Mientras las medidas de seguridad se enfocan en atacar a las pandillas de Ecuador en las calles, los casos recientes demuestran que la corrupción gubernamental de alto nivel también se ha convertido en un enorme obstáculo en la lucha contra el crimen organizado.

El 15 de marzo, la Fiscalía General de Ecuador presentó pruebas contra 13 sospechosos en el llamado Caso Metástasis, que la fiscal general Diana Salazar ha descrito como «el más grande en la historia [de Ecuador] contra la corrupción y el narcotráfico». 

Entre los sospechosos del caso figuran un antiguo miembro de la Asamblea Nacional y un fiscal de la provincia de Guayas, cuya capital, Guayaquil, es fundamental para la economía del narcotráfico del país.

La amplia investigación anticorrupción se ha enfocado en una red de narcotráfico dirigida antiguamente por Leandro Norero, uno de los principales aliados de la pandilla de los Lobos antes de su asesinato en 2022. La investigación se anunció por primera vez a la opinión pública con redadas realizadas en el Consejo de la Judicatura de Ecuador, un organismo con poder para suspender y destituir a jueces, en diciembre de 2023. Los fiscales apuntaron inicialmente a 30 personas vinculadas a la red de Norero, pero el número de acusados ha llegado en la actualidad a 52.

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Los fiscales alegan que funcionarios del poder judicial, legislativo y de las fuerzas de seguridad de Ecuador recibieron sobornos a través de Norero por medio de sus abogados y otros intermediarios a cambio de ayudarle a mantener su imperio criminal mientras estaba tras las rejas.

Además, jueces corruptos presuntamente retrasaron los casos de lavado de dinero contra los hermanos de Norero tras recibir sobornos, mientras que policías y fiscales en la nómina de Norero le pasaban información sobre las medidas represivas de las fuerzas de seguridad tanto dentro como fuera de la prisión. 

Norero también tenía vínculos tan altos como el expresidente del Consejo de la Magistratura, quien “proyectaba comprar las decisiones de los magistrados nacionales” para lograr una decisión favorable en un caso de lavado de dinero contra el hermano de Norero, según la Fiscalía.

Los hallazgos de Metástasis han dado lugar a otras investigaciones. El 5 de marzo, la Fiscalía anunció el Caso Purga, basado en mensajes de texto incautados del teléfono de un sospechoso de Metástasis. Los fiscales están investigando a una docena de funcionarios judiciales y abogados relacionados con el sistema judicial en la provincia de Guayas, por vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico. 

La ofensiva contra la corrupción se produce cuando la guerra del presidente Daniel Noboa contra las pandillas entra en su tercer mes. La respuesta militarizada de Noboa goza de gran popularidad y se ha traducido en una reducción de los homicidios en todo el país. Sin embargo, persiste la preocupación por la criminalidad, especialmente en Guayaquil, donde los informes de extorsión y secuestros han aumentado drásticamente este año, según las estadísticas policiales a las que tuvo acceso Ecuavisa.

Análisis InSight Crime

Aunque la mayoría de los ojos siguen puestos en la lucha contra las pandillas en las calles, la verdadera batalla del gobierno ecuatoriano puede ser por el control del Estado.

La corrupción siempre ha existido en Ecuador, pero los casos recientes señalan una alarmante escalada de su protagonismo, según Melania Carrión, consultora de seguridad y exfuncionaria del gobierno especializada en prisiones.

«Antes había funcionarios vinculados al tema de la droga», dijo a InSight Crime. «Pero había respeto por las instituciones del Estado».

En los últimos años, elementos de la marina, la policía y la autoridad penitenciaria han sido acusados de ayudar a las pandillas a mover drogas, acceder a armas y mantener sus empresas criminales desde las cárceles. La corrupción también ha limitado el impacto de las investigaciones sobre homicidios, mientras que los asesinatos en el país han pasado de 5,7 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 44,5 por cada 100.000 habitantes en 2023.

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Como parte de un intento de hacer frente a la corrupción, Noboa anunció el 7 de marzo la creación de una unidad conjunta de investigación de delitos financieros. La medida aumentará la colaboración dentro del gobierno de Ecuador para luchar contra el lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco. También propuso una enmienda constitucional que pretende cerrar una importante laguna legal, que permite a los criminales paralizar sus juicios. Los ecuatorianos votarán sobre la enmienda en un referéndum el 21 de abril.

Pero incluso con estas medidas, la corrupción gubernamental en Ecuador sigue siendo un obstáculo formidable para revertir los avances de los grupos criminales. Por Ecuador circulan cantidades récord de cocaína, e InSight Crime calcula que solo la cocaína colombiana que entra en el país puede tener un valor de casi mil millones de dólares para los grupos criminales que ayudan a almacenarla y transportarla por el país. Los lucrativos mercados de la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas refuerzan aún más las arcas de las pandillas, proporcionando a los grupos criminales los medios para sobornar a funcionarios y, en ocasiones, incluso atraerlos a su red.

Imagen principal: Policía arresta al narcotraficante Leandro Norero en 2022. Crédito: Policía Nacional de Ecuador.