El desmantelamiento silencioso de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de alimentos subsidiados, pone fin a uno de los entramados de corrupción que mejor representó la confluencia entre el crimen organizado y el Estado venezolano.
El programa CLAP fue creado en 2016 durante el gobierno del expresidente Nicolás Maduro, en medio de una grave crisis económica y una escasez generalizada de alimentos. Durante la década siguiente, cajas con productos básicos como fríjoles, pasta y aceite fueron distribuidas periódicamente por todo el país.
Según medios de comunicación locales y tanto beneficiarios como proveedores de los CLAP entrevistados por InSight Crime, las cajas comenzaron a llegar con retrasos cada vez mayores en agosto de 2025, hasta que dejaron de distribuirse por completo a comienzos de 2026.
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Aunque el gobierno no anunció de manera oficial el fin del programa, el gobierno interino de Delcy Rodríguez Rodríguez ha comenzado a implementar nuevas iniciativas de asistencia alimentaria, como tiendas de alimentos que ofrecen productos a bajo costo.
La aparente desaparición del programa de subsidios alimenticios marca el final de una época en la que el hambre fue explotada e instrumentalizada tanto por redes de corrupción dentro del Estado como por grupos criminales aliados e híbridos, los cuales fortalecieron su poder gracias a las cajas de alimentos que obtenían.
Los CLAP y el Estado criminal híbrido
Aunque los CLAP servían principalmente como una iniciativa para llevar alimentos a una población empobrecida, no tardaron en convertirse en un ingreso paralelo para grupos criminales y en una herramienta de control social. Esta condición los posicionó como una pieza importante del modelo de Estado híbrido desarrollado durante el gobierno de Maduro.
Funcionarios chavistas y empresarios con conexiones políticas utilizaron el programa CLAP tanto para enriquecerse ilícitamente como para desarrollar complejos esquemas de lavado de dinero. Una de las figuras más emblemáticas de este entramado fue Alex Saab, un empresario colombiano señalado como testaferro de Maduro y acusado en Estados Unidos de lavado de dinero relacionado con el programa CLAP.
Bajo Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas, el programa CLAP compraba alimentos y armaba los paquetes en otros países, como México, antes de importar las cajas completas a Venezuela, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Empresas estatales venezolanas presuntamente compraban las cajas a precios exorbitantemente inflados, lo que beneficiaba a Saab, Pulido y otras personas involucradas.
Los fondos utilizados para adquirirlas también habrían servido para implementar complejos esquemas de sobornos y comisiones ilegales en todo el país. Con mucha frecuencia, los alimentos no eran aptos para el consumo y, en otros casos, contenían ingredientes distintos a los indicados en las etiquetas, según una serie de investigaciones del medio de investigación Armando.info.
El gobierno de Maduro también permitió que grupos criminales aliados distribuyeran las cajas CLAP, en beneficio tanto del Estado como de los propios grupos.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla binacional con operaciones en Colombia y Venezuela, utilizó el programa CLAP como herramienta política. En 2018, la organización no gubernamental venezolana Fundación Redes denunció que el ELN controlaba la distribución de las cajas CLAP en municipios fronterizos con Colombia y pegaba etiquetas con mensajes a favor del grupo en los paquetes antes de entregarlos.
Bandas criminales, como la de Carlos Capa y el Tren de Aragua, también pudieron distribuir las cajas CLAP para obtener ganancias. Según Transparencia Venezuela, una organización no gubernamental venezolana que opera desde el exilio, el Tren de Aragua controlaba al menos 66 localidades de distribución de los CLAP por medio de su Fundación Somos al Barrio JK. En lugar de repartir las cajas al precio subsidiado, los grupos criminales exigían pagos más elevados por ellas.
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Los colectivos, grupos civiles armados afines al gobierno, utilizaron las cajas CLAP con fines tanto criminales como políticos, como por ejemplo, la manipulación de votantes a favor del chavismo. Para ello, durante las elecciones, ubicaban deliberadamente junto a los centros de votación la infraestructura de distribución de alimentos en “puntos rojos”, como eran llamados los puestos donde los venezolanos podían renovar su “Carnet de la Patria”, necesario para acceder a las cajas CLAP. De esta manera, el gobierno de Maduro delegó la coerción política a terceros.
Aunque las cajas llegaron a ser una fuente tanto de ingresos como de propaganda para estos grupos, es poco probable que su desaparición afecte de manera significativa sus operaciones. Muchas de las bandas que anteriormente distribuían las cajas han sido desmanteladas o considerablemente debilitadas por el gobierno. Además, el ELN cuenta con fuentes de ingresos diversificadas, entre ellas la minería ilegal de oro, el tráfico de drogas y la extorsión, por lo que no depende de los ingresos provenientes de los CLAP. Los colectivos, que tradicionalmente han dependido en gran medida de unos recursos estatales cada vez más escasos, probablemente sean los más afectados por el fin del programa. La desaparición de los CLAP podría aumentar su creciente dependencia de la extorsión y otras economías criminales para compensar la pérdida de ingresos.
