La violencia sacude la ciudad portuaria de Rosario en Argentina, justo cuando se lleva el juicio a los cabecillas de su mayor banda criminal, Los Monos, por presunta coordinación de una serie de ataques contra las residencias y oficinas de funcionarios judiciales en 2018.
Entre el 6 y el 7 de septiembre, Rosario tuvo seis homicidios en un lapso de 24 horas, entre ellos un testigo protegido en el juicio del líder de una banda rival de Los Monos. Al día siguiente, un hombre de 74 años, bajo detención domiciliaria por tráfico de narcóticos, también fue atacado por sicarios. Este repunte de violencia es inusual incluso para una ciudad habituada a la violencia: Rosario tuvo más de 200 homicidios en el último año.
Aunque no se ha identificado a los responsables de estos últimos asesinatos, coinciden con el espectáculo de abierto desafío que están exhibiendo Los Monos en su juicio.
El 18 de agosto, el día antes al inicio del juicio, dos pistoleros abrieron fuego en el tribunal, el mismo tipo de ataque del que se acusa a los cabecillas de Los Monos. Dos días después, el máximo jefe de Los Monos, Ariel Máximo Cantero, alias “Guille”, amenazó a los jueces. En una comparecencia por Zoom, se pidió a Cantero que declarara su profesión y respondió: “Contrato sicarios para que disparen a jueces”.
Cantero ya había sido sentenciado a 15 años de prisión por narcotráfico en 2018.
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Sospechando que Cantero había ordenado el ataque al juzgado, los fiscales ordenaron una requisa minuciosa de su celda en la penitenciaría federal de Marcos Paz en Buenos Aires. El 23 de agosto, se descubrió que una línea telefónica, que debía ser para uso de todos los presos, se había habilitado para uso exclusivo de Cantero en su celda. Esa línea no era monitoreada, y las conversaciones no se grababan.
La línea fue retirada, pero dos semanas después, en una inspección el 2 de septiembre se descubrió que la habían reemplazado, según un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.
Aunque no se ha señalado directamente a Los Monos de la ola de violencia reciente, el gobierno no está dispuesto a correr riesgos. Se han enviado tropas federales para reforzar la seguridad en los barrios de alto riesgo de Rosario y el edificio del juzgado, que ha sido blanco de repetidos ataques desde que se inició el juicio de Los Monos en 2018.
Análisis de InSight Crime
El juicio a Cantero y otros cabecillas de Los Monos, que comenzó en 2018, debía neutralizar la principal amenaza criminal de Argentina.
Eso no ha sucedido en absoluto. En 2018, pocos días después de la sentencia de Cantero, un hombre armado abrió fuego sobre la antigua residencia de uno de los jueces. Esa fue la primera de una serie de ataques por las que Cantero ahora enfrenta un nuevo juicio.
Desde entonces, Los Monos han redoblado la violencia en Rosario, intentando defender sus economías criminales de sus rivales. A la guerra entre Los Monos y otras bandas locales, como Los Funes y Los Ungaro, se atribuyó el récord de homicidios de 212 muertes en 2020.
Marcelo Saín, exsecretario de seguridad de la provincia de Santa Fe, donde está ubicado Rosario, señaló directamente a Cantero por orquestar la violencia desde la prisión. Cantero es conocido por comunicar órdenes por medio de líneas de telefonía fija, teléfonos móviles y “visitantes pagados”.
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El hecho de que Cantero y otros miembros de Los Monos puedan seguir amenazando jueces y ordenando ataques a los edificios judiciales desde el interior de la prisión muestra cómo difícilmente se han limitado las acciones de la pandilla.
Los Monos llevan años actuando de la misma manera, y las autoridades parecen incapaces de detenerlos. En junio de 2018, se hallaron 42 teléfonos celulares en el pabellón de la prisión en el que estaban recluidos Cantero y otros miembros del clan, en una zona a la que solo tenía acceso el personal carcelario.
Aunque a Cantero le esperan muchos años de cárcel, la audacia de amenazar públicamente a un juez en una audiencia y luego quedarse con el acceso a una línea telefónica exclusiva muestra la ineficacia que han exhibido hasta ahora las autoridades argentinas.