, 151.897 habían recibido sentencia y 113.977 permanecían sin condena. Este último grupo representaba el 42,9% de la población penitenciaria nacional.

El sistema penitenciario de México también padece un grave problema de sobrepoblación: 154 de sus 275 centros penitenciarios operaban, en conjunto, al 116,7% de su capacidad.

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