La exigencia de un documento de identificación por parte de las ex-FARC mafia en Colombia es la muestra más reciente del fortalecimiento y expansión territorial que varios grupos criminales vienen llevando a cabo en medio de los procesos de negociación con el gobierno.

En el transcurso de un debate en el Congreso de Colombia el pasado 12 de marzo, el senador Jonathan Pulido Hernández denunció que las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estarían detrás de un proceso de carnetización a los habitantes de los departamentos de Tolima y Huila, ubicados en el centro del país.

De acuerdo con las denuncias del congresista, conductores de transporte que operan en estas regiones deben portar un carné para ingresar y transitar por los territorios que están bajo control de las disidencias de las FARC, también conocidas como las ex-FARC mafia. Quienes no cumplan con este requisito estarían expuestos a ser sancionados o expulsados de las zonas bajo control.

A finales de febrero, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana advirtiendo sobre otro hecho de exigencia de una cédula de identificación «paralela»  y los riesgos a comunidades en el municipio de Jamundí, ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

“Tenemos conocimiento de casos en los que, si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente, las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días”, puntualizó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la presentación del reporte.

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Además de los casos conocidos en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Huila, estructuras armadas que conforman una facción de las ex-FARC mafia conocida como el Estado Mayor Central (EMC), también han impuesto este mecanismo de control social en las regiones de Meta, Nariño, Antioquia y Cauca, donde su presencia es dominante.

Las denuncias de la carnetización comunitaria surgen en medio de una estancada política de paz del gobierno colombiano, conocida como “Paz Total”, la cual, en palabras del ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, se ha visto opacada por un notorio proceso de crecimiento y expansión geográfica de las disidencias FARC.

“Sabemos que esta es una organización que ha aprovechado el cese al fuego para incrementar su número, consolidar territorio y para tratar de incrementar el poder ilegal del territorio”, puntualizó Velásquez en una rueda de prensa a comienzos de abril.

Según información de la cartera de Defensa colombiana publicada por La Silla Vacía, el EMC pasó de tener 3.545 hombres armados en 2022 a 3.860 en 2023, mientras que en materia territorial, pasaron de tener presencia en 117 municipios en 2022 a 172 en 2023.

Análisis de InSight Crime

Además de fortalecerse por medio del dominio territorial y el engrosamiento de sus filas, los grupos armados no estatales en Colombia también exhiben su poderío a través de los sistemas de gobernanza criminal que han impuesto en varias regiones.

Históricamente, las insurgencias colombianas, como las extintas FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han construido sistemas de gobiernos paralelos en zonas donde hay un abandono estatal marcado y una institucionalidad fragmentada. Este orden social paralelo ha perdurado por varias décadas y ha sido un factor determinante para su afianzamiento en los territorios.

En el caso concreto de la carnetización, el profesor de la Universidad del Norte y analista del conflicto colombiano, Luis Fernando Trejos, aseguró a InSight Crime que la regulación de documentos con los nombres y datos de las comunidades permite tener un control estricto de las personas que ingresan y salen de un territorio.

“Al carnetizar tú sabes quién habita, quién visita y quién permanece en el territorio durante cierto tiempo”, enfatizó Trejos.

Por otro lado, otros investigadores que estudian la configuración criminal en Colombia sostienen que la exigencia de un carné emitido por las ex-FARC mafia, también es una estrategia para protegerse de grupos armados adversarios que quieran ingresar a disputar el territorio.

“Es una forma que permite identificar quién es un enemigo, porque si no tienes un carné, entonces, ya sabes, te examinan minuciosamente, te controlan en el puesto de control, te preguntan por qué estás allí”, le dijo a InSight Crime, Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group.

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La imposición de una “cédula comunitaria”, como es denominada por el mismo EMC, es apenas uno de los múltiples matices que ha adquirido la gobernanza criminal en Colombia.

Las facciones de las ex-FARC mafia y otros grupos criminales también han sustituido al Estado en la creación de sistemas de justicia paralelos, recolección de impuestos, servicios de seguridad, implementación de leyes, construcción de infraestructura vial, entre otros mecanismos.

Imagen principal: Unos carnés creados por las disidencias de las FARC para extorsionar transportistas. Crédito: El Colombiano