Las autoridades de Bolivia y Brasil firmarán un acuerdo bilateral a finales de este mes con el fin de combatir la expansión de los grupos criminales brasileños hacia Bolivia, pero la medida puede resultar una respuesta lenta y en últimas insuficiente ante este fenómeno.
A partir del 26 de julio, cuatro agentes de policía de alto rango de Brasil estarán apostados en las ciudades bolivianas de Santa Cruz de la Sierra, Puerto Suárez, Guayaramerín y Cobija para coordinar las operaciones de seguridad diarias con cuerpos de policía boliviana, según informó El Deber.
Bolivia lleva tres años presionando para este intercambio bilateral, según El Deber, mientras que Brasil deseaba confirmar primero la presencia de grupos del crimen brasileños. Pero luego de un ataque a una joyería en el oeste de Bolivia el 13 de julio, que dejó cinco muertos, tres de los cuales presuntamente tenían nexos con el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC), de Brasil, los agentes anunciaron que la maniobra se inició de inmediato. Sin embargo, existen algunas discrepancias en cuanto a si el PCC estuvo realmente implicado en ese ataque.
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Marcio Christiano, fiscal en la ciudad de São Paulo, base del PCC, declaró a El Deber que el grupo criminal no participó en el robo a la joyería, y que su presencia en Bolivia obedece principalmente al narcotráfico, y explicó que Bolivia es uno de los “socios naturales” de Brasil en la producción de cocaína en Suramérica.
El viceministro defensa social de Bolivia, Felipe Cáceres, pareció repetir esas declaraciones, cuando declaró a El Deber que el PCC participa básicamente en actividades de narcotráfico y decidió migrar a Bolivia para ampliar su poder y el control sobre esa industria.
Además del PCC, del que se cree que tiene la presencia criminal extranjera más fuerte en Bolivia, con un estimado de 1.500 miembros, las autoridades bolivianas han identificado otros dos grupos criminales brasileños que operan en ese país: el Comando Rojo (Comando Vermelho) y la Familia del Norte (Família do Norte – FDN). El Comando Rojo y la FDN se han aliado contra el PCC para disputar el control de estos últimos, según informó El Deber.
Sin embargo, el ministro boliviano del interior, Carlos Romero, expresó recientemente que los grupos del crimen brasileños están “compartiendo el control territorial” en Bolivia, y apuntaron a valoraciones contradictorias sobre las relaciones entre estos grupos. La FDN y el Comando Rojo han estado alineados en una guerra más amplia con el PCC, que sacudió el sistema penitenciario en Brasil a comienzos de este año con una ola de violencia extrema.
Análisis de InSight Crime
Aunque la mayor cooperación bilateral es un paso en la dirección correcta, es poco probable que ella cambie las cosas a corto plazo, mientras no se entienda a fondo la dinámica de los grupos del crimen brasileño que actúan en Bolivia.
Kathryn Ledebur, directora ejecutiva de la Red Andina de Información (AIN, por sus siglas en inglés), dijo a InSight Crime que no hay información suficiente sobre el PCC en Bolivia para formular conclusiones sólidas sobre sus actividades en ese país, y añadió que el “negocio de la droga en y a través de Bolivia tiende a ser bastante descentralizado” y que generalmente no ha llevado a “una competencia violenta por el control de rutas o territorio”.
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Por otro lado, hay una larga historia de colaboración entre los grupos del crimen brasileños y bolivianos en movimiento de contrabando, y algunos expertos creen que esa dinámica se ha intensificado recientemente. Eduardo Gamarra, profesor de ciencia política en Florida International University, comentó a InSight Crime que cree que el impulso planeado a los esfuerzos bilaterales no será suficiente para impedir que el PCC expanda sus operaciones en Bolivia, y estima que la presencia de la banda puede ser muy superior a los 1.500 miembros calculados por los agentes bolivianos.
“El número [de miembros del PCC en Bolivia] puede ser mucho mayor de lo que las autoridades bolivianas están dispuestas a reconocer, [y] comprende más que simples agentes rasos, quizás incluso tomadores de decisiones de medio y alto rango”, comentó Gamarra a InSight Crime.