En México se encuentran las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio. Estas organizaciones han surgido de su larga historia de contrabando y de su proximidad a Estados Unidos, la mayor economía del mundo, para convertirse en una amenaza regional.
Sus redes se extienden desde Argentina hasta Canadá e incluso Europa. Trafican con drogas ilegales, bienes de contrabando, armas y personas, y lavan sus ganancias a través de cambistas, bancos regionales y locales y proyectos económicos. Su armamento, entrenamiento y táctica se han vuelto más sofisticados con la intensificación de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatirlos. El aumento de la presión respecto a la seguridad ha causado un cambio dramático en el hampa mexicana, pues la caída de numerosos jefes de la droga ha precipitado la fragmentación de carteles monolíticos en gran número de grupos escindidos. Estos grupos tienen un alcance más local que sus antecesores y se basan en un portafolio criminal más diverso para generar ingresos ilícitos.
Geografía
A medio camino entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, y con extensas fronteras con Estados Unidos y Centroamérica, México tiene una ubicación estratégica como puerto de entrada internacional de sustancias ilegales, recursos naturales, armas y personas.
El largo litoral del país facilita las operaciones de tráfico marítimo por medio del Golfo y ha convertido ciudades portuarias, como Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, en bastiones claves de los grupos criminales que dependen de los despachos al exterior. Sus amplias cordilleras —entre ellas la Sierra Madre oriental y occidental— permiten a los grupos criminales establecer fortines rurales clandestinos para el adiestramiento de nuevos reclutas, cultivar amapola y marihuana y eludir las patrullas de ejército y la gendarmería. Las selvas tropicales, además de uno de los mayores índices de biodiversidad del planeta, estimulan el desarrollo del tráfico de especies de flora y fauna.
Por largo tiempo, el país ha sido punto de tránsito para los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
Historia
El papel de México en el crimen organizado ha sido definido por el estado de su vecino, como la economía de consumo más poderosa del mundo. La frontera de 3.141 km con Estados Unidos siempre ha constituido una de las rutas de contrabando más activas del mundo. Desde hace dos siglos, los contrabandistas han pasado mercancías a través de los vastos territorios fronterizos, en su mayoría sin presencia del gobierno. Los migrantes siempre han cruzado la frontera y muchos permanecen en lugares como California, donde el trabajo agrícola se ha mantenido estable.
En los años sesenta, las drogas ilícitas como la marihuana y luego la heroína empezaron a producirse en México, sobre todo en el estado de Sinaloa, ubicado en la costa occidental, y se introducían a Estados Unidos por el suroeste. Estos patrones se repitieron en una escala mayor cuando los narcotraficantes de Colombia trasladaron sus rutas desde el Caribe hacia México en la década de 1980.
El cambio abrió el camino para las primeras grandes organizaciones de narcotraficantes de México. El hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, por ejemplo, dividía su tiempo entre Honduras, Colombia y México, ofreciendo un puente entre El Cartel de Medellín y lo que se convertiría en El Cartel de Guadalajara. Este se componía de un grupo muy unido de traficantes del estado de Sinaloa. Muchos tenían parentesco por matrimonio u otro tipo de vínculos, o se conocían de pequeños pueblos agricultores, donde se cultivaba marihuana y amapola. Bajo la dirección de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias «El Padrino», el cartel creció a comienzos de la década de 1980, sentando las bases de casi todas las actividades actuales de tráfico de drogas. Por la misma época, José García Abrego, uno de los pocos jefes criminales que no proviene de Sinaloa, estableció sus operaciones en el estado de Tamaulipas en la Costa del Golfo. García Abrego trabajó de cerca con el Cartel de Cali, rivales del Cartel de Medellín. También desarrolló poderosos aliados políticos, entre ellos Raúl Salinas de Gortari, hermano del que más adelante sería presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
La manera imprudente como operaban estas organizaciones de narcotráfico contribuyó a su posterior caída. Un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) se infiltró en la organización de Abrego, y las grabaciones de audio que logró hacer jugarían un papel importante en la condena de Abrego años más tarde en una corte de Houston. En febrero de 1985, miembros del Cartel de Guadalajara secuestraron a Enrique Camarena, agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), para luego torturarlo y matarlo. Estados Unidos presionó a México para que actuara con rapidez, y los traficantes se dieron a la fuga. Durante los años que siguieron, muchos de ellos fueron arrestados, entre ellos el entonces líder nominal Rafael Caro Quintero, quien fue detenido en Costa Rica en abril de 1985. Casi exactamente cuatro años después, las autoridades mexicanas capturaron a la cabeza del Cartel de Guadalajara, Félix Gallardo.
Desde la cárcel, Félix Gallardo trató de repartir el territorio. Había tres grandes grupos: el clan de Arellano Félix, con sede en Tijuana; el de Carrillo Fuentes, que operaba en Juárez, y el grupo de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo», y su socio Héctor Luis Palma Salazar, alias «El Güero». La competencia entre ellos desató un conflicto casi de inmediato. El clan Arellano Félix y El Cartel de Sinaloa comenzaron una guerra, que incluyó una masacre en una discoteca de Puerto Vallarta y la muerte de un arzobispo mexicano quien supuestamente había sido confundido con Guzmán. Este último fue detenido poco después, en 1993, y la operación de los Arellano Félix continúo creciendo.
No obstante, el grupo más lucrativo y de mayor influencia era El Cartel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, alias «El Señor de los Cielos». Llamado así por su uso de aviones para introducir droga a Estados Unidos, su imperio rivalizó con el de su antiguo socio, Pablo Escobar, del Cartel de Medellín. Durante un tiempo, Carrillo Fuentes pudo crear una «federación», que evitó luchas entre la mayoría de las facciones. Pero su muerte en julio de 1997, después de una cirugía plástica, abrió el camino para que muchos de sus asociados se independizaran, incluyendo el clan Beltrán Leyva, Ismael Zambada García, alias «El Mayo»; y Juan José Esparragoza Moreno, alias «El Azul». Lo que sobrevino fue un baño de sangre que se ha mantenido mientras las organizaciones grandes se posicionan y reacomodan, especialmente a lo largo de la frontera con Estados Unidos.
En medio de la mayor parte de estas batallas está El Cartel de Sinaloa, liderado por Guzmán. El poder del cartel se debe a su control sobre los cultivos de marihuana y amapola en el llamado Triángulo de Oro, que incluye los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Ese poder también nace del ingenio del cartel y de su carácter multinacional. Guzmán, por ejemplo, se hizo a un hangar en el aeropuerto de la Ciudad de México para servir a sus intereses e hizo construir largos túneles que atravesaban la frontera desde México hasta Estados Unidos para llevar su producto al mercado. Aunque su arresto desaceleró su acenso, siguió manejando el poder aun tras las rejas. Su hermano, Arturo Guzmán Loera, alias «El Pollo», tomó el control de las operaciones. Sus compañeros, en particular Zambada, el clan de los Beltrán Leyva, y Esparragoza lo mantuvieron con los bolsillos llenos. Y cuando parecía que Guzmán iba a ser extraditado para ser juzgado en Estados Unidos, estos aliados se ingeniaron su fuga de una prisión de alta seguridad en 2001.
El escape preparó el escenario para otra «federación», esta vez dirigida por el mismo Guzmán. La nueva «federación» se consolidó luego de una reunión en 2002, a la que asistieron el clan de los Beltrán Leyva, Zambada, Esparragoza y lo que quedaba del clan de los Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez. Rápidamente tomó control de la zona fronteriza entre Arizona y México y también compitió con la facción de Tijuana por el control de la entrada de Baja California, lo que provocó una nueva ronda de combates entre Guzmán y el clan de los Arellano Félix. Al mismo tiempo, la «federación» trató de ganar control de los corredores del Cartel del Golfo en el oriente, lo que provocó una batalla por el paso fronterizo más preciado, Nuevo Laredo, lo que sumió a esa zona en un espiral de violencia entre 2003 y 2004.
Por su parte, El Cartel del Golfo había vivido una transformación desde el momento de la detención de Abrego. El nuevo líder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, alias «El Mata Amigos», había reforzado su seguridad personal, atrayendo a los 31 miembros de las fuerzas especiales de México a su grupo a finales de 1990. El nuevo grupo paramilitar tomó el nombre de Los Zetas, una referencia al nombre con el que se identificaban por radio cuando formaban parte de las fuerzas del gobierno, y rápidamente se extendió el alcance del cartel utilizando tácticas militares y macabras exhibiciones de fuerza, que incluyeron decapitaciones de miembros de las familias rivales del cartel. Los Zetas también entrenaron a un grupo de traficantes nuevos en el estado de Michoacán en la costa este, un depósito de cocaína y un importante centro de producción de metanfetaminas que estuvo por mucho tiempo bajo el control de una organización conocida como el Grupo Milenio. El nuevo grupo entrenado por Los Zetas pronto sobrepasó tanto a la organización Milenio como a sus progenitores de Los Zetas, y hoy se hace llamar La Familia Michoacana. La referencia a «familia» tiene que ver con la filosofía seudorreligiosa defendida por sus líderes. El debut de La Familia fue rodar varias cabezas cortadas en un club nocturno lleno de gente en 2006.
El rompimiento del «código» de los narcotraficantes cambió la lucha, y se agravó la guerra entre ellos. El Cartel de Sinaloa respondió con su propia marca de grupo paramilitar. Bajo la dirección de Arturo Beltrán Leyva, alias «El Jefe de Jefes», Sinaloa formó pandillas y «fuerzas especiales» que le dieron la pelea a Los Zetas. Inevitablemente, el terror se extendió al ritmo de la expansión de los intereses de los narcotraficantes. Pronto, tanto Los Zetas como La Familia Michoacana tendrían intereses en otros negocios ilícitos, como el secuestro, la extorsión y la piratería.
Mientras tanto, las grandes organizaciones de tráfico de drogas empezaron a fragmentarse. La «federación» se desintegró definitivamente en 2004, cuando Guzmán habría ordenado un atentado a Rodolfo Carrillo Fuentes, alias «El Niño de Oro», hermano del líder del Cartel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes. El Cartel de Juárez respondió matando al hermano de Guzmán, Arturo, quien estaba encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La lucha se trasladó a Ciudad Juárez, que llegó a considerarse una de las ciudades más peligrosas del mundo, en gran parte debido a las batallas entre estas dos organizaciones narcotraficantes.
Los carteles tradicionales también se fracturaron. Cuando las autoridades arrestaron a los más jóvenes del clan de los Beltrán Leyva, Alfredo Beltrán Leyva, alias «El Mochomo», en enero de 2008, el hermano mayor de Alfredo, Arturo, acusó a Guzmán de haberlo delatado. La Organización de los Beltrán Leyva (OBL) comenzó una lucha sin cuartel contra Guzmán, Zambada y Esparragoza, que ha dejado cientos de muertos en todo el país. La OBL también se alió con sus antiguos rivales, Los Zetas, que rompieron con sus antiguos jefes, el Cartel del Golfo. La división llegó a tal punto en 2010, cuando el Cartel del Golfo mató a un miembro de Los Zetas y se negó a entregar al comandante que había llevado a cabo el atentado. Las batallas entre Los Zetas y el Cartel del Golfo por el control de Tamaulipas y Nuevo León continuaron. Tijuana también se vio afectada por la violencia cuando el clan de los Arellano Félix comenzaron a luchar contra su exsicario principal, Teodoro García Simental, alias «El Teo».
La lucha se aceleró con la política gubernamental de lucha frontal contra las bandas criminales. Primero, el gobierno de Vicente Fox y luego el de Felipe Calderón se trazaron como prioridad detener las operaciones de los narcotraficantes en México con más ejército y policía, mejores equipos de inteligencia, más formación y nuevas leyes que le dieron más herramientas al sistema judicial para preparar los casos contra los traficantes. Luego de seis años de lo que se conoció como la «Guerra de Calderón», y después de más de 47.000 muertes relacionadas con el narcotráfico, Enrique Peña Nieto subió a la presidencia prometiendo que cambiaría el paradigma. El punto central de su cambio era el enfoque hacia la prevención del crimen, en contraste con la estrategia reaccionaria de Calderón.
Desde 2002, el gobierno mexicano ha detenido o dado de baja a varios narcotraficantes importantes, entre ellos Osiel Cárdenas Guillén, quien fue arrestado en 2003 y posteriormente extraditado a Estados Unidos; Arturo Beltrán Leyva, quien fue asesinado por los infantes de marina mexicanos en diciembre de 2009; Teodoro García Simental, arrestado en enero de 2010; Jorge Eduardo Costilla Sanchez, detenido en septiembre de 2012; Heriberto Lazcano, dado de baja en octubre de 2012; y el mismo Guzmán, capturado en febrero 2014. El gobierno mexicano pasó por episodio bochornoso después de que El Chapo Guzmán se escapara por segunda vez de un penal de máxima seguridad en julio 2015. Sin embargo, fue capturado de nuevo seis meses más tarde en Sinaloa, su estado natal, y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Guzmán fue finalmente condenado por dirigir una organización criminal y condenado a cadena perpetua.
El actual presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se posesionó en 2018, elegido con amplia diferencia sobre sus competidores, después de una campaña en la que se presentó como candidato populista ajeno al establecimiento con un plan de erradicar la corrupción en el gobierno y desmilitarizar la lucha contra los carteles. Pero la corrupción se mantiene, y es posible que se haya incluso acrecentado, bajo su tutela. Y su decisión de crear un nuevo organismo de orden público, la Guardia Nacional, ha reforzado la cultura de choques de fuerza bruta con los carteles, además de presionar a los migrantes centroamericanos a buscar nuevas rutas, que plantean mayores peligros, en su camino hacia Estados Unidos. El mayor logro de AMLO contra el crimen organizado tuvo que ver con la ofensiva contra el huachicoleo, en el que estaba involucrado el Cartel Santa Rosa de Lima, en el estado de Guanajuato. Sin embargo, en general, la violencia de los carteles y las altas tasas de homicidios siguen azotando al país.
Parte de los problemas de AMLO se derivan del hecho de que su periodo de gobiern coincide con un momento de rápida innovación criminal. Durante su mandato, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ramificación del Grupo Milenio y el Cartel de Sinaloa, está embarcado en un plan de expansión masiva, cooptando funcionarios locales en media docena de estados y ganando el apoyo de los residentes mediante la entrega de dádivas. Entretanto, otros carteles han incursionado progresivamente en otros eslabones de la cadena de suministro de narcóticos, especialmente en la producción procedente de Suramérica. En Colombia, por ejemplo, algunos carteles están ampliando sus márgenes de ganancia negociando directamente con proveedores de cocaína, como grupos disidentes derivados de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También están creando bases permanentes en Centroamérica y debilitando gobiernos en países más pequeños y menos estables. Para compensar las pérdidas de ingresos, algunos también están haciendo una transición a actividades como la trata de personas, el secuestro, la extorsión y la producción masiva de drogas sintéticas.
Durante la pandemia por el Covid-19, los grupos criminales vieron otra oportunidad de innovación, y aprovecharon la crisis sanitaria para afianzar sus vínculos en las comunidades, diversificar sus modelos de negocios y expandir su territorio. Se ha documentado que miembros del Cartel del Golfo y de Los Viagras distribuyeron cajas con alimentos a residentes que padecían la desaceleración económica. El Cartel de Sinaloa, ante el cierre de las fronteras y el bloqueo de las rutas de tránsito, puso su energía a mejorar la producción doméstica de fentanilo. El CJNG aprovechó la débil presencia gubernamentale en algunas zonas de México, como Zacatecas, para ocupar nuevos territorios.
Grupos criminales
Muchos de los otros grandes y poderosos carteles de la droga que dominaron el hampa en México ahora son sólo sombras de ese pasado. El Cartel del Golfo, La Organización Beltrán Leyva, Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cartel de Juárez, el Cartel de Tijuana y Los Caballeros Templarios; sus principales líderes han sido asesinados o detenidos en los últimos años, dejando a sus organizaciones en diversos estados de deterioro. La excepción a esta tendencia es el Cartel de Sinaloa, que a pesar de la recaptura del Chapo Guzmán sigue siendo la organización de tráfico de drogas más prolífica en el hemisferio occidental, por la mayoría de cuentas.
El Cartel Jalisco Nueva Generación, que se originó prestando servicios a los carteles de Sinaloa y Milenio a comienzos de la década de 2010, ha surgido como otro gigante del narcotráfico en México. El grupo hace uso de una mezcla de violencia sanguinaria y construcción comunitaria de naturaleza altruista, como la entrega de regalos para niños y la promesa de liberar varias áreas de otros grupos criminales. Esto le ha permitido expandirse desde su plaza fuerte original en el estado de Jalisco a gran parte del centro de México, aunque no sin una dosis de sangrientas disputas por territorio iniciadas en Michoacán, Zacatecas y el estado de México, entre otros lugares. En la actualidad, su influencia parece extenderse a casi todo México, con excepción de Sinaloa y algunas partes de Chihuahua y Durango.
Hay varias organizaciones criminales más pequeñas, muchas de ellas derivadas de Los Zetas, siguen operando en los ámbitos local y estatal, dedicados con harta frecuencia a actividades «predatorias», comola extorsión y el secuestro. Esto incluye el contrabando, el tráfico de armas, la trata de personas y el tráfico de otros productos ilegales dentro y fuera de las fronteras del país. Estos grupos operan con la complicidad de funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, y en ocasiones con colaboración directa.
Fuerzas de seguridad
México tiene alrededor de 370.000 policías, que se dividen en policías federales, fronterizos, de tráfico, estatales y municipales. El presidente Peña Nieto implementó lentamente un plan para unificar estos dos últimos bajo un solo mando y crear una gendarmería nacional. La policía divide sus funciones entre prevención e investigación. Los informes indican que uno de cada diez policías de México puede no ser apto para el servicio, y la corrupción es un problema frecuente. Según un estudio reciente, la mayoría de los mexicanos creen que la policía está bajo el control del crimen organizado, y el bajo nivel de reporte de crímenes es un problema grave y continuo.
Las fuerzas armadas de México cuentan con unos 80.000 integrantes, quienes también participan en operaciones de seguridad nacional. Sin embargo, a pesar de los intentos de reformas, los militares continúan cometiendo abusos mientras cumplen sus tareas de lucha contra el crimen, casi todos los cuales quedan completamente impunes. Además de las preocupaciones de larga data en materia de derechos humanos, los críticos también han señalado que la profunda participación de los militares en la seguridad nacional no ha llevado a una reducción sostenida de la criminalidad o la violencia.
Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha seguido los pasos de sus predecesores, creando otra fuerza de seguridad conocida como la Guardia Nacional para tratar de sofocar la violencia y la inseguridad. La institución cuenta con unos 60.000 miembros y fue establecida como una alternativa a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, con énfasis en la seguridad ciudadana. Sin embargo, la nueva fuerza no es una ruptura con respecto al enfoque militarizado del pasado. La Guardia Nacional estará inicialmente conformada por veteranos de la policía militar y federal mexicana, y aunque está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), está encabezada por un oficial militar.
México tiene una larga historia de complicadas relaciones de seguridad con Estados Unidos. Aunque tradicionalmente los dos países han cooperado en muchas cuestiones relacionadas con el crimen organizado, son frecuentes las fricciones en las relaciones bilaterales. Los agentes estadounidenses antidrogas, de aduanas e inteligencia tienen limitadas capacidades para operar en el país vecino. Además, los grupos criminales mexicanos han demostrado la capacidad de infiltrarse en las agencias policiales estadounidenses y corromperlas. Además, algunas fuerzas de seguridad mexicanas, como la Guardia Nacional, han estado funcionando principalmente como valiosos policías de inmigración, en medio de mayores presiones del gobierno estadounidense para detener a los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos.
El gobierno mexicano invirtió aproximadamente US$11.700 millones en seguridad en 2015, una cantidad que aumentó significativamente desde 2009. Pero un informe de julio de 2017 señala que este aumento del gasto no se había traducido en ganancias duraderas en materia de seguridad para el país.
Sistema judicial
El sistema de tribunales federales de México está encabezado por la Suprema Corte de Justicia y por un Tribunal Electoral, así como juzgados de circuito y de distrito. El sistema de justicia penal ha estado marcado por la corrupción, los altos índices de impunidad y una cantidad significativa de casos acumulados.
En un intento de aumentar la transparencia y ampliar los derechos de los acusados, el Congreso aprobó en 2008 una enmienda que obliga a los tribunales a pasar de un sistema acusatorio escrito a un sistema procesal oral a mediados de 2016. Durante su discurso a la nación en septiembre de 2015, Peña Nieto afirmó que el sistema procesal oral se ha implementado plenamente en seis estados y parcialmente en otros 25.
Una característica notable de la tradición jurídica mexicana es el «amparo», que es similar a una orden judicial en Estados Unidos. Muchos narcotraficantes han presentado amparos con el fin de retrasar su proceso de extradición, a menudo durante largos períodos de tiempo.
En 2014, el Congreso de México realizó importantes reformas judiciales al promulgar una reforma constitucional para remplazar el Ministerio Público del país por una Fiscalía General de la República, un ente autónomo que comenzó a operar oficialmente en 2018. A nivel estatal, casi todos los estados de México han seguido su ejemplo.
Sin embargo, desde entonces ha habido propuestas para dar a la Guardia Nacional y a otras fuerzas de seguridad la autonomía para llevar a cabo investigaciones criminales independientemente de la fiscalía, lo que debilitaría los esfuerzos por aumentar la rendición de cuentas y la supervisión de las investigaciones criminales.
Prisiones
Las prisiones de México están generalmente sobrepobladas y poseen escaso personal, lo que genera condiciones de vida precarias, estallidos de violencia periódicos y corrupción generalizada. Aunque, los guardias de las prisiones son los más vulnerables, en parte debido a sus bajos salarios, la fuga del Chapo en el 2015 destaca cómo incluso los funcionarios penitenciarios de alto nivel son propensos a la corrupción.
De acuerdo con las estadísticas más recientes del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, el sistema carcelario de México opera al 125 por ciento de su capacidad máxima. Este hacinamiento ha sido provocado en parte por una práctica conocida como «arraigo», en la que los sospechosos pueden ser detenidos hasta 40 días sin cargos, con una posible extensión de 40 días si son sospechosos del crimen organizado. Se estima que alrededor del 40 por ciento del total de los presos en México se encuentran en detención preventiva.