Las autoridades de Guatemala desarticularon varias redes de trata de personas en una serie de operativos coordinados que expusieron las tácticas usadas y la escala de las ganancias derivadas de la explotación sexual de personas vulnerables.

A comienzos de agosto, la Policía Nacional de Guatemala desarticuló una operación de trata de personas y detuvo a 11 presuntos miembros de una banda conocida como los Acapulco. Varios fiscales del Ministerio Público relataron que el grupo engañó a una joven que había huido de los abusos que sufría en casa y la llevaron a trabajar a un club local en San José Pinula, al sureste de la capital, Ciudad de Guatemala.

Unos días antes, los agentes detuvieron a cerca de una docena de miembros de otra red de explotación sexual, conocida como Los Pitayass. Ese grupo reclutaba a jóvenes por redes sociales para trabajar en el Hotel, Club y Spa Pitayass, pero luego obligaba a las víctimas a ejercer la prostitución, según detalles proporcionados por el Ministerio Público.

Según los fiscales, la red operaba desde la capital y en otra sede del centro de Quetzaltenango, oeste del país, haciendo pasar su establecimiento como un club nocturno, cuando en realidad explotaban a jóvenes y adolescentes guatemaltecas y algunas de otros países para el trabajo sexual.

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La red, dirigida por William Pérez Acevedo, alias “Don Eduardo”, presuntamente ejercía control sobre las mujeres en parte brindándoles alojamiento y comida en el hotel a cambio de los servicios sexuales que ofrecían a sus clientes.

Los medios locales informaron que los vecinos llevaban meses de quejas por las deplorables condiciones del lugar, pero que las autoridades locales no hicieron nada para investigar las denuncias o verificar el estado del establecimiento.

Después de los últimos operativos, el Ministerio de Gobernación informó que la unidad de investigaciones criminales de la Policía Nacional había desarticulado por lo menos cinco redes de trata de personas en lo corrido del año. Sin embargo, la nación centroamericana “no cumplió los estándares mínimos en varios aspectos claves”, como el ofrecimiento de servicios especializados a las víctimas o el refuerzo del monitoreo y la vigilancia para eliminar la trata de personas, según el informe sobre Trata de Personas (TIP, en inglés) 2022, del Departamento de Estado estadounidense.

Análisis de InSight Crime

Guatemala tiene una larga historia de desigualdad, marginación y precariedad económica extremas que persiste al día de hoy, condiciones que dan a las redes de trata una gran variedad de posibles víctimas proclives a la explotación.

En los últimos tres años, las autoridades registraron cerca de 1.500 víctimas de trata, especialmente por explotación sexual, entre quienes casi dos terceras partes eran mujeres y menores de edad, según datos recopilados por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) como parte de su reciente informe anual sobre trata de personas.

Sin embargo, durante ese mismo periodo, el Ministerio Público registró solo alrededor de la mitad de denuncias formales, la mayoría originadas en Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, donde operaban Los Pitayass.

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“Hemos tenido un aumento en las víctimas, especialmente niños, niñas, y adolescentes, pero también hay un decremento en cuanto a las denuncias […] lo que nos muestra que hay desconfianza en la población para denunciar, o hay otros factores como el miedo también o la misma normalización de la violencia de género y el desplazamiento forzado interno”, declaró Lesly Martínez, defensora de las personas víctimas de trata en la PDH, durante una presentación de los hallazgos del informe a finales de julio.

Por otro lado, las redes de tráfico perciben sumas de dinero sustanciales. Durante el reciente operativo contra Los Pitayass, las autoridades confiscaron casi US$13.000 en efectivo. Pero los fiscales sostienen que la red lavó poco menos de US$4 millones en ganancias derivadas de la explotación de un número no determinado de mujeres y menores de edad.

Varios informes de la ahora extinta comisión anticorrupción estimaban que el tráfico sexual en Guatemala era una industria de varios millones de dólares que impactaba a decenas de miles de víctimas cada año, pero la explotación también es generalizada en otros sectores. Esto es válido especialmente para la industria tortillera de Guatemala, donde, después de ser desplazados de sus hogares mujeres y niños indígenas trabajan jornadas extenuantemente largas por una exigua paga.