Más de tres semanas después de la suspensión de las conversaciones de paz con las FARC, el gobierno colombiano ha reanudado las negociaciones con el grupo guerrillero. Pero una de las cuestiones más difíciles para el proceso de paz aún está pendiente por ser esclarecida: ¿Tendrá Colombia que cambiar sus leyes para asegurar a los guerrilleros que se desmovilicen que no serán extraditados a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas? ¿Y será tolerado por el público en caso de que suceda?
Según El Tiempo, Estados Unidos actualmente tiene pedidos de extradición para 50 jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluyendo a ocho de los líderes que representan al grupo en las conversaciones de paz en La Habana, quienes son acusados de estar involucrados en el tráfico de drogas.
Como InSight Crimen ha informado, la cuestión de cómo manejar estos pedidos de extradición en caso de que los guerrilleros se desmovilicen ha ensombrecido las conversaciones de paz desde su inicio en noviembre de 2012. A pesar de que el gobierno y la guerrilla ya han llegado a un acuerdo sobre la participación política de las FARC en el posconflicto de Colombia –y tratado el tema del tráfico de drogas– las negociaciones todavía están pendientes de abordar lo que sucederá con los guerrilleros desmovilizados que estuvieron involucrados en el tráfico de drogas.
El presidente Juan Manuel Santos tanteó el terreno la semana pasada cuando dijo que Colombia debería considerar ampliar su definición de “delitos políticos” para incluir el tráfico de drogas.
La lógica detrás de esta medida es la siguiente: si las FARC usaron el tráfico de drogas para financiar su insurgencia contra el Estado, y si bajo la ley colombiana el narcotráfico estuviese “conectado” a un delito político como la rebelión, entonces la guerrilla recibiría amnistía. No podrían ser procesados por cargos de tráfico de drogas en Colombia ni extraditados para enfrentar cargos en el extranjero.
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Sin embargo, Colombia primero tendría que cambiar sus leyes para establecer este vínculo entre el narcotráfico y los delitos políticos, una propuesta que ha provocado un gran debate público en Colombia. Movilizándose contra la idea de Santos están figuras como el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, el mayor crítico de las conversaciones de paz, y el expresidente Andrés Pastrana. Santos cuenta con el apoyo del fiscal general de Colombia y del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, quien dijo en una entrevista radial que Estados Unidos podría apoyar dicha decisión.
Después, Santos amplió sus comentarios y explicó que nunca haría del tráfico de drogas como tal un “delito político”, pero que valdría la pena considerar si el uso del dinero procedente del tráfico de drogas -y luego canalizado hacia la insurgencia- debería ser reconocido como un acto político. Como señaló la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), los tribunales de Colombia eventualmente tendrían que asumir el reto de ajustar la ley para que la definición de “delito político” esté conectada al tráfico de droga usado para financiar una insurgencia política, pero no a otro tipo de tráfico de drogas.
Mientras las conversaciones de paz se reanudan en Colombia, hay tres preguntas importantes que vale la pena considerar mientras el gobierno -y el público- colombiano siguen debatiendo sobre si la participación de las FARC en el tráfico de drogas debería ser considerada como un crimen político:
1. ¿Qué pasaría si otros grupos armados de Colombia trataran de aprovecharse de un posible cambio en la ley para que el tráfico de drogas esté “conectado” a los crímenes políticos? Otros grupos de narcotraficantes importantes en Colombia -incluyendo al más poderoso, los Urabeños, y otros más débiles como los Rastrojos y la Oficina de Envigado- podrían tener la tentación de argumentar que sus delitos de narcotráfico están conectados al crimen político de pertenecer a un grupo de tipo paramilitar. Pero ya hay un precedente en la legislación colombiana para tratar a estas bandas neoparamilitares y a la guerrilla por separado. Estos grupos -conocidos como “BACRIM” (de bandas criminales) -fueron excluidos expresamente de la ley de 2012 que estableció un marco legal para permitir una posible desmovilización de las FARC. Los legisladores están desarrollando leyes separadas que permitan la rendición masiva de miembros de las BACRIM.
2. ¿Está el público colombiano listo para garantizar que las FARC sean tratadas como narcotraficantes ante la ley? Vale la pena señalar –como explica Verdad Abierta– que la cuestión de cómo desmovilizar a los grupos armados involucrados en el tráfico de drogas ha representado un largo debate en Colombia. No fue sino hasta los años noventa, cuando las ofensivas de las FARC contra el Estado alcanzaron su punto más álgido, que Colombia realmente reforzó sus leyes con respecto a cuales acciones cometidas por las FARC podían ser consideradas “delitos políticos”.
Desde entonces, la mano de obra militar de las FARC se ha debilitado y se ha presentado un leve cambio de paradigma con respecto a la política de drogas, con el Senado de Colombia pretendiendo debatir la legalización de la marihuana médica esta semana. Pero más actitudes progresivas hacia la política de drogas no necesariamente significan que los colombianos tolerarían que las FARC recibieran amnistía por el tráfico de drogas.
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3. ¿Qué pasaría si, en un posconflicto de Colombia, algunos elementos de las FARC siguieran involucrados en el tráfico de drogas, alegando que lo están haciendo para financiar su “insurgencia”, pero que en realidad sólo estén interesados en sacar provecho del comercio de la cocaína? ¿Si la ley colombiana cambiara no estarían ellos técnicamente protegidos de la persecución? Este será otro desafío importante para los tribunales de Colombia -diferenciar entre aquellos que de hecho pueden ser considerados como “insurgentes”, y los que son narcotraficantes “puros”.