Verdad Abierta presenta una descripción de un pueblo de Colombia que ha sido elegido para ensayar un proyecto piloto de sustitución de cultivos de coca, que cuenta con apoyo internacional y que será gestionado conjuntamente por el gobierno y la guerrilla con el objetivo de generar paz y socavar la principal economía criminal del país.
De la noche a la mañana, el municipio de Briceño pasó de ser un pueblo olvidado enclavado en las montañas del norte del departamento de Antioquia a ser uno de los principales referentes de lo que será el posconflicto en Colombia. Sus pobladores viven ahora entre el escepticismo y el optimismo.
Hace una semana, cuando aparecieron en la escuela del corregimiento Pueblo Nuevo de Briceño, Antioquia, el delegado plenipotenciario de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape’, y el ministro para el postconflicto, Rafael Pardo, la comunidad no ocultó su exaltación. Los protocolos se fueron al traste; los asistentes desobedecieron las indicaciones de mantener el orden y no acercarse a la mesa principal. Una nube de celulares, tabletas y demás dispositivos digitales enfocaron a los protagonistas del evento.
Este artículo fue traducido, editado y publicado con autorización de VerdadAbierta.com. Su contenido no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
La ocasión lo ameritaba. Era la primera vez que un funcionario del Alto Gobierno visitaba esas lejanas tierras del norte antioqueño. Aunque muchos en Pueblo Nuevo crecieron —y han vivido— bajo la influencia de las FARC, nunca habían visto en persona a un histórico comandante de esta guerrilla.
Ante estos visitantes, el corregimiento, cuya población no supera las 400 personas, era un verdadero hervidero humano; allí se concentraron decenas de campesinos provenientes de veredas cercanas y distantes, funcionarios del orden nacional y local, activistas nacionales y extranjeros; y numerosos periodistas, fotógrafos y camarógrafos.
Decenas de asistentes viajaron varias horas por carretera, que más bien parece una trocha heredada de la época de la Colonia, con la intención de conocer, directamente del gobierno nacional y las FARC, el proyecto mediante el cual ambas partes pretenden erradicar de esas tierras un cultivo que ha sido fuente exclusiva de sustento para poco más de 5.000 campesinos durante los últimos 15 años: la hoja de coca.
“No venimos a erradicar, venimos a construir un programa en asocio con las comunidades”, afirmó el comandante guerrilleo Muñoz; a su vez, Rafael Pardo explicó: “desde esta tarde comenzamos a trabajar en construcción de alternativas”.
Según Pardo, la idea es que esta iniciativa arranque en los próximos dos meses y se intervengan cerca de 2.000 familias y unas 727 unidades agrícolas de las veredas Pueblo Nuevo, El Orejón, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos de Chiri, Roblal y Palmichal. El propósito, de acuerdo con el ministro para el postconflicto, es que los campesinos se comprometan con la sustitución y la no resiembra, mientras el gobierno nacional ejecuta un plan de atención inmediata a la vez que se construye con las comunidades el plan de sustitución y desarrollo alternativo.
¿Cuándo floreció el “oro verde”?
Nadie sabe con certeza cómo llegó la hoja de coca a inundar las montañas de Briceño, pero todos apuntan a que fue en esos primeros años de la década del dos mil, cuando germinaron las primeras semillas. José*, quien llegó a estas tierras proveniente del municipio de Amalfi hace ya más de 20 años, contó que, promediando el 2002, un vecino suyo comenzó a sembrar hoja de coca. A la vuelta de un año, todos los pobladores de la vereda abandonaron sus cultivos de yuca, frijol, maíz, caña, para dedicarse al “oro verde”.
“Lo mismo pasó en otras veredas”, agregó el labriego. Así, en un abrir y cerrar de ojos, los cultivos ilícitos se esparcieron como plaga por las 32 veredas de esta localidad, y también en otras. En Briceño pudieron plantarlas sin la amenaza constante de avionetas surcando los aires y soltando glifosato, ni con la imagen de camiones transportando pelotones de erradicadores.
Durante esos primeros años de la década del dos mil, Briceño era un municipio disputado a sangre y fuego por las guerrillas y los paramilitares. De un lado estaba el Frente 36 de las FARC, que hizo del norte de Antioquia un fortín inexpugnable; del otro, el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una máquina de guerra que impuso su ley en los pueblos donde incursionó.
Lo particular del conflicto armado en Briceño es que terminó dividiendo el pueblo: una parte fue ampliamente dominada por los ‘paras’, mientras que otras, más rurales y distantes, continuaron sirviendo de retaguardia de la guerrilla. “Entonces —dijo Carlos— uno sabía que en el pueblo (casco urbano) había que venderle a los ‘paras’. Pero que, si estaba en el monte, había que venderle a la guerrilla. Después de que usted le vendiera a uno de los dos, ya no le podía vender a nadie más”.
Desde entonces, la vida económica del municipio experimentó una profunda transformación. Casi todo comenzó a girar en torno a la hoja de coca. La única estación de gasolina del pueblo comenzó a tener dificultades para satisfacer la alta demanda de combustible, elemento vital para transformar la hoja en pasta. Los arrieros resurgieron de su ostracismo gracias a que se convirtieron en el mejor medio para entrar y sacar de las profundidades montañosas pimpinas, materiales, bultos con la hoja y la pasta de coca.
Fueron tiempos en que la plata, recordó Carlos, se cargaba por bultos: “¡No exagero! En las afueras del pueblo había una casa donde, al final del mes, llegaba un señor que traía la plata en bultos para pagar la pasta (de coca). Y los campesinos hacían fila porque eran muchos. El señor pesaba, sacaba la plata de un bulto y echaba la pasta en otro”.
De una manera u otra, bien por decisión voluntaria o bien porque las circunstancias los obligaron, un alto número de los habitantes de Briceño, cuya población llega a los 8.000 habitantes, han vivido los últimos 15 años de cuenta de la hoja de coca. “Es que en este pueblo por lo menos el 90 por ciento de la gente vive, directa o indirectamente, de la coca. Podría decir que en un 98 por ciento de las veredas hay coca”, admitió José Danilo Agudelo, alcalde de Briceño.
Expectativas de inversión
Para los briceñitas, lo que hoy está ocurriendo en su municipio ha despertado sentimientos encontrados.
“Es que sin darnos cuenta nos volvimos famosos”, exclamó Julio, mientras aguardaba pacientemente la llegada de los delegados del gobierno nacional y la insurgencia. “Primero, nadie sabía que existíamos y ahora todo mundo tiene puestos los ojos sobre nosotros”.
En ello no exageró el labriego. Desde que el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC anunciaron desde La Habana, Cuba, que implementarían, en conjunto con las comunidades campesinas, una iniciativa sui generis para sustituir los cultivos de hoja de coca presentes en Briceño, como parte de las medidas de desescalamiento del conflicto y construcción de confianzas, todas las miradas de la comunidad nacional e internacional se volcaron hacia esta localidad, donde también se viene ejecutando, desde junio de 2015, otro plan piloto: el desminado humanitario.
Aunque anuncios de este tipo apuntan a materializar el anhelo de paz de una comunidad que ha padecido por casi tres décadas el rigor del conflicto armado, entre los briceñitas aún persiste un alto grado de dudas y escepticismo.
“La cosa es tan sencilla que, si acaban con la coca, ¿a quién le vamos a vender nuestros panes, nuestros productos, si aquí lo que mueve todo es la coca?”, señaló Judy Elena Posada, representante legal de la Asociación de Mujeres de Briceño (Asomubri). Dicha asociación, creada hace 15 años con la intención de trabajar con las mujeres del municipio, hoy interviene a 700 mujeres de las áreas rurales y urbanas, quienes vienen trabajando en proyectos productivos, principalmente de panadería, costura y organización de eventos.
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Ignacio Jaramillo, presidente de la Asocomunal de Briceño, dice que acabar con la economía ilegal no es suficiente: “Lo que trae la paz es que los campesinos tengan de verdad calidad de vida”.
Fabio Muñoz, líder comunitario, dijo que los campesinos de la zona necesitan más información sobre los acuerdos de paz y sus implicaciones.
“Basta con que miren las vías de nuestro municipio”, dijo Muñoz. “Si no hay mejoramiento de vías, la sustitución de cultivos será un fracaso. Si no hay cómo sacar productos del campo, la gente volverá a la coca”, declaró.
¿Cómo se hará?
Pese a los anuncios formulados conjuntamente por guerrilla y gobierno nacional, entre los asistentes quedó la sensación de que aún nada está claro. Se tiene certeza, eso sí, de que ambas partes trabajarán conjuntamente con las comunidades campesinas en el diseño de una ruta que logre satisfacer las necesidades de los campesinos que hoy derivan su sustento de la hoja de coca y que a la vez acabe con una de las principales fuentes de financiación del conflicto armado de Colombia.
También hay certeza de que el plan piloto que comenzará a rodar en pocos meses en Briceño será una experiencia novedosa en materia de lucha contra cultivos ilícitos, que contará con el acompañamiento de entidades que generan confianza en la opinión pública, como lo es la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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Sin embargo, no será tarea fácil. Para Gabriel Sánchez, coordinador de la Asociación de Campesinos de Briceño (Ascabri), uno de los principales riesgos que enfrenta esta propuesta es que el gobierno nacional incumpla.
“Nosotros vamos a construir unas propuestas y esperamos que sean escuchadas e incluidas en esta ruta”, anotó Sánchez, quien manifestó que “también preocupa el avance de los grupos paramilitares en el municipio”.
Dado que este será un proceso que no iniciará con erradicación, sino que será gradual conforme despegan las alternativas de sustitución, muy seguramente también recibirá duras críticas por parte de sectores políticos y de opinión, según Pedro Arenas, coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).
Para Arenas, este plan piloto puede convertirse en un experimento que logre transformar el método como se combate actualmente los cultivos ilícitos en Colombia. “En el seno de Naciones Unidas, en Asamblea General, ya se considera que los indicadores de un proceso como este no pueden seguir siendo ¿cuántas matas se arrancaron, cuántas hectáreas se limpiaron? No, el indicador es de desarrollo: ¿qué tanto desarrollo se materializó en una comunidad como la de Briceño que ayudó a eliminar lo ilícito?”.
* Algunos nombres fueron cambiados por solicitud de las fuentes
Este artículo fue traducido, editado y publicado con autorización de VerdadAbierta.com. Su contenido no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí. Fotos de Ricardo Cruz.