Por paradójico que parezca, algunas de las figuras más prominentes del narcotráfico en Sinaloa son cumplidos contribuyentes y patrones inscritos en el Impuesto Sobre Nóminas estatal, de acuerdo con el padrón obtenido por emeequis vía la Ley de Acceso a la Información Pública.
Todavía más: al menos 26 personas y empresas que han sido identificadas en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado —y cuyos bienes y propiedades han sido decomisados por el Departamento del Tesoro— pagan sus impuestos, no importa si están en prisiones nacionales o han sido extraditados.
Integrantes de familias con apellidos de raigambre en el narcotráfico como Zambada, Beltrán Leyva, Muñoz, Guzmán Loera o Esparragoza se encuentran en el padrón fiscal, al igual que las empresas de su propiedad que han sido boletinadas en Estados Unidos, entre las que hay productoras de leche, estancias infantiles, parques acuáticos, gasolineras, constructoras, tiendas de ropa, ranchos ganaderos y otras más.
Esta es la primera parte de un artículo que apareció originalmente en Emmequis en colaboración con Connectas, y fue editado y publicado con permiso. Vea el original aquí
Las autoridades locales, empezando por el gobernador Mario López Valdez, dicen no saber nada al respecto, ni siquiera si algún empresario tiene nexos con el narco.
Lo que sí saben es que en Sinaloa los narcos no evaden impuestos
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Hay al menos 26 empresas y personas físicas cuyos bienes y cuentas están congeladas en Estados Unidos por sus vínculos con actividades del narcotráfico y el crimen organizado. Pero en Sinaloa no se han enterado. |
Gerardo Vargas Landeros es el número dos del gobierno de Sinaloa. Es como un secretario de Gobernación local. Es decir, todo lo sabe del estado. Todo lo conoce. Todo le informan. Él, sin embargo, jura que no.
Eso ha dicho, sobre todo cuando le preguntan cosas delicadas como los lazos que unen a hombres de negocios con el narcotráfico. “La mayoría de los empresarios que yo conozco, y con los que he tratado como secretario general de Gobierno, no he tenido ningún conocimiento que tengan alguna situación de nexos con la delincuencia organizada; hasta ahorita ninguna”, dijo ya hace unos meses en el Palacio de Gobierno.
Era el 13 de septiembre de 2014 y desde Los Ángeles, California, había llegado un par de días antes la información de que el gobierno de Estados Unidos había asegurado US$65 millones que Luis Ignacio Muñoz Orozco, el exitoso empresario local, el ex presidente de la Canaco en Culiacán, el ex jefe de la oficina técnica de un secretario de Estado, el Nacho, había ayudado a lavar al Cártel de Sinaloa.
Pero Vargas Landeros no sabía nada de ese ni de ningún otro caso de lavado de dinero o de relaciones narco empresariales. Y sigue sin saber.
Podría, sin embargo, hacer algo sencillo para remediar ese vacío informativo: solicitar a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado el Registro de Contribuyentes del Impuesto Sobre Nómina 2014.
Vargas se va a tardar en leerlo, pero se topará con algunas sorpresas en las mil 60 páginas del padrón, del que emeequis tiene copia obtenida mediante la Ley de Acceso a la Información Pública.
La primera sorpresa es que encontrará al menos 26 empresas y personas físicas cuyos bienes y cuentas están congeladas en Estados Unidos por sus vínculos con actividades del narcotráfico y el crimen organizado. Pero en Sinaloa no se han enterado.
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Vargas se enterará además de que aun cuando los propietarios de esas empresas sinaloenses no pueden colocar un pie en Estados Unidos so pena de que los arresten, ni depositar un solo dólar en el sistema bancario del norte, no han perdido su empuje y ganas de crecer en su tierra.
Por eso las empresas identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico abarcan todo tipo de actividades económicas: pesqueras, inmobiliarias, ranchos, gasolineras, constructoras, productoras de leche, proveedoras de material de arte y diseño, estancias infantiles y muchas más.
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No es tan complicado ubicarlas. Sus propietarios son contribuyentes activos y tienen apellidos que le resultarán fáciles de reconocer al funcionario: Zambada, Beltrán Leyva, Muñoz, Guzmán Loera o Esparragoza. |
No es tan complicado ubicarlas. Sus propietarios son contribuyentes activos y tienen apellidos que le resultarán fáciles de reconocer al funcionario: Zambada, Beltrán Leyva, Muñoz, Guzmán Loera o Esparragoza.
Pero eso difícilmente lo sabrán ni Gerardo Vargas Landeros ni el gobernador Mario López Valdez. Y no lo sabrán porque no han querido. Porque en caso de haberlo buscado, un italiano llamado Antonio Mazitelli los habría atendido en su despacho del DF y quizá les hubiera ayudado a cortar el oxígeno que el dinero proporciona al crimen organizado.
Pero el teléfono de Mazitelli, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, no ha sonado. No hay razón para hacerlo.
En Sinaloa los narcos no evaden impuestos.
En todo el mundo se lava
Apenas llevaba ocho meses en el cargo y el gobernador sinaloense Mario López Valdez atajó lo que en su opinión no era un hecho tan relevante como querían hacer creer los medios de comunicación.
“Dinero en todo el mundo lo lavan; en todos lados hay origen ilícito de muchos recursos”, argumentó el gobernador el 26 de julio de 2012. Buscaba minimizar el hecho de que desde Culiacán, la capital de Sinaloa, el banco inglés HSBC hubiese lavado unos US$100 millones, de acuerdo con el reporte elaborado por la Financial Crime Enforcement Network, un brazo ejecutivo del Departamento del Tesoro.
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El gobernador trató entonces de colocar las cosas en perspectiva. El FBI había responsabilizado a la empresa filial de HSBC en Estados Unidos de haber ayudado a lavar unos US$7,5 mil millones. “Sinaloa aparece ahí con US$100 millones, es una cantidad pues… de US$7,5 mil millones; 100, sí, suena mucho, 100 millones”, pero no es tanto si se compara con una cifra como esa, dijo López Valdez.
La cifra no era tan pequeña. Cinco meses después se informó que en realidad se habían blanqueado US$1,1 mil millones desde Culiacán.
La cifra no era tan pequeña. Cinco meses después se informó que en realidad se habían blanqueado US$ 1,1 mil millones desde Culiacán.
Y aunque el gobernador reconoció que el blanqueo de activos era una práctica común, agregó que no conocía la dimensión del problema en el estado y cómo afectaba a la economía local. “No tenemos detectado porque no somos una institución que tengamos esta responsabilidad bajo nuestro actuar”, trató de explicar.
Y compartió con los periodistas una de sus preocupaciones: que a Sinaloa se le siga vinculando de manera constante con las actividades del crimen organizado. Por eso, comentó, había hecho gestiones ante diversas instituciones de EU para que ya no se hablara más del Cártel de Sinaloa y que en su lugar se hiciera mención del Cártel del Pacífico.
“Nosotros ya fuimos con la DEA, ya fuimos al Departamento de Estado y estuvieron de acuerdo; ellos le pueden llamar el Cártel del Pacífico, y nos prometieron que ya no iban hablar mal de Sinaloa”, dijo con orgullo en ese julio de 2012.
Dos años y medio después, sabemos que, al menos en parte, el gobernador tenía razón: mucha gente lava dinero y Sinaloa no es excepción.
El pacto de la impunidad
Edgardo Buscaglia propone una respuesta a la pregunta. Para él no es tan complicado encontrar una explicación al hecho de que empresas pertenecientes a figuras del crimen organizado o a sus familiares, varios de los cuales se encuentran detenidos en Estados Unidos, estén incluidos con la categoría de “contribuyentes activos” en el padrón fiscal y que incluso paguen sus impuestos.
Es parte de los acuerdos de impunidad entre la clase política y los grupos criminales. “Lo tienen que interpretar como el corazón del pacto de la impunidad política que fue reconocido por Carlos Navarrete hace unos meses con la periodista Carmen Aristegui”, dice Buscaglia en conversación con emeequis desde Italia.
Buscaglia no es un improvisado a la hora de estudiar estos temas. Investigador senior de la Universidad de Columbia, en Nueva York, es director del International Law and Economic Development Center en la Universidad de Virginia, vicepresidente de la Interamerican Law and Economics Association, y ha sido asesor legal y económico para varias organizaciones internacionales, entre ellas la ONU.
Doctor por la Universidad de Illinois y la Universidad de California en Berkeley, a la fecha preside el Instituto de Acción Ciudadana para la Seguridad y la Justicia, con sede en México. Buscaglia se ha convertido en una de las voces experimentadas más críticas sobre las políticas públicas en torno al combate del narcotráfico.
El pacto mexicano del que habla Buscaglia se ampara en un deficiente y premeditado andamiaje legal para proteger los intereses de los criminales, de los empresarios y de los políticos. Incluso llega a las entregas acordadas de delincuentes a cambio de protección de sus patrimonios.
Por ejemplo, dice, está la captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Su detención debió de estar acompañada del congelamiento de sus activos, pero esto no sucedió.
“Que la detención de El Chapo Guzmán no derivó en cientos de investigaciones patrimoniales es un hecho, no una interpretación subjetiva mía. Ese es el monumento a la impunidad. Y el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, es, por omisión, parte del pacto. Mientras sus fiscales federales en Estados Unidos están pidiendo a gritos que se abran investigaciones patrimoniales contra Guzmán Loera, a los fiscales norteamericanos se les está amenazando o haciendo callar”.
Mientras, concluye Buscaglia, acá el patrimonio de los narcos no se toca.
*Esta es la primera parte de un artículo escrito por Silber Meza para la revista Emeequis en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus iniciales en inglés) en alianza con Connectas. Vea el artículo original aquí.