Un informe reciente señala una vez más la participación de oficiales de la cúpula militar en El Salvador en el fomento del mercado ilícito de armas en el país, que atiza la rampante violencia entre pandillas y el derramamiento de sangre.
Desde 2010, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador y otros organismos del estado compraron más de US$500.000 en armas, municiones y chalecos antibalas de las armerías del mayor del ejército retirado Miguel Ángel ‘Pocasangre’ Escobar, según un informe de La Prensa Gráfica.
Aunque no era el mayor proveedor de armas del gobierno salvadoreño, los organismos gubernamentales siguieron haciendo negocios con Pocasangre aun después de que fuera blanco de acusaciones por tráfico de armas.
Cuenta La Prensa Gráfica que Pocasangre llamó la atención de las autoridades por primera vez en 2011, cuando un agente encubierto pudo comprar ilegalmente un arma de una armería. Las investigaciones sobre el caso arrojaron un testigo protegido por la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, quien aseveraba que entre 2004 y 2005 Pocasangre y otro oficial del ejército, Carlos Zavaleta Morán, trabajaron juntos para robar armas de un depósito militar. Dichas armas se vendieron más adelante con los números de serie alterados.
El testigo, conocido como “William”, testificó por primera vez en marzo de 2013, pero la FGR no levantó una acusación formal contra Pocasangre por tráfico de armas hasta octubre de 2015. En este intervalo, la PNC e incluso la FGR, compraron armas a Pocasangre en repetidas ocasiones, pese al testimonio que denunciaba sus actividades, informó La Prensa Gráfica.
Algunos de los presuntos clientes de Pocasangre también incluían a narcotráficos convictos y a lavadores de dinero.
Análisis de InSight Crime
El caso de Pocasangre es el último de una larga serie de implicación de oficiales en el tráfico de armas en El Salvador, si bien es especialmente vergonzoso dado que las mismas agencias gubernamentales que lo investigan por tráfico de armas siguieron comprándole suministros.
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Paradójicamente, aunque el gobierno salvadoreño se ha comprometido a erradicar la rampante violencia de pandillas, ha sido consistente la implicación de miembros del ejército en el suministro de armas a las mismas pandillas. En octubre de 2015, el mismo mes en que FGR levantó cargos contra Pocasangre, las autoridades arrestaron a un oficial de alto rango de la Brigada Especial de Seguridad Militar por la presunta venta de armas a pandilleros. El mes anterior, las autoridades allanaron la casa de un excoronel y encontraron un arsenal de armamento, entre ellos rifles con mira telescópica, ametralladoras y granadas. Los oficiales creyeron que el arsenal estaba destinado a la venta a pandilleros.
Este negocio ilícito de armas ayuda a empeorar un conflicto que ha hecho de El Salvador la nación más sangrienta de las Américas.
Aun así, El Salvador no es el único país centroamericano donde el mercado ilícito de armas ha apuntalado los altos índices de violencia. La vecina Honduras está inundada de armas de fuego ilegales, y se ha estimado anteriormente que las armas sin licencia son usadas en 80 por ciento de todos los crímenes cometidos en el territorio.
Hasta que los funcionarios tomen medidas efectivas para eliminar el negocio de armas ilícitas —y la participación de oficiales en este negocio— es de esperarse que los índices crónicos de violencia en la región sigan al ritmo que vienen presentando.