La Fiscalía de Ecuador ha logrado una serie de condenas históricas en varios casos de corrupción de alto perfil que han sacudido a la élite del país. Sin embargo, las próximas reconfiguraciones políticas generan dudas sobre la sostenibilidad de estos esfuerzos.

El 3 de marzo pasado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador sentenció a 10 personas por delincuencia organizada en un caso que los fiscales bautizaron como “Purga”. Entre los condenados se destaca el exlegislador Pablo Muentes, quien recibió una pena de 13 años de prisión. Junto a él fueron sentenciados cinco jueces de la Corte Provincial de Guayas, jurisdicción que abarca Guayaquil, la ciudad con el puerto más grande del país.

“Es momento de que todos los funcionarios del Estado entendamos que los actos de corrupción pública […] no solo afectan a la administración de justicia, sino que destruyen al Estado constitucional y violentan los derechos de todos los ecuatorianos”, declaró el fiscal general, Wilson Toainga, en sus alegatos finales.

Según la Fiscalía, Muentes gestionó ascensos y concedió favores personales a jueces, quienes a cambio fallaron a su favor en un litigio relacionado con una deuda impaga que tenía con el Banco del Pacífico. Los investigadores determinaron que Muentes presentó documentos falsificados para demostrar que había pagado el préstamo y argumentó que el banco violó sus derechos constitucionales al incluirlo en su lista de deudores. Como resultado, los jueces anularon la deuda y ordenaron que el banco le pagara casi 4 millones de dólares.

No obstante, la CNJ rechazó pruebas adicionales que vinculaban la red de Muentes con otros crímenes de mayor alcance, entre ellos tráfico de tierras y un caso de soborno relacionado con el criminal más buscado de Ecuador, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder del grupo criminal Los Choneros.

El fallo contra la red de Muentes se suma a las condenas en el caso Metástasis, uno de los escándalos de corrupción más importantes en la historia de Ecuador. En noviembre de 2024, la CNJ sentenció a un grupo de 20 funcionarios públicos, abogados y miembros de las fuerzas de seguridad por colaborar con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en prisión en 2022. Norero utilizó sus conexiones en el sistema judicial, la administración penitenciaria y la policía para obtener excarcelaciones anticipadas para sus familiares, recibir privilegios dentro de la prisión y acceder a información sobre operativos de seguridad.

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Metástasis y Purga, junto con otros procesos judiciales iniciados por la Fiscalía, han revelado cómo la corrupción de alto nivel ha facilitado el deterioro de la seguridad en Ecuador y el auge del crimen organizado. Otras investigaciones han destapado vínculos judiciales que facilitaron la liberación de miembros de grupos criminales, los nexos entre narcotraficantes albaneses y las esferas más altas de la política ecuatoriana, y los intentos del grupo narcotraficante colombiano Comando de Frontera por liberar a sus miembros detenidos en Ecuador.

Análisis de InSight Crime

Esta última serie de condenas es el resultado de una histórica ofensiva anticorrupción liderada por la Fiscalía de Ecuador. Sin embargo, esta cruzada podría verse amenazada por las maniobras políticas en torno a la designación del próximo fiscal general y la creciente polarización de cara a las elecciones presidenciales de abril.

Los avances de Ecuador contra los intereses arraigados entre la política y el crimen organizado se producen en un contexto de transición. En los próximos meses, el país elegirá un nuevo fiscal general para reemplazar a Diana Salazar, quien ha sido una figura clave en los casos Metástasis, Purga y otros procesos anticorrupción.

“El puesto de fiscal general en Ecuador es el puesto tal vez de mayor poder que tiene el país”, afirmó a InSight Crime Pablo Punín, experto ecuatoriano en Derecho Constitucional y Justicia Penal. “Porque […] el sistema judicial muchas veces es utilizado para perseguir enemigos políticos […]. Entonces, quienes tienen el poder siempre van a buscar, a través de estos cargos […], manejarlos políticamente”.

El organismo encargado de elegir al fiscal general y otros altos funcionarios judiciales y electorales es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un ente de elección popular que ha sido criticado por su excesiva influencia sobre cargos clave y la politización de sus decisiones.

“El CPCCS hace que todo esto sea de altísima prioridad. Quien lo controle puede dejar acéfala a cualquier otra institución”, dijo a InSight Crime Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos en el Council on Foreign Relations. “Seguirá siendo altamente politizado mientras exista”.

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Además, el próximo 13 de abril el país elegirá a un nuevo presidente entre el actual mandatario, Daniel Noboa, y Luisa González, cercana al expresidente Rafael Correa. El clima de polarización en la campaña electoral aumenta el riesgo de que la Fiscalía General se convierta en un campo de batalla político, lo que podría frenar su lucha contra la corrupción. Correa, en particular, ha acusado reiteradamente a Salazar de perseguir a sus aliados, acusaciones que la fiscal ha rechazado.

Imagen principal: La Fiscal General Diana Salazar habla sobre el Caso Purga. Crédito: Fiscalía General de Ecuador.