México y Estados Unidos firmaron recientemente una “declaración de intención” no vinculante para profundizar la cooperación en materia de seguridad en torno a la tecnología antidrones, mientras los gobiernos de América Latina se apresuran a responder al uso que las organizaciones criminales están dando a esta tecnología comercial de bajo costo, convirtiéndola en herramientas cada vez más sofisticadas para labores de vigilancia, control territorial y violencia.
Los drones desempeñan un papel importante en el conflicto armado de Colombia, las disputas territoriales urbanas de Brasil y el fragmentado panorama criminal de México, y los gobiernos tienen dificultades para seguir el ritmo con el que los grupos criminales adoptan esta tecnología barata y disponible comercialmente.
El desafío no es simplemente que las organizaciones criminales hayan adquirido drones, sino que también han desarrollado la capacidad de modificar esta tecnología. Los cuadricópteros comerciales y los drones de visión en primera persona (First-Person View, FPV), diseñados para el mercado de consumo, pueden adquirirse por sumas relativamente bajas —desde US$600 hasta US$1.200 en Colombia y México— y luego ser equipados con granadas de mano, explosivos o cámaras de vigilancia.
La rápida transferencia de conocimientos técnicos dentro y entre los grupos criminales significa que sus capacidades con drones están evolucionando más rápido de lo que los gobiernos son capaces de contenerlas.
Colombia crea una fuerza militar antidrones
La magnitud del problema de los drones en Colombia ha crecido con rapidez. El número de municipios colombianos afectados por ataques con drones aumentó de 12 a 41 entre 2024 y 2025, mientras que los ataques ilegales con drones pasaron de 38 a 149 en el mismo periodo, según ACLED. En respuesta, el gobierno está desarrollando un escudo antidrones con una inversión proyectada de US$1.680 millones, denominado Escudo Nacional Antidrones. El programa, dividido en varias fases, busca detectar e interceptar aeronaves no tripuladas hostiles mediante la capacitación de personal de seguridad y la creación de una unidad militar especializada dentro del Ejército colombiano.
El plan, anunciado el 16 de enero de 2026, se encuentra actualmente en su fase inicial de implementación. Las autoridades han reportado los primeros resultados, entre ellos incautaciones de drones, capturas de integrantes de redes criminales que utilizan esta tecnología y operaciones dirigidas contra operadores especializados, denominados “explosivistas especializados en drones”, reclutados por grupos criminales por sus conocimientos sobre tecnología de drones comerciales y modificación de armamento.
Interrumpir las cadenas de suministro es otra de las medidas incorporadas a los esfuerzos del gobierno. La legislación colombiana ha puesto énfasis en restringir la importación de estos dispositivos en puntos específicos de entrada al país, principalmente los puertos bajo jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La restricción a la importación de drones mediante servicios postales y envíos urgentes busca reforzar aún más los controles, aunque persisten vacíos legales.
En la región del Catatumbo, en Colombia, unidades guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían equipando drones con sensores térmicos para mejorar sus capacidades de vigilancia durante las 24 horas. Los “ataques en enjambre” coordinados y los drones que sobrevuelan comunidades también funcionan como herramientas de intimidación psicológica para controlar territorios y debilitar la confianza de la población en las fuerzas de seguridad del Estado.
El enfoque de Colombia sugiere que el gobierno está tratando las capacidades de los grupos criminales con drones como un elemento permanente del conflicto armado interno del país, y no como una amenaza emergente o temporal. Sin embargo, los grupos criminales ya están encontrando formas de eludir estas medidas. El gobierno ha identificado el desarrollo de drones controlados mediante fibra óptica por parte de grupos criminales para eludir los sistemas de interferencia electrónica empleados actualmente por las capacidades antidrones del país.
Los drones como herramientas de inteligencia aérea en las favelas de Brasil
Las autoridades brasileñas recurren cada vez más a respuestas localizadas para contrarrestar el uso de drones en zonas urbanas disputadas por grupos criminales, como San Pablo y Río de Janeiro.
La Policía Civil de Río creó la Coordinación de Operaciones con Aeronaves No Tripuladas (Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas, COANT), que incorpora drones a las labores de inteligencia y a los operativos policiales para realizar tareas de mapeo y monitoreo en tiempo real.
La policía de San Pablo ha priorizado las operaciones de monitoreo basadas en inteligencia e incluso ha experimentado con ataques dirigidos contra drones mediante armas antidrones.
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Estas operaciones buscan obstaculizar las actividades de poderosos grupos criminales como el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Vermelho (CV), que presuntamente estarían utilizando drones para vigilar las favelas. Esto les permite seguir los movimientos de las fuerzas de seguridad, identificar las posiciones de sus rivales y coordinar ataques, al tiempo que reducen los riesgos de las labores de reconocimiento convencionales, que requieren más personal. Los drones se han convertido en herramientas estratégicas de inteligencia y contrainteligencia que facilitan las operaciones de tráfico de drogas y el control territorial de los grupos criminales.
Las favelas de Río de Janeiro se han visto especialmente afectadas por el uso de drones en disputas territoriales entre grupos criminales. A comienzos de este año, se reportó que el Comando Vermelho y el Tercer Comando Puro (Terceiro Comando Puro, TCP) utilizaban drones adaptados para lanzar granadas y explosivos. El CV también mantiene disputas con milicianos. En julio, un dron del CV detonó un explosivo en Curicica, según fiscales federales, donde el grupo buscaba ampliar su presencia territorial.
El enfoque de Brasil busca revertir la ventaja en materia de inteligencia que los drones han dado a los grupos criminales. Sin embargo, las iniciativas basadas en inteligencia, como los ataques contra estos dispositivos y la incautación de drones utilizados por grupos criminales, no pueden eliminar por completo sus operaciones. El bajo costo de los equipos comerciales permite a las organizaciones criminales reemplazar rápidamente los dispositivos incautados y mantener su dominio territorial.
México apunta a los expertos en drones, no solo a la tecnología
En México, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales están impulsando penas más severas para procesar a operadores especializados de drones, fabricantes, facilitadores técnicos y proveedores, además de implementar otras medidas.
México también endureció en 2024 las penas federales por el uso criminal de drones. La legislación estableció penas de entre 10 y 20 años de prisión para determinados ataques en los que se utilicen drones para transportar explosivos o armas, y de entre 5 y 10 años por fabricar, adquirir o adaptar drones para transportar materiales prohibidos. Cuando se acumulan las penas correspondientes, las condenas pueden llegar hasta los 40 años.
En el estado de México, los legisladores analizan una propuesta que impondría penas de hasta 18 años de prisión por utilizar drones para vigilar a víctimas o recopilar información que facilite delitos como robos, abigeato y despojo.
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Estas medidas buscan afectar a los operadores de drones experimentados, o “droneros”, que son activos valiosos para los grupos criminales mexicanos que dependen de armamento sofisticado para mantener el control de territorios y rutas de tráfico. También apuntan a ingenieros y fabricantes de explosivos capaces de reconstruir las capacidades perdidas utilizando equipos disponibles comercialmente.
El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha demostrado repetidamente capacidades sofisticadas con drones en Michoacán y Jalisco. Desde hace varios años, el grupo ha utilizado artefactos explosivos improvisados (AEI) transportados por drones en ataques contra grupos rivales y fuerzas de seguridad, así como contra poblaciones civiles, para asegurar territorios y el acceso a rutas de tráfico. Se ha documentado que los conocimientos técnicos del grupo fueron transferidos a sus aliados de la Familia Michoacana, que también adoptaron el uso de drones. Al mismo tiempo, organizaciones más pequeñas, como Cárteles Unidos, también han adoptado tácticas similares tras incorporar operadores experimentados, lo que muestra cómo estos conocimientos se han extendido mucho más allá de las mayores organizaciones criminales de México.
La efectividad del enfoque mexicano dependerá de que las autoridades logren desarrollar las capacidades de inteligencia, análisis forense e investigación penal necesarias para identificar a estos técnicos especializados y las redes de las que forman parte.
