Perfil de Perú

Perú ha experimentado niveles de violencia relativamente bajos desde el final del conflicto civil a fines de la década de 1990. Sin embargo, esa relativa calma se ha erosionado desde inicios de la década de 2020 por el crecimiento de la extorsión, el sicariato, los secuestros y la violencia vinculada a la minería ilegal, especialmente en Lima y el norte del país. 

La inseguridad se convirtió así en una de las principales preocupaciones electorales de 2026, en un contexto marcado por la victoria de Keiko Fujimori y sus promesas de mano dura contra el crimen. Su gobierno heredará un panorama criminal fragmentado, en el que clanes locales, redes de extorsión, bandas mineras, remanentes armados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y grupos extranjeros disputan economías ilegales específicas.

Aunque Perú se sigue situando muy por debajo de Colombia en cuanto al cultivo de coca, el narcotráfico continúa siendo una pieza central de ese panorama. La superficie nacional de coca cayó por segundo año consecutivo en 2024, pero el cultivo sigue concentrado en zonas estratégicas como el VRAEM y se desplaza hacia áreas amazónicas y fronterizas, donde la baja presencia estatal facilita la operación de redes criminales.

En este perfil:

• ¿Cómo favorece la geografía de Perú al crimen organizado?
• ¿Cómo es la historia del crimen organizado en Perú?
• ¿Tiene Perú sus propios grupos criminales?
• ¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad de Perú?
• ¿Cómo es el sistema judicial de Perú?
• ¿Cómo es el sistema penitenciario de Perú?

¿Cómo favorece la geografía de Perú al crimen organizado?

Perú, el cuarto país más grande de América Latina. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, y al sur con Bolivia y Chile. Cuenta con 3.000 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico.

Después de Brasil, Perú tiene la mayor franja de territorio amazónico, y la selva tropical representa alrededor del 60% de su territorio. Desafortunadamente, esto lo ha convertido en un centro del tráfico de madera, la minería ilegal, la caza ilegal de vida silvestre y el tráfico de drogas.

El país es un lugar importante para el comercio de cocaína gracias a su idoneidad para el cultivo de coca. Junto con Colombia y Bolivia, es uno de los principales países productores de coca del mundo. Vastas zonas del país tienen poca presencia estatal debido a lo agreste del territorio, lo que ha permitido el desarrollo de clanes de narcotraficantes, así como la permanencia de remanentes senderistas en la región del VRAEM, vinculados a la economía cocalera y al narcotráfico. Sus puertos, como el Callao, permiten el tráfico internacional a lo largo de las rutas marítimas. Dado que el mercado de cocaína de Brasil es el más grande de Suramérica y uno de los más grandes del mundo, la cocaína también pasa a través de la frontera para ser vendida allí.

¿Cómo es la historia del crimen organizado en Perú?

Perú ha sido exportador de coca y cocaína desde el siglo XIX, cuando gran parte del producto se exportaba legalmente a Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, el gobierno estadounidense declaró ilegal la sustancia, y presionó a Perú para que hiciera lo mismo en 1948. Esto desató el crecimiento del negocio ilegal de la droga, que a lo largo de las décadas que siguieron se concentraría en el valle de Huallaga, al norte del país.

Gran parte de la cocaína de Perú salía del país por rutas al sur, por Chile. Pero, en la década de 1970, una ofensiva del régimen militar de Augusto Pinochet obligó a desviar la ruta hacia el norte, pasando por Colombia, lo que dio origen a los poderosos carteles de Cali y Medellín, en ese país. Por lo general, las hojas de coca se procesaban en Perú, para convertirlas en pasta base de coca, y una vez en el exterior se refinaban en cocaína pura. Para la década de 1980, Perú se había convertido en el mayor productor mundial de cocaína.

En esa década también se dio el surgimiento de la guerrilla Sendero Luminoso, grupo comunista de filosofía maoísta liderado por el profesor de filosofía Abimael Guzmán, quien en 1980 declaró la guerra al Estado. La insurgencia del grupo se inició en el pueblo de Ayacucho, se expandió hasta ocupar grandes extensiones de las zonas montañosas, y en su mejor momento llegó incluso a Lima, la capital. En el conflicto también participaron el grupo guerrillero rival, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y patrullas campesinas respaldadas por el gobierno.

Casi 70.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto entre 1980 y 2000; de esas muertes, poco menos de la mitad se atribuyeron a Sendero Luminoso. Se acusó a las fuerzas del gobierno de unas 23.000 muertes, además de violaciones a los derechos humanos.

Sendero Luminoso entró en decadencia en 1992, tras la captura de Guzmán, quien permaneció en prisión hasta su muerte en 2021. La caída de su líder marcó el colapso de la organización como insurgencia nacional, aunque algunos remanentes sobrevivieron en zonas cocaleras remotas, especialmente en el VRAEM.

Durante las duras políticas de seguridad del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), la producción de cocaína de Perú disminuyó y la producción se trasladó en gran parte a Colombia. Sin embargo, el tráfico de drogas seguía siendo importante en Perú. Un aliado cercano de Fujimori, el jefe de Seguridad Vladimiro Montesinos, fue arrestado en 2001 por acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Algunos políticos locales, como David Bazán Arévalo, quien ejerció como alcalde durante dos términos en la ciudad norteña de Tocache (bastante azotada por el crimen) y fue arrestado en 2017, también han sido acusados de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

El negocio de la cocaína presentó un leve aumento entre comienzos y mediados de la década de 2010. En ese momento, Perú y Colombia se alternaban el primer lugar como mayores cultivadores de coca y productores de cocaína, respectivamente. Pero para 2015, Colombia había recuperado el título, luego de una reducción del 14% en los cultivos en Perú en 2014.

En aquella época, la producción de coca comenzó a difundirse fuera de las regiones productoras tradicionales y se extendió hacia la Amazonía; se encontró evidencia de que el negocio de la droga seguía infiltrando las fuerzas de seguridad del país, así como los sectores político y judicial. El gobierno peruano respondió con agresivas campañas de erradicación y controles estrictos sobre los químicos precursores usados para el procesamiento de la cocaína. Sin embargo, la financiación de estos programas antinarcóticos fue limitada, y el gobierno sigue enfrentando problemas para imponer el control en la remota región del VRAEM.

En 2017, el gobierno de Perú lanzó un ambicioso plan para reducir el cultivo de coca a la mitad para 2021. Estos intentos fracasaron debido a la ausencia de programas efectivos de sustitución de cultivos y por el impacto de la pandemia de COVID-19, que llevó a la suspensión de las labores de erradicación. Para 2021, Perú cultivaba un récord de más de 80.000 hectáreas de coca y continuaba exportando coca y pasta de cocaína a Bolivia, donde alcanza un precio más alto. Los obstáculos políticos también dificultan las labores de erradicación porque los usos tradicionales de la planta de coca siguen siendo legales, y los cultivadores de coca son una poderosa fuerza política.

Existen pequeños clanes familiares en las regiones del VRAEM y Huallaga que tradicionalmente han manejado los suministros de cocaína y el traslado de la droga hacia Lima y las fronteras del país, pero hay indicios de que los grupos peruanos se están expandiendo para tomar el control de las operaciones de exportación de drogas.

A comienzos de la década de 2020, el mapa criminal de Perú se volvió más diverso. En el VRAEM, el Militarizado Partido Comunista de Perú (MPCP), una facción remanente de Sendero Luminoso, mantuvo presencia en una región clave para la producción de coca. La muerte del segundo al mando, Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”, se confirmó en marzo de 2021, pero el grupo conservó capacidad de violencia localizada. Ese mismo año, el MPCP masacró a unas 16 personas cerca del poblado de San Miguel del Ene, y en febrero de 2023 un ataque contra la policía dejó siete oficiales muertos. Estos hechos mostraron que los remanentes senderistas seguían siendo una amenaza en el VRAEM, aunque ya no tenían capacidad de desafiar al Estado como una insurgencia nacional.

Aunque el narcotráfico sigue en el centro de los problemas de seguridad, la minería ilegal de oro se ha convertido en una de las economías criminales más lucrativas del país. Según el  Instituto Peruano de Economía (IPE) las exportaciones de oro ilegal alcanzaron un récord de US$7.415 millones en 2024, muy por encima del valor anual estimado de US$3.900 millones en 2020. El epicentro de esa actividad se encuentra en la región de Madre de Dios, donde ha causado destrucción ambiental y social, así como un aumento de la violencia. Las regiones mineras son también epicentro de la trata de personas, tanto para el trabajo forzado como para la explotación sexual. El intercambio ilegal de oro también ha estado ligado al lavado de dinero. 

En 2017, Perú declaró oficialmente la minería ilegal como una actividad del crimen organizado y lanzó un programa para enfrentarla, incluyendo operativos policiales a gran escala. Desde 2023, la violencia vinculada al oro ilegal también se hizo más visible en Pataz, La Libertad, donde bandas dedicadas a la extracción ilegal atacaron infraestructura minera, se enfrentaron con fuerzas de seguridad y fueron señaladas por asesinatos de trabajadores y contratistas.

Otro desafío importante para Perú es su comercio ilícito de madera a gran escala, muy lucrativo y lesivo para el medio ambiente, que se facilita con la corrupción y la laxitud de los controles. Se cree que un 80% del total de exportaciones de madera en el país es ilegal. Los asesinatos de activistas ambientales también se han asociado a la industria ilegal de tala.

Antes de la victoria de Keiko Fujimori, Perú había atravesado por ocho presidencias en una década, una sucesión de gobiernos débiles marcada por crisis políticas, investigaciones de corrupción, destituciones y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Esa fragilidad institucional coincidió con un deterioro de la seguridad, reflejado en el avance del narcotráfico, la violencia ligada a la minería ilegal y el crecimiento de la extorsión urbana. Redes como Los Injertos del Cono Norte, liderada por Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, ganaron notoriedad por secuestros, sicariato y cobros extorsivos contra empresarios, comerciantes y transportistas. Para 2026, la inseguridad ya era uno de los temas centrales del debate político peruano.

¿Tiene Perú sus propios grupos criminales?

El panorama criminal de Perú está compuesto por actores diversos y fragmentados, más que por grandes organizaciones nacionales con mando centralizado. Entre ellos se encuentran clanes narcotraficantes locales, remanentes senderistas en el VRAEM, bandas dedicadas a la minería ilegal, redes de extorsión urbana y células extranjeras como Los Gallegos, vinculadas al Tren de Aragua. Estos grupos suelen operar en territorios y economías específicas, mediante alianzas flexibles con intermediarios, funcionarios corruptos y redes transnacionales.

Los grupos narcotraficantes peruanos comparten su territorio con organizaciones narcotraficantes extranjeras, incluidos grupos criminales colombianos y mexicanos. Estos mantienen sofisticadas redes de tráfico de cocaína a Europa y Asia, así como a Estados Unidos y otros países. También se sabe que los traficantes locales tienen vínculos con otros grupos criminales transnacionales, como las pandillas de Brasil y la ‘Ndrangheta de Italia. La continua acción militar en el VRAEM, el corazón de la coca en el país, ha llevado a que las operaciones de producción y tráfico de drogas se adentren aún más en la Amazonía. Los grupos de traficantes han sido culpados de los asesinatos de líderes indígenas que han tratado de evitar que los traficantes invadan sus territorios. La expansión de la coca hacia nuevas regiones también ha favorecido la aparición de clanes locales y redes de transporte en zonas amazónicas y fronterizas, donde la baja presencia estatal facilita la conexión entre productores, intermediarios y compradores extranjeros.

El sector de la minería ilegal de oro de Perú opera como una compleja red de mineros, intermediarios y propietarios de concesiones mineras, incluidos los “capos del oro”, entre los que se encuentran grupos armados extranjeros, familias poderosas y políticos que utilizan prácticas ilegales como el trabajo forzado y los sobornos. En los últimos años, esta economía criminal ha ganado fuerza en La Libertad, especialmente en Pataz, donde bandas dedicadas a la extracción ilegal de oro han atacado infraestructura minera, se han enfrentado con fuerzas de seguridad y han sido señaladas por asesinatos de trabajadores y contratistas. La violencia en esta zona muestra cómo el oro ilegal se ha convertido en una amenaza directa a la seguridad, más allá de sus impactos ambientales y económicos.

Como ocurre en varios países de Suramérica, en Perú hay preocupación por la invasión del Tren de Aragua, la organización criminal más grande de Venezuela. La policía peruana ha arrestado a cientos de presuntos miembros desde finales de la década de 2010.

Esa presión se suma al crecimiento de redes locales como Los Pulpos, una banda transnacional con presencia en Chile, y Los Injertos del Cono Norte, liderada por Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, que han ganado notoriedad por secuestros, sicariato y cobros extorsivos contra empresarios, comerciantes y transportistas.

Además de estas economías urbanas, las zonas fronterizas siguen siendo claves para el crimen organizado. El área cercana al lago Titicaca, en la frontera con Bolivia, se ha convertido en un importante foco de contrabando: coca y base de cocaína salen hacia Bolivia, donde alcanzan mejores precios, mientras que el combustible ingresa ilegalmente a Perú. Redes de tráfico de personas y de tala ilegal también operan en el país, aprovechando la baja presencia estatal y los corredores que conectan economías criminales locales con mercados transnacionales.

¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad de Perú?

Perú tiene una fuerza policial centralizada, la Policía Nacional del Perú (PNP). Según datos oficiales, el país contaba con cerca de  135.000 policías al 1 de enero de 2026, una tasa nacional de casi 400 efectivos policiales por cada 100.000 habitantes. La institución tiene la reputación de ser corrupta y ha enfrentado crecientes cuestionamientos por su limitada capacidad para responder al avance de la extorsión, el sicariato y otras formas de criminalidad urbana.

Las Fuerzas Armadas de Perú están conformadas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. El número de efectivos militares se fija anualmente por el Ejecutivo, pero los cuadros de personal aprobados para 2026 fueron clasificados como información secreta por razones de seguridad nacional. La reputación de las fuerzas armadas se ha visto empañada por incidentes relacionados con violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno, un legado que sigue pesando en el debate sobre su participación en tareas de seguridad interna, especialmente bajo estados de emergencia y operaciones conjuntas con la policía.

Sin embargo, fuerzas armadas han aumentado su participación en tareas de seguridad interna, realizando operaciones conjuntas con la fuerza policial. Aunque su rol se ha concentrado en el VRAEM frente al narcotráfico y los remanentes senderistas, en los últimos años también han sido desplegadas en zonas urbanas y mineras bajo estados de emergencia, especialmente frente a la extorsión, el sicariato y la violencia ligada a la minería ilegal. Estas medidas han tenido resultados limitados frente a redes criminales fragmentadas, flexibles y con capacidad de infiltración local.

El uso recurrente de estados de emergencia ha ampliado el margen de acción de policías y militares, pero también ha reavivado preocupaciones por abusos, militarización de la seguridad pública y falta de rendición de cuentas. Estas alertas crecieron en 2026, cuando el Congreso aprobó una ley para que presuntos delitos cometidos por policías y militares en funciones sean juzgados por tribunales militares-policiales y no por la justicia civil.

¿Cómo es el sistema judicial de Perú?

La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano judicial de Perú. Por debajo de este se encuentran los Tribunales Superiores de Justicia, que operan dentro de sus jurisdicciones locales, seguidos por tribunales más pequeños que también operan a nivel local.

La década de gobierno autoritario de Fujimori dejó un legado de impunidad y causó grandes deterioros a la imparcialidad del sistema judicial de Perú, que ha sido acusado de tener profundos vínculos con el crimen organizado. Esa fragilidad se ha visto agravada por la prolongada crisis política del país, la presión del Congreso sobre fiscales y jueces, y los cuestionamientos a la independencia de instituciones clave encargadas de investigar la corrupción y el crimen organizado.

Según el Índice de Estado de Derecho 2025 de World Justice Project, Perú se ubica entre los peores países latinoamericanos en cuanto a la corrupción. Las restrictivas leyes de difamación de Perú también pueden estar creando un efecto represivo en la cobertura mediática del crimen organizado y la corrupción.

En los últimos años, el Congreso ha aprobado o impulsado normas que han generado preocupación por su impacto en la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad.

¿Cómo es el sistema penitenciario de Perú?

La sobrepoblación del sistema penal en Perú muestra señales de agotamiento. En febrero de 2026, Perú contaba con  más de cien mil personas privadas de la libertad en 69 establecimientos penitenciarios, frente a una capacidad oficial de un poco más de 41.000 plazas. Esto equivale a un nivel de ocupación de 250,3%.

El uso extendido de la prisión preventiva sigue siendo uno de los factores que alimenta la sobrepoblación: en febrero de 2026, el 36,8% de la población penitenciaria estaba compuesta por personas procesadas o detenidas sin condena firme. Esta presión sobre el sistema se ha visto agravada por el endurecimiento penal frente a delitos como la extorsión, el sicariato y la pertenencia a organizaciones criminales.

En junio de 2026, el gobierno aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, con el objetivo de revertir la sobrepoblación en las cárceles. La medida responde a un mandato del Tribunal Constitucional y se enmarca en la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario.

Existe evidencia de amplia cooptación dentro de las cárceles de Perú, lo que permite fugas y una grave falta de control sobre los presos. El hacinamiento, la prisión preventiva y la falta de control interno también elevan el riesgo de que las cárceles funcionen como espacios de coordinación criminal, especialmente en un contexto de crecimiento de redes de extorsión y sicariato.