El calor en Rosario es intenso: enciende el pavimento y se eleva hasta atizar la piel. Algunos remolinos dan giros en el aire arrastrando consigo el polvo de tierra seca.
No hay nadie alrededor, salvo un policía que custodia la entrada de rejas negras de la jefatura de policía de Rosario, ubicada en el barrio Las Delicias, al sur de la ciudad.
Debe tener unos 30 años, como Oscar Váldez, un suboficial del Cuerpo de Guardia de Infantería, quien se pegó un tiro en la cabeza a tan solo unos pocos metros de ahí.
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El suicidio de Váldez, el 2 de febrero de 2026, ocurrió en un momento en el que el modelo de seguridad en Rosario aparentemente estaba mostrando resultados y reduciendo las tasas de homicidio. Un proceso en el que la policía desempeñaba un papel central.
Pero el trágico incidente sacó a la luz un profundo problema en el interior de la policía que desató una protesta generalizada encabezada por oficiales policiales que, como Váldez, enfrentaban múltiples presiones: bajos salarios, malas condiciones laborales y escaso apoyo en salud mental.
Los oficiales fueron llevados al límite, en una de las ciudades más grandes y letales de Argentina, con una tasa de homicidios de más del doble de la media nacional y con el crimen organizado detrás de gran parte del derramamiento de sangre.
Pero, ¿este agotamiento policial podría desmoronar los avances en seguridad que la ciudad había comenzado a experimentar en los últimos dos años?
El auge de la violencia
Hace más de una década, Rosario era una ciudad pacífica. Pero el auge de las bandas locales dedicadas al narcomenudeo trajo consigo un aumento de la violencia letal que una fuerza policial fragmentada fue incapaz de contener.
A finales de 2023, después de un pico histórico en los homicidios, el gobierno de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra Rosario, se adhirió a la llamada Ley de Microtráfico, lo que marcó un punto de inflexión para la ciudad. Esta normativa amplió los poderes de la policía para atacar el narcomenudeo en las calles.
Y aunque la legislación fue positiva y permitió un mayor control sobre la violencia letal en la ciudad, no logró evitar ciertas prácticas ya instauradas, como los acuerdos informales en algunos sectores policiales que permiten que ciertos grupos criminales operen economías ilegales, siempre y cuando la violencia se mantenga bajo control y fuera del foco público.
“El problema es que cuando la recaudación clandestina no se distribuye hacia abajo, comienzan los conflictos. Para que funcione correctamente, necesita estar atada a una fuerza policial homogénea y jerarquizada, con una cadena de mando clara y uniforme”, dijo a InSight Crime Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal de la Ciudad de Buenos Aires.
En los últimos dos años, la provincia intentó enderezar el rumbo de la institución, reincorporando a oficiales retirados de confianza a la fuerza policial para reconstruir la cadena de mando. Pero este sistema se vio afectado con el estallido de la llamada “causa del combustible”, un fraude que salió a la luz en mayo de 2025 que involucró a varios oficiales de rango medio y alto en una estafa por sobreprecios de combustible. Los policías involucrados fueron destituidos.
“Esa cadena de mandos puede que haya funcionado para gestionar el delito, pero no para gestionar la institución”, dijo Enrique Font, criminólogo y ex secretario de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, a InSight Crime.
Presión sobre los rangos más bajos de la fuerza
En enero de 2026, a los rangos más bajos de la fuerza policial se les exigió una mayor presencia en las calles. El Gobierno quería evitar que la tasa de homicidios siguiera escalando, después de un leve repunte a finales de 2025.
La mayoría de los oficiales de policía percibía salarios por debajo del nivel de la pobreza (700.000 pesos mensuales, alrededor de US$500), con jornadas laborales de 12 horas seguidas de 36 horas de descanso. Algunos incluso trabajaban hasta 24 horas consecutivas para acumular más tiempo libre y poder regresar a sus hogares, a menudo ubicados a más de 400 kilómetros de distancia.
Esos oficiales se rebelaron, y fue entonces cuando comenzaron las protestas. Después de que Váldez se quitara la vida, alrededor de 100 patrulleros se reunieron en la jefatura de policía en señal de descontento y en contra de la voluntad del jefe de policía de Santa Fe.
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El gobierno finalmente cedió: aumentó el salario mínimo para la policía y el personal penitenciario, y mejoró las condiciones laborales.
Sin embargo, esto probablemente no será suficiente. El descontento persiste en las fuerzas policiales y podría agudizar las fricciones internas en el futuro, lo que pone en riesgo los avances logrados en el modelo de seguridad.
