Tras un operativo de búsqueda de 24 horas en los primeros días de julio, policías y militares fueron recibidos a tiros cuando descendieron sobre un campamento minero informal cerca de la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, al sur de Ecuador. Durante la operación, las autoridades rescataron a casi 50 mineros retenidos por la pandilla de Los Lobos, mientras que los secuestradores consiguieron escapar entre la furia de las balas.
No todos los mineros secuestrados salieron con vida. Junto con los sobrevivientes, las autoridades encontraron restos humanos desmembrados que, según declararon las víctimas a los medios de comunicación ecuatorianos, pertenecían a miembros de su grupo, incluido el cocinero del campamento.
La minería informal y la exportación ilegal de oro han existido durante décadas en Ecuador. Tradicionalmente, de estas operaciones participaban pequeños mineros que utilizaban métodos artesanales sin permiso, redes de minería ilegal que utilizaban mercurio y maquinaria pesada, o empresas que extraían más oro del legalmente permitido.
Pero la incursión violenta de pandillas como Los Lobos en esta lucrativa industria ilícita ha trastocado la naturaleza de este negocio, convirtiendo la minería ilegal en el último campo de batalla de la prolongada guerra contra el crimen organizado en Ecuador.
“Es parte de la lógica predatoria del crimen organizado […] Cuando va creciendo la capacidad de los grupos criminales, logran desarrollar lógicas de mayor depredación y, obviamente, mayor acumulación de capital” dijo Luis Córdova, director del programa de investigación Orden Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, a InSight Crime.
Las pandillas se vuelven más audaces
Más que ninguna otra pandilla, Los Lobos se han labrado un papel en la minería ilegal de Ecuador utilizando la violencia extrema. Empiezan como parásitos, extorsionando a las minas legales y a los mineros irregulares antes de apoderarse por completo de las operaciones.
Esta evolución forma parte de un impulso mayor por diversificar su cartera criminal, tras romper filas y surgir como una facción separada de la pandilla de Los Choneros. En los últimos años, los grupos criminales de Ecuador, cuyo poder y sofisticación creció gracias a su participación en el narcotráfico, iniciaron un proceso de diversificación criminal impulsado por una combinación de mayores esfuerzos gubernamentales contra el tráfico de drogas y la fragmentación de las pandillas.
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La minería ilegal ofrece una fuente alternativa de ingresos con importantes beneficios. En 2022, esta economía ilícita movió entre US$800 millones y US$1.000 millones, según una estimación del exministro de Energía de Ecuador. La magnitud del dinero en juego ayudó al grupo a lavar recursos procedentes de otras economías criminales, principalmente el narcotráfico.
También hay menos riesgos de ser atrapados en la minería ilegal respecto al tráfico internacional de drogas, dada la limitada capacidad institucional del Estado.
«El oro, y su extracción ilegal, no es directamente atacado [por el gobierno], ni con los mismos recursos que usan [contra el] tema de las drogas» dijo Lorena Yael Piedra, exfuncionaria de inteligencia y presidenta de la Asociación de Estudios Internacionales de Ecuador, a InSight Crime.
Según los expertos, el modus operandi de Los Lobos consiste en empezar desde lo mínimo. Comienzan ofreciendo protección armada a grupos de mineros irregulares o cobrando a las concesiones mineras legales una pequeña cuota de extorsión, o vacuna. Después, la extorsión se vuelve más agresiva. Obligan a los mineros irregulares a entregar un porcentaje de su botín diario o secuestran a los propietarios de minas legales a cambio de cuantiosos rescates.
En última instancia, el objetivo de Los Lobos es el control total. Se apoderan de las concesiones mineras legales existentes, sus operaciones, sus equipos y expulsan a los propietarios mientras se quedan con los beneficios. Cuando se enfrentan a la resistencia, Los Lobos responden con el tipo de brutalidad que mostraron en Camilo Ponce Enríquez, el pueblo minero donde las autoridades rescataron a los mineros secuestrados a principios de julio.
“Son señales” dijo a InSight Crime un experto en minería y antiguo funcionario del gobierno ecuatoriano que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. «Ellos querían generar temor porque les permite tomarse otras minas”.
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Sólo en Camilo Ponce Enríquez, Los Lobos explotan directamente 20 minas, extorsionan a otras 30 empresas mineras privadas y controlan 40 grupos de mineros ilegales conocidos como «sableros», según una investigación conjunta de la Revista Vistazo, Código Vidrio y Ojo Público.
La corrupción también ha facilitado la expansión de Los Lobos en la minería ilegal. Funcionarios estatales corruptos avisan a mineros irregulares y redes criminales de ricos yacimientos de oro listos para explotar o de concesiones legales que han paralizado temporalmente las operaciones, alertándoles de oportunidades para explotar.
Una vez lo hacen, funcionarios policiales, militares y judiciales corruptos protegen la actividad minera ilegal, no actúan ante las denuncias de la comunidad y avisan a los mineros ilegales sobre operaciones de seguridad planeadas contra ellos, según diversas investigaciones de medios de comunicación ecuatorianos y regionales y expertos que hablaron con InSight Crime.
«¿Por qué los [grupos de crimen organizado] están en la minería ilegal? porque funcionarios corruptos les invitaron» dijo el experto en minería y exfuncionario gubernamental a InSight Crime.
La fiebre del oro se extiende
Desde que las pandillas de Ecuador se involucraron visiblemente en la minería ilegal en los últimos años, su presencia violenta se ha extendido desde el norte hacia el sur del país, en las provincias de El Oro y Azuay, y hacia el este, en la Amazonía.
La participación de las pandillas en la minería ilegal empezó a ser noticia luego de que en 2019 las fuerzas de seguridad allanaran y desmantelaran un enorme campamento minero ilegal en La Merced de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Imbabura.
El campamento, que había crecido durante un período de dos años, estaba formado por asentamientos irregulares conocidos colectivamente como «Ciudad de Plástico». Albergaba a más de 2.000 mineros irregulares de todo Ecuador y del extranjero, según un informe oficial obtenido por InSight Crime. La demanda de drogas por parte de los mineros para ayudarles a soportar la agotadora carga de trabajo fue lo que atrajo originalmente a los criminales. Pronto empezaron a extorsionar a lugareños y mineros, según informaron en su momento los medios de comunicación.
El gobierno de Ecuador respondió en julio de 2019 con una operación masiva, en la que participaron miles de policías y militares, que desmanteló la Ciudad de Plástico y expulsó temporalmente a los mineros de la zona.
Aunque en ese momento no se mencionó ningún grupo criminal específico, el experto en minería y exfuncionario del gobierno dijo a InSight Crime que Los Lobos iniciaron en la minería ilegal a raíz de esta operación.
En 2022, más de 1.000 mineros ilegales volvieron a La Merced de Buenos Aires, esta vez bajo el control de Los Lobos. El grupo extorsionaba a cada minero con el 10% del valor de su extracción, aunque no está claro si se pagaba en efectivo o en oro. La operación gubernamental también desplazó a los mineros irregulares hacia el sur y el este. Los Lobos les siguieron.
Las provincias sureñas de Azuay y El Oro, que durante mucho tiempo han sido bastiones de la minería legal, son actualmente los epicentros de la minería ilegal en Ecuador. Desde 2022, Los Lobos han desatado una violencia desenfrenada contra las comunidades mineras tradicionales de esta zona. Antes del secuestro en julio de los mineros en Camilo Ponce Enríquez, por ejemplo, se les relacionó con múltiples masacres e incluso asesinaron a un alcalde local presuntamente corrupto que estaba implicado en la minería ilegal.
Otros mineros desplazados de Buenos Aires emigraron al este, donde empezaron a explotar partes de la Amazonía en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, con consecuencias medioambientales devastadoras, desde la erosión del suelo hasta la contaminación de los ríos.
Pronto se les unieron otras pandillas. Entre ellas Los Choneros, principal rival de Los Lobos, que también han extendido sus actividades mineras ilegales a la preciada región amazónica de Ecuador.
En mayo de este año, las fuerzas militares detuvieron a 22 presuntos miembros de Los Choneros en una redada en un campamento minero ilegal en la provincia de Orellana. Poco después, una investigación del medio ecuatoriano Plan V descubrió que se habían extendido aún más a la provincia de Sucumbíos.
