Una mañana de septiembre, Ana Rosa Sánchez* llegó temprano a su restaurante de mariscos en Altata, un pueblo costero del estado de Sinaloa, para iniciar su rutina habitual. Mientras esperaba a los primeros clientes, revisó las noticias en su teléfono celular: Culiacán ardía entre balaceras, muertos e incendios.
Sin pensarlo, bajó la cortina metálica y aseguró la entrada con candados. No volvió a abrirla hasta cuatro meses después.
Altata, se ubica a unos 40 minutos de Culiacán, la capital de Sinaloa. Durante años ha sido un destino predilecto de los locales para pasar el fin de semana en la playa, comer mariscos frescos y disfrutar de la música regional.
Pero esa calma se esfumó el 9 de septiembre de 2024, fecha que muchos en Sinaloa marcan como el inicio de la guerra entre los Chapitos y la Mayiza, las dos principales facciones del Cartel de Sinaloa.
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La violencia, desatada tras la controvertida captura de Ismael “El Mayo” Zambada, se concentró en Culiacán, el epicentro para las operaciones del grupo criminal. Pero bastaron unos días de enfrentamientos para vaciar destinos cercanos como Altata y paralizar en buena medida las actividades comerciales de la zona.
“Yo soy muy aventada y no le tengo miedo a nada. Pero esto… esto sí me da miedo”, cuenta Ana Rosa a InSight Crime una mañana de abril de 2025, desde su restaurante que ahora está vacío.
A ocho meses del estallido del conflicto, la situación no muestra señales de mejora. Con hechos violentos casi a diario, Culiacán y poblados cercanos como Altata enfrentan pérdidas comerciales severas y un vacío financiero tras la caída de los flujos de dinero del narcotráfico, que durante años sostuvieron buena parte de la economía local.
Para varios expertos entrevistados por InSight Crime, este podría ser un punto de quiebre.
Puertas cerradas, calles vacías
Aunque aún no hay cifras oficiales precisas para dimensionar el impacto económico de la guerra interna del Cartel de Sinaloa, las afectaciones podrían representar una pérdida del 2% o 3% del producto interno bruto (PIB), según estimaciones de Cristina Ibarra, economista sinaloense y presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de México.
“Definitivamente estamos en una depresión económica”, afirmó a InSight Crime.
El sector gastronómico y hotelero fue el primero en resentir la falta de clientes, ya que gran parte de la población se autoimpuso un toque de queda ante la ola de violencia. Solo durante la primera semana del conflicto, cuando se vivió un paro económico, según Ibarra, se perdieron alrededor de 3.500 millones de pesos (aproximadamente US$174 millones).
Las pérdidas no han cesado.
“Desde septiembre no ha habido un día en el que superemos el 10% de nuestra capacidad”, dijo la recepcionista de un hotel ejecutivo ubicado en una zona comercial de Culiacán. “La gente ya no viene a Culiacán, ni por turismo ni por negocios”.
Miguel Taniyama, dueño de un restaurante y miembro de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), calcula que al menos 350 restaurantes se han visto obligados a cerrar. A lo que se suma un número indeterminado de negocios informales de alimentos, como puestos ambulantes.
Los que permanecen abiertos han tenido que recortar turnos nocturnos, despedir personal y buscar nuevas estrategias para mantenerse a flote −como empezar a ofrecer desayunos–, mientras que el personal restante ha visto caer drásticamente sus propinas.
“Esta ‘narcopandemia’ es lo más brutal que hemos vivido”, añadió Taniyama. “Es incluso peor que durante la pandemia del COVID-19”.
Los pequeños y medianos comercios fueron los siguientes en colapsar. Por toda la ciudad se observan locales cerrados: antes eran tiendas de alimentos, productos básicos, ropa, tecnología o papelerías. Recientemente, una cadena de farmacias anunció el cierre de 40 sucursales en Culiacán.
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Todavía no existe una cifra precisa del número de empleos perdidos directamente por el conflicto. Sin embargo, expertas como Cristina Ibarra y Martha Reyes, presidenta en Sinaloa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), estiman que solo en Culiacán se han perdido entre 12.000 y 14.000 empleos desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025.
Además, no se han generado condiciones para crear nuevas oportunidades económicas. Según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se generaron 591 empleos formales menos en Culiacán en 2024 comparado con el año 2023. Y tan solo en el primer trimestre de 2025 se crearon 6.643 empleos menos que en el mismo período del año anterior.
Ibarra añade que actualmente existen cerca de 4.700 emprendedores menos que antes del inicio del conflicto, y alrededor de 41.000 nuevas personas que solo perciben el salario mínimo.
A la pérdida de clientela se suma la violencia directa contra los comerciantes. Desde septiembre, las denuncias por extorsión y robos a los negocios han aumentado en Sinaloa, alcanzando niveles nunca vistos en los últimos ocho años.
Las consecuencias han sido devastadoras. Taniyama estima que entre el 20% y el 30% de los restaurantes que cerraron lo hicieron por autoprotección, ya fuera por no poder cubrir las cuotas de extorsión o por haber recibido amenazas directas.
A finales de octubre, por ejemplo, fue incendiado “Chuparrosa Enamorada”, un popular restaurante de comida regional. Su dueño fue asesinado pocos días después. Ese mismo mes, también fueron incendiados dos restaurantes de sushi y se reportaron balaceras contra tiendas de alimentos.
El vacío de la narcoeconomía
En Culiacán destaca otro sector económico que ha sido afectado por la violencia: el del alto lujo.
Para muchos expertos –y buena parte de la población– la explicación es clara: la guerra interna del Cartel de Sinaloa forzó la salida de numerosos traficantes de la ciudad, y con ellos se fue también una burbuja económica alimentada por los flujos financieros ilícitos.
Desde restaurantes ostentosos hasta boutiques de moda con guiños a la narcocultura, pasando por casas en colonias exclusivas con precios inflados, los letreros de “cerrado”, “se renta” o “se vende” se han vuelto comunes.
También han cerrado sus puertas varios negocios frecuentemente asociados al lavado de dinero, como las casas de cambio, las agencias de autos seminuevos y las barberías.
Esta “economía negra” tiene respaldo en los datos. Según el IMSS, Sinaloa se mantiene desde 2016 entre los estados con los salarios más bajos del país. Sin embargo, es el sexto con mayor poder adquisitivo y, en 2024, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se ubicó entre los tres primeros con mayor crecimiento en este indicador.
“Esa discrepancia solo se explica por una fuerte inyección de recursos que no provienen de la economía formal”, explicó Ibarra.
Los negocios parecían ser redondos: permitían lavar dinero ilícito y, al mismo tiempo, satisfacer la demanda de consumidores con ingresos atípicamente altos. Según empresarios locales que conversaron con InSight Crime, era fácil identificar estos establecimientos, pues se construían en cuestión de meses, con inversiones de varios millones de pesos, que para la mayoría de las personas locales demandaba varios años alcanzar.
“Vivíamos en una ‘narcoinflación’ y no nos dimos cuenta”, dijo a InSight Crime un integrante de un grupo empresarial.
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Por ahora, la ruptura de esta burbuja ha implicado que se interrumpan cadenas de suministro, se pierdan empleos y caiga la circulación de dinero —incluso en negocios que no formaban parte de estos esquemas.
Ana Rosa, la dueña del restaurante de Altata, también lo ha notado. Dice que es evidente cuando los integrantes de los grupos criminales dejan de gastar.
“Quieras o no, ellos traían mucho dinero y eso nos permitía generar empleos”, cuenta.
Oportunidad dorada
Pese al colapso económico y la incertidumbre, varios empresarios entrevistados por InSight Crime ven la crisis como una oportunidad de reconstruir la economía de Sinaloa más allá del narcotráfico.
Las condiciones son únicas. En distintas comunidades rurales, la caída de los cultivos de marihuana y amapola ha roto relaciones históricas de dependencia con los grupos criminales. Y en las ciudades, la violencia desatada durante el conflicto ha generado un rechazo creciente hacia los traficantes, incluso en sectores donde antes eran tolerados o admirados.
“Este debe ser el punto de quiebre”, dijo Taniyama.
Pero no será fácil. Durante décadas, el estado ha dependido casi exclusivamente de la agricultura y la ganadería, con escasa diversificación productiva, señala Reyes, la presidenta de Coparmex en Sinaloa.
Además, la designación de los carteles como terroristas por el gobierno de Estados Unidos –que incluye al Cartel de Sinaloa– implica mayores barreras para atraer inversión extranjera, ya que pocas empresas estarían dispuestas a asumir el riesgo reputacional y legal de operar en una región asociada con esos grupos.
Aún así, Reyes le dijo a InSight Crime que hay una “oportunidad única para reinventarnos”.
“Pero nos va a costar trabajo”, agregó. “Necesitamos encontrar cuál es el valor agregado que puede ofrecer la economía sinaloense”.
Marcos Vizcarra contribuyó al reportaje de este artículo.
*El nombre de la fuente fue modificado por razones de seguridad.
