Los ataques y la extorsión contra proveedores legales de servicios de internet por parte de bandas criminales en Brasil son cada vez más frecuentes en los estados del norte y noreste del país. Estos hechos sugieren que los grupos del crimen organizado están desplazando a los proveedores legítimos para expandir su propia oferta de servicios ilegales de internet en nuevas regiones.

El estado de Ceará, en el noreste del país, registró al menos 13 ataques contra proveedores legales de internet en un periodo de seis semanas entre febrero y marzo, según reportes de los medios locales. Estos incidentes provocaron apagones en varias ciudades. En Caridade, uno de los municipios más afectados, cerca del 90% de los usuarios se quedó sin servicio de internet durante semanas tras el ataque.

VEA TAMBIÉN: Operación en Brasil demuestra la digitalización del crimen organizado

En el norte, los casos de extorsión también se han multiplicado en el estado de Pará en los últimos años. En octubre de 2022, una investigación de la policía estatal tuvo como objetivo a una banda que supuestamente cobraba entre 5.000 y 10.000 reales (es decir, entre 800 y 1.700 dólares) a cambio de permitir que los proveedores de internet operaran en ciertos barrios. A comienzos de este año, criminales incendiaron un vehículo perteneciente a una empresa de internet en Belém, la capital del estado.

Al extorsionar y expulsar a los proveedores legales, los grupos criminales piratean sus servicios y montan sus propias redes ilegales. Para lograrlo, extorsionan, amenazan y atacan vehículos y sedes de los proveedores, forzándolos a colaborar. En otros casos, se aprovechan de la corrupción dentro de las propias compañías, cuyos empleados acceden a colaborar con las bandas.

Análisis de InSight Crime

Impulsadas por el intercambio de conocimientos y estrategias entre miembros de bandas dentro del sistema penitenciario de Brasil, las técnicas de extorsión vinculadas a servicios de internet se están expandiendo a otras regiones del país, tras surgir inicialmente en Río de Janeiro.

La extorsión ha sido un eje central de la dinámica criminal en Río desde la década de 1990, cuando las milicias y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) comenzaron a tomar el control territorial. Con el auge de la tecnología, las bandas ampliaron sus métodos de extorsión a los proveedores de internet en la década de 2010, como parte de la diversificación de sus actividades criminales.

“Estas compañías cruzan territorios controlados por diferentes grupos y firman acuerdos con redes de tráfico locales o con milicias”, explicó a InSight Crime Carolina Grillo, coordinadora del Grupo de Estudios de los Nuevos Ilegalismos (Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, GENI) de la Universidad Federal Fluminense (Universidade Federal Fluminense, UFF).

Con el paso de los años, la extorsión de servicios de internet se ha convertido en uno de los negocios más rentables para el crimen organizado. Solo en Río de Janeiro, la policía realizó más de 120 investigaciones por este delito desde 2024.

VEA TAMBIÉN: Una amenaza global de malware creada en Brasil

Aunque la mayoría de los casos actuales de extorsión en Río parecen estar vinculados al Comando Rojo y al Tercer Comando Puro (Terceiro Comando Puro, TCP), bandas en otras regiones, especialmente en Ceará y Pará, han replicado sus métodos.

Esto se debe, en parte, a que integrantes de distintas bandas y estados conviven en cárceles sobrepobladas, donde comparten conocimientos sobre procedimientos criminales y aprenden a adaptarlos a distintas realidades.

“Las prisiones federales han sido clave para la expansión de las bandas en todo Brasil, y a medida que los miembros de distintos grupos forjan lazos personales, también exportan parte de sus técnicas”, señaló Grillo a Insight Crime.

Esta situación se agrava por la falta de recursos de las agencias estatales encargadas de perseguir los delitos vinculados a internet, lo que debilita los esfuerzos de control. También se han identificado casos de policías corruptos que colaboran con grupos criminales en lugar de combatir este tipo de extorsión.

“Las agencias regulatorias no logran aplicar las normas de forma efectiva porque dependen del apoyo de la policía. Pero ésta muchas veces forma parte de acuerdos corruptos, así que regular estos mercados se convierte en una lucha cuesta arriba”, concluyó Grillo.