En México se encuentran las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio. Estas organizaciones han surgido de su larga historia de contrabando y de su proximidad a Estados Unidos, la mayor economía del mundo, para convertirse en una amenaza regional.
Sus redes se extienden desde Argentina hasta Canadá e incluso Europa. Trafican con drogas ilegales, bienes de contrabando, armas y personas, y lavan sus ganancias a través de cambistas, bienes inmuebles, bancos regionales y locales y proyectos económicos. Su armamento, entrenamiento y táctica se han vuelto más sofisticados con la intensificación de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatirlos. El aumento de la presión respecto a la seguridad ha causado un cambio dramático en el hampa mexicana, pues la caída de numerosos jefes de la droga ha precipitado la fragmentación de carteles monolíticos en gran número de células criminales. Estos grupos tienen un alcance más local que sus antecesores y se basan en un portafolio criminal más diverso para generar ingresos ilícitos.
Geografía
A medio camino entre el golfo de México y el océano Pacífico, y con extensas fronteras con Estados Unidos y Centroamérica, México tiene una ubicación estratégica como puerto de entrada internacional de sustancias ilegales, recursos naturales, armas y personas.
El largo litoral del país facilita las operaciones de tráfico marítimo y ha convertido ciudades portuarias, como Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, en bastiones claves de los grupos criminales que dependen de los despachos al exterior. Sus amplias cordilleras —entre ellas la Sierra Madre oriental y occidental— permiten a los grupos criminales establecer fortines rurales clandestinos para el adiestramiento de nuevos reclutas, cultivar amapola y marihuana, producir metanfetamina y fentanilo, y eludir las patrullas del ejército y la Guardia Nacional. Las selvas tropicales, además de uno de los mayores índices de biodiversidad del planeta, estimulan el desarrollo del tráfico de especies de flora y fauna.
Además, el país es un punto de tránsito para la cocaína y los migrantes de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Asia y África que buscan llegar a Estados Unidos.
Historia
El papel de México en el crimen organizado ha sido definido por el estado de su vecino, Estados Unidos, como la economía de consumo más poderosa del mundo. La frontera compartida de 3.141 kilómetros históricamente ha constituido una de las rutas de contrabando más activas del mundo. Desde hace dos siglos, los contrabandistas han pasado mercancías a través de los vastos territorios fronterizos, en su mayoría sin presencia del gobierno. Los migrantes siempre han cruzado la frontera y muchos permanecen tanto en los principales centros urbanos estadounidenses como en lugares rurales, donde el trabajo agrícola se ha mantenido estable.
La historia moderna del narcotráfico en México se remonta a inicios del siglo XX, cuando la producción tradicional de marihuana comenzó a alimentar un creciente mercado de consumo entre soldados y campesinos que pelearon durante la Revolución. Al mismo tiempo, la producción de amapola a pequeña escala hacía parte de una tendencia global de consumo de opiáceos, como la morfina y la heroína, que se fortaleció en Estados Unidos tras las dos guerras mundiales, debido a la demanda de sustancias analgésicas por parte de soldados heridos.
La producción de ambas sustancias históricamente se concentró en una zona conocida como el Triángulo Dorado, que abarca los municipios que unen a los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Aquí, varias familias de campesinos, empresarios y funcionarios de gobierno comenzaron a formar las redes de protección y la infraestructura de trasiego que se mantiene hasta el día de hoy.
A partir de la década de 1960, la producción de marihuana y heroína experimentó una transformación hacia métodos industriales, impulsada por un incremento en la demanda en Estados Unidos. La preocupación ante el flujo ilícito fue tan intensa que el presidente estadounidense de ese entonces, Richard Nixon, optó por prácticamente cerrar la frontera entre ambos países. Aunque la clausura afectó más al movimiento legítimo de mercancías que al comercio de drogas, esta medida sentó las bases para las políticas de seguridad fronteriza que perduran hasta la actualidad.
Los patrones de tráfico se fortalecieron en la década de 1980, cuando los narcotraficantes de Colombia trasladaron sus rutas de cocaína desde el Caribe hacia México y cuando algunas células de traficantes mexicanos comenzaron a experimentar con la producción de metanfetamina en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán a partir de precursores traídos de China. De esta manera, se formaron las cadenas de suministro transnacionales y conexiones entre grupos criminales que han caracterizado el narcotráfico de la región.
El negocio de la cocaína sirvió precisamente para afianzar la colaboración regional. El hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, por ejemplo, dividía su tiempo entre Honduras, Colombia y México, ofreciendo un puente entre el Cartel de Medellín y lo que se convertiría en el Cartel de Guadalajara. Este último se componía de un grupo de traficantes del estado de Sinaloa. Muchos tenían lazos familiares, por matrimonio o de compadrazgo, o se conocían de los pequeños pueblos agricultores donde se cultivaba marihuana y amapola. Bajo la dirección de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Padrino”, el cartel creció a comienzos de la década de 1980, sentando las bases de casi todas las actividades actuales de tráfico de drogas. Por la misma época, José García Ábrego, uno de los pocos jefes criminales que no proviene de Sinaloa, estableció sus operaciones en el estado de Tamaulipas, en la costa del golfo de México. García Ábrego trabajó de cerca con el Cartel de Cali, rivales del Cartel de Medellín. También desarrolló poderosos aliados políticos, entre ellos Raúl Salinas de Gortari, hermano del que más adelante sería presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
La manera imprudente como operaban estas organizaciones de narcotráfico contribuyó a su posterior caída. Un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) se infiltró en la organización de Ábrego, y las grabaciones de audio que logró hacer jugarían un papel importante en la condena del traficante años más tarde en una corte de Houston, Texas. En febrero de 1985, miembros del Cartel de Guadalajara secuestraron a Enrique Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), para luego torturarlo y matarlo. Estados Unidos presionó a México para que actuara con rapidez, y los traficantes se dieron a la fuga. Durante los años que siguieron, muchos de ellos fueron arrestados, entre ellos el entonces líder nominal Rafael Caro Quintero, quien fue detenido en Costa Rica en abril de 1985. Casi cuatro años después, las autoridades mexicanas capturaron a Félix Gallardo.
Desde la cárcel, Félix Gallardo trató de repartir el territorio. Había tres grandes grupos: el clan de los Arellano Félix, con sede en Tijuana; el de los Carrillo Fuentes, que operaba en Ciudad Juárez, y el grupo de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y su socio Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero”. La competencia entre ellos desató un conflicto casi de inmediato. El clan Arellano Félix y el Cartel de Sinaloa comenzaron una guerra, que incluyó una masacre en una discoteca de Puerto Vallarta y la muerte de un arzobispo mexicano, quien supuestamente había sido confundido con Guzmán. Este último fue detenido por primera vez poco después de ese incidente, en 1993, y la operación de los Arellano Félix continuó creciendo.
No obstante, el grupo más lucrativo y de mayor influencia era el Cartel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”. Llamado así por su uso de aviones para introducir droga a Estados Unidos, su imperio rivalizó con el de su antiguo socio, Pablo Escobar, del Cartel de Medellín. Durante un tiempo, Carrillo Fuentes pudo crear una “federación”, que evitó luchas entre la mayoría de las facciones. Pero su supuesta muerte en julio de 1997, después de una cirugía plástica, abrió el camino para que muchos de sus asociados se independizaran, incluyendo la Organización Beltrán Leyva, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”. Lo que sobrevino fue un baño de sangre que se mantuvo mientras las organizaciones grandes se posicionaron y reacomodaron, especialmente a lo largo de la frontera con Estados Unidos.
En medio de la mayor parte de estas batallas estaba el Cartel de Sinaloa, liderado en ese entonces por Guzmán. La ventaja de esta organización recaía en gran medida en su control territorial sobre el Triángulo Dorado y por su capacidad de establecer socios y clientes en el extranjero. Aunque su primer arresto desaceleró su ascenso, siguió manejando el poder tras las rejas. Su hermano, Arturo Guzmán Loera, alias “El Pollo”, tomó el control de las operaciones. Sus compañeros, en particular Zambada, los Beltrán Leyva, y Esparragoza lo mantuvieron con los bolsillos llenos. Y cuando parecía que Guzmán iba a ser extraditado para ser juzgado en Estados Unidos, estos aliados se ingeniaron su fuga de una prisión de alta seguridad en 2001.
El escape preparó el escenario para otra “federación”, esta vez presuntamente dirigida por el mismo Guzmán. La nueva federación se consolidó luego de una reunión en 2002, a la que presuntamente asistieron los Beltrán Leyva, Zambada, Esparragoza y lo que quedaba del clan de los Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez. Rápidamente, tomaron control de la zona fronteriza entre Arizona y México, y también compitieron con los remanentes del clan de los Arellano Félix por el control de la frontera de Baja California, lo que provocó una nueva ola de violencia. Al mismo tiempo, la federación trató de ganar control sobre los corredores del Cartel del Golfo en el oriente, lo que provocó una batalla por el paso fronterizo más preciado, Nuevo Laredo, y sumió a esa zona en un espiral de violencia entre 2003 y 2004.
Por su parte, el Cartel del Golfo había vivido una transformación desde el momento de la detención de Ábrego. El nuevo líder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, había reforzado su seguridad personal, atrayendo a 31 miembros de las fuerzas especiales de México a su grupo a finales de 1990. El nuevo grupo paramilitar se hizo llamar Los Zetas, una referencia al nombre con el que se identificaban por radio cuando formaban parte de las fuerzas del gobierno. Rápidamente, extendieron el alcance del cartel utilizando tácticas militares y macabras exhibiciones de fuerza, que incluyeron decapitaciones de miembros de las familias rivales. Los Zetas también entrenaron a un grupo de traficantes nuevos en el estado de Michoacán, en la costa oeste, una entrada de cocaína y un importante centro de producción de metanfetaminas que estuvo por mucho tiempo bajo el control de una organización conocida como el Cartel del Milenio, que colaboraba de manera cercana con el Cartel de Sinaloa. Este nuevo grupo de traficantes pronto sobrepasó tanto al Cartel del Milenio como a sus progenitores de Los Zetas, y se hizo llamar La Familia Michoacana. La referencia a “familia” tenía que ver con la filosofía pseudorreligiosa defendida por sus líderes. El debut de La Familia fue rodar varias cabezas cortadas en un club nocturno lleno de gente en 2006.
El rompimiento del “código” de los narcotraficantes cambió la lucha, y se agravó la guerra entre ellos. El Cartel de Sinaloa respondió con su propia marca de grupo paramilitar. Bajo la dirección de Arturo Beltrán Leyva, formaron pandillas y “fuerzas especiales” que le dieron la pelea a Los Zetas. Inevitablemente, el terror se extendió al ritmo de la expansión de los intereses de los narcotraficantes. Pronto, tanto Los Zetas como La Familia Michoacana tendrían intereses en otros negocios ilícitos, como el secuestro, la extorsión, la piratería y la trata de personas.
Mientras tanto, las grandes organizaciones de tráfico de drogas empezaron a fragmentarse. La federación se desintegró definitivamente en 2004, cuando Guzmán habría ordenado un atentado en contra de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano del líder del Cartel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes. El Cartel de Juárez respondió matando al hermano de Guzmán, Arturo, quien estaba encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La lucha se trasladó a Ciudad Juárez, que llegó a considerarse una de las ciudades más peligrosas del mundo en ese entonces, en gran parte debido a las batallas entre estas dos organizaciones narcotraficantes.
Los carteles tradicionales también se fracturaron. Cuando las autoridades arrestaron a Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, en enero de 2008, el hermano mayor de Alfredo, Arturo, acusó a Guzmán de haberlo delatado. La Organización de los Beltrán Leyva comenzó una lucha sin cuartel contra Guzmán, Zambada y Esparragoza, que dejó cientos de muertos en todo el país. Los Beltrán Leyva también se aliaron con sus antiguos rivales, Los Zetas, que rompieron con sus antiguos jefes, el Cartel del Golfo. La división llegó a un punto crítico en 2010, cuando el Cartel del Golfo mató a un miembro de Los Zetas y se negó a entregar al comandante que había llevado a cabo el atentado. Las batallas entre Los Zetas y el Cartel del Golfo por el control de Tamaulipas y Nuevo León continuaron. Tijuana también se vio afectada por la violencia cuando el clan de los Arellano Félix comenzó a luchar contra su exsicario principal, Teodoro García Simental, alias “El Teo”.
La zona del Pacífico también fue testigo de reacomodos criminales. En 2010, tras la muerte del traficante Ignacio “Nacho” Coronel en Guadalajara, el Cartel del Milenio perdió su alianza con el Cartel de Sinaloa y sus luchas internas ocasionaron la creación del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización, actualmente una de las más violentas del país, heredó el negocio de las metanfetaminas del Cartel del Milenio y las conexiones del tráfico internacional de cocaína del Cartel de Sinaloa. En poco tiempo, comenzó una campaña de expansión agresiva y militarizada por el país. Al igual que el Cartel de Sinaloa, el CJNG ha diversificado su portafolio criminal y cada vez destina más recursos a la producción y tráfico de drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo.
Por otro lado, desde 2011, un grupo que se hizo llamar los Caballeros Templarios se separó de La Familia Michoacana y se dedicó a continuar con las actividades criminales que sus predecesores desarrollaron, así como a operar de manera violenta en Michoacán y alrededores. A lo largo de la última década, esta organización también ha pasado por diversas fracturas, lo que ha creado una variedad de células armadas, como Los Viagras y los Blancos de Troya. Hoy en día, varias de estas escisiones han formado una alianza llamada Cárteles Unidos, con la que resiste las incursiones del CJNG en la región conocida como Tierra Caliente.
Finalmente, durante la última década, las batallas entre Los Zetas y el Cartel del Golfo también han dado como resultado la creación de varios grupos disidentes, tales como el Cartel del Noreste, el Grupo Sombra, Sangre Nueva, Zetas Vieja Escuela, Metros y Escorpiones, entre otros.
Estos grupos menores, junto con otra centena de células repartidas por todo el país, y se disputan el control de actividades criminales cada vez más depredadoras, incluyendo el hurto de petróleo, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el narcomenudeo y varios mecanismos de gobernanza criminal a nivel local.
Las luchas entre grupos criminales históricamente también se han acelerado con la política gubernamental de lucha frontal contra las bandas criminales, que fue respaldada y alentada por Estados Unidos. Primero, el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y luego el de Felipe Calderón (2006-2012) se trazaron como prioridad detener las operaciones de los narcotraficantes en México con más ejército y policía, mejores equipos de inteligencia, más formación y nuevas leyes que le dieron más herramientas al sistema judicial para preparar los casos contra los traficantes.
Esto garantizó varias capturas, incluyendo la de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue arrestado en 2003 y posteriormente extraditado a Estados Unidos; Arturo Beltrán Leyva, quien fue asesinado por los infantes de marina mexicanos en diciembre de 2009; Teodoro García Simental, arrestado en enero de 2010; Jorge Eduardo Costilla Sanchez, detenido en septiembre de 2012; Heriberto Lazcano, dado de baja en octubre de 2012.
Sin embargo, esta “guerra” también vino acompañada de más de 47.000 muertes relacionadas con el narcotráfico, más de 60.000 desaparecidos e incontables violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
Enrique Peña Nieto subió a la presidencia en 2012, prometiendo que cambiaría el paradigma. El punto central de su cambio era el enfoque hacia la prevención del crimen, en contraste con la estrategia reaccionaria de Calderón. Sin embargo, en la práctica, la estrategia siguió en gran medida enfocada en descabezar a las organizaciones criminales y en mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
El mayor logro durante la administración de Peña Nieto fue la captura de El Chapo en febrero de 2014. El gobierno inicialmente pasó por un episodio bochornoso, en el que Guzmán se escapó por segunda vez de un penal de máxima seguridad en julio de 2015. Sin embargo, seis meses después, las autoridades lo capturaron de nuevo y fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.
Pero la llamada “estrategia de los capos” (“kingpin strategy”) de destituir a los líderes de los grupos del crimen organizado solo dejó el panorama criminal de México más fragmentado y violento.
El actual presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se posesionó en 2018, elegido con amplia diferencia sobre sus competidores, después de una campaña en la que se presentó como candidato populista ajeno al establecimiento con un plan de erradicar la corrupción en el gobierno y desmilitarizar la lucha contra los carteles.
Su gobierno también se ha caracterizado por entregarle mayores responsabilidades y poderes a las fuerzas armadas que, en teoría, deberían de ser para funcionarios civiles. Además, su decisión de crear un nuevo organismo de orden público, la Guardia Nacional, ha reforzado la cultura de choques de fuerza bruta con los carteles.
Durante el gobierno de López Obrador se ha capturado José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, el líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, un grupo dedicado al hurto de petróleo, y Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, quien fue detenido en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos ocho meses después. También han sido capturados varios jefes de plaza y mandos medios del CJNG, el Cartel del Noreste y otras células menores, a los que el gobierno considera “generadores de violencia”.
Grupos criminales
Muchos de los grandes carteles de la droga que dominaron el hampa en México ahora son solo sombras de ese pasado. Los principales líderes del Cartel del Golfo, la Organización Beltrán Leyva, los Zetas, la Familia Michoacana, el Cartel de Juárez, el Cartel de Tijuana y los Caballeros Templarios han sido asesinados o detenidos en los últimos años, dejando a sus organizaciones en diversos estados de deterioro.
La excepción a esta tendencia es el Cartel de Sinaloa, que a pesar de la recaptura del Chapo Guzmán sigue siendo la organización de tráfico de drogas más prolífica en el hemisferio occidental. Sin embargo, opera más como una red de distintos socios criminales que como una estructura jerárquica.
El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se originó prestando servicios a los carteles de Sinaloa y Milenio a comienzos de la década de 2010, ha surgido como otro gigante del narcotráfico en México. El grupo hace uso de una mezcla de violencia sanguinaria y construcción comunitaria de naturaleza altruista, como la entrega de regalos para niños y la promesa de liberar varias áreas de otros grupos criminales. Esto le ha permitido expandirse desde el estado de Jalisco a gran parte del centro y norte de México, aunque no sin una dosis de sangrientas disputas por territorio iniciadas en Michoacán, Zacatecas y Baja California, entre otros lugares.
En la zona de Michoacán, el CJNG se enfrenta con armamento pesado a una variedad de células narcotraficantes y de autodefensa que se hacen llamar Carteles Unidos. Varias de ellas surgieron tras las fracturas del Cartel del Milenio, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios
En el noreste del país operan varias escisiones de los Zetas y el Cartel del Golfo. Algunas de las más prominentes son el Cartel del Noreste, los Metros y Escorpiones, quienes supervisan, además del tráfico transfronterizo, varias actividades depredadoras como la extorsión, el secuestro de migrantes, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas y el tráfico de personas.
Además, existen decenas de células independientes por todo el país que se dedican a actividades locales, como el hurto de petróleo o el narcomenudeo, o que prestan servicios a organizaciones transnacionales.
Grupos criminales
Muchos de los otros grandes y poderosos carteles de la droga que dominaron el hampa en México ahora son sólo sombras de ese pasado. El Cartel del Golfo, La Organización Beltrán Leyva, Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cartel de Juárez, el Cartel de Tijuana y Los Caballeros Templarios; sus principales líderes han sido asesinados o detenidos en los últimos años, dejando a sus organizaciones en diversos estados de deterioro. La excepción a esta tendencia es el Cartel de Sinaloa, que a pesar de la recaptura del Chapo Guzmán sigue siendo la organización de tráfico de drogas más prolífica en el hemisferio occidental, por la mayoría de cuentas.
El Cartel Jalisco Nueva Generación, que se originó prestando servicios a los carteles de Sinaloa y Milenio a comienzos de la década de 2010, ha surgido como otro gigante del narcotráfico en México. El grupo hace uso de una mezcla de violencia sanguinaria y construcción comunitaria de naturaleza altruista, como la entrega de regalos para niños y la promesa de liberar varias áreas de otros grupos criminales. Esto le ha permitido expandirse desde su plaza fuerte original en el estado de Jalisco a gran parte del centro de México, aunque no sin una dosis de sangrientas disputas por territorio iniciadas en Michoacán, Zacatecas y el estado de México, entre otros lugares. En la actualidad, su influencia parece extenderse a casi todo México, con excepción de Sinaloa y algunas partes de Chihuahua y Durango.
Hay varias organizaciones criminales más pequeñas, muchas de ellas derivadas de Los Zetas, siguen operando en los ámbitos local y estatal, dedicados con harta frecuencia a actividades «predatorias», comola extorsión y el secuestro. Esto incluye el contrabando, el tráfico de armas, la trata de personas y el tráfico de otros productos ilegales dentro y fuera de las fronteras del país. Estos grupos operan con la complicidad de funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, y en ocasiones con colaboración directa.
Fuerzas de seguridad
Las operaciones de seguridad pública en México son llevadas a cabo por las policías municipales, de tránsito y estatales, así como la Guardia Nacional. Esta última fue creada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y vino a sustituir a la Policía Federal. Aunque está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene un mando militar.
Las policías municipales se encargan principalmente de labores de prevención, mientras que las estatales y la Guardia Nacional también llevan a cabo investigaciones criminales.
Al cierre de 2022, México tenía alrededor de 222.700 elementos adscritos a instituciones de policía estatales y aproximadamente 104.200 personas adscritas a la Guardia Nacional. Según la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 78% de la población considera las labores de la Guardia Nacional como efectivas, y 55% lo considera de la policía estatal.
Las dos entidades de seguridad con mayor aprobación son la Marina y el Ejército, con más del 80% de la población considerando sus labores como efectivas. A inicios de 2023, el Ejército tenía alrededor de 274.000 miembros activos y la Marina contaba con otros 83.000 elementos. Ambas entidades participan activamente en operaciones contra el crimen organizado, lo que incluye patrullajes, retenes, detenciones, decomisos de productos ilícitos, erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios clandestinos.
A pesar de los intentos de reformas, los militares continúan cometiendo abusos mientras cumplen sus tareas de lucha contra el crimen, casi todos los cuales quedan completamente impunes. Además de las preocupaciones de larga data en materia de derechos humanos, los críticos también han señalado que la profunda participación de los militares en la seguridad nacional no ha llevado a una reducción sostenida de la criminalidad o la violencia.
Por otro lado, algunas fuerzas de seguridad mexicanas, como la Guardia Nacional, han estado funcionando principalmente como policías de inmigración, en medio de mayores presiones del gobierno estadounidense para detener a los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. Esto también ha dado como resultado denuncias de malos tratos hacia los migrantes y en violaciones a derechos humanos.
México tiene una larga historia de complicadas relaciones de seguridad con Estados Unidos. Aunque tradicionalmente los dos países han cooperado en muchas cuestiones relacionadas con el crimen organizado, son frecuentes las fricciones en las relaciones bilaterales. Los agentes estadounidenses antidrogas, de aduanas e inteligencia tienen limitadas capacidades para operar en el país vecino. Además, los grupos criminales mexicanos han demostrado la capacidad de infiltrarse en las agencias policiales mexicanas y estadounidenses y corromperlas.
Un ejemplo de ello es el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante la administración de Calderón, quien actualmente está preso en Estados Unidos por presuntamente recibir sobornos del Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva. A inicios de 2022, la DEA destituyó a su director en México por supuestos vínculos con abogados de narcotraficantes.
Para 2024, el gobierno mexicano aprobó un presupuesto de alrededor de US$25 mil millones, una cantidad que representa un aumento de 180% desde 2019. Según un informe de 2023 del Índice de Paz, el impacto económico de la violencia en México sobrepasa considerablemente a esta inversión.
Sistema judicial
El sistema de tribunales federales de México está encabezado por la Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral, así como tribunales de circuito y juzgados de distrito. El organismo encargado de la procuración de justicia a nivel federal es la Fiscalía General de la República. Además, cada estado tiene su fiscalía, que atiende delitos del fuero común.
Históricamente, el sistema de justicia penal ha estado marcado por la corrupción, los altos índices de impunidad y una cantidad significativa de casos acumulados. Según la organización Impunidad Cero, en México solo se resuelve el 1% de los delitos.
En un intento de aumentar la transparencia y ampliar los derechos de los acusados, el Congreso aprobó en 2008 una enmienda que obliga a los tribunales a pasar de un sistema acusatorio escrito a un sistema procesal oral a mediados de 2016.
Una característica notable de la tradición jurídica mexicana es el “amparo”, que es similar a una orden judicial en Estados Unidos. Muchos narcotraficantes han presentado amparos con el fin de retrasar su proceso de extradición, a menudo durante largos períodos de tiempo.
Prisiones
México cuenta con 300 recintos penitenciarios, los cuales incluyen Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO), Centros Regionales de Readaptación Social (CERESO), complejos penitenciarios, reclusorios y centros de detención.
De acuerdo con las estadísticas del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, el sistema carcelario de México albergaba a mediados de 2023 a más de 234.500 personas, operando así al 107% de su capacidad máxima. Este hacinamiento ha sido provocado, en parte, por una práctica conocida como “arraigo”, en la que los sospechosos de un crimen pueden ser detenidos hasta 40 días sin cargos, con una posible extensión de 40 días si son sospechosos del crimen organizado. Se estima que alrededor del 40% de la población penitenciaria en México se encuentra en prisión preventiva.
Las prisiones de México están generalmente sobrepobladas y poseen escaso personal, lo que genera condiciones de vida precarias, estallidos de violencia periódicos y corrupción generalizada. Aunque, los guardias de las prisiones son los más vulnerables, en parte debido a sus bajos salarios, la fuga del Chapo en el 2015 destaca cómo incluso los funcionarios penitenciarios de alto nivel son propensos a la corrupción.