Con la reciente celebración de elecciones a nivel municipal, Venezuela entró en la fase final del cronograma electoral promovido por el régimen de Nicolás Maduro, con el que busca consolidar aún más el control sobre territorios donde se concentran las principales economías criminales del país.

En un ambiente marcado por el abstencionismo y la ausencia mayoritaria de la oposición política, el gobierno de Maduro efectuó el 27 de julio una jornada electoral que le otorgó al oficialismo 285 alcaldías, de las 335 alcaldías en disputa, mientras que los candidatos opositores alcanzaron 50, según resultados oficiales. Con estos comicios, el gobierno alcanzó el objetivo de sumar más municipios que en 2021, cuando había conseguido 212. 

Luego de los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales de 2024, el oficialismo diseñó un plan electoral para afianzar casi por completo su control político en estados y municipios, y con esto, remover del tablero a figuras opositoras que sean un obstáculo para la instalación de esquemas de corrupción y grupos criminales dentro de la institucionalidad local.

Aprovechando la alta abstención por la desconfianza ciudadana en el sistema electoral, el régimen adelantó los comicios parlamentarios y estatales —que debían celebrarse en el último trimestre de 2025— para mayo. En esas elecciones aseguró la mayoría en la Asamblea Nacional y le puso candado a 23 de las 24 gobernaciones, incluyendo Zulia, un territorio clave para el narcotráfico, que junto con otros cuatro estados estuvo por fuera del poder avasallador de Maduro y compañía en las elecciones de 2021.

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Luego de desplazar a la oposición de algunas gobernaciones, el oficialismo centró sus esfuerzos en el poder municipal y preparó el terreno de batalla.

En algunos municipios del estado Zulia, por ejemplo, el oficialismo llevó a cabo a inicios de 2025 una ola de detenciones en contra de alcaldes opositores y oficialistas, como muestra de las tensiones internas entre distintas facciones dentro del gobierno.

Análisis de InSight Crime

Durante años, los representantes locales de la oposición han actuado en algunos casos como una barrera frente a la cooptación territorial por parte del régimen de Maduro. Sin embargo, con estos liderazgos fuera del tablero, el régimen no solo reconfigura el mapa político del país, sino que afianza su poder de regulación sobre varias economías criminales.

Varios estados y municipios se han convertido en piezas clave del engranaje criminal en Venezuela. Destacan los estados Bolívar y Amazonas, al sur del país, que son epicentros de la explotación ilegal de oro y coltán; los municipios costeros, que sirven de corredores de drogas hacia el Caribe y Centroamérica; y las zonas que limitan con Colombia, como Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, en donde abundan cientos de trochas —como se les conocen a los pasos ilegales—, por donde circulan bienes de contrabando y drogas. 

En la articulación entre el poder local y el crimen organizado, algunos alcaldes han puesto a disposición de grupos criminales la plataforma institucional. En el municipio fronterizo de Jesús María Semprún, estado Zulia, el fallecido alcalde Wuyhsmans González,  fue señalado por autoridades políticas y organizaciones internacionales consultadas por InSight Crime de tener vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y permitir su afianzamiento en la localidad. También la exalcaldesa de la misma localidad, Keyrineth Fernández, fue señalada por la superintendencia nacional antidrogas de Venezuela de facilitar el transporte de drogas desde Colombia.

Una fuente que por años mantuvo vínculos con el oficialismo y que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por razones de seguridad, explicó que para los planes de prolongación y consolidación del régimen es fundamental el control absoluto de estos territorios claves. 

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El hecho de que el oficialismo resultara ganador en varios municipios de estas zonas estratégicas pavimentará aún más el camino para que el régimen afiance su  control político, así como su influencia en las cadenas del narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, que son pilares para su financiamiento y sistema de pago de lealtades a fuerzas de seguridad.

Frente a este escenario, una figura con influencia política y social en Zulia, que pidió anonimato por cuestiones de seguridad, aseguró que “lo que viene después de las elecciones es que no va a haber autoridad, no va a haber alcalde opositor en esa zona por donde pasa la droga en Zulia. Es un «quítate tu pa ponerme yo» [Sic], una sustitución de patronos”.

InSight Crime ha recibido múltiples denuncias sobre candidatos a cargos locales con presuntos vínculos con organizaciones criminales y actividades ilícitas.

La progresiva pérdida de la democracia en Venezuela y el desmantelamiento de los liderazgos políticos profundizará el Estado híbrido de Maduro, en el que elementos estatales cooperan con redes criminales para controlar las economías ilícitas y las cadenas de suministro.

Imagen principal: Tras las elecciones municipales, el gobierno de Maduro culmina un ciclo electoral orientado a consolidar su autoridad política. Crédito: AP