El nuevo presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ganó las elecciones prometiendo devolver a Panamá a sus años de prosperidad económica. Pero la lucha contra el narcotráfico y el crimen de cuello blanco podrían suponer un gran reto.

Mulino ganó las elecciones presidenciales del 5 de mayo con el 34% de los votos, superando a otros siete candidatos.

Los electores “confiaron en nuestra propuesta porque tenían esperanzas de salir del hueco en que los últimos 10 años los han metido”, dijo Mulino en su discurso de victoria.

Inicialmente, Mulino era la fórmula vicepresidencial del expresidente Ricardo Martinelli, de quien Mulino fue ministro de seguridad. Pero en marzo, el tribunal electoral de Panamá declaró inadmisible la candidatura de Martinelli como consecuencia de su condena por lavado de dinero en 2023.

Mulino ocupó su lugar y, tras enfrentarse a un recurso de inconstitucionalidad contra su candidatura, fue autorizado a participar en las elecciones el 3 de mayo, apenas dos días antes de los comicios. Martinelli, que era el favorito en las encuestas cuando fue inhabilitado, hizo campaña en favor de Mulino a través de un video desde la embajada de Nicaragua, desde donde intenta eludir la detención por parte de las autoridades panameñas.

Durante la campaña, el presidente electo propuso estrategias de seguridad duras contra el crimen, purgas anticorrupción y medidas enérgicas contra la migración irregular a través de la frontera sur con Colombia.

A continuación, InSight Crime analiza tres retos de seguridad a los que se enfrentará Mulino cuando asuma el cargo el 1 de julio.

Pandillas y prisiones

Los grupos criminales panameños han intentado mantener un perfil bajo, pero la nueva administración se enfrentará a desafíos relacionados con su creciente sofisticación, así como a problemas estructurales en el sistema penitenciario.

A lo largo de su carrera política, Mulino ha recurrido a estrategias de “mano dura” para hacer frente a la delincuencia en Panamá. Durante su mandato como ministro de seguridad, el gasto público en seguridad se disparó, mientras que la tasa de homicidios se redujo de 23 por cada 100.000 habitantes en 2009 a 15 por cada 100.000 en 2014.

En comparación con el resto de la región, en Panamá los homicidios se han mantenido bajos. Las autoridades registraron una tasa de homicidios de 11,5 por 100.000 habitantes en 2023, equiparable a la de países como Uruguay y República Dominicana.

Los bajos niveles de violencia son parte de una estrategia de negocios concertada por los grupos criminales de Panamá, explicó a InSight Crime Julio Alonso, experto panameño en seguridad.

“Muchos de ellos han se han mantenido de bajo perfil, para evitar que las autoridades tomen más acciones [en su contra]”, afirmó.

Calor Calor y Bagdad, las dos principales federaciones de pandillas rivales del país, se han vuelto más sofisticadas en los últimos años, avanzando en la cadena de suministro para negociar cargamentos de droga fuera del territorio panameño.

“El [narco] panameño está creciendo,” dijo Alonso a InSight Crime. “Ya está comprando drogas directamente en Colombia, haciendo negocios para amarrar a sus narcotraficantes con Panamá”.

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Las pandillas controlan el sobrepoblado y desfinanciado sistema penitenciario panameño, convirtiéndolo en un refugio para las operaciones delictivas y el reclutamiento, más que un elemento disuasorio.

La población carcelaria de Panamá creció casi un 50% entre 2012 y 2024, de acuerdo con el director de prisiones del país. Su tasa de encarcelamiento ha alcanzado alrededor de 566 por cada 100.000 habitantes en 2024, superando a otras naciones inmersas en crisis penitenciarias como Paraguay (194) y Ecuador (176). Los presos panameños viven a menudo en condiciones lamentables, con una población que supera la capacidad de las cárceles en un 63%.

En enero, el gobierno anunció una inversión de 86 millones de dólares para la construcción de una nueva prisión, con la esperanza de aliviar el hacinamiento en otras instalaciones. Pero Mulino ya ha prometido dar prioridad a una serie de costosos proyectos de infraestructura, como trenes y puentes, de modo que no está claro si tendrá el dinero o la disposición política necesarios para reformar el sistema penitenciario.

Delitos de cuello blanco

La relación de Mulino con el expresidente Martinelli podría suponer un cambio de rumbo en los recientes esfuerzos de Panamá por reforzar la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.

Los panameños consideran que la corrupción es el mayor problema del país, incluso más que la inseguridad y la desigualdad, según una encuesta reciente. Los ocho candidatos, incluido Mulino, prometieron tomar medidas contundentes contra la corrupción una vez asumieran el cargo.

Sin embargo, Mulino no es considerado un gran defensor de la lucha contra la corrupción. Mantiene una estrecha relación con Martinelli, a quien Estados Unidos ha acusado de “participar en actos de corrupción significativos” por su vinculación con una serie de escándalos. El propio Mulino fue encarcelado por malversación de fondos en 2015, antes de ser liberado seis meses más tarde después de que errores de procedimiento anularan el caso en su contra.

“Es muy duro que haya un ambiente diferente o más positivo en lucha contra la corrupción por la historia que traen estos personajes”, dijo a InSight Crime Carlos Barsallo, abogado y expresidente de Transparencia Internacional Panamá.

Panamá ha implementado mejoras considerables en las normas de prevención del lavado de dinero desde el infame escándalo de los Papeles de Panamá de 2016, una filtración masiva de documentos financieros que detallaban el blanqueo de dinero a gran escala a través de Panamá.

El país cuenta ahora con un registro de beneficiarios finales, que dificulta la creación de empresas ficticias por parte de actores corruptos y criminales para lavar dinero. En marzo, la Unión Europea retiró a Panamá de su lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales, citando su “marco jurídico y normativo reforzado” para combatir esta economía criminal.

Pero las leyes son solo una cara de la moneda. La corrupción, un sistema judicial lento y una falta general de voluntad política han impedido la aplicación efectiva de las nuevas normas. Los juicios por los Papeles de Panamá, por ejemplo, acaban de iniciarse, ocho años después de que el caso saliera a la luz.

“Es bueno tener las leyes… Sin embargo, esa es la primera etapa inicial de un largo proceso”, dijo Barsallo a InSight Crime.

Tráfico de migrantes

Las cifras récord de migrantes que cruzan el tapón del Darién, un tramo de selva ubicado en la frontera entre Panamá y Colombia, han sido aprovechadas por la delincuencia organizada en ambos países.

La situación en el lado panameño de la frontera es caótica. Pequeños grupos, formados principalmente por lugareños, roban, secuestran y perpetran actos de violencia sexual contra los migrantes.

En respuesta a este problema, Mulino ha hecho campaña para “cerrar” el tapón del Darién. “[Los migrantes] tienen que entender que Panamá no es un país de tránsito”, dijo durante una reciente visita a la región.

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Pero los esfuerzos para cerrar la frontera no abordan los problemas de fondo de la migración a través de Panamá, dijo Juan Pappier, subdirector del programa de las Américas de Human Rights Watch.

“Tratar de dificultar aún más el cruce por el tapón del Darién obligará a muchos a arriesgar sus vidas en otros caminos más peligrosos”, afirmó. “Panamá tendrá aún menos control sobre lo que está ocurriendo”.

La falta de una fuerza que controle el lado panameño también plantea el riesgo de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que controlan el lado colombiano de la frontera, intenten ampliar su influencia en Panamá.

Imagen principal: El presidente electo José Raúl Mulino con el expresidente Ricardo Martinelli durante la campaña presidencial. Crédito: Martin Bernetti, AFP