En la madrugada del 23 de septiembre de 2023, convoyes con hasta 11.000 agentes de seguridad, algunos en vehículos blindados y fuertemente armados, llegaron al estado Aragua, en el centro-norte de Venezuela, con la misión de retomar el control del Centro Penitenciario de Aragua. La cárcel, conocida popularmente como Tocorón, fue la más famosa y violenta del país, y el principal santuario y centro de operaciones del Tren de Aragua.

Los agentes ingresaron a la prisión y comandos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) colocaron explosivos plásticos en las rejas de las celdas a las que no pudieron acceder por otros medios.

El despliegue sin precedentes de las fuerzas de seguridad fue innecesario. Los criminales que anidaban en los muros de Tocorón no opusieron resistencia. Principalmente, porque la cúpula del Tren de Aragua se había ido hacía tiempo. Para el final de la tarde, los reclusos habían sido trasladados a otras prisiones sin contratiempos.

Los hechos contrastaron enormemente con una intervención carcelaria anterior. Más de una década antes, en 2011, se desplegaron 5.000 oficiales para retomar el complejo penitenciario de El Rodeo, entonces la prisión más violenta de Venezuela, ubicada en las afueras de Caracas y controlada por bandas criminales. Solo después de una docena de muertes y negociaciones intensas que se extendieron por más de un mes, el gobierno logró recuperar el control.

Tras la redada en Tocorón, ninguno de los miembros clave del Tren de Aragua, en particular su máximo líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, fue encontrado en las celdas. La cúpula de la banda ya había abandonado la prisión, tras ser alertada de la inminente operación. Fuentes dentro del penal dijeron a InSight Crime que Niño Guerrero había impuesto un toque de queda durante tres días antes de la toma militar y que, en ese tiempo, las armas, el dinero y las personas salieron de la cárcel por un túnel.

Un día después de haber intervenido la prisión de Tocorón, el entonces ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, se paró frente a sus puertas y anunció el final del grupo que operaba allí. “Todas esas estructuras que se autodenominaban pranato han quedado totalmente desmanteladas. Inclusive existían con un nombre, como llamaban el Tren de Aragua, no existen. El Tren de Aragua no existe”.

La toma de la prisión fue un duro golpe para el Tren de Aragua, que ya contaba con células en Colombia, Perú y Chile. El corazón del grupo había dejado de latir.

La violencia que acompañó la expansión del Tren de Aragua por América Latina generó pánico en toda la región. La razón de la operación en Tocorón fue probablemente que la banda venezolana se había convertido en una fuente de vergüenza para el régimen de Maduro, que tuvo que responder a las quejas internacionales.

“Había presión externa desde Colombia. No era lo mismo que el reclamo viniera del gobierno [del expresidente colombiano] Iván Duque, a que viniera [del presidente colombiano] Gustavo Petro y [del presidente chileno] Gabriel Boric. Yo pienso que allí hubo una presión muy importante”, dijo a InSight Crime Javier Mayorca, consultor en temas de seguridad de Venezuela.

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Antes de la toma de Tocorón, el Tren de Aragua había sido un ejemplo paradigmático de gobernanza híbrida, en el que el gobierno venezolano buscó alianzas con grupos criminales para mantener el control en áreas donde era débil, como las prisiones. Bajo el sistema del pranato, el Estado cedió el control de las cárceles a los pranes para mantener el orden y evitar una repetición del fiasco de la cárcel de El Rodeo.

Sin embargo, la creciente fama del Tren de Aragua en las Américas se había convertido en una fuente de incomodidad internacional para el régimen del presidente Nicolás Maduro. Además, con las elecciones presidenciales a la vista, pocas cosas rinden mejor que operaciones espectaculares de las fuerzas de seguridad.

Sacrificar Tocorón sirvió como la excusa perfecta para que el gobierno expulsara las facciones del Tren de Aragua que ya no le eran útiles y calmara las exigencias internacionales de acción contra la banda. Con la presión internacional aliviada, Maduro pudo concentrarse en su candidatura presidencial.

El fin de la era de Tocorón

La intervención de Tocorón fue una herida letal para la estructura del Tren de Aragua en Venezuela. La banda moldeó a la prisión en su centro logístico, desde cuya seguridad podían coordinar a sus integrantes y sus movimientos por el mundo. Para ellos, Tocorón era su zona segura. La llamaban “Casa Grande”.

La primera pérdida fue para las finanzas de la banda. La prisión era en sí misma una fuente de ingresos. Los reclusos debían pagar cuotas regulares de extorsión, conocidas como la “causa”, que representaban una importante entrada de dinero para la organización. Solo por su recaudación, se estima que el Tren de Aragua obtenía aproximadamente US$2,8 millones al año. Los prisioneros también podían pagar sumas adicionales para acceder a privilegios, como mejores alojamientos o permisos para salir del penal.

La caída de Tocorón marcó el fin del monopolio que el grupo ejercía sobre las múltiples economías criminales en Aragua. Desde el interior de la prisión, los criminales orquestaban extorsiones y secuestros, tanto de personas como de vehículos. En muchos casos, los familiares de las víctimas debían acudir a la prisión para pagar el rescate. Quienes sufrían el robo de sus vehículos, podían visitar Tocorón para negociar su recuperación, a cambio de un pago a la banda.

Asimismo, los reos operaban delitos informáticos y estafas a través de WhatsApp y Facebook, y obtenían ganancias del microtráfico de drogas que vendían tanto al interior de la cárcel como en los barrios de Aragua. 

Tocorón también era un centro de reclutamiento y entrenamiento. Quienes engrosaban sus filas provenían en su mayoría de la población carcelaria que ingresaba al penal, los cuales eran seleccionados con sumo cuidado. Al menos dos antiguos miembros del Tren de Aragua entrevistados por InSight Crime afirmaron que la banda buscaba perfiles específicos para reclutar a miembros, desde personas con conocimientos en informática hasta expertos en administración y contaduría. Fuentes policiales entrevistadas bajo anonimato agregaron que la banda escogía previamente a los reclusos que las autoridades judiciales podían enviar a la cárcel.

Así, el grupo consiguió una línea de lugartenientes, o “luceros”, como son conocidos los líderes medios, entrenados por ellos mismos en Tocorón, dispuestos a cumplir las órdenes de los cabecillas, y quienes luego podrían liderar los esfuerzos expansivos de la organización en el exterior.

La prisión también sirvió de refugio para los criminales más poderosos y peligrosos del país. José Ángel Santana, alias “El Santanita”, uno de los lugartenientes de la banda y otrora líder de un grupo criminal en el estado Lara, se resguardó en Tocorón cuando las autoridades lo persiguieron por una serie de secuestros y extorsiones, según múltiples fuentes en ambos estados. Carlos Luis Revette, alias “El Koki”, el líder de la banda criminal que controlaba la Cota 905, uno de los más conocidos barrios de Caracas, también habría pasado un tiempo en la prisión tras haber sido desplazado de su territorio en una masiva operación de seguridad en la capital.

A casi dos años de la intervención penitenciaria, es claro que la banda ha perdido control de gran parte de los territorios que dominaba en Venezuela. Varios de los líderes de las bandas satélites del Tren de Aragua huyeron del estado junto a los miembros de Tocorón, y aunque a través de mensajes de WhatsApp prometieron regresar, su ausencia prolongada debilitó a las estructuras locales. Desde entonces, algunos de sus encargados han caído en enfrentamientos ante las continuas operaciones de la fuerza de seguridad local. 

Sin embargo, en barrios como San Vicente, donde la banda estableció su centro de operaciones extramuros cerca de 2015, y donde implementó un férreo control social, la presencia del grupo se mantiene. Remanentes de la banda de “El Flipper”, nombrada así por el alias de su líder, Kenferson Sevilla Arteaga, han mantenido su influencia gracias a vínculos con organizaciones locales, según testimonios recogidos por InSight Crime en marzo de 2024. De hecho, las autoridades sospechan que la banda está detrás del asesinato de Gabriel Sarmiento, quien denunciaba actividades del Tren de Aragua en redes sociales, ocurrido en Maracay, capital de Aragua, en junio de 2025.

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A nivel nacional, el retroceso del Tren de Aragua ha sido evidente. Si bien el grupo permanece activo en el departamento colombiano de Norte de Santander, del lado venezolano de la frontera, en el estado Táchira, su intento de establecerse allí falló, ya que no podían competir contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero colombiano, que controla la zona. En los estados Lara y Carabobo, las operaciones del Tren de Aragua estuvieron limitadas por la persecución contra el líder local, El Santanita. En la costa de Sucre, donde se hallaba una de sus células más estratégicas, la banda parece haber sido desmantelada tras la captura en marzo de 2024 en La Guajira colombiana de su líder Carlos Antonio López Centeno, alias “El Pilo”, mientras intentaba traficar tres toneladas de marihuana.

La pérdida del patrocinio estatal

El Tren de Aragua originalmente logró expandir su poder gracias a vínculos con actores políticos y estatales. Sin embargo, con la toma de Tocorón, el régimen de Maduro anunció que esos días habían llegado a su fin.

La operación Cacique Guaicaipuro arrestó a la directiva de la cárcel de Tocorón por supuestamente informar a los líderes del Tren de Aragua del operativo. Varios custodios también fueron encarcelados por su colaboración, y otros 50 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron supuestamente investigados por su presunta vinculación.

Estos funcionarios eran apenas el eslabón más bajo de la cadena de mando. Sobre ellos pesa la autoridad del Ministerio Penitenciario, que entregó la gestión de las cárceles a los líderes criminales en primer lugar. La encargada principal en esta época, Iris Varela, fue apartada del cargo en 2017, y de su administración quedó poco tras fuertes cambios implementados por el ala militar que posteriormente tomó el control.

Uno de los primeros actores que contribuyeron al crecimiento del Tren de Aragua fue Tareck El Aissami, quien fue gobernador de Aragua entre 2012 y 2016. El Aissami promovió la expansión de la banda como parte de su ascenso a las altas esferas del poder político. Posteriormente, se convirtió en vicepresidente y ocupó importantes cargos económicos hasta su caída en 2023, cuando la Fiscalía General de Venezuela anunció una investigación por corrupción que derivó en su arresto en 2024, apenas unos meses antes de la toma de Tocorón.

Incluso antes de perder a El Aissami, el Tren de Aragua ya no tenía tantos aliados. Figuras locales significativas para la impunidad de sus operaciones habían sido destituidas en escándalos anteriores. Uno de ellos, el exalcalde del municipio Santos Michelena de Aragua, Pedro Hernández, fue detenido en marzo de 2023 por sus vínculos con la banda de El Conejo, otra facción del Tren de Aragua, en el pueblo de Las Tejerías.

La caída progresiva de sus principales aliados políticos debilitó fuertemente al Tren de Aragua ante las presiones políticas internacionales que, entre otros factores, marcaron el final de un largo capítulo para la banda. 

La toma de Tocorón marcó una transformación definitiva para el Tren de Aragua: de ser un grupo criminal patrocinado por el Estado, pasó a convertirse en enemigo del Estado. Esto ha debilitado considerablemente a la banda en Venezuela.

¿Dónde terminaron Niño Guerrero, el dinero y las armas de Tocorón? El pran de Tocorón decidió reunirse con su viejo amigo y cofundador del Tren de Aragua, Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”. Es probable que haya dejado Tocorón, junto a su círculo cercano, armas y dinero, y se haya dirigido al estado Bolívar, al pueblo de Las Claritas, para encontrar refugio y reagruparse.