En la mañana del 6 de septiembre, se suspendieron las clases en el instituto José María Obando de Corinto, una pequeña ciudad del Cauca (Colombia). En lugar del bullicio típico de 400 estudiantes charlando y entrando en las aulas, sólo había un silencio inquietante. Cuando los empleados de la escuela llegaron esa mañana encontraron los cuadernos acribillados a balazos que yacían esparcidos por las aulas vacías. Los tableros y muros de los corredores estaban picados y rayados con los más de 140 proyectiles con los que la policía bombardeó el edificio.
«Se ve como el colegio está en la línea de fuego, los muros, las gradas», dijo una trabajadora de la escuela que prefirió no ser identificada.
La escuela está ubicada en la plaza principal, entre la inspección de policía y La Loma de la Cruz, una pequeña colina a un kilómetro de la institución. La noche anterior, miembros de la facción local de las ex-FARC mafia atacaron la inspección de policía de Corinto desde lo alto de la colina. Y la policía contraatacó.
No había estudiantes en el lugar, pero sí un vigilante que estaba encendiendo las luces para pasar la noche. Al ver movimiento dentro del edificio, los agentes creyeron que el ataque venía del colegio y comenzaron a disparar contra el edificio, horadando las paredes, ventanas y pizarrones con lo que según reportes de medios locales fueron unas 146 balas.
El ataque dejó las instalaciones destrozadas, un vivo ejemplo de cómo los actores armados perturban las vidas de los menores en toda Colombia, arrastrándolos a la violencia desde temprana edad. Por todo el país, los grupos criminales llevan décadas luchando por el control de las zonas de producción de cultivos de droga, las rutas de narcotráfico, las áreas de minería ilegal y otras economías ilícitas, a menudo dejando a la población civil en medio del fuego cruzado. En sus territorios, estos grupos actúan como autoridades de facto, utilizando las amenazas y la fuerza para controlar la movilidad, supervisar el comercio, hacer cumplir las normas sociales y exigir «impuestos» a los residentes.
Para un pequeño porcentaje de habitantes de zonas rurales, como Corinto, la violencia a su alrededor puede llevarlos a participar en actividades criminales. Los grupos criminales muchas veces representan una de las escasas oportunidades económicas, bajo la promesa de riqueza —o bajo coerción, si es preciso– para sumar jóvenes a sus filas. Dichas prácticas de reclutamiento perpetúan la violencia a la par que refuerzan a los grupos armados.
Fuente: miembros de la comunidad
Este es el ciclo de violencia que el gobierno espera romper con su política de Paz Total, una ambiciosa negociación en múltiples frentes en todo el país, Cauca incluida. Y aunque la tragedia ocurrida en Corinto es un hecho singular, es un microcosmos de una crisis general que afecta a los menores de edad en todo el territorio nacional y socava los esfuerzos del gobierno.
El atractivo de la ilegalidad
Los niños de Corinto son, de cierta forma, víctimas de las circunstancias. Ubicada en una intersección que conecta los departamentos de Tolima, Huila, Valle del Cauca y Cauca, Corinto es un punto estratégico para los grupos criminales.
El grupo criminal dominante de la zona es el Frente Dagoberto Ramos, facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), asociadas al Estado Mayor Central (EMC). Las FARC fueron el grupo insurgente más antiguo de Colombia, hasta la firma de un acuerdo de paz con el gobierno en 2016. Desde entonces, varias facciones del grupo que firmó los acuerdos se retiraron del proceso y conformaron grupos criminales.
Al contrario de sus predecesores de las FARC, estas disidencias ya no luchan “por ideologías, por derechos. Y esto ya tiene otro tinte [que] es el económico”, declaró a InSight Crime un habitante de Corinto, que prefirió mantener reserva de su identidad.
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Además de lo estratégico de su ubicación, Corinto tiene fama de producir una de la mejor marihuana del mundo. La subsistencia de muchas familias depende de los cultivos de coca y marihuana, y los menores trabajan los fines de semana en cultivos cuando no asisten a la escuela.
“Ellos saben qué es raspar, cómo secarla, cómo procesarla [la coca y la marihuana] porque lastimosamente son sus familias las que están en este contexto”, le explicó a InSight Crime una educadora local.
Los residentes venden estas cosechas ilícitas a los grupos armados, lo que implica que una proporción importante de la población estudiantil ya tiene algún tipo de relación con los grupos criminales.
Esto crea un difícil desafío para los educadores.
Muchos estudiantes de Corinto no ven valor en la educación, porque la mejor forma de llevar una vida decente es o producir estos cultivos o unirse a un grupo armado. Las familias pueden ganar el salario de un maestro en solo tres días cuando los productos son buenos, explicó la fuente del sector educativo.
Por otro lado, para los interesados en acceder a la educación superior, los desafíos logísticos y financieros lo hacen extremadamente difícil.
“Muchas mamás sueñan con eso [dar educación a sus hijos] para pensar en sacar a los chicos del contexto, pero es difícil. Implica que se tenga que movilizar todos los días […] que, para sus ingresos, es demasiado dinero”.
Reclutamiento infantil
Además de la venta de productos a los grupos armados, muchos tienen familiares que se han unido a sus filas. Como resultado, los niños y adolescentes muchas veces ven estos grupos como sus modelos a seguir.
“Son niños que cuelgan [publican] las canciones de las FARC, que les encanta verlos, que sienten emoción cuando sonó un disparo”, señaló la fuente del sector educativo. “Es la emoción que ellos viven porque ha sido su realidad. Son niños de 15-16 años que no conocen otra realidad”.
Crédito: Henry Shuldiner
Los grupos criminales seducen a los niños con promesas de armas y dinero, aprovechándose de su pobreza y vulnerabilidad. Cuando eso no funciona, puede recurrir a la fuerza.
«El reclutamiento forzado de menores es algo que siempre ha estado en los territorios, que se ha hecho muy visible en estos últimos dos años. Una de las zonas más afectadas es Tierra Adentro [sur de Corinto], donde más afectaciones de reclutamiento forzado hay, tanto de niños como de niñas», le relató un líder indígena a InSight Crime.
En los últimos tres años, los grupos armados han reclutado al menos a 500 niños y niñas en el Cauca, según estadísticas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), como citaron delegados de esa organización en entrevista con InSight Crime.
El proceso es sistemático en los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño, todos bajo el mando del EMC. Después de captar a los niños, los llevan a un centro de entrenamiento en Toribío, otro municipio del norte del Cauca, dijo a InSight Crime un miembro de una organización internacional que trabaja en el Cauca. Después de meses de entrenamiento, son asignados a uno de los tres grupos disidentes, dependiendo del frente que tenga mayor necesidad de recursos en ese momento, según la fuente.
El número de jóvenes reclutados por los grupos armados en toda Colombia ha aumentado en números constantes desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) —el último grupo insurgente que queda en el país— se ha convertido en el mayor reclutador de menores, con 406 casos denunciados desde 2016, mientras que los grupos de las ex-FARC mafia han reclutado a 118, según un estudio realizado por UNICEF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Sin embargo, las cifras reales de menores reclutados deben estar muy por encima de eso, lo cual explica la diferencia entre el número de casos denunciados en el estudio y los reportados por la ACIN. En Corinto, por ejemplo, padres y parientes han denunciado dos o tres casos de niños desaparecidos cada mes en el último año. Pero por temor la mayoría no reconoce que sus hijos fueron llevados por la fuerza, y más bien los reportan como desaparecidos. Eso contribuye a una mayor tasa de deserción escolar e implica el no conteo de los casos para las estadísticas de reclutamiento de menores, como señaló la fuente que trabaja en el sector educativo.
A nivel nacional, el 69% de los menores reclutados entrevistados en el estudio vivían en zonas rurales y provenían de familias de escasos recursos, mientras que 89% residían en regiones como Corinto, donde el conflicto armado era predominante.
En el marco del ambicioso plan de Paz Total que adelante el gobierno con los principales actores armados del país, el reclutamiento de menores ha sido un punto difícil en múltiples negociaciones.
Después de decretar un cese al fuego con el EMC que debía durar del 1 de enero al 30 de junio, el gobierno suspendió el acuerdo en mayo después de que supiera que cuatro menores indígenas fueron reclutados y ejecutados en Putumayo por el Frente Carolina Ramírez, bloque bajo el mando del EMC.
En agosto, la organización no gubernamental Save the Children (Salven a los niños) denunció el cese al fuego del gobierno con el ELN porque no prohibió el reclutamiento de jóvenes mayores de 15 años.
“Un escudo humano”
El día después del ataque de septiembre a las instalaciones de la institución educativa José Maria Obando, los disidentes detonaron una bomba en la inspección de policía. La institución educativa decidió suspender las clases por dos semanas. Poco después, los estudiantes de secundaria fueron reubicados en la sede de la escuela primaria, donde asisten a clases en las tardes con un horario reducido.
Tras los ataques, la escuela convocó a una manifestación para llamar la atención sobre el peligro que suponía la ubicación del colegio.
Pocas horas después de que terminara la protesta, un estudiante de 16 años de edad de la institución José Maria Obando, que había participado en la manifestación, fue asesinado cuando conducía su motocicleta por el vecino municipio de Miranda.
Las circunstancias de su muerte aún son confusas, pero su muerte sirve como trágico recordatorio del ciclo de violencia que siguen enfrentando los niños de Corinto y el resto de Colombia en regiones con presencia de grupos armados.
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La población también ha pedido a las autoridades departamentales que reubiquen la inspección de policía. Más de 500 personas viven cerca de ese edificio y su proximidad con la escuela pone en peligro a los menores.
Pero los agentes de policía se niegan a trasladarse a un lugar diferente, preocupados porque en otro lugar serían más vulnerables a los ataques, como señaló un residente de Corinto.
“Desafortunadamente, nosotros, la comunidad, somos su escudo”, señaló el residente. “Somos un escudo humano”.