Una investigación sobre un esquema de lavado de dinero del Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) por miles de millones de dólares, que involucraba importaciones de químicos, distribución de combustibles y fondos de inversión, desató reformas en el sector de la banca digital en Brasil. Pero las deficiencias en la aplicación de las normas hacen probable que la banda siga usando las plataformas digitales para lavar sus ganancias.

La Operación Carbono Oculto fue la mayor respuesta gubernamental frente al crimen organizado en Brasil, según el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Iniciada en 2023, reunió a la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil (Receita Federal), al Grupo de Actuación Especial de Represión al Crimen Organizado de San Pablo (GAECO) y movilizó a unos 1.400 agentes de seguridad para ejecutar más de 400 órdenes judiciales.

El hallazgo central fue un esquema del PCC que consistía en la importación ilegal de metanol para adulterar combustibles y en el lavado de dinero a través de fondos de inversión y fintechs –empresas que ofrecen servicios financieros y de banca digital–.

Según la investigación, miembros del PCC importaban metanol de manera ilegal usando recursos de empresas vinculadas a la banda y registraban compradores ficticios en las facturas. Luego enviaban el metanol a mezcladores de combustible que lo incorporaban en la gasolina antes de distribuirla a estaciones de servicio que vendían el producto adulterado. Las ganancias eran transferidas nuevamente al PCC mediante fintechs. Finalmente, el dinero ilícito se reinvertía en fondos de inversión y otros negocios.

El uso de fintechs en el esquema dificultaba rastrear las transacciones, ya que no estaban clasificadas como instituciones financieras y en ese momento no estaban sujetas a las mismas regulaciones que la banca tradicional. Los fondos de inversión funcionaban como puerta de entrada para incorporar el dinero ilegal al circuito económico formal.

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La operación reveló que el PCC tenía activos por unos 30.000 millones de reales (más de US$5.500 millones) invertidos en más de 40 fondos en uno de los principales centros financieros de San Pablo. Entre ellos había fondos operados por una de las mayores administradoras de inversiones del país. Algunos eran exclusivos, con el PCC como único accionista, mientras que en otros los recursos del PCC se mezclaban con los de clientes regulares.

“Hay una superposición real entre la banda y al menos algunas de las firmas de gestión involucradas. El PCC montó fachadas y penetró partes del mercado financiero”, dijo a InSight Crime João Paulo Gabriel, fiscal del GAECO que participó en la investigación.

El esquema involucró unas 1.000 estaciones de servicio en todo el país, mientras el PCC reinvertía las ganancias lavadas en la compra de activos como un terminal portuario y 1.600 camiones para transportar combustible.

Tras la operación, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció cambios regulatorios que reclasificaron a las fintechs como instituciones financieras, con el fin de cerrar la vía de lavado utilizada por el PCC. Desde el 29 de agosto, las fintechs deben cumplir las mismas normas que la banca tradicional, como reportar operaciones sospechosas al Consejo de Control de Actividades Financieras (Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF) y estar sujetas a una mayor supervisión por parte del Servicio de Impuestos Federales de Brasil.

Análisis de InSight Crime

Las nuevas regulaciones para las fintechs en Brasil representan un primer paso importante para combatir el lavado a través de bancos digitales, que según el ministro Haddad movieron 52.000 millones de reales (unos US$9.500 millones) en los últimos cuatro años. Sin embargo, la débil supervisión y la falta de aplicación de los mecanismos contra el lavado de dinero sugieren que el PCC y otros grupos criminales seguirán usando a las fintechs como un sistema bancario paralelo.

La reforma alinea a las fintechs con las normas de la banca tradicional, que debe reportar operaciones sospechosas al COAF. Las autoridades esperan que esto permita arrojar luz sobre un componente central de la economía ilegal que el PCC y otras redes criminales han sabido explotar. “Esperamos que esta regulación traiga beneficios en términos de mayor control de las transacciones y permita al Estado recuperar el control de la economía del país. Porque, hasta ahora, vemos un Estado paralelo, con un brazo económico paraestatal”, dijo a InSight Crime Ivana David, magistrada del Tribunal de Justicia de San Pablo.

Sin embargo, incluso las instituciones financieras tradicionales pueden reportar con facilidad valores falsos para ocultar operaciones ilícitas, ya que no existe una supervisión externa directa de los documentos de Conozca a su Cliente (KYC) y de Prevención de Lavado de Dinero (AML) que las empresas deberían usar para identificar transacciones irregulares. Y aunque la reforma incorpora a las fintech en el mismo marco regulatorio que los bancos tradicionales, estas plataformas aún están lejos de alcanzar los estándares de supervisión de estas instituciones consolidadas, por lo que probablemente su aplicación de los nuevos requisitos sea débil.

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“Los criminales aprovechan las regulaciones que existen pero no se aplican, justamente para lavar dinero ilícito”, señaló David.

Además, el PCC puede manipular los reportes financieros porque cuenta con miembros que trabajan dentro de empresas e instituciones financieras. Ese fue el caso del esquema de combustibles adulterados, en el que Mohamad Hussein Mourad, alias “Primo”, presunto miembro del PCC, era socio en dos de las compañías involucradas y habría usado su posición para coordinar el lavado de dinero.

“Se configuró una red de prestadores de servicios para el crimen dentro de instituciones financieras y, en algunos casos, descubrimos que en realidad pertenecen a la organización criminal”, dijo a InSight Crime el fiscal Gabriel.

Por otra parte, incluso si las fintechs reportan operaciones sospechosas al COAF, existe una alta probabilidad de que no se tomen medidas posteriores, ya que solo alrededor del 3% de esos reportes derivan en una investigación, según Guilherme Gueiros, abogado penalista de Opice Blum Advogados, especializado en cibercrimen.

“Hoy, el COAF no cuenta con la estructura, ni los recursos financieros y humanos para manejar la carga de trabajo que se le exige, debido al enorme volumen de operaciones sospechosas que debe analizar a diario”, dijo. “Creo que fortalecer al COAF es fundamental para aumentar la efectividad. El nuevo presidente del organismo, Ricardo Saadi, enfrenta un gran desafío, pero también tiene la experiencia necesaria para impulsar cambios significativos”.

Imagen principal: Billetes de real brasileño frente a un gráfico del mercado financiero.