Legisladores costarricenses han presentado una propuesta de enmienda constitucional para permitir la extradición de narcotraficantes y terroristas costarricenses buscados por autoridades extranjeras, revelando la creciente preocupación de que el crimen organizado esté corrompiendo la capacidad del poder judicial para hacerle frente.

El proyecto de ley, presentado el año pasado, se dirige a la Asamblea Legislativa para su votación tras obtener la aprobación de una comisión legislativa especial el 8 de julio. Si en la próxima votación sale adelante, deberá someterse a revisión judicial y a trámites adicionales antes de convertirse en ley.

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La propuesta de cambio constitucional cuenta con el respaldo del Presidente Rodrigo Chaves y sus aliados en el Congreso. El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, calificó su avance como “ un paso importante” en la lucha contra el crimen.

“No debemos quedarnos aquí”, dijo Zamora durante una rueda de prensa. “El país también debe analizar en un segundo nivel la posibilidad de ampliar la extradición a otros delitos”.
El avance de la propuesta se produce en medio de un aumento de los casos de corrupción estatal en Costa Rica, lo que alimenta las dudas sobre la integridad de su sistema judicial.

Solo entre 2019 y 2023, el número de casos de corrupción se duplicó masivamente, pasando de 106 a 273, según Randall Zúñiga López, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

En esta línea, es probable que las cifras no disminuyan durante 2024. En junio, la policía detuvo a 20 empleados estatales en una sola semana. Entre ellos, más de la mitad trabajaba en el sistema judicial del país.

Análisis de InSight Crime

El apoyo al cambio constitucional propuesto y a otras nuevas medidas de seguridad, ha crecido en los últimos años en medio de un aumento en los homicidios debido a enfrentamientos entre grupos de narcotráfico. Además, expertos afirman que la falta de recursos del sector judicial ha alimentado la corrupción y socavado la capacidad del sistema para responder al crimen organizado.

Los recortes presupuestarios han reducido drásticamente el personal judicial, obstaculizando las investigaciones y empantanando el sistema. En 2024, el presupuesto asignado a esta rama fue el más bajo en términos de dólares reales de los últimos 20 años, provocando que los salarios se estanquen y haya más despidos.

A partir de 2019, Costa Rica contrató investigadores especializados para hacer frente a la corrupción. Pero el año pasado, el país solo contaba con 127 fiscales y 455 fiscales adjuntos para gestionar más de 200.000 nuevos casos presentados, según el fiscal general Carlo Díaz Sánchez. Esto ha provocado un enorme retraso, ya que cerca de un tercio de todos los casos pendientes tienen más de dos años.

En ocasiones, la lentitud del sistema ha librado a los sospechosos de sus condenas. El 25 de junio, un tribunal puso fin a tres años de prisión preventiva y otras medidas cautelares contra 10 sospechosos en un caso de tráfico de drogas, apoyándose  en la lentitud de la investigación de la fiscalía.

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A medida que los grupos criminales aumentan su fuerza y su financiación, esto les permite corromper a los funcionarios mediante amenazas o sobornos más fácilmente.

Mientras la violencia se incrementa y estas organizaciones superan la capacidad armamentística de la policía. Algunos funcionarios públicos se inclinan a pensar que no tienen más remedio que ayudar a los criminales.

Además, el estancamiento de los salarios de los funcionarios públicos también facilita que criminales altos flujos de dinero en efectivo atraigan a este tipo de trabajadores.

Reclutar a personas con talento que quieran hacer el bien no es difícil, según Zúñiga López, pero los bajos salarios hacen que muchos trabajadores abandonen el servicio público en busca de mejores oportunidades en el sector privado, mientras que otros recurren al crimen.

“Dentro de cinco o cuatro años, no vamos a tener a nadie con las aptitudes o toda la formación que teníamos, y toda la experiencia que necesitamos”, afirmó. 

Imagen principal: Edificio de la Corte Suprema de Costa Rica. Crédito: Tico Times