La política de «Paz Total» del presidente Gustavo Petro tuvo un año difícil en 2023. Además de alejarse en su objetivo de persuadir a los grupos armados más importantes del país de abandonar las armas, provocó una reestructuración del panorama criminal de Colombia.
La política de la Paz Total es la osada apuesta del presidente Petro para negociar con los principales grupos armados de Colombia el cese de sus actividades delictivas. En su inicio, a finales de 2022, buscaba acoger a más de veinte grupos armados y criminales que iban desde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hasta descendientes del paramilitarismo como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y bandas delincuenciales urbanas de distintas ciudades del país.
Durante el último año, tan solo cinco grupos lograron entablar negociaciones activas con el gobierno. Los procesos de paz más avanzados hasta la fecha son los con el ELN y el Estado Mayor Central (EMC) de las ex-FARC mafia, una confederación de grupos disidentes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las negociaciones han logrado ceses al fuego con el Estado y mesas de diálogo que han resultado en una reducción significativa de los enfrentamientos con la fuerza pública en todo el país.
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Sin embargo, las circunstancias de las demás negociaciones son inciertas. Uno de los mayores retos radica en que los grupos criminales carecen de un marco legal para su sometimiento a la justicia, luego de que el proyecto de ley presentado por el gobierno con este fin se hundiera en el Congreso. Y es que en el último año el apoyo a la Paz Total se ha ido desmoronando. Mientras Petro ha perdido su capital político y el apoyo en el Congreso, la ciudadanía tampoco está conforme con el desarrollo de las negociaciones.
Los obstáculos a los que se enfrenta la Paz Total no son insignificantes, sobre todo teniendo en cuenta que mientras los principales grupos armados del país parecen estar fortaleciéndose, el Estado está cada vez más lejos de lograr una victoria militar, política o financiera sobre alguno de ellos.
Actualmente, la Paz Total enfrenta una de sus peores crisis debido el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz por el ELN en el departamento noreste de la Guajira y el aumento de las tensiones entre el ejército y el EMC en el departamento de Cauca, al sur del país. Esto llevó, incluso, a que el presidente Petro removiera de su cargo al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda y designara en su reemplazo a Otty Patiño, quien hasta ese entonces se desempeñaba como delegado del gobierno en la mesa de negociación con el ELN.
A continuación, InSight Crime presenta como la Paz Total contribuyó a la reestructuración de la criminalidad colombiana en 2023.
La Paz Total tuvo un impacto en las principales economías criminales de Colombia
La Paz Total ha tenido un efecto indeseado: le dio un nuevo impulso a la lucha por el control de economías criminales estratégicas del país. El gobierno tiene las manos atadas militarmente para actuar en contra de los grupos con los que pactó ceses al fuego, y, además, abandonar estas rentas no es una condición necesaria para sentarse a dialogar.
Algunos grupos, como el EMC, han logrado consolidar corredores estratégicos en el Cauca y otras regiones del sur del país. Pero esto también ha generado enfrentamientos. En algunas zonas cocaleras, por ejemplo, la violencia ha profundizado la crisis de la coca causada por la caída de los precios de la coca, aunque el negocio del narcotráfico sigue siendo rentable.
En lugares como Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, las disputas entre varios grupos criminales por la participación en la cadena del narcotráfico, parece haber alejado a los compradores nacionales e internacionales de pasta base y cocaína, lo que ha mantenido bajos los precios de la coca y aumentando la sobreoferta en las zonas de producción.
“En lugares como Cauca, donde hay muchos actores, hay mucha inseguridad. Eso no atrae a actores internacionales, quienes necesitan que se les dé estabilidad” dijo Luis Fernando Trejos, profesor del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte a InSight Crime.
Como consecuencia, algunos de estos grupos han tratado de ampliar sus fuentes de ingresos ilícitos con otras economías criminales como la minería de oro, la extorsión y el secuestro. De hecho, a pesar de estar prohibido en el marco del cese al fuego, el ELN ha mantenido el secuestro como una forma de financiación y se ha negado a dejarlo, lo que ha traído tensiones a la mesa de diálogo con el gobierno.
En los lugares donde hay un actor criminal dominante, por el contrario, los impactos en los precios de la coca parecen haber sido menores. Esto se hace evidente en el Bajo Cauca antioqueño, una zona clave para las dinámicas criminales de las AGC. Allí, a pesar de que la demanda de los compradores ha disminuido, el precio del kilo de pasta de coca solo ha caído ligeramente, de US$880 a US$780, según Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), una organización de la sociedad civil especializada en derechos humanos.
Esto ha dado lugar a que las AGC vean menos afectados sus negocios del narcotráfico que otras facciones criminales. Sin embargo, el grupo también ha buscado lucrarse de otras economías ilegales como la minería ilegal en el Bajo Cauca, nordeste antioqueño y sur de Bolívar y el tráfico de migrantes por el Darién.
La Paz Total fue crucial para la rápida evolución de la criminalidad en 2023
La política de Paz Total no solo tuvo que navegar y adaptarse a un escenario criminal complejo y en constante cambio en 2023, sino que fue uno de los factores que más contribuyeron a la rápida evolución de la criminalidad en el país.
Los ceses al fuego, por ejemplo, han sido cruciales para el cambio en las dinámicas criminales, ya que los grupos ilegales se han liberado de la presión de operativos militares en su contra. Esto les ha permitido concentrarse en la lucha contra organizaciones rivales por el control de territorios estratégicos.
“La Paz Total generó incentivos perversos para los grupos,” dijo Trejos. Los ceses al fuego con el Estado fueron “una tregua sin planificación que les dejó un frente de guerra libre para transitar hacia una guerra más horizontal entre grupos armados y criminales sin que el Estado participe en la ecuación” afirmó.
De hecho, según datos de la Fundación Ideas para la Paz, la confrontación entre grupos armados ha aumentado un 85% y se amplió a otras zonas del país en el marco de la Paz Total.
Estos enfrentamientos se mantienen en lugares donde proliferan economías criminales como la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico. Algunos de estos territorios fueron antiguos bastiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tras su desmovilización en 2016 dejaron un vacío de poder que desencadenó varios de los conflictos actuales en zonas como Chocó, Antioquia, Nariño, Arauca, Putumayo, sur de Bolívar, y Cauca.
En algunos de estos territorios –como el sur de Bolívar y Chocó– se ha evidenciado que grupos criminales que no tienen negociaciones vigentes con el gobierno, como las AGC, han emprendido campañas expansionistas que han alimentado el recrudecimiento de la violencia en estos lugares.
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A pesar de que en 2023 la Paz Total se vio entorpecida por las cambiantes dinámicas criminales del país, hubo algunos avances positivos en los indicadores de seguridad, como la ligera disminución de los asesinatos de líderes sociales y cifras más bajas de desplazamiento y confinamiento en el último año.
Pero la Paz Total falló en evitar el fortalecimiento de los principales grupos criminales y frenar sus planes expansión territorial, su poder de reclutamiento, la diversificación de sus ingresos y sobre todo los fuertes enfrentamientos entre grupos por territorios estratégicos para el crimen organizado.
Los retos burocráticos de la Paz Total
La falta de apoyo a la Paz Total dentro del Congreso ha sido uno de los obstáculos más grandes del gobierno de Petro.
En marzo de 2023, la bancada de gobierno radicó el proyecto de ley de sometimiento, con el fin de entablar procesos de negociación con estructuras criminales sin carácter político, como las AGC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidos como los Pachenca, o las bandas criminales urbanas.
Sin embargo, en junio de 2023, el proyecto de ley se hundió por falta de apoyo, lo que dejó al gobierno sin un marco jurídico para avanzar en negociaciones que ya inició, como las de las bandas criminales en Medellín y Buenaventura.
Durante 2023, también se hicieron evidentes las tensiones entre la agenda de la Paz Total y las funciones y proyectos de ministerios como el de defensa y justicia.
En el marco de las elecciones regionales, que tuvieron lugar el 29 de octubre, se evidenciaron las posiciones encontradas entre las fuerzas militares colombianas y la oficina del Alto Comisionado para la Paz en lo referente a lo acordado en las mesas de negociación con el ELN y el EMC.
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La tensión se hizo evidente en El Plateado, un corregimiento del municipio de Argelia, Cauca, y un bastión clave para facciones del EMC en el Cañón del Micay. Tres días antes de las elecciones, el ejército no había ingresado al corregimiento con el material electoral. Esto, con el fin de evitar una confrontación con el EMC, según comentó el general Helder Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, a El Tiempo. Finalmente, el 27 de octubre, dos días antes de las elecciones, el ejército entró a El Plateado.
El punto álgido llegó cuando el ejército no se retiró del corregimiento en los días posteriores a las elecciones. Esto no solo aumentó la tensión en el territorio –dando lugar a la expulsión de las tropas del ejército del municipio por la comunidad– sino que llevó a que el EMC suspendiera la mesa de negociación con el gobierno por diez días, argumentando un incumplimiento por parte del gobierno y un malestar asociado a la militarización de los territorios, según un comunicado emitido por el grupo armado el 5 de noviembre.
Esta situación también hizo evidente los choques entre la Paz Total y la implementación de la política de drogas presentada por el gobierno. La política antidrogas propone un abordaje comprehensivo del tema de drogas en el país, buscando, por un lado, atacar a las principales estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la infraestructura de la producción y tráfico de drogas, y por el otro, llevar oportunidades a las comunidades más afectadas por las dinámicas de esta economía ilegal.
Sin embargo, en territorios claves para el narcotráfico, donde grupos como el ELN y el EMC son los actores dominantes, los ceses al fuego decretados en el marco de la Paz Total pueden entorpecer las acciones de las fuerzas de seguridad en su lucha en contra del narcotráfico. Nuevamente, en el Cañón del Micay, el ejército se vio obligado a detener la “Operación Trueno” por cuenta del cese al fuego a mediados de octubre, lo que representó un retroceso en la lucha en contra del narcotráfico en este enclave estratégico del departamento de Cauca.
Estas políticas contradictorias y los desacuerdos dentro del gobierno presagian un futuro sombrío para la Paz Total.