Hasta diez personas han muerto en Argentina durante los saqueos provocados por las huelgas policiales provinciales -disturbios que, afirma el gobierno, están siendo alimentados por fuerzas criminales y políticas.
Los saqueos comenzaron la semana pasada en la ciudad norteña de Córdoba cuando la fuerza policial de la provincia se declaró en huelga, exigiendo mejores salarios.
Aunque la situación en Córdoba se resolvió después de que el gobierno local acordara casi duplicar los pagos de la policía, las huelgas y saqueos se extendieron a 17 de las 23 provincias de Argentina, informó la BBC.
Cientos de personas han sido arrestadas y cientos más han sido heridas -muchas heridas de bala. Cuatro de las muertes ocurrieron en la provincia nororiental de Chaco, y entre los muertos hubo un jefe de la policía, reportó Clarín.
La huelga no involucra a la policía federal, que cuenta con alrededor de 60.000 agentes (comparable con la fuerza de la provincia de Buenos Aires, que por sí sola, cuenta con alrededor de 55.000 funcionarios).
La policía provincial afirma que sus salarios de menos de US$960 al mes no son suficientes para vivir de cara a la inflación, que ahora se ubica alrededor del 30 por ciento, según analistas. El gobierno dice que la inflación es mucho más baja, pero ha sido acusado por el Fondo Monetario Internacional de proporcionar cifras inexactas.
El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, acusó a las fuerzas de la policía provincial de “traición”, haciendo un llamado para que se involucren en un diálogo en lugar de “chantajear a los gobernadores.”
Análisis de InSight Crime
Si bien Argentina tiene una larga historia de agitación social, es notable que los lugares en los que el saqueo ha sido más violento en estas protestas –Tucumán, Chaco y Salta, por ejemplo- son regiones fronterizas del norte, con una presencia conocida del crimen organizado.
El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó que los brotes de los saqueos no fueron espontáneos, sino organizados, y que “fueron promovidos por una organización criminal” informó Rosario 3. También culpó a “ciertos sectores políticos” por fomentar el malestar en las redes sociales. Mientras tanto, el jefe de Gabinete de Ministros Capitanich, dijo que los saqueos y ataques eran “acciones deliberadas por parte de grupos determinados, muchos de los cuales tienen antecedentes por causas preexistentes “, aunque no estuvo claro si se refería a los grupos políticos, criminales o de la policía provincial.
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La provincia del Chaco, que ha registrado el mayor número de muertes –incluyendo la del jefe de policía- está cerca de la zona de la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina- un conocido centro de contrabando que ha sido descrito como una “zona libre” para el tráfico de drogas. La policía local ha sido acusada de estar involucrada en el comercio e incluso de formar sus propias bandas criminales, aumentando la posibilidad de que elementos del criminen organizado estén aprovechando del caos para ajustar cuentas.