Las autoridades ecuatorianas han arremetido contra el reciente Informe sobre drogas publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señalando que los hallazgos tienen una motivación política y carecen de fundamento.
El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2016 (INCSR, por sus iniciales en inglés) del Departamento de Estado —que forma parte del compendio anual de las tendencias del tráfico de drogas en todo el mundo— apuntó a la presencia permanente de grupos transnacionales de crimen organizado en Ecuador, y lo etiquetó como “importante país de tránsito”.
Menciona que las rutas de tráfico de drogas a través de Ecuador se están expandiendo, y que los carteles mexicanos hacen uso cada vez más de aviones privados para “transportar dinero dentro de Ecuador y cocaína a México y Centroamérica”.
El Departamento de Estado más adelante sugiere que una serie de redes criminales transnacionales, incluyendo a los Zetas, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operan en Ecuador.
La Cancillería ecuatoriana ha señalado que emitirá una respuesta formal al informe.
Y el Jefe regional de la policía de Ecuador, Edmundo Moncayo, dijo a El Comercio que, aunque estos hallazgos pueden haber sido acertados en años anteriores, las investigaciones policiales recientes señalan que “no existen enlaces con dichos carteles.”
El Ministro ecuatoriano del Interior, José Serrano, “rechazó categóricamente” la sugerencia del informe de que “la debilidad de las instituciones públicas, la permeabilidad de las fronteras y la corrupción” hacen que Ecuador sea vulnerable al crimen organizado transnacional.
Las autoridades ecuatorianas decomisaron más de 80 toneladas de drogas en 2015, considerado un récord, y, según Serrano, se ha incautado de más de 400 toneladas en los últimos ocho años. Serrano citó dichas estadísticas como evidencia de la “voluntad inquebrantable” del gobierno y la policía en la erradicación del crimen organizado en Ecuador.
Análisis de Insight Crime
La respuesta de los funcionarios ecuatorianos simboliza una acentuación más del enfriamiento en las relaciones diplomáticas cada vez más tensas entre Estados Unidos y Ecuador. Por su parte, Serrano sugiere que el informe “caprichoso” fue publicado en represalia a la menor dependencia de Ecuador del apoyo de Estados Unidos. El funcionario también dio a entender que la disminución de la corrupción policial en Ecuador, y el rechazo a los “regalitos” de Estados Unidos, que anteriormente se aceptaban, provocó la reacción.
Bajo la mirada del presidente de Ecuador Rafael Correa, quien ha criticado durante mucho tiempo la influencia de Estados Unidos, Ecuador ha resistido cada vez más la injerencia de Estados Unidos en las operaciones de lucha contra el tráfico. En 2009, las autoridades ecuatorianas exigieron la retirada de la base militar estadounidense en Manta, ciudad costera en el oeste de Ecuador, y en 2014 forzaron el cierre de la Oficina de la Embajada de Estados Unidos de Cooperación en Seguridad.
Pero Estados Unidos también tiene razón en un punto. El seguimiento deficiente a las embarcaciones en los puertos de Ecuador ha contribuido a que la Costa del Pacífico, y en particular el Puerto de Guayaquil, se convierta en un importante punto de envío de drogas hacia Europa y América del Sur, así como en la base para muchos grupos criminales.
Al final, cada gobierno recurrirá a las estadísticas que respalden su punto de vista. Por ejemplo, aunque el informe señala que sólo el 20 por ciento de las embarcaciones en el Puerto de Guayaquil están registradas, esto muestra un marcado incremento, si se tiene en cuenta que las cifras de 2013, publicadas por la oficina antidrogas de Ecuador, indicaban que sólo el 4,5 por ciento se sometían a registro físico.