Al menos 17.000 ciudadanos participan legalmente en las unidades de policía comunitaria en Ecuador, una cifra que sigue creciendo, lo que refleja una tendencia regional que indica el fracaso del Estado para proveer seguridad a los ciudadanos.
Según la Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana, 1.500 Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana en Ecuador se registraron a finales de 2012, y cerca de 2.000 civiles más están en proceso de registrarse legalmente para participar. El Ministerio del Interior registró 2.165 unidades, con 18.606 participantes, en agosto de 2012.
Estas patrullas han existido desde 1995, pero fueron institucionalizadas y reguladas tras un decreto ministerial en 2011. Como parte de este acuerdo, los brigadistas reciben capacitación, están obligados a trabajar sólo como apoyo a la policía, y no pueden portar armas. Según El Comercio, muchos miembros llevan palos o látigos cuando salen por la noche, pero cuando encuentran a alguien cometiendo un delito, simplemente lo entregan a la policía, dijo un brigadista.
Los miembros de estos grupos señalaron los altos niveles de inseguridad como su razón para hacer parte de estos patrullajes, y el Ministerio de Seguridad del país informó que el trabajo de estas brigadas ha contribuido a una reducción de la delincuencia.
Análisis de InSight Crime
El surgimiento de grupos de policía comunitaria, tanto legales como ilegales, en la región es una señal preocupante del fracaso de muchos gobiernos para proporcionar niveles de seguridad aceptables a sus ciudadanos. Fuera de Ecuador, los grupos se han vuelto comunes en México, Colombia, Perú y Guatemala, con resultados mixtos.
En Guatemala, las juntas de seguridad ciudadana fueron creadas por el Estado, pero varias operan ilegalmente y muchas de ellas han sido acusadas ??de participar en actividades criminales y de justicia violenta. En México, mientras que la policía comunitaria en Guerrero parece que va a ser legitimada, en Michoacán se han enfrentado violentamente con los carteles de la droga y las autoridades, tomando soldados como rehenes, y siendo acusada ??por el gobierno de tener vínculos con el narcotráfico.
Tanto en Colombia como en Perú, los grupos paramilitares de “autodefensa” respaldados por el ejército han cometido graves abusos contra los Derechos Humanos en nombre de la lucha contra la insurgencia, incluyendo la limpieza social. Sin embargo, actualmente en Perú, el Presidente Ollanta Humala hizo del empoderamiento de los grupos de autodefensas un componente de su estrategia de seguridad en 2011.
La institucionalización de las brigadas comunitarias en Ecuador y las restricciones legales impuestas a su trabajo – en particular la prohibición de portar armas – reduce la posibilidad de que estos grupos vayan a hacer justicia por sus propias manos, o se involucren en actividades criminales. Sin embargo, en últimas, siguen siendo un símbolo de incapacidad institucional en términos de seguridad.