Policías de bajo rango en Honduras se declararon en huelga el lunes debido a las condiciones laborales y los salarios, planteando la cuestión de cómo reformar con éxito una de las fuerzas más corruptas de Latinoamérica en un país con la tasa de homicidios más alta del mundo.
En un comunicado, los policías dijeron que estarían en huelga en todo el país porque las autoridades no habían cumplido con las promesas acordadas la semana anterior, informó EFE.
“(…) salarios dignos, horas de descanso, respeto a nuestra dignidad humana y sobre todo, la restitución de aquellos compañeros que han sido destituidos de manera injusta y sin respetar el debido proceso (…)”, fueron las exigencias de los policías.
Cerca de 2.000 policías se retiraron el 24 de abril quejándose de que sólo ganaban alrededor de US$150 mensuales y que tenían que pagar por sus propias balas y uniformes, informó la BBC. El gobierno se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo y cancelar los planes para reducir el número de fines de semana libres al mes de dos a uno, dijo EFE.
Análisis de InSight Crime
En un país donde la corrupción policial es tan endémica que los agentes han llegado a participar directamente en, e incluso controlar, operaciones criminales, el salario de los policías es un problema importante. Debido a que los salarios iniciales para los policías hondureños siguen siendo bajos, no es sorprendente que sea una tentación recurrir al auge del narcotráfico en el país para complementar los ingresos.
No obstante, estudios sobre la corrupción policial en México han indicado que los salarios de la policía no tienen necesariamente una relación directa con los niveles de corrupción, jugando un papel igualmente importante factores como la probabilidad de ser atrapado y la gravedad de las penas.
Honduras ha estado tratando de purgar la fuerza de agentes corruptos desde noviembre de 2011, pero el proceso ha sido muy lento, lo que llevó a la reciente dimisión de los dos oficiales a cargo de la operación. Hasta el momento, de 14.000 oficiales de la fuerza, 3.200 han sido investigados, de los cuales 230 han fallado una o más de las pruebas de confianza. Las denuncias de irregularidades llegan a los más altos niveles de la fuerza, con el jefe de policía Juan Carlos Bonilla acusado de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, y él mismo se niega a someterse al detector de mentiras.