El Salvador hizo historia este año cuando se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica. Pero los expertos advierten que, a medida que la prohibición comience a entrar en rigor, los grupos del crimen organizado pueden intentar incursionar en esta industria, que ahora es ilegal.
El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ley que prohíbe la minería metálica. Esta ley impide que el gobierno apruebe nuevas concesiones mineras, y exige que se detenga todo tipo de minería metálica —a excepción de los pequeños mineros “artesanales”, a quienes se les ha dado dos años para detener sus operaciones—.
La prohibición de la explotación minera se ha dado como respuesta a la grave destrucción ambiental que ha causado esta industria en El Salvador. El uso de productos químicos peligrosos ha estado vinculado a la contaminación de las aguas del país, que de hecho ya están en un estado precario debido a los altos niveles de deforestación.
Según un estudio realizado por la Universidad Centroamericana (UCA), casi el 80 por ciento de los salvadoreños están de acuerdo con la prohibición de la minería metálica.
Análisis de InSight Crime
La prohibición de la explotación minera en El Salvador parece ser un esfuerzo bien intencionado de hacer frente a las consecuencias ambientales de la minería en el país. Sin embargo, las autoridades deben estar atentas ante la posibilidad de que los grupos criminales asuman un papel más importante en lo que pronto será una industria totalmente ilegal.
Los mineros artesanales de El Salvador serán quizá los más susceptibles a la intrusión de los criminales en sus negocios, como afirma Marcello Veiga, experto en minería artesanal que trabajó con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Veiga le dijo a InSight Crime que el riesgo de criminalización aumentará cuando termine el período de transición de dos años para los mineros artesanales.
“La prohibición probablemente obligará a los mineros artesanales, que antes eran legales, a trabajar con grupos del crimen organizado”, dijo.
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Cristina Villegas, gerente del programa Pact, una organización de apoyo al desarrollo, que ha trabajado extensamente en Latinoamérica, está de acuerdo con los comentarios de Veiga. Villegas le dijo a InSight Crime que, según ha observado, en otras partes de la región ha habido prohibiciones similares que no han tenido los resultados esperados, como ocurrió en Ecuador, porque los gobiernos no han podido ofrecerles alternativas viables a los mineros artesanales, los cuales se ven obligados a encontrar nuevas formas de ganarse la vida.
“A menos que el gobierno tenga un plan que incluya industrias específicas hacia las cuales las personas puedan hacer la transición, ese plan fallará porque ¿qué otra opción les queda? En Ecuador, por ejemplo, cuando se implantó la prohibición de la minería, las personas me decían que debían elegir entre la minería ilegal y la tala ilegal”, dice Villegas, refiriéndose a los intentos de las autoridades ecuatorianas por prohibir las operaciones de minería artesanal.
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Los cambios en las regulaciones mineras también han llevado al aumento de la criminalidad en otros sectores de la minería en toda Centroamérica. En Costa Rica, por ejemplo, según algunos informes, después de que se hicieron cambios en las regulaciones mineras en el año 2011, la minería ilegal de oro y el tráfico de mercurio (estrechamente asociado a ella) han estado en aumento. En mayo de este año, se identificaron 25 puntos de extracción ilegal en la frontera de Costa Rica con Nicaragua.