La detención de más de dos docenas de jueces y altos cargos de seguridad en Ecuador puede revelar importantes vínculos corruptos entre funcionarios y el crimen organizado en el país y servir como una necesaria, aunque controvertida, victoria para el nuevo presidente Daniel Noboa.

El 14 de diciembre, cientos de fiscales y policías allanaron las oficinas del Consejo de la Judicatura de Ecuador, organismo que regula los tribunales y jueces del país, así como los domicilios de varias decenas de jueces, mandos policiales y otros funcionarios.

Las detenciones más destacadas fueron las del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el ex director nacional de prisiones, Pablo Ramírez, y diez jueces activos y ex jueces de ocho provincias.

«Hoy, el término ‘narcopolítica’ en Ecuador ha sido evidenciado», dijo la fiscal general Diana Salazar en un comunicado publicado en las redes sociales. Una amplia investigación sobre los vínculos entre funcionarios de seguridad y judiciales, y las bandas de Ecuador reveló que los líderes criminales pagaban a funcionarios corruptos que supervisaban sus casos para obtener sentencias favorables, reveló Salazar.

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El 6 de diciembre, el Presidente Noboa, que asumió el cargo en noviembre, amenazó con nombrar y denunciar a los jueces y fiscales que dejan libres a los delincuentes, en comentarios realizados a los medios de comunicación locales.

Terán publicó un vídeo de su detención, en el que decía que la medida era «ilegal y arbitraria». El Consejo Judicial que él presidía también protestó enérgicamente por la detención de Terán, calificándola como una campaña de desprestigio.

Las acusaciones de corrupción en el poder judicial de Ecuador no son nada nuevo. En 2022, 24 jueces y 30 fiscales fueron investigados por corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Pero esta última investigación fue desencadenada por el asesinato en octubre de 2022 de Leandro Norero, uno de los principales narcotraficantes de Ecuador. Los acusados formaban, supuestamente, parte de una red criminal liderada por Norero, cuyos detalles salieron a la luz tras un registro de su teléfono móvil, según documentos judiciales consultados por el diario ecuatoriano La Hora.

Norero era una figura criminal muy influyente, fundador de los Chone Killers, una de las principales bandas de Ecuador, y al parecer ayudó a negociar operaciones de cocaína con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México. Murió baleado en prisión en octubre de 2022, otra muerte de alto perfil de la guerra entre bandas en Ecuador.

Análisis de InSight Crime

Estas redadas de gran alcance son una victoria política para Noboa, quien ha tardado en revelar sus planes exactos de seguridad. Pero persisten las dudas sobre la solidez de las pruebas y las implicaciones políticas de la investigación.

“Esto definitivamente beneficia al gobierno de Daniel Noboa, pero sobre todo beneficia a la Fiscal General de la Nación,” dijo Carla Álvarez, investigadora de políticas de seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, “Porque ocurre en un contexto de grave contaminación de la Policía, Fuerzas Armadas y de la Justicia por parte del narcotráfico”

En su declaración, Salazar mencionó que Norero había estado trabajando estrechamente con Agustín Intriago, el ex alcalde de Manta, un importante eje del narcotráfico en la costa del Pacífico, quien fue asesinado en julio de 2023.

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Sin embargo, la percepción pública de esta operación es controvertida.

Por el momento, no se ha revelado ningún vínculo directo entre Norero y Terán en ninguna de las pruebas presentadas, lo que refuerza las acusaciones de motivaciones políticas.

Terán estaba supervisando un proceso de gran carga política que podría haber supuesto la destitución o la confirmación en sus cargos del 40% de los jueces del país. Se temía que el expresidente Rafael Correa estuviera utilizando este proceso de renovación para intentar colocar a jueces leales a él en puestos clave.

Finalmente, la falta de especificidad penal en los cargos presentados contra Terán y sus coacusados puede significar que el caso es más débil de lo que parece.

“El hecho de que [los acusados] sean investigados y que llegue una sentencia solo por delincuencia organizada preocupa porque en caso de que ellos declaren que son culpables, pueden obtener una pena mínima de un año aproximadamente” dijo Renato Rivera, el director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado dela Fundación Panamericana para el Desarrollo. Aunque las ramificaciones de estas detenciones se desarrollarán en las próximas semanas, es posible que no acallen del todo las críticas a su estrategia de seguridad.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha arremetido públicamente contra la falta de información concreta procedente del gobierno de Noboa. La ciudad en la que la familia Noboa hizo fortuna con el comercio del banano ha sido durante años el centro criminal de Ecuador, donde la extorsión y la violencia de las bandas no dejan de empeorar.