El reciente acuerdo de extradición entre Costa Rica y Estados Unidos pone al país, en medio de su creciente papel como punto de tránsito del narcotráfico, en línea con otras naciones clave de la región. Sin embargo, persisten las dudas sobre la efectividad de esta medida en la lucha contra el crimen organizado.

A finales de mayo, el presidente Rodrigo Chaves firmó una enmienda constitucional que permite la extradición de ciudadanos costarricenses por delitos de narcotráfico internacional y terrorismo. La medida fue aprobada con un amplio respaldo legislativo, obteniendo 44 votos a favor de los 57 en su debate final.

La medida responde a la creciente preocupación por la capacidad del sistema judicial para procesar casos de alto perfil —especialmente en un contexto de aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico—. En los últimos años, la corrupción judicial se ha incrementado de manera significativa, duplicando el número de casos entre 2019 y 2023. Solo en junio de 2024, las autoridades arrestaron a 20 empleados públicos en una semana; más de la mitad se encontraban trabajando en el sistema judicial.

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Según Osvaldo Ramírez Miranda, subjefe de la Sección contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la reforma también busca fortalecer la coordinación a nivel nacional e internacional. La iniciativa, explicó a InSight Crime, refleja un consenso entre los poderes del Estado costarricense —desde la Sala Constitucional hasta la Asamblea Legislativa— como parte de una agenda nacional de seguridad. En el plano internacional, la reforma alinea a Costa Rica con otros países que ya permiten la extradición de sus ciudadanos, cerrando una brecha que había afectado la cooperación judicial durante años.

Análisis de InSight Crime

Aunque la reforma ha sido celebrada como un avance, la experiencia de otros países de la región pone en duda su capacidad real para frenar al crimen organizado.

Ramírez considera que su impacto será limitado, ya que la medida se enfoca exclusivamente en el narcotráfico y el terrorismo. Mientras tanto, las organizaciones criminales se han adaptado: se descentralizan y diversifican, participando en delitos como el fraude cibernético, la extorsión, la minería ilegal y la trata de personas, que muchas veces quedan fuera del alcance de estos acuerdos. La reforma tampoco aborda los factores estructurales que alimentan al crimen organizado, como la creciente demanda internacional de drogas o la falta de oportunidades laborales que empujan a muchas personas a integrarse a estas redes.

Estos factores han debilitado iniciativas similares en otros países de la región, donde la extradición ha generado pocos resultados duraderos.

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Uno de los ejemplos más recientes es Ecuador. Tras asumir la presidencia a finales de 2023 en medio de una ola de violencia sin precedentes, Daniel Noboa impulsó un referendo nacional que, en abril de 2024, aprobó reformas constitucionales para permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos.

Sin embargo, la crisis de seguridad persiste. Solo en enero de 2025 se reportaron 781 homicidios, el mes más violento de los últimos años. Muchos de estos asesinatos están directamente relacionados con el narcotráfico. Ecuador se ha convertido en un punto de tránsito clave para la cocaína que proviene de Perú y de Colombia, y una parte significativa de la droga a nivel mundial sale ahora de sus puertos.

Colombia es otro ejemplo. Su política de extradición —ratificada mediante una reforma constitucional en 1997— ha permitido debilitar a organizaciones criminales al facilitar la entrega de líderes de alto nivel, incluidos miembros de los clanes de Cali, Norte del Valle y el Clan del Golfo, para ser juzgados en Estados Unidos. Aun así, el país sigue siendo un centro regional del crimen organizado.

Si bien estas medidas han producido victorias a corto plazo, como la captura y extradición de jefes criminales, también han desencadenado picos de violencia. En 2008, la extradición de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, generó un vacío de poder que derivó en violentas disputas territoriales y duplicó la tasa de homicidios en Medellín. Más recientemente, en julio de 2022, el Clan del Golfo lanzó una ofensiva armada tras la extradición de su entonces líder, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Según Brenes, la fragmentación de carteles y la pérdida de líderes también ha llevado a que muchas organizaciones trasladen sus operaciones al extranjero para evadir la extradición, contribuyendo a la expansión del crimen organizado transnacional.

México también ilustra este patrón. Aunque mantiene un tratado de extradición con Estados Unidos desde 1861, históricamente evitó extraditar a sus ciudadanos. La primera extradición se realizó en 1995. Desde entonces, la política cambió significativamente: entre 2000 y 2022, México extraditó oficialmente a 1.389 personas a Estados Unidos.

Durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, la cooperación bilateral se ha enfocado en reforzar la seguridad. A pesar de ello, los grupos criminales mexicanos han expandido su control territorial de un 10% a un 30% del país en la última década, y su influencia internacional ha crecido.

Un caso similar es Honduras. Desde que reformó su Constitución en 2012 para permitir la extradición de nacionales por narcotráfico, el país ha enviado a varios individuos de alto perfil a Estados Unidos. Entre ellos, el expresidente Juan Orlando Hernández y el exjefe de la Policía Juan Carlos Bonilla, quienes fueron extraditados en 2022 y condenados en 2024 por conspirar para importar más de 500 toneladas de cocaína.

En febrero de 2024 también fueron extraditados Viera-Chirinos y Elmer Matute, dos actores clave del narcotráfico local, que fueron sentenciados en marzo de 2025. A pesar de estas acciones, Honduras sigue enfrentando desafíos graves en materia de seguridad. El país lidia con altos niveles de violencia y corrupción, alimentados por redes criminales locales y transnacionales. En 2023, la tasa de homicidios fue de 31 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En diciembre de 2022, el gobierno declaró un estado de excepción para combatir la extorsión y delitos relacionados. Esta medida, que suspende ciertos derechos constitucionales, ha sido prorrogada 15 veces y sigue vigente.

Otra dinámica detrás de la reforma en Costa Rica, sin embargo, parece más prometedora: el impulso por “restringir y eliminar el ingreso de criminales y narcotraficantes extranjeros que buscan convertirse en costarricenses para protegerse de la justicia internacional”, explicó Mario Brenes, exasesor regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann. Durante años, criminales extranjeros —especialmente de Colombia y México— obtuvieron la ciudadanía a través de vías relativamente accesibles como el matrimonio, la residencia o la inversión, y luego se ampararon en las protecciones constitucionales para evadir la justicia tras cometer delitos en el extranjero. “El sistema judicial de ese país no podía solicitar la extradición simplemente porque la Constitución no lo permitía, lo que fomentaba la impunidad”, agregó Brenes. Al cerrar esta laguna legal, la reforma podría poner fin a lo que se había convertido en un refugio para criminales transnacionales.

Imagen principal: Miembro de la Policía Nacional de Costa Rica. Crédito: The Tico Times.