El número de migrantes que viajaron por América Latina rumbo a Estados Unidos se desplomó en 2025, lo que obligó a los grupos criminales a buscar cómo llenar un vacío de miles de millones de dólares en sus ganancias.
Entre febrero y octubre de 2025, las autoridades de Estados Unidos registraron un promedio mensual de 9.620 encuentros con migrantes en la frontera con México, lo que representa una caída del 92% frente al promedio de 123.202 encuentros mensuales del mismo periodo de 2024, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (US Customs and Border Protection – CBP).
Los países que funcionan como corredores migratorios hacia Estados Unidos también registraron caídas drásticas. Entre mayo y septiembre de 2025, las autoridades de Panamá contabilizaron apenas 78 personas cruzando el Tapón del Darién, una espesa franja de selva en la frontera entre Colombia y Panamá. Esto contrasta con los años anteriores, especialmente 2022 y 2023, cuando por la zona transitaban cada mes decenas de miles de migrantes por rutas clandestinas controladas y sujetas a cobros por parte de grupos criminales.
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El giro repentino responde a cambios profundos en la política migratoria de Estados Unidos. En el primer año de su segundo mandato, el presidente Donald Trump desmanteló los programas de asilo, revocó el estatus de protección de varios grupos de migrantes y aceleró las deportaciones. Su administración también detuvo a miles de presuntos migrantes indocumentados, enviando a algunos sin juicio al “Centro de Confinamiento de Terroristas” en El Salvador, una prisión de alta seguridad conocida por sus abusos a los derechos humanos.
“En toda la región, hay personas que están replanteando su decisión de migrar, no porque sus circunstancias hayan mejorado, sino porque ya no ven a Estados Unidos como una opción viable”, señaló a InSight Crime Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America – WOLA).
Estas políticas frenaron en seco un auge criminal de casi una década, que había convertido el tráfico de migrantes de una actividad marginal en un negocio de miles de millones de dólares. Las ganancias llegaron a ser tan altas que atrajeron incluso a los grupos criminales más grandes. Para 2021, el tráfico de migrantes generaba hasta US$13.000 millones para el crimen organizado en la región, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Las investigaciones de InSight Crime han llegado a conclusiones similares: en muchas zonas fronterizas, la economía del tráfico de migrantes llegó a rivalizar con las ganancias del narcotráfico en ese periodo.
A medida que estos ingresos desaparecen, los grupos criminales enfrentan un ajuste financiero profundo.
De pequeños negocios a potencias criminales
Los primeros indicios de que la migración podía convertirse en un negocio criminal en expansión surgieron hace unos diez años en Colombia.
Las autoridades colombianas detuvieron a 1.111 migrantes indocumentados en tránsito durante los primeros tres meses de 2015, casi el doble que en el mismo periodo de 2014. Aunque las cifras eran pequeñas en comparación con lo que vendría en años siguientes, las nacionalidades de los viajeros llamaron la atención. La mayoría eran cubanos, pero también llegaban personas de África y Asia, incluidos Afganistán, Bangladés, India y Somalia.
La internacionalización de las personas migrantes con destino a Estados Unidos fue impulsada en parte por el endurecimiento de las fronteras europeas, que llevó a algunos a buscar nuevas rutas hacia Norteamérica.
En ese momento, el fenómeno migratorio apenas captaba la atención del crimen organizado. Las personas migrantes habían sido, durante años, blanco de robos y secuestros, pero las ganancias seguían siendo bajas.
En 2016, un estudio estimó en US$5 millones al año la economía criminal vinculada al tráfico de migrantes en Colombia, una fracción de lo que generaba el narcotráfico. Aun así, el mercado comenzó a crecer impulsado por la mayor demanda de estos servicios y por las medidas de seguridad que intentaban frenar los flujos.
El número de personas que huía de Venezuela se disparó en 2018, mientras la inseguridad aumentaba y la economía del país se derrumbaba. El primer paso para muchos venezolanos era cruzar hacia Colombia, donde grupos criminales —entre ellos el Tren de Aragua— los esperaban en puentes internacionales o en trochas clandestinas, ofreciendo servicios para aprovechar su vulnerabilidad.
Algunos venezolanos siguieron rumbo a Estados Unidos, aunque la mayoría se quedó en países de América Latina como Perú, Chile o Argentina. El Tren de Aragua siguió esta diáspora y perfeccionó sus métodos para explotarla. Muchas mujeres y niñas fueron obligadas a integrarse en redes de explotación sexual para saldar “deudas”.
Mientras tanto, México y los países de Centroamérica militarizaron cada vez más sus fronteras luego de que la primera administración de Trump presionara a los gobiernos de la región para frenar la migración. Pero mientras el viaje se volvía más peligroso, la demanda de servicios de tráfico aumentó, y los precios para cruzar México se duplicaron.
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Dos políticas de la primera administración de Trump alimentaron aún más el auge de ganancias criminales: los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), que obligaban a quienes buscaban asilo a esperar en México, y el Título 42, que cerró la frontera bajo el argumento de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Ambas políticas incrementaron la vulnerabilidad de las personas migrantes, convertidas en blancos fáciles para grupos criminales que ampliaron sus operaciones de secuestro y extorsión. Los rescates iban desde US$1.000 a US$10.000, y muchos migrantes fueron víctimas una y otra vez tras intentar cruzar sin éxito y ser expulsados a México.
La reapertura posterior a la etapa más mortal de la pandemia provocó un nuevo aumento de personas buscando migrar. En 2023, los “encuentros” de las autoridades con migrantes en la frontera sur estadounidense superaron los 2,4 millones, y los grupos criminales desarrollaron nuevas formas de lucrarse.
A medida que el crimen organizado industrializó la explotación de la migración irregular, expandió también su influencia en actividades legales vinculadas a este comercio. En las fronteras venezolanas, el Tren de Aragua abrió alojamientos baratos llamados pagadiarios. En Sonora, México, los operadores del tráfico de migrantes establecieron negocios para vender desde botas de camuflaje hasta ropa de cama. Y en el Darién, los Gaitanistas ofrecían “paquetes de viaje” con distintos niveles de comodidad, generando hasta US$100 millones en 2024.
Todo eso se ha esfumado. En octubre, la CBP reveló que los cruces irregulares en la frontera habían caído a mínimos no vistos en 55 años.
Menores flujos, mayores riesgos
Aunque el número de migrantes rumbo a Estados Unidos cayó drásticamente, los grupos criminales siguen buscando cómo exprimir lo que queda de este mercado para compensar las pérdidas.
Por un lado, todavía hay algunos migrantes en ruta hacia el norte, según expertos entrevistados por InSight Crime en Panamá y en ciudades fronterizas mexicanas. Esto indica que aún opera una economía mínima de tráfico de migrantes en el Darién y en Centroamérica. En la frontera con Estados Unidos, los servicios se han vuelto más sofisticados para evadir la vigilancia: pueden incluir viajes aéreos, documentos falsificados o rutas menos visibles y más peligrosas.
“Podríamos decir que son una especie de ‘paquetes VIP’ para quienes pueden pagarlos”, dijo una funcionaria migratoria en Ciudad Juárez que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a dar declaraciones sobre el tema.
Algunos expertos estiman que los costos para cruzar se han duplicado o incluso triplicado.
“El cruce desde Tijuana costaba antes unos US$8.000, ahora puede llegar a US$20.000 para cruzar por el desierto o hasta US$30.000 si es por mar”, explica Manuel Ayala, director de Nómadas Press, un medio basado en Tijuana, que se enfoca en reportajes sobre dinámicas migratorias.
Estas redes de tráfico requieren ahora más infraestructura y recursos. Las barreras de entrada más altas significan que el negocio ya no está tan disperso entre actores criminales pequeños y oportunistas. También implica que menos migrantes pueden pagar estos servicios y optan por no emprender el viaje o hacerlo por su cuenta, sin la guía de traficantes.
Pero esto no significa que otros grupos criminales hayan dejado de explotar a las personas migrantes. La migración dentro de América Latina continúa, y muchas personas siguen varadas en las ciudades de tránsito. Según algunas estimaciones, todavía había unas 5.240 personas en ciudades fronterizas mexicanas en noviembre de 2025.
“Estas personas migrantes ahora cuentan con menos apoyo para cubrir sus necesidades básicas, y la falta de financiamiento internacional reduce la capacidad para orientarlos”, dijo Meyer.
Además, crece un fenómeno de “migración inversa”. Es decir, personas que fueron deportadas de Estados Unidos o que decidieron no continuar su ruta —por miedo o falta de recursos— y ahora buscan regresar a sus países o a otros destinos de la región.
Más de 14.000 personas emprendieron ese camino tras la llegada de Trump, la mayoría venezolanos que regresaron desde México y Guatemala hacia Colombia y Chile, según un informe de las Naciones Unidas publicado en agosto.
Las redes criminales en Panamá y Colombia han empezado a explotar también este flujo de regreso. Muchos son los mismos grupos que antes lucraban con las personas migrantes en tránsito, incluidos los Gaitanistas, y ahora ofrecen viajes de retorno a Colombia.
Para aumentar sus ingresos, cada vez recurren más a viajes en lancha por las costas del Caribe y el Pacífico panameño en lugar de las rutas terrestres tradicionales por la selva. Las personas migrantes pagan al menos US$230 por persona, según investigaciones de InSight Crime, aunque el precio puede superar los US$300 y fluctúa según las decisiones de los grupos criminales.
Una vez en Colombia, los migrantes continúan el viaje por tierra o aire hasta donde sus recursos se lo permiten. El informe de la ONU advierte que quienes quedan varados siguen siendo altamente vulnerables a la explotación y al reclutamiento forzado.
Nuevas fuentes de ingresos
Estas adaptaciones en la industria del tráfico de migrantes y el aumento del flujo hacia el sur probablemente no bastan para compensar la pérdida de un negocio multimillonario. Por ahora, varios grupos criminales en la región parecen llenar el vacío acudiendo a otras economías ilícitas. Suelen ser actividades depredadoras, de baja inversión y de ingresos rápidos, pero inestables.
En la frontera entre Colombia y Panamá, por ejemplo, los Gaitanistas han presuntamente ampliado sus operaciones de extorsión más allá de los negocios ligados al flujo migratorio, ahora apuntando, por ejemplo, al sector ganadero.
En la frontera entre México y Estados Unidos se observan dinámicas similares. Los grupos criminales estarían permitiendo a miembros de bajo rango ganar dinero mediante delitos que antes cometían contra migrantes en tránsito —como secuestro—, pero ahora dirigidos a la población local y a las personas migrantes que aún permanecen. En 2025, las denuncias de secuestro en Ciudad Juárez alcanzaron niveles no vistos en una década. Los perpetradores eran, en su mayoría, jóvenes que, según el secretario de Seguridad Estatal, Gilberto Loya, antes se dedicaban a atacar a migrantes y ahora apuntaban a comerciantes, taxistas y transeúntes.
Pero esta estrategia no fue sostenible. Los grupos carecían de la organización e infraestructura necesarias para evadir a las autoridades. Y aunque algunos rescates exigidos alcanzaron millones de pesos, lo que realmente obtenían oscilaba entre US$1.000 y US$2.600, montos que se repartían entre los miembros de las células criminales, explicó Loya.
En Tijuana, otros grupos que antes participaban en el negocio migratorio han pasado a extorsionar a pequeños y medianos comercios, según Ayala, el reportero especializado en migración. Esto ha elevado los reportes a niveles récord y ha provocado el asesinato de varios comerciantes que denunciaron las extorsiones.
También hay un renovado enfoque en el narcotráfico. Durante el auge de la migración, muchas redes criminales priorizaron a los migrantes por encima de las drogas.
Pero ahora muchas parecen estar volviendo a ese negocio, que ha demostrado ser más rentable. Las organizaciones más sofisticadas, como los Gaitanistas en Colombia, han reforzado su control del tráfico transnacional de cocaína a través del Darién y del Urabá, su bastión histórico.
En la frontera entre Estados Unidos y México, los grupos con capacidad para controlar cruces internacionales de droga —incluidos remanentes de los carteles de Juárez y Tijuana, así como los de Sinaloa y Jalisco— siguen disputándose estas rutas. Mientras tanto, las pandillas más pequeñas han vuelto a concentrarse en la venta de droga al menudeo.
