Parecía que había llegado el momento de cosechar los frutos de una década de lucha por los derechos territoriales de los garífuna, un pueblo afroindígena de la costa caribeña de Honduras.

La mañana del 14 de octubre de 2024, funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad llegaron a Punta Piedra, una comunidad del municipio de Iriona, en el departamento de Colón. Llegaron a medir, lote por lote, las tierras que habían ocupado los “terceros”, como los garífuna llaman a las personas ajenas a la comunidad que llevan más de treinta años invadiendo su territorio. Era el primer paso para hacer cumplir una sentencia de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había condenado al Estado hondureño por no haber delimitado ni otorgado títulos de propiedad de las tierras garífunas y le había instado a expulsar a los terceros. 

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Pero detrás de las invasiones de tierras hay intereses poderosos que pronto se hicieron sentir. A los 20 días de llegar al territorio, los funcionarios del gobierno redactaron a mano un acta en la que manifestaban que abandonarían la misión porque habían recibido amenazas en la aldea de Río Miel.

“Nos han amenazado, donde el uso de la fuerza no es posible, ya que nos superan en fuerza humana”, dice el acta, firmada por 11 miembros de la policía militar y funcionarios del gobierno.

Según Rony Castillo, uno de los líderes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que agrupa a las comunidades garífunas, los remitentes de dichas amenazas eran narcotraficantes que desde hace años convirtieron a Punta Piedra y a otras zonas de Iriona en corredores para el tráfico de cocaína.

“Esos son narcos declarados porque hemos visto que hasta el mismo Estado los ha publicado como que tienen orden de extradición”, dijo Rony. 

Dos años después, la presencia conjunta del narcotráfico y de poderosos intereses económicos sigue siendo uno de los principales obstáculos para la implementación de las sentencias de la Corte IDH en Punta Piedra y en otras tres comunidades garífunas. Mientras tanto, el Estado ha pasado de no proteger los derechos territoriales de los garífuna a acusar a sus líderes de crimen organizado.

La huella del crimen organizado

Los garífuna tienen una historia cultural única. Su primera comunidad en Honduras se estableció en la isla de Roatán en 1797. Durante varias generaciones se extendieron por la costa caribeña de Centroamérica, donde usaron y cuidaron sus tierras según sus normas de propiedad colectiva, a pesar de la falta de reconocimiento del Estado.

No fue sino hasta 1993 cuando el Estado hondureño otorgó a la comunidad garífuna de Punta Piedra un título comunal de poco más de 800 hectáreas. Pero esto no resolvió de manera efectiva ninguna de las reclamaciones sobre la tierra ni logró expulsar a los terceros del territorio.

Las tensiones entre los terceros y los garífuna se agravaron después de que, en 1999, el Estado entregó a la comunidad un segundo título que ampliaba el territorio titulado a un poco más de 2.300 hectáreas, de las cuales más de 600 se superponían con tierras reclamadas por una aldea de colonos, Río Miel. Esto desencadenó un conflicto entre los garífuna y los terceros, y los dirigentes que denunciaban las invasiones enfrentaron hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos.

Aunque muchos de los terceros eran campesinos sin tierra provenientes de otras partes de Honduras, la lucha de los garífunas por reclamar su territorio también los enfrentó a fuerzas mucho más poderosas y siniestras.

En la década de los noventa comenzaron a llegar a la región narcotraficantes que buscaban nuevas rutas para el tráfico de cocaína a lo largo de la costa norte de Honduras, y el departamento de Colón se fue convirtiendo en una megaautopista para el tránsito de drogas.

La región conecta puntos clave de llegada de cocaína por el Caribe, como la selva de la Moskitia, con el centro del país y con las rutas que siguen hacia el norte a través de Guatemala. Además, Colón fue el principal bastión de Los Cachiros, uno de los grupos transportistas de drogas más importantes de Honduras desde el cambio de siglo.

“Nuestros antepasados dijeron: aquí hay mar, hay río, hay laguna, y es lo que necesitamos para vivir”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH. “Pero nunca se imaginaron, hace 200 años y más, lo que iba a significar para sus descendientes vivir y estar en esos lugares”.

En años recientes, la región también se ha convertido en un enclave cocalero y centro de producción de cocaína. En la última década, los municipios de Iriona y Limón encabezaron la lista de lugares donde las fuerzas de seguridad destruyeron más cultivos de coca y narcolaboratorios en Honduras. En 2025, las autoridades erradicaron un poco más de 208.000 arbustos de coca, en su mayoría en Colón, según datos del Ministerio Público.

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Detrás de buena parte de este negocio hoy están, según la Fiscalía, poderosas redes de narcotráfico: el clan de los Montes Bobadilla y sus socios, los hermanos Montoya Natarén.

En agosto de 2025, el Ministerio Público allanó propiedades vinculadas al clan Montes Bobadilla y a los hermanos Milton Raúl, Elmer Omar y Wilmer Adonay Montoya Natarén en los municipios de Iriona y Limón. Según fiscales, la red mueve cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y controla cultivos de coca en Colón. La Fiscalía también sostiene que el clan adquirió plantaciones de palma africana y ganado sin justificar el origen del dinero.

Aunque las autoridades hondureñas han incluido a los tres hermanos en la lista de personas requeridas para su extradición a Estados Unidos por narcotráfico, esto no ha sido un impedimento para que se muevan por Punta Piedra, según dijeron a InSight Crime dos habitantes de la zona.

Es fácil saber cuándo uno de los hermanos, Milton, está en la zona, según un miembro de la comunidad que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por temor a ser identificado.

“Primero, la Policía monta un retén. Luego llega un hombre en moto, ‘como una bandera’”, dijo. “Después pasa el carro de Montoya, seguido por otro con sus guardaespaldas, y al final, más motos”.

De noche, el control de los narcotraficantes sobre la zona es aún más evidente, agregaron los habitantes. En la única carretera del lugar hay retenes de hombres sin uniforme, y los habitantes no salen de sus casas después de las nueve.

Tras presenciar esta gobernanza criminal en acción, la salida de la comisión gubernamental, enviada en 2024 para ayudarlos a asegurar sus tierras, fue una decepción más en una larga serie de desencuentros que han marcado la relación entre el Gobierno y la comunidad.

“A ese nivel ha llegado: el crimen organizado tiene mayor control, mayor fuerza que el mismo Estado. Y el Estado se escuda en eso para no darle cumplimiento a la sentencia”, dijo a InSight Crime el abogado de la OFRANEH, Caleb Navarro. 

En el lado equivocado de la ley

Además de Punta Piedra, otras tres comunidades garífunas también cuentan con sentencias de la Corte IDH: Triunfo de la Cruz, San Juan y Cayos Cochinos. Aunque el narcotráfico no tiene una presencia tan evidente en estas comunidades, sus líderes aseguran que también han recibido amenazas de grupos aliados con poderosos intereses empresariales que buscan reclamar sus tierras. Irónicamente, son los líderes de estas comunidades vecinas quienes han sido acusados de crimen organizado.

El 26 de junio, el Congreso hondureño aprobó la Ley Agroindustrial de 2026 para impulsar los sectores agrícola, energético, ganadero y turístico. Según la ley, el Estado tiene la “obligación inmediata” de proteger las áreas destinadas a estas industrias mediante “desalojos preventivos”.

El día en que la ley entró en vigor, la Policía Nacional emitió una circular para ejecutar desalojos. Días después, el medio hondureño La Prensa informó que al menos 1.000 órdenes de desalojo estaban listas para ejecutarse en todo el país. Pese al fallo de la Corte IDH, la comunidad garífuna de San Juan fue uno de los objetivos.

Deinor y sus compañeros no solo fueron acusados de usurpar sus propias tierras, sino también de dirigir una red de crimen organizado. La jueza local, citando el Código Penal hondureño, que considera grupo delictivo organizado a tres o más personas que se unen para cometer un delito, remitió el caso al tribunal penal nacional especializado.

En respuesta, las comunidades garífunas y la OFRANEH instalaron el 10 de agosto en Tegucigalpa el campamento de protesta “Viva Berta”, llamado así en honor a la lideresa ambiental asesinada Berta Cáceres. El campamento alberga a cientos de garífunas y sus aliados en un extenso vecindario de tiendas de campaña, ubicado en la curva de una salida de la autopista frente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras. 

InSight Crime visitó el campamento como parte de una delegación internacional invitada por la OFRANEH y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). Durante la visita, tres magistrados de la Corte Suprema recibieron a representantes de la delegación internacional y prometieron llevar sus peticiones al presidente de la Corte. InSight Crime intentó comunicarse con el Ministerio Público de Honduras; sin embargo, al momento de la publicación no se había recibido respuesta.

El tribunal especializado en crimen organizado devolvió el caso de Deinor y sus compañeros al juzgado local unos días después, pero los garífunas se mantienen firmes en el campamento, exigiendo que se retire la acusación contra los cinco garífunas detenidos en San Juan y que el Gobierno cumpla finalmente con las sentencias de la Corte IDH, aunque eso implique arrebatarle el control territorial a los intereses criminales.

“Tenemos una herencia de lucha, que esa nos da fuerza para seguir adelante”, afirmó Miriam. “El Estado tiene una deuda con el pueblo garífuna”.

Imagen de portada: Entrada al campamento garífuna “Viva Berta” en Tegucigalpa, Honduras. Crédito: Liza Schmidt.