Después de que se desmovilizaran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, las facciones disidentes que se formaron antes y después del proceso de paz con el gobierno colombiano mantuvieron sus combatientes y operaciones en los antiguos bastiones de la guerrilla en suelo venezolano.
Varios de estos frentes disidentes mantuvieron y profundizaron las redes políticas y militares construidas por antiguos comandantes, lo que les permitió reagruparse, eludir la presión de las fuerzas de seguridad en Colombia y continuar con el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
No obstante, el favoritismo estatal con el que contaban sus predecesores se fue erosionando y Venezuela se convirtió en el cementerio de importantes comandantes de las disidencias de las FARC. Sumado a esto, la expansión de un viejo rival en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también se constituyó en un factor determinante para que varias facciones abandonaran suelo venezolano o redujeran de forma significativa su presencia en ese país.
Historia
Venezuela fue una zona estratégica de operaciones para las extintas FARC durante gran parte del conflicto armado en Colombia, pero su importancia creció exponencialmente con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Esto también coincidió con la mayor presión ejercida por los grupos paramilitares de extrema derecha y por el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia (2002-2010), que fueron arrinconando a la guerrilla hacia la zona fronteriza con Venezuela donde encontraron una retaguardia.
Durante la presidencia de Chávez, la guerrilla fue acusada de colusión con la cúpula del gobierno venezolano y las fuerzas armadas por presunta provisión de soporte logístico y armas. También hay evidencia de que las FARC participaron en el tráfico de drogas con células corruptas del ejército y del gobierno venezolano a quienes se les conoce como el Cartel de los Soles. Esto condujo a las imputaciones contra altas figuras del gobierno y a la imposición de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).
La presencia de campamentos de las FARC en Venezuela generó un conflicto diplomático entre los expresidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Informes de inteligencia colombiana, filtrados en 2010, estimaban que había cerca de 1.500 insurgentes de las FARC activos en 28 campamentos en los estados fronterizos de Apure y Zulia, en Venezuela. En los últimos años de la presidencia de Chávez, sin embargo, las relaciones colombo-venezolanas mejoraron con el presidente Juan Manuel Santos y fueron clave para preparar el terreno para la desmovilización de la guerrilla.
Entre 2012 y 2016, el gobierno venezolano desempeñó un rol importante como uno de los cinco países garantes en las negociaciones de paz del gobierno colombiano con las FARC, que concluyeron con el desarme de los insurgentes en 2017. Sin embargo, Venezuela también se convirtió en refugio para los disidentes de las FARC que se negaron a participar en la desmovilización. Inicialmente dispersos y desorganizados, estos disidentes se reagruparon y crecieron en número ante los retrasos en la implementación de los acuerdos y las oportunidades criminales que ofrecía Venezuela.
Fue así como Venezuela se convirtió en un importante santuario para la reagrupación y fortalecimiento de algunas facciones disidentes. El estado de Apure ha servido de cuartel general a la Segunda Marquetalia, una de las principales facciones disidentes conformada por algunos de los principales negociadores e históricos comandantes de las FARC en los diálogos de paz, que abandonaron el proceso en 2018. Esta estructura está aliada con el Frente Acacio Medina, una facción que nunca se unió al proceso de paz y mantiene el control de importantes corredores fronterizos y yacimientos minerales en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela.
El estado de Apure también fue base de operaciones del Frente 10, una facción alineada con la principal ramificación de las disidencias FARC conocida como el Estado Mayor Central (EMC) al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”. No obstante, la permanencia de este grupo en Venezuela se vio afectada por las diferencias con elementos estatales y la rivalidad criminal con el ELN.
A comienzos del 2021, el ejército venezolano lanzó una operación fallida para expulsar al Frente 10 de Apure debido a varios desacuerdos que se generaron en torno a la repartición de rentas derivadas del narcotráfico en la frontera. Las acciones militares se incrementaron en 2022 cuando el ELN pasó a formar parte de las confrontaciones, logrando debilitar a esta facción disidente y expulsarla de suelo venezolano.
La percepción de que Venezuela era un refugio seguro para las disidencias también empezó a erosionarse a partir de principios de la década de 2020. En ese país han muerto varios cabecillas disidentes, entre ellos Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte” — líder de una de las principales facciones armadas tras el proceso de paz —, así como Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias “El Paisa”, y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, comandantes de la Segunda Marquetalia. Estas muertes, sumadas a los múltiples intentos de asesinato que ha sufrido Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, histórico líder de las FARC, reflejan la inestabilidad por la que estos grupos atraviesan en Venezuela.
El último episodio de gran impacto fue el asesinato en agosto de 2025 de José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”, otro comandante de la Segunda Marquetalia que fue emboscado por el ELN en una zona fronteriza, un hecho que marcó la ruptura de una relación criminal que hasta ese momento garantizaba la repartición de rentas ilícitas y control territorial en los estados de Amazonas y Apure.
Liderazgo
Los diferentes golpes que han recibido las disidencias de las FARC tanto en Colombia como en Venezuela han fragmentado notablemente su liderazgo.
Después de perder a varios de sus principales comandantes y sufrir varios ataques en la frontera, Iván Márquez sigue al frente de la Segunda Marquetalia. Los vínculos históricos que Márquez tuvo con el expresidente Chávez y las relaciones con las esferas políticas, han sido uno de los motivos para que este personaje se mantenga refugiado en Venezuela.
Por su parte, el Frente Acacio Medina opera bajo el mando militar de Miguel Díaz Sanmartín, alias “Julián Chollo” y Géner García Molina, alias “John 40”, quienes se han consolidado en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela, y controlan rutas del narcotráfico y minas ilegales de oro del Parque Natural Yapacana.
Actualmente, el Frente 33 está liderado por Carlos Eduardo García Téllez, alias “Andrey Avendaño”. Esta disidencia forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una de las principales facciones armadas en Colombia.
Geografía
Las facciones disidentes se han concentrado principalmente en la región fronteriza, aunque hay informes de la presencia del Frente Acacio Medina, hacia el interior del país, en el estado de Bolívar, sureste de Venezuela.
La Segunda Marquetalia radicó su base de operaciones en el estado Apure, desde donde sus antiguos líderes coordinaban con células en Colombia y mantenían la infraestructura para el tráfico de drogas. Pero, desde los ataques y las muertes de sus principales cabecillas, este grupo se ha debilitado de manera importante, lo que lo ha llevado a perder poder y presencia en ese estado.
Al declararse en disidencia, el Frente Acacio Medina conservó los corredores de movilidad entre Colombia y Venezuela sobre los márgenes del río Orinoco, en el borde que divide a los dos países. Al mismo tiempo, concentró sus esfuerzos en consolidar su autoridad en el estado de Amazonas en Venezuela. Esta región le ha ofrecido al Frente Acacio Medina un resguardo y un botín de guerra propicio para su andamiaje criminal. Específicamente, la región minera que rodea el Parque Nacional Cerro Yapacana, en el municipio de San Fernando de Atabapo, es considerada el eje central de sus operaciones.
El Frente 33 está asentado en el Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander, el cual es un epicentro para el narcotráfico. Aunque inicialmente solo tenía presencia esporádica en Venezuela, en 2021 comenzó a establecerse de manera más permanente en el estado de Zulia, que es un punto de salida importante para la cocaína producida en Colombia.
Aliados y enemigos
En Colombia, las diferentes facciones de las disidencias de las FARC convergieron de manera cada vez más ostensible en torno a dos polos de influencia: la red de disidencias liderada por Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia. Después de algunos intentos de unificar sus fuerzas, la relación entre ambos bandos se agrietó, lo que se hizo evidente en Venezuela con la rivalidad entre la Segunda Marquetalia y el Frente 10 en Apure, aliado de Mordisco.
Hay evidencia que permite afirmar que la Segunda Marquetalia ha mantenido nexos con el gobierno de Nicolás Maduro, quien declaró en público que Iván Márquez y Jesús Santrich eran “bienvenidos” en el país después de que abandonaran la desmovilización en Colombia.
En contraste, el gobierno venezolano tildó al Frente 10 de “terroristas” y ha atacado a esa guerrilla, a pesar de sus evidentes nexos con las unidades del ejército venezolano apostadas en la región.
Además, la rápida expansión del ELN en Venezuela, los ha puesto a competir con algunas facciones disidentes por las rutas de narcotráfico y contrabando en la frontera entre Colombia y Venezuela. En diciembre de 2018, se informó que las disidencias de las FARC, en particular la Segunda Marquetalia, habían sellado un pacto de no agresión con el ELN y trabajaban en conjunto en la coordinación de actividades ilícitas. Sin embargo, los enfrentamientos de agosto de 2025 sugieren una fractura de estos acuerdos y un potencial escenario de disputa por las zonas de minería en el sur del país.
Perspectivas
Las distintas facciones de las disidencias de las FARC en Venezuela enfrentan perspectivas cada vez más divergentes en este país.
Con la salida de Nicolás Maduro del poder luego de la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero de 2026, el futuro de las disidencias en Venezuela entra en una fase de alta incertidumbre y reconfiguración estratégica. Sin el respaldo político que durante años facilitó la impunidad de sus operaciones y ante la presión estadounidense para exigir resultados y cooperación al nuevo gobierno de transición, el margen de maniobra de la Segunda Marquetalia y sus comandantes no será el mismo.
En cuanto al Frente Acacio Medina, su permanencia en Venezuela también ha quedado en entredicho tras las crecientes tensiones con el ELN. Múltiples operativos de seguridad en el estado de Amazonas, sumados a reportes de enfrentamientos y al aumento de la amenaza de la presión militar extranjera, han reducido de forma significativa su margen de maniobra. A este escenario se añade la necesidad de renegociar acuerdos criminales con un nuevo gobierno y con actores que aún están redefiniendo su posición en el tablero de poder, lo que podría empujar a la estructura a replegar a sus combatientes hacia zonas fronterizas o a disminuir de manera sustancial su presencia en el país.
Las facciones que no cuentan con la venia estatal y que se han enfrentado a las fuerzas de seguridad en Apure y Zulia, como el Frente 33 y el EMC, enfrentan un escenario más adverso. Además de la presión de los operativos militares en su contra, estas estructuras han chocado con la rivalidad del ELN, que ha buscado consolidar su control territorial y económico en estas zonas. Esta doble presión ha forzado a varias facciones disidentes a replegarse, fragmentarse o abandonar territorio venezolano, dejando una presencia inestable o, en algunos casos, prácticamente inexistente en el país.
