Al menos el 70% de Guyana está cubierta por espesa selva amazónica, haciendo de esta pequeña nación un territorio difícil de controlar. Las porosas fronteras que comparte con Venezuela y Brasil, dos países claves para el tráfico de drogas, sumadas a la profunda corrupción, han convertido a la antigua colonia británica en una plaza estratégica para el crimen organizado.

Geografía

Guyana es un país pequeño y poco poblado situado en la costa nororiental de Suramérica. Limita al oeste con Venezuela, al oeste con Brasil y Surinam, y al norte con el océano Atlántico. 

La densa selva que cubre el territorio de Guyana ha servido como un manto que resguarda y facilita economías ilegales como el tráfico de drogas. Además, su riqueza en biodiversidad y mineral ha dado lugar a delitos ambientales, como el tráfico de fauna y la minería ilegal de oro y mercurio.

Su ubicación estratégica, donde se encuentran la selva y el mar, han hecho de Guyana un país de tránsito para el envío de cocaína hacia el Caribe y Europa. La droga ingresa al país en avionetas que aterrizan en pistas clandestinas construidas en medio de la selva. Arterias fluviales y terrestres que conectan a Guyana con Venezuela y Brasil también son usadas para ingresar cocaína al país.

La droga finalmente es transportada por tierra o vías fluviales hasta el puerto de Georgetown, la capital del país. 

En la frontera con Venezuela, grupos criminales colombianos, brasileños, fuerzas de seguridad venezolanas y otras organizaciones ilegales ejecutan la extracción ilegal de oro. Así mismo, grandes terratenientes se hacen con el control de concesiones mineras que luego subarriendan a mineros informales, lo que ha propiciado la deforestación a lo largo de todo el país.

Debido al alto porcentaje de minería en el país, Guyana también es una ruta de acceso al mercurio ilegal. Aunque su uso no está prohibido en el país, Guyana abastece a Brasil, Surinam y Venezuela, en ocasiones a través de contrabando ilegal proveniente de China. Esto no solo refuerza el tráfico en los países vecinos, sino que también robustece el uso de mercurio en la minería legal que hay en Guyana.

Historia

La inestabilidad política y una presencia fluctuante de organizaciones armadas y criminales, han sido los principales protagonistas en la historia de Guyana. En los últimos años, ambos factores han determinado la posición del país en el panorama criminal de la región.

A pesar de ganar su independencia en 1966, Guyana no tuvo elecciones completamente libres hasta 1992. 

La profunda división política y étnica dio inicio a las llamadas “political gangs”, grupos alineados a uno de los dos partidos dominantes, el Partido Popular Progresista (PPP) y el Congreso Nacional del Pueblo (PNC). 

Esto dio origen a pandillas como la “Five for Freedom”, un grupo creado a partir del escape de prisión de cinco criminales afro-guyaneses en febrero de 2002. Esta rápidamente se vinculó a secuestros, extorsiones y robos.

La respuesta del gobierno liderado por el PPP dio como resultado la creación de grupos paramilitares conocidos como “escuadrones fantasmas” (phantom squads). Algunos de estos grupos fueron dirigidos por líderes criminales como Shaheed «Roger» Khan, el narcotraficante más famoso del país.

A partir de 2006, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) encontró que múltiples incautaciones provenientes de Guyana, estaban poniendo al pequeño país en el mapa del tráfico de drogas transnacional.

Esto provocó que, durante años, Guyana se consolidara como un trampolín para el tráfico de drogas en Suramérica, posición que todavía ocupa.

Desde entonces, el panorama criminal no ha variado significativamente. A pesar de la captura de actores clave en el tráfico de drogas como Roger Khan, el país sigue siendo un punto de tránsito para la cocaína que proviene de la región andina. Esto, además de una inestabilidad política que no ha desaparecido.

Por otra parte, la subida del precio internacional del oro desde 2006 impulsó un acaparamiento de tierras que, según información obtenida en campo por InSight Crime, sigue siendo una dinámica presente en Guyana. 

Grupos criminales

En Guyana, las organizaciones criminales están relacionadas principalmente con el tráfico de drogas, la minería ilegal, el tráfico de armas y el tráfico de fauna. 

Las pandillas locales ocupan la mayor parte del panorama criminal. Sin embargo, ninguna tiene la organización y la fuerza de sus homólogas en Brasil o Venezuela.  

A diferencia de otras pandillas en países vecinos, en Guyana estos grupos carecen de una identidad, códigos o rituales que permita identificarlos. Por el contrario, usualmente responden a un líder local que tiene bajo su mando pocos subordinados, lo cual hace que las afiliaciones y alianzas cambien constantemente. 

Estas pandillas se dedican a delitos comunes como el robo, o simplemente se prestan de manera oportunista para cometer crímenes. Así mismo, pueden participar en operaciones de tráfico de drogas y armas a pequeña escala.

Este tipo de grupos se dedican también al tráfico de fauna, según pudo confirmar InSight Crime durante su visita al país. 

Por otro lado, cuando no son contratadas por organizaciones más grandes para prestar seguridad a cargamentos o movilizar la droga en las ciudades, las pandillas locales se dedican al microtráfico y a un tráfico internacional incipiente que incluye el uso de correos humanos y contrabando aéreo.  

Otros actores, como emisarios colombianos y mexicanos, se dedican a establecer contacto con las organizaciones locales para coordinar actividades de tráfico de droga y armas, entre otras. 

Por otra parte, existen mafias organizadas vinculadas a negocios como la minería de oro, pero que operan de manera legal en el país. Estas se dedican al contrabando de oro y el arrendamiento de concesiones mineras a mineros ilegales e informales que evaden cualquier regulación del gobierno, según pudo conocer InSight Crime en terreno.

Fuerzas de seguridad

Para 2020, la policía de Guyana (Guyana Police Force, GPF) solo contaba con 4.600 efectivos, un número insuficiente para vigilar todo el país, según el entonces presidente David Granger. Así mismo, el país cuenta con una Fuerza de Defensa de Guyana (Guyana Defense Force, GDF) que depende del Consejo de Defensa del país y cuenta con 3.428 efectivos.

Para complementarlas, existen los Grupos de Policía Comunitaria (Guyana Community Police, GCP). Formados en 1986, los CPG son grupos policiales de barrio que realizan patrullas y alertan al GPF de la actividad delictiva. Estas unidades, junto con la GPF, han sido vinculadas múltiples veces con organizaciones criminales con las que establecen acuerdos criminales de cooperación.

Al tiempo, la percepción generalizada de que las fuerzas de seguridad cometen regularmente violaciones a los derechos humanos, es otra de las características de estos organismos en el país.

También existen unidades dedicadas al combate del crimen organizado, como la Unidad Aduanera de Lucha contra las Drogas (Customs Anti-Narcotics Unit, CANU) y el Centro Nacional de Inteligencia (National Intelligence Centre, NIC). 

Sistema judicial

El poder judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales federales de apelación y los tribunales locales de primera instancia.

A pesar de las garantías constitucionales de un poder judicial independiente, el poder judicial se ha visto afectado negativamente por las divisiones políticas de base étnica en el país. Desde 1980, tanto el PPP como el PNC han aprovechado sus mandatos para llenar los tribunales de partidarios, y el poder judicial tiene dificultades para servir de control efectivo al poder ejecutivo o al legislativo.

Durante su visita a Guyana, InSight Crime constató en diferentes entrevistas que los organismos judiciales funcionan a través de los tentáculos de la corrupción. Así, personalidades mineras y sus acólitos políticos, han cooptado estas instituciones para ponerlas a su favor. 

Prisiones

Los retrasos y la ineficacia del sistema judicial provocan el hacinamiento en las cárceles. Según World Prison Brief, para 2022 el nivel de ocupación en las cárceles del país superaba un 51% su capacidad máxima. De hecho, alrededor del 27% de los presos siguen esperando su juicio.

Además, muchos funcionarios de prisiones están implicados en episodios de abusos físicos contra los presos y extorsionan a los reclusos a cambio de protección. La corrupción, por su parte, facilita la compra de funcionarios que contribuyen al contrabando de drogas y otros artículos, así como a fugas de presos.