En los últimos años, Argentina ha sido testigo de la creciente violencia y de la afluencia de narcotraficantes extranjeros, a medida que la cocaína inunda el país, tanto para el consumo como para la exportación; una situación que es probable que empeore a menos que las autoridades tomen medidas para asegurar sus fronteras porosas.
Según La Nación, las drogas que cruzan a través de rutas terrestres desde Bolivia suelen entrar en una de dos maneras: transportadas en un vehículo o por individuos, y ocasionalmente incluso por animales. Los mayores cargamentos son transportados en camiones u otros vehículos, los cuales están ocultos en compartimentos secretos en el vehículo o disfrazados dentro de otro tipo de cargas. Los transportadores humanos, o “mulas”, llevan pequeñas cantidades de drogas en su equipaje o en su persona, entrando al país a pie o en un autobús -el artículo destaca las rutas 11, 12, 14 y 34 como rutas especialmente populares entre los traficantes-.
La mayoría de estos cargamentos están compuestos de marihuana y cocaína procesada, pero las “cocinas” -laboratorios de procesamiento de cocaína- descubiertas en el lado argentino de la frontera, indican que la base de cocaína e incluso las hojas de coca también están cruzando la frontera.
Las rutas aéreas son utilizadas para mover grandes cantidades de marihuana y cocaína desde Bolivia y Paraguay. Los vuelos aterrizan en pistas clandestinas en las provincias norteñas de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy para descargar su carga, informaron La Gaceta y Clarín. Muchos aviones pequeños también dejan sus envíos sin tener que tocar tierra, creando lo que el juez federal Raúl Reynoso describió a La Gaceta como la “lluvia blanca” de los paquetes de cocaína.
Las rutas acuáticas, aunque menos utilizadas, son otra forma para que las drogas salgan y entren del país. Los buques portacontenedores que pasan por el Río de la Plata llevan envíos ocultos de drogas en su carga, mientras que el Río Paraná, de 4.880 kilómetros, que serpentea desde Brasil a Argentina a través de Paraguay, proporciona una ruta de navegación natural para la marihuana.
Tan sólo en Rosario hay 16 diferentes puntos de acceso para el río, y el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, ha llamado a la afluencia de las drogas desde el río uno de los problemas más graves de la provincia. Se sabe que los traficantes envuelven las drogas en bolsas negras herméticas y las dejan flotar río abajo hacia su destino –según un pescador local, la gente que trabaja cerca del río sabe que no deben tocar las bolsas-.
La Nación también examinó las graves deficiencias en la capacidad de Argentina para controlar los cruces fronterizos. Hay 37 pasos terrestres entre Argentina y Paraguay, dijo, pero sólo dos tienen “áreas de control integrado” con guardias de ambos países. Sólo cinco de los 17 cruces a Brasil tienen puestos de control integrados.
El monitoreo del espacio aéreo también es débil -a principios de este año los jueces federales en el norte de Argentina criticaron la falta de radares capaces de detectar vuelos de drogas-. Según el reciente informe de La Nación, Argentina actualmente cuenta con cuatro equipos de radar que monitorean toda la frontera nororiental. Cada uno tiene un rango de sólo 200 kilómetros y ninguno funcionan las 24 horas del día. Si un vuelo ilegal es descubierto, los agentes tienen tres aviones de 1970 a su disposición, que son capaces de fotografiar los aviones, pero no tienen capacidad para derribarlos.
Análisis de InSight Crime
El laxo monitoreo de los pasos fronterizos de Argentina no es nada nuevo. Con 9.376 kilómetros de frontera terrestre y 5.317 kilómetros a lo largo del océano, sería casi imposible vigilar todas las posibles entradas. “La frontera entre Bolivia y Argentina siempre ha sido permeable y abierta al contrabando, por lo que es una ruta fácil y establecida en la que la cocaína simplemente es un producto más”, según Douglas Farah, socio en el Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Americas Program at the Center for Strategic and International Studies). “Ni las autoridades bolivianas ni las argentinas hacen un esfuerzo significativo para controlar el tráfico de cualquier cosa en ese espacio, convirtiéndolo en un área de bajo riesgo, de alto volumen”.
Un aumento de la seguridad en la frontera entre Brasil y Chile se ha sumado a la atracción de la vía argentina, dijo Farah, y altos niveles de contrabando seguirán fluyendo hasta que un factor externo obligue a que se produzca un cambio.
Además de sus débiles capacidades de vigilancia, las iniciativas antidrogas enfrentan serios desafíos. Los casos de corrupción de alto nivel han impactado tanto la efectividad del cuerpo de seguridad como la fe del público en él; mientras el sistema judicial del país se enfrenta a graves retrasos e ineficiencia. Un juez en Salta cuenta con un trabajo pendiente de más de 10 000 casos, la mayoría relacionados con el narcotráfico. Los jueces también deben lidiar con las amenazas y los intentos de intimidación, como los dirigidos a un juez que supervisaba el caso de un ataque contra el gobernador de Santa Fe, Bonfatti.
Los grupos criminales organizados de México, Colombia y Brasil tienen una antigua presencia en los sectores productores de cocaína de Bolivia, especialmente en la región de Santa Cruz, pero ahora también se están estableciendo en Argentina. Durante mucho tiempo el país también ha sido conocido como un refugio seguro para los criminales poderosos, entre ellos el narcotraficante colombiano Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”, y, al parecer por un corto tiempo, el líder de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Actualmente, la parte norte del país está viendo una afluencia de miles de colombianos, según un magistrado de Salta, quien vincula la ola de inmigración con el narcotráfico.
Pese a la creciente evidencia de la presencia de grupos internacionales, el gobierno aún no ha tomado realmente medidas significativas para combatir el flujo de drogas y precursores a través del país. El presupuesto propuesto para 2014 aumenta la financiación para la seguridad nacional en sólo un 6,6 por ciento -una cantidad que, básicamente, implica un recorte en la financiación, si se tienen en cuenta los altos niveles de inflación-. Según Farah, el gobierno argentino simplemente tiene poco interés en combatir el narcotráfico, prefiriendo concentrarse en otros asuntos.
Tal vez la característica más distintiva de la situación actual del tráfico de drogas en Argentina es una capa doble de operaciones, según Farah. El tráfico de drogas en Argentina parece funcionar sobre una base de dos niveles, con una mínima sobreposición entre los grupos transnacionales y las organizaciones locales.
“Las organizaciones transnacionales que envían sus productos hacia o a través del país pueden haber estimulado el crecimiento del mercado interno y los grupos criminales locales pero no están directamente involucrados en el microtráfico; hay una ausencia de una estructura de tráfico dominante”, dijo Farah. Los distribuidores locales mueven y venden pequeñas cantidades porque eso es lo que pueden comprar, y no tienen acceso a las redes internacionales. “Este es un mercado en desarrollo, no uno completamente maduro”, dijo Farah. Tal negocio a pequeña escala y la falta de coordinación dentro de los grupos locales pueden haber ayudado a escapar a Argentina; la violencia que ha acompañado el aumento del tráfico de drogas en otras partes de la región.
Una excepción es la norteña ciudad de Rosario, cuya estructura de tráfico más desarrollada puede proporcionar una mirada hacia el futuro del comercio de drogas en el país -y el panorama es sombrío-. Rosario es uno de los pocos lugares donde parecen chocar los intereses de los diversos grupos, con resultados violentos. Este año, la ciudad ha registrado 225 homicidios, la mayoría supuestamente debido a la guerra territorial entre las pandillas de la ciudad. Al mismo tiempo, la ciudad es un centro de transbordo para los grandes alijos de droga que pasan por el sur a lo largo de infame Ruta 34 del país, desde Bolivia hasta Buenos Aires o destinos internacionales -envíos que pertenecen a los principales actores transnacionales-.
Los crecientes niveles de violencia en Rosario pueden indicar que uno o varios grupos pueden estar haciendo un serio intento por establecer el control de las redes de transporte en todo el país, dijo Farah. Si la demanda en Argentina sigue creciendo y las fronteras siguen siendo tan porosas como lo son hoy, es muy probable que se de una batalla cada vez más violenta por el control de las lucrativas cadenas de suministro.