El gobierno y las fuerzas de seguridad en Venezuela han pasado los últimos meses creando la imagen de un criminal conocido como Santanita y su banda como uno de sus principales objetivos, mientras que otros grupos siguen actuando con impunidad casi absoluta.
Esta paradoja es producto de una estructura de seguridad diseñada para mutuo beneficio del gobierno y ciertos aliados criminales específicos.
Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, es un hombre buscado. Su banda, dedicada en su mayoría a la extorsión en el populoso estado de Lara, al norte del país, ha sido uno de los principales objetivos del gobierno en los últimos meses. Llamó la atención de las autoridades y los medios de comunicación cuando su banda supuestamente empezó a detonar explosivos en concesionarios de autos en Barquisimeto, capital del estado. Y en mensajes en video en las redes sociales, los miembros de Santanita amenazaron a los dueños de los concesionarios con que sufrirían consecuencias similares. La banda incluso ha tenido estrechos nexos con el Tren de Aragua, la mayor megabanda local de Venezuela.
La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Desde mayo, las fuerzas de seguridad han redoblado sus operaciones contra la banda, y al parecer lograron capturar a más de 20 presuntos miembros y asesinar al menos a 28 más. Santanita sigue fugitivo.
Desde ese mes, artículos de prensa y declaraciones de funcionarios han señalado que Santanita estaba “sembrando el terror”, que se había convertido en “objetivo nacional”, y que “no dejarían piedra sin mover” en su búsqueda.
No se pone en duda la amenaza muy real que Santanita representa. Pero el clamor alrededor de sus operativos ya es bien conocido.
Blancos seleccionados cuidadosamente
Poco antes de que Santanita comenzara a acaparar titulares, hubo otro personaje del hampa en la misma situación, Wilexis Alexander Acevedo, alias “Wilexis”.
A comienzos de este año, Wilexis, quien desde 2017 domina el barrio marginal de José Félix Ribas en la ciudad de Petare, a las afueras de Caracas, se convirtió en uno de los más buscados del país. A eso siguieron varios casos en que los residentes del barrio José Félix Ribas organizaron revueltas como respuesta a la violencia de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Venezuela, señaladas de 43 asesinatos en Petare entre enero y septiembre de 2019. Según El Pitazo, Wilexis fue uno de los organizadores claves de esas manifestaciones, al enviar mensajes por WhatsApp a los residentes pidiéndoles que apoyaran las protestas.
A comienzos de mayo, el presidente Nicolás Maduro se involucró personalmente. Acusó a Wilexis de trabajar para la Administración para el Control de Narcóticos (DEA) de Estados Unidos y de iniciar los disturbios para distraer a las fuerzas de seguridad de la fallida Operación Gedeón en abril, cuando un grupo de hombres, incluidos soldados estadounidenses retirados, desembarcaron en Venezuela, al parecer, para capturar a Maduro. Los ministros del interior y de justicia de Venezuela recibieron la orden de capturar a Wilexis. Pero cinco meses después, solo se han hecho unos pocos arrestos. Wilexis sigue libre y ya no parece ser un blanco prioritario.
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Wilexis y Santanita son solo los más recientes de una lista de delincuentes que han encabezado temporalmente la lista prioritaria del gobierno. Algunos han sido privados de la libertad, otros nunca fueron capturados, y algunos más han sido acusados de delitos que no cometieron.
Un caso que sirve de ejemplo es el de Wilfredo Torres Gómez, alias “Necoclí”, exjefe de Los Rastrojos en el estado de Táchira, en la frontera colombo-venezolana. Torres Gómez era buscado en Colombia por narcotráfico, contrabando y tráfico de armas. Pero cuando las autoridades venezolanas lo detuvieron en marzo de 2019, Maduro de repente lo vinculó a los partidos de oposición y lo acusó de planear “actos terroristas”. Nunca se hizo pública evidencia alguna de esas acusaciones.
Pero los ataques a Los Rastrojos, que habían tomado el control de una variedad de economías criminales a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, no han cesado desde entonces. Freddy Bernal, favorito de Maduro, y quien se ha calificado a sí mismo como el “Protector del Táchira”, publica regularmente en su cuenta de Twitter sobre operativos contra este grupo, donde los califica de “terroristas”. Los Rastrojos también han estado librando una guerra contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que este último grupo ha venido ganando y de paso asegurando su control sobre la frontera, sin que enfrente resistencia parecida por parte de los organismos de seguridad venezolanos. Karim Vera, miembro de la oposición en Táchira habló con InSight Crime y afirmó que esto no es coincidencia y que el ELN puede estar tratando de ganarse la confianza del gobierno venezolano. Vera también acusó a Bernal de contratar a miembros del ELN para combatir a Los Rastrojos.
Por largo tiempo se ha especulado sobre una alianza entre el ELN y el gobierno venezolano. En sus Informes sobre terrorismo por país de 2019, Estados Unidos declaró que “Maduro y sus cómplices usan actividades criminales para ayudar a mantener su control ilegítimo del poder, lo que fomenta un ambiente permisivo para […] el ELN”. InSight Crime ha informado anteriormente sobre los pagos del ELN a las fuerzas armadas venezolanas para que protejan sus intereses, incluidas las operaciones de minería ilegal y contrabando de combustible.
Autorización para ejercer el control y la violencia
Los órganos de policía se movilizaron rápidamente contra Santanita. Pero otras bandas que trabajan con economías criminales similares y en escala comparable a Santanita, no son objetivo para las autoridades. Un ejemplo es la banda liderada por Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, que opera en el barrio deprimido de Caracas conocido como Cota 905. En 2015, el barrio fue declarado “Zona de Paz”, como parte de un programa nacional que dictaba que la policía no podía ingresar a ciertas áreas mientras que las bandas que allí operaran mantuvieran el orden. La medida hizo posible la evolución de “megabandas”, grandes agrupaciones de más de cien integrantes, y la consolidación de su control sobre las comunidades locales. Después de la revocación de su estatus, hubo reportes no confirmados de que Revete se reunió personalmente en Cota 905 con Delcy Rodríguez, entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y actual vicepresidenta, para restablecer la Zona de Paz, en agosto de 2017.
Aunque después de eso ha habido choques esporádicos entre los miembros de la banda de El Koki y los organismos de seguridad, un episodio reciente mostró por qué se cree que Revete goza de impunidad casi absoluta.
El 25 de agosto, miembros del grupo supuestamente planearon tomarse el control de un campo de tiro en la base de la policía municipal de Caracas, donde fueron confrontados por las fuerzas de seguridad. Se produjo un tiroteo en el que resultó muerto un miembro de las FAES y salieron heridos dos policías, sin que fuera capturado ni un solo miembro de la banda, según noticias de los medios venezolanos. Los oficiales de las FAES negaron nuevos señalamientos de que se hubiera ordenado la retirada de los organismos de seguridad.
Pero aunque el director de las FAES, José Miguel Domínguez, prometió responder con toda su fuerza, en las semanas posteriores al hecho no se conoció de operativos contra la banda de El Koki. Esta es apenas una nueva evidencia de que Revete parece estar por encima de la ley. En julio de 2019, miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron recibidos con fuego en Cota 905 y recibieron órdenes de abandonar la zona.
Un brote de violencia entre las FAES y la banda de El Koki se presentó el 22 de septiembre de 2020, con un saldo de dos pandilleros supuestamente muertos, según información de la prensa, pero no ha habido confirmación oficial sobre el motivo o las circunstancias que rodearon el hecho.
El Koki y Wilexis ejercen niveles de control similares sobre sus poblaciones locales en barrios problemáticos y parecen movilizar números importantes de lealtades. En Petare, se ha descrito a Wilexis como un “Robin Hood”, que da alimentos a los residentes y los defiende frente a abusos de las FAES. Las mismas comparaciones se han hecho sobre El Koki.
Puede decirse que las fuerzas de seguridad de Venezuela simplemente no tienen recursos para desmantelar grupos criminales organizados tan arraigados como los de El Koki o Wilexis. Pero la efectividad de otras operaciones contra diferentes grupos, como la prolongada campaña contra Los Rastrojos, muestra que sí hay tal capacidad, pero solo cuando se dan las órdenes correctas.
Sin piedad
A mediados de septiembre, una banda conocida como El Sindicato del Perú, emitió un llamado a la paz. Conocida por sus actividades de minería de oro ilegal alrededor de El Callao en el estado de Bolívar, la banda difundió un video donde hacía un llamado “al gobierno nacional […] porque nos encontramos en una guerra sin sentido por defender nuestros derechos humanos”.
Esta pequeña banda local ha mantenido una táctica defensiva durante buena parte de 2020, tras repetidos enfrentamientos con las fuerzas armadas que han dejado muertos a muchos de sus integrantes. El diputado opositor Américo de Grazia publicó en su cuenta de Twitter que, tal como pasó con Los Rastrojos, las fuerzas de seguridad estaban sacando a El Sindicato del Perú para que el ELN se tome El Callao.
La petición parece haber caído en oídos sordos. Menos de una semana después del video, el gobierno presionó la ventaja contra el grupo y detuvo a varios miembros e incautó armas y granadas.