Un informe reciente analiza las evidencias de explotación de oro de aluvión en Colombia y deja entrever que el rol del crimen organizado en el sector es más importante de lo que se sospecha.
El 21 de noviembre, Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para la Región Andina y el Cono Sur, presentó el informe de esta organización sobre la explotación de oro de aluvión (EVOA)—depósitos auríferos en márgenes y lechos de ríos— en Colombia durante 2022.
Entre los principales hallazgos, la delegada destacó una reducción de 4% en el área explotada, a la par de un desalentador aumento de la explotación ilegal, de 73% para 2022 —5.000 hectáreas más que en 2021—. Esto incluyó un aumento de 11% en la explotación minera en departamentos del sur de Colombia, como Putumayo y Caquetá.
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De las zonas con explotación sostenida o estable, el 72% es explotada ilegalmente. Según el informe, la ilegalidad persiste porque los grupos armados, atraídos por la alta rentabilidad del oro en el mercado internacional, refuerzan su control en estas zonas y buscan sacar provecho de las ganancias de esta actividad.
Durante la presentación del evento, Welsch destacó la convergencia entre la minería y otro tipo de delitos en Colombia.
“En este tipo de minería encontramos que confluyen varios delitos asociados […] que incluyen el lavado de activos, la corrupción y la trata de personas por parte de grupos del crimen organizado”, dijo.
El informe también destaca la convergencia de EVOA con cultivos de coca. En cerca del 44% de los territorios con EVOA se habían registrado cultivos de coca en 2021, señala el informe. En estos territorios, la explotación ilegal asciende al 87%, con mayor incidencia en los departamentos de Antioquia, Nariño y Cauca.
Adicionalmente, más de la mitad de la explotación nacional de oro de aluvión se realiza en territorios de protección especial (52%) o excluibles de minería, y de estos, el 88% corresponde a resguardos indígenas y otros territorios étnicos.
Análisis de InSight Crime
Con el avance de los grupos criminales, es probable que la explotación minera continúe evolucionando hacia un dominio criminal, donde convergen intereses ilícitos, desastres ambientales y una respuesta poco coordinada de las autoridades.
En las zonas de explotación estable identificadas en el informe, como Antioquia y Bolívar, hay fuerte presencia de grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las ex-FARC mafia, grupos disidentes que se deslindaron del acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el sur de Bolívar, las disputas entre el Frente 37 de las ex-FARC mafia, el ELN y las AGC por el control de la minería ilegal han generado una crisis humanitaria, según alertó la Defensoría del Pueblo en octubre.
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La convergencia de cultivos de coca y minería ilegal también es preocupante. De los tres departamentos con mayor explotación minera, solo 10 municipios concentraron las evidencias de EVOA y, en ese grupo, ocho reportaron cultivos de coca en el 2022. Cuatro se localizan en Antioquia —Cáceres, Zaragoza, Nechí y El Bagre— y cuatro en Chocó —Nóvita, Istmina, El Cantón de San Pablo y Río Quito—.
El informe de la ONUDD estimó que el 44% de las áreas con EVOA en 2022 habían registrado cultivos de coca en 2021. A su vez, el informe de monitoreo de cultivos ilícitos del mismo organismo para 2022 señala a Chocó como un foco de este problema, con un aumento del 7% en el último año. Allí, el ELN y las AGC llevan años enfrentándose por el control de las rentas criminales de la minería ilegal y el narcotráfico.
Además, como señala el informe y demuestran los hallazgos en campo de InSight Crime, la explotación ilícita conlleva un gran impacto ambiental en la forma de deforestación, contaminación de fuentes de agua y desvío de cauces de ríos.
Sumado a esto, los esfuerzos del gobierno, concentrados en una regulación del marco jurídico e intervenciones radicales, se han probado insuficientes. A pesar de que Colombia ha fortalecido su aparato legal contra la minería ilegal, la aplicación de la ley por parte de autoridades y jueces es limitada, y a menudo se penalizan los eslabones más débiles de la cadena. Esto impide proveer una respuesta integral de las autoridades contra los financiadores de este delito, que en muchas ocasiones se encuentran al interior de los grupos criminales o están aliados con ellos.