Las playas de arena blanca, que alguna vez estuvieron destinadas a albergar a turistas, ahora se han convertido en campamentos improvisados para miles de migrantes en Necoclí, un pequeño municipio ubicado en la costa este del golfo de Urabá, en la Costa Caribe colombiana.
A orillas del agua, migrantes provenientes de Venezuela, Ecuador, China, Haití y Medio Oriente han instalado cientos de tiendas de campaña de distintos tamaños y colores apiñadas en hileras desiguales. En medio de este tablero de Tetris construido por refugios temporales, las familias cocinan con hornillos portátiles, los niños corren dentro y fuera del mar y los vendedores ofrecen todo lo necesario para emprender una dura caminata: botas de montaña, tarjetas SIM, empanadas y mucho más.
La última semana de febrero, las playas estaban especialmente abarrotadas. El 23 de febrero, las autoridades colombianas habían detenido a dos capitanes de embarcaciones que transportaban migrantes de Necoclí hasta Acandí. Se les acusaba de tráfico de personas con el objetivo de interrumpir el acceso al tapón del Darién, una de las principales rutas tomadas por los migrantes que se dirigen al norte.
Sin garantías de que las autoridades dejaran en paz a otros capitanes, las compañías de barcos suspendieron los servicios de transporte a través del golfo, lo que provocó una acumulación de migrantes varados que alcanzó los 3.000 en su momento más álgido.
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Bajo un sol abrasador, los migrantes se impacientaban. La mayoría estaban ansiosos por emprender el peligroso viaje de varios días a través del Darién, el trozo de selva traicionera que divide a Colombia de Panamá. Sin embargo, hasta que se reanudara el tráfico marítimo estaban confinados a permanecer en el improvisado campamento de Necoclí. Allí, trabajadores humanitarios con chalecos azules y rojos patrullaban la zona, ofreciendo servicios sanitarios, pastillas potabilizadoras de agua y asesoramiento jurídico a los pocos migrantes que podrían quedarse en Colombia.
Normalmente, unos 1.000 migrantes embarcan cada día en transbordadores procedentes de Necoclí o de la vecina localidad costera de Turbo. Los barcos los llevan hasta Acandí, un municipio situado al otro lado del golfo, en la frontera con Panamá. Allí comienza la travesía por la selva.
Incógnitos, miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como el Clan del Golfo o los Urabeños, el grupo criminal más poderoso de la región, vigilan de cerca la situación.
Las AGC han monopolizado todo el ecosistema de los migrantes: definen qué rutas pueden tomar y cobran un impuesto a aquellos que quieren transitar por su territorio. Aunque existen múltiples rutas a través de la selva, la AGC solo permite viajar a través de Acandí, lo que beneficia al grupo de muchas maneras.
La crisis migratoria se convierte en ganancia para las AGC
El Darién ha sido una ruta para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos desde la década de 1990. Pero la reciente oleada migratoria comenzó poco después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021, lo que provocó que varios grupos de haitianos se concentraran en Urabá para viajar hacia el norte.
Al principio llegaron centenares, lo que ayudó a consolidar los cimientos de la economía migratoria. Los migrantes de Ecuador y Venezuela, vecinos de Colombia, se sumaron a la oleada. Pero cuando los países centroamericanos endurecieron las restricciones de visado para frenar la migración a través de sus territorios, empezaron a llegar al golfo de Urabá grupos de hasta 1.000 migrantes diarios procedentes de América Latina, África e incluso Asia.
La región del golfo de Urabá es el bastión de las AGC, quienes surgieron de las cenizas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los ejércitos paramilitares del país que se desmovilizó en 2006.
Muchos migrantes que llegan al golfo de Urabá no saben que están entrando en territorio de las AGC. Aparte de los ocasionales grafitis con las siglas “AGC” en los muros y de algunos hombres que patrullan en moto, la presencia del grupo es relativamente discreta.
Sin embargo, el control de las AGC en la región es incontestable, asegurando que el grupo reciba los beneficios económicos de la floreciente economía de la migración.
Desde Necoclí y Turbo, el viaje a través del Darién puede costar entre US$350 y US$500, incluido el ferry a Acandí y los guías selváticos. Los migrantes que buscan un paso más rápido y seguro pueden pagar hasta US$1.000 para acceder a la ruta de Capurganá, que pasa por el norte de Acandí.
“Puede ser un día más o menos, dependiendo también del ritmo. Es una ruta muy utilizada por chinos, afganos e indios”, explicó a InSight Crime un trabajador humanitario en Necoclí.
Las ganancias recaudadas únicamente por los paquetes de transporte vendidos a los migrantes el año pasado, rondarían entre los US$17,5 y US$25 millones, con casi medio millón de migrantes cruzando el Darién en 2023.
Las AGC también cobran a todos los negocios que participan en la economía del Golfo de Urabá, llevándose cerca del 10% de sus ganancias, según informaron fuentes locales a InSight Crime. Esto incluye negocios formales como hoteles, restaurantes y compañías de barcos, así como negocios informales como vendedores ambulantes. El grupo utiliza su control total sobre la migración para concentrar a los migrantes y a los proveedores de servicios en puntos específicos, facilitando así la recaudación.
El cuello de botella creado por las AGC
Las AGC han creado un punto de concentración en Acandí para maximizar sus ingresos mientras se aseguran de que ninguna empresa opere sin pagar su parte al grupo. Sin embargo, Acandí no es el único municipio con rutas a través del Darién. Riosucio y Unguía, situados directamente al sur de Acandí, son otros puntos de partida alternativos para cruzar a Panamá.
Riosucio, por ejemplo, es posiblemente el municipio del norte del Chocó más accesible para los migrantes, ya que se puede llegar a él por carretera desde el departamento colombiano de Antioquia. Brasileños, cubanos y haitianos en busca de rutas a través del Darién comenzaron a llegar al municipio en pequeños a partir de 2019, según un residente de Riosucio que a menudo proporciona refugio a los migrantes, y que habló bajo condición de anonimato por su seguridad.
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La ruta desde Riosucio implica viajar hacia el norte hasta el pueblo de Cacarica antes de dirigirse hacia el noroeste vía fluvial hasta la frontera con Panamá.
“Entras a la carretera panamericana. No tienes que cruzar tantas montañas. La carretera es mucho más llana, el camino es más recto”, explicó un miembro de una organización internacional en Necoclí que atiende a los migrantes antes de que inicien la caminata por el Darién, y que decidió no ser nombrado por su seguridad. Pero las AGC no lo permiten: “El grupo lo utiliza para otro tipo de actividades”, añadió.
“El otro día vinieron unos brasileños, subieron [por el río hacia Cacarica] y los paramilitares [las AGC] los cogieron”, dijo el residente de Riosucio. “Los paramilitares les hicieron raspar coca y los alimentaron, pero no les dejaron continuar. Los devolvieron”.
Otras dos rutas salen de Unguía y atraviesan el resguardo indígena Guna Dule, que se extiende entre Colombia y Panamá. Las comunidades indígenas han utilizado estas rutas ancestrales durante cientos de años. Están mejor definidas que otros caminos, y la caminata dura solo un día y medio en buenas condiciones meteorológicas, frente a los tres a cinco días por el Acandí.
“Esta ruta a través de Unguía es menos arriesgada para los migrantes, ya que no hay tantos grandes felinos ni bestias salvajes”, dijo a InSight Crime un funcionario público de Unguía, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
Desde noviembre de 2022, solo se conocen dos intentos de traslado de migrantes por estas rutas, según un informe de las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá. En ambos casos, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) panameño detuvo a los migrantes y sus guías una vez salieron del resguardo indígena en el lado panameño, obligándolos a regresar a Colombia.
Economías alternativas
A lo largo de las carreteras afuera de Riosucio hay un enorme almacén al aire libre de madera talada. Se trata de troncos enteros sentados junto a tablones cortados, listos para ser utilizados en construcción. Los remolques de los tractores esperan para cargar su mercancía. No hay campamentos de migrantes, ni siquiera rastros de personas en tránsito, un duro contraste con las abarrotadas playas de Necoclí.
A medida que llegan los visitantes, los mototaxis se abalanzan sobre los pocos que han logrado hacer el viaje de cuatro horas desde Apartado, la ciudad más grande de Urabá, por carreteras en su mayoría sin asfaltar. Una sensación de vigilancia se cierne sobre la ciudad.
Otros motociclistas se detienen junto a sus colegas, preguntan a los conductores adónde se dirigen sus pasajeros y envían mensajes de audio por WhatsApp sobre sus destinos antes de arrancar a toda velocidad. Niños, hombres y mujeres se sientan en los porches a observar a los que pasan, algunos de los cuales envían mensajes discretamente. Parece que se rastrea cada movimiento de los forasteros, desde su alojamiento hasta sus interacciones. Quien lleva las riendas de este férreo control es la verdadera autoridad de la ciudad: las AGC.
Si bien la migración se ha convertido en una fuente de ingresos muy rentable para el grupo en Acandí, las AGC realizan una estricta vigilancia sobre los visitantes y disuaden la migración de otras ciudades para mantener su control territorial en estos municipios. Esto les permite involucrarse en otros negocios criminales como el narcotráfico y la tala ilegal.
Durante décadas, el golfo de Urabá ha sido un importante punto de envío de cocaína de contrabando a todo el mundo en cajas de plátano, un comercio que ha enriquecido enormemente a las AGC y a sus dirigentes. Aunque la migración es una fuente de ingresos cada vez más importante para el grupo, el narcotráfico continúa a gran escala.
Con las organizaciones internacionales y la presencia del gobierno centradas en la migración en Acandí, las AGC tienen mucha más libertad para llevar a cabo el narcotráfico a través de Unguía y Riosucio. Si los migrantes transitaran también por estos municipios, la presencia de las autoridades en la zona probablemente aumentaría.
Aunque las AGC trafican cocaína principalmente a través de los puertos de la costa atlántica colombiana, mediante barcos cargados con toneladas de la droga, las rutas terrestres a través del Darién, que comienzan en Acandí, Unguía, Riosucio y Juradó, se siguen utilizando para cantidades más pequeñas de esta droga.
En un principio, las AGC comenzaron a organizar las rutas para que los migrantes no se cruzaran en el camino del trasiego de drogas. Incluso existen informes de minas antipersona que bordean la ruta principal en Acandí, para disuadir a los migrantes de utilizarlas, según líderes sociales y funcionarios municipales del norte del Chocó.
Más allá de las rutas de tráfico, las AGC también han establecido un control considerable sobre los cultivos de coca. Con el precio de la coca desplomándose en el sur de Colombia, las AGC también han empezado a reclutar cocaleros de zonas como Putumayo y Cauca, donde el cultivo de coca está bien establecido, para establecer plantaciones a lo largo de pequeños ríos en Riosucio, según un residente de la ciudad.
Sin embargo, InSight Crime no pudo verificar esto con otras fuentes.
“En el río hay pueblos que antes no existían y que han sido creados por los que han llegado”, dijo el residente. “Tienen cinco o seis trabajadores, siete casitas, y empiezan a construir, traen algo de aire acondicionado y una nevera pequeña. Durante el día están trabajando, y por la noche, bebiendo cerveza fría”.
Los datos más recientes midieron 1.055 hectáreas de cultivos de coca en Riosucio en 2022, lo que representa una quinta parte del total de cultivos de coca de Chocó y lo convierte en el segundo municipio con mayor densidad de cultivos del departamento.
“[El principal ingreso de la AGC] tendría que ser la coca, la base de coca”, dijo un líder social de Riosucio. “Gravan la ganadería, y contribuye [a sus ingresos], pero muy poco. El arroz, muy poco, y el plátano, muy poco también”.
El grupo también obtiene importantes réditos de la tala ilegal en Riosucio y Unguía. Aunque la tala es una práctica ancestral y autosuficiente en Riosucio, las mafias madereras explotan los densos bosques en busca de maderas nobles disponibles en los húmedos entornos selváticos.
Esta madera suele traerse de vuelta a Riosucio y transportarse a las principales ciudades para su venta. Las AGC cobran un impuesto a los camioneros que compran y trasladan la madera, otra importante fuente de ingresos para el grupo, según un líder social de Riosucio implicado en el comercio local de madera.
Una mayor migración a través de estos territorios haría más difícil para las AGC mantener su monopolio sobre estas economías ilegales, ya que la migración suele traer consigo una mayor presencia institucional en forma de organizaciones humanitarias y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Sin embargo, si el gobierno concentra sus esfuerzos en sellar el paso por Acandí, las AGC tienen un control tan firme sobre Unguía y Riosucio que podrían abrir repentinamente la entrada a los migrantes como plan B.
Según el funcionario público de Unguía, “podrían volver a reactivar la ruta en cualquier momento”.
Imagen principal: Migrantes acampan en las playas de Necoclí, Antioquia. Crédito: Henry Shuldiner