Claire McCleskey, exdirectora de la división de cumplimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conversó con Deborah Bonello, editora general de InSight Crime, sobre qué cambia realmente para las empresas la designación de otras 21 organizaciones criminales de América Latina y el Caribe como organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO), y por qué las herramientas de lucha contra el terrorismo podrían no ser las más adecuadas para combatir a grupos criminales que están profundamente integrados en la economía legal.
McCleskey es cofundadora de Clarity Compliance Consulting, una firma de asesoría en materia de sanciones, y cuenta con una amplia trayectoria en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dirigió la División de Cumplimiento de la OFAC y fue asesora principal de políticas de esa oficina, donde participó en la implementación de medidas como el tope al precio del petróleo ruso. Anteriormente, dirigió investigaciones en la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) y fue agregada de esa agencia en México. Comenzó su carrera profesional en InSight Crime.
Estas son cuatro de las principales conclusiones de la conversación.
1. Los riesgos en las cadenas de suministro suelen estar fuera del control directo de las empresas
Una de las principales preocupaciones de las empresas con las que McCleskey ha conversado en México y Colombia es que sus contratistas, subcontratistas y proveedores de servicios logísticos puedan estar pagando extorsiones para permitir el paso de camiones o garantizar la seguridad de las mercancías y del personal, sin que las empresas que los contratan tengan conocimiento de ello. En otras palabras, el riesgo suele concentrarse en estos proveedores, que son más vulnerables a la presión de los grupos criminales.
2. Las empresas no quieren saber qué está ocurriendo realmente
Los bancos y las grandes multinacionales ya venían prestando atención a este problema. Muchas otras empresas, especialmente las que no son estadounidenses y tienen una exposición más indirecta, esperan a que surja algún inconveniente antes de actuar. Entre los factores que las disuaden figuran los costos de cumplimiento normativo, la información incompleta sobre los beneficiarios finales de las empresas y la percepción de que la aplicación de las sanciones es impredecible. Algunas incluso evitan realizar evaluaciones de riesgo precisamente porque identificar un problema las obligaría a tomar medidas para resolverlo.
3. Los carteles plantean un desafío muy distinto al de los grupos terroristas
Las herramientas para combatir el financiamiento del terrorismo fueron diseñadas para enfrentar a organizaciones capaces de causar enormes daños con relativamente poco dinero. Los carteles plantean el problema contrario: están profundamente integrados en la economía legal.
McCleskey explica que organizaciones criminales mexicanas como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se benefician del contrabando de combustibles en México, una actividad que no está relacionada con las drogas, sino con un esquema de fraude fiscal que aprovecha el sistema de permisos.
Según su análisis, las autoridades recurrieron a las herramientas antiterroristas para aumentar el efecto disuasorio y endurecer las sanciones, no porque consideraran que fueran las más adecuadas para enfrentar a estas organizaciones.
4. Se esperan más designaciones y posiblemente un caso penal
McCleskey prevé nuevas designaciones de redes criminales y considera posible que se presente el primer caso civil o penal contra una empresa por proporcionar apoyo material a una organización designada como terrorista, aunque estos procesos pueden tardar años en desarrollarse.
Sin embargo, lo más revelador será observar a quiénes deciden investigar y sancionar la OFAC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), ya que estas decisiones permitirán identificar las verdaderas prioridades de las autoridades estadounidenses.
En su opinión, la OFAC tiene actualmente dos prioridades: Irán y el narcotráfico. Cualquier avance significativo en el frente iraní podría hacer que la atención de la agencia volviera a concentrarse en ese país.
Desde febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a 21 organizaciones de América Latina como organizaciones terroristas extranjeras. Anteriormente, Sendero Luminoso, de Perú, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia, habían recibido esta designación en octubre de 1997. Posteriormente, en diciembre de 2021, fueron designadas la Segunda Marquetalia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
