El poder judicial de Ecuador se enfrenta a un batalla para impedir que criminales bien conectados conviertan herramientas legales -destinadas a proteger los derechos civiles- en oportunidades para escapar de la justicia.

A principios de abril, fiscales ecuatorianos ordenaron la detención de 14 jueces, abogados, funcionarios judiciales y policías acusados de colaborar con criminales de alto perfil para conseguir su liberación y procurar «impunidad mediante trucos legales y abuso de la ley», según comunicó la Fiscalía General a través de X, antes Twitter.

El escándalo comenzó en diciembre de 2023 con la detención de decenas de funcionarios judiciales que, según el fiscal general, podrían estar relacionados con Leandro Norero, el condenado por blanqueo de capitales y presunto narcotraficante y asesinado durante un motín carcelario a finales de 2022.

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En los meses siguientes, el caso creció hasta incluir a 52 acusados y dio lugar a otras investigaciones sobre corrupción. En febrero de este año, la Corte Constitucional de Ecuador dictaminó que algunos jueces estaban dejando libres a criminales condenados por delitos graves haciendo uso de garantías procesales como el derecho a un juicio rápido (habeas corpus) y a una defensa adecuada, así como de otros instrumentos como el derecho a tratamiento médico.

InSight Crime se reunió con Pablo Punín, experto en justicia penal y constitucional, para entender mejor cómo este tipo de criminales retuercen el sistema y qué se puede hacer al respecto.

IC: ¿Qué implican las garantías jurisdiccionales del debido proceso?

Pablo Punín (PP):  La idea es que todo el sistema democrático ecuatoriano debe garantizar el cumplimiento de derechos constitucionales, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la vida, la igualdad y no discriminación, entre otros.

Ahí entran las garantías jurisdiccionales, que son unos mecanismos a través de los cuales, por medio de la intervención del sistema judicial se puede conseguir prevenir, cesar o interrumpir, o también enmendar o reparar la violación de un derecho constitucional.

Entonces, seas quien seas, si se ha afectado uno de tus derechos constitucionales, puedes activar la garantía que consideras que te asiste para protegerlo. Lo que está mal es activarlas cuando no hay justificación.

IC: ¿Cuál es el alcance del problema? 

PP: Lamentablemente, hemos visto que en los últimos años algunas de estas garantías se han distorsionado y han sido utilizadas para fines que no fueron pensadas. Es un problema que viene vinculado directamente al crimen organizado.

Desde mi experiencia en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), es que prácticamente a diario en el SNAI nos llegaban más o menos unos 15 a 20 procesos relacionados con garantías jurisdiccionales. Y aquí yo sí te puedo decir que más o menos entre el 75 y el 80% de los casos se trataban de la mala atención que recibían las personas recluidas en los centros de detención. 

Las personas que tienen poder dentro de la prisión logran conseguir certificados médicos falsos y como saben que algunos jueces están al tanto de esta carencia de recursos en los centros de detención, se aprovechan y abusan de estas garantías. Aquí yo pude evidenciar que lamentablemente algunos presos que eran miembros de bandas vieron que esto estaba ocurriendo y comenzaron a beneficiarse de ello.

En un solo caso, una jueza liberó a más de 50 personas. Liberar a 50 condenados por delitos como asesinato, violación o crimen organizado es muchísimo.

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IC: ¿Cómo funciona el abuso de esta medida? ¿Quién se beneficia? ¿Quién pierde?

PP: A los miembros de los grupos criminales no les importa qué herramienta, qué garantía o qué figura legal se utiliza. Siempre encuentra la manera de beneficiarse. Estamos hablando de que los grupos criminales se han infiltrado en el sistema judicial de tal manera, que logran conseguir jueces a la carta para favorecerse a través de la distorsión del sistema de justicia.


Cuando el crimen organizado se infiltra tanto en el sistema judicial a través de amenazas y de corrupción, de plata o plomo, lo que logra es generar un sistema de justicia paralelo. Es como si nosotros tuviéramos leyes que nos rigen a todos los ciudadanos, y, por otro lado, el sistema judicial de los criminales, en el cual utilizan a ciertos jueces para que se apliquen las leyes a su manera. Pese a que son las mismas leyes, ellos las utilizan de una manera para la cual nunca estuvieron diseñadas y que no están dentro del marco legal.

IC: ¿Puede explicarnos ejemplos concretos en los que criminales de alto nivel hayan utilizado las garantías procesales o las protecciones constitucionales para librarse?

PP: Un ejemplo es el de Daniel Salcedo Bonilla, un hombre que [presuntamente] está vinculado a varios casos de corrupción y también a grupos de crimen organizado. En uno de sus casos, Bonilla tenía sentencias condenatorias y prisión preventiva por algunos procesos. Sin embargo, alegó que tenía ciertas enfermedades, fallas dentro de su organismo que requerían un tratamiento médico. Él estaba cumpliendo su pena en Quito, en una cárcel que es conocida como el centro VIP, en la cual se pone a los delincuentes que quieren tener un tratamiento mejor. Mientras cumplía su condena, presentó habeas corpus en Manabí, que es una de las provincias donde los Tiguerones, las Águilas y los Choneros tienen presencia. Entonces, Bonilla presentó unos supuestos certificados médicos, los cuales el SNAI inclusive desmintió y pese a todo ello, el juez le concedió libertad a través de esa garantía jurídica. 

Te doy otro ejemplo. ‘Gordo Lucho’, cuyo nombre real es Luis Alfredo Arboleda, y John Jairo de Mera Zambrano, primo de Gordo Lucho, y también líder de Los Lobos, estaban sentenciados por asesinato, tráfico ilícito, tráfico de armas, y crimen organizado, pero cuando ni siquiera habían cumplido el 15% de su condena, fueron liberados de manera irregular. Como en el caso anterior, ambos alegaron una vulneración a su derecho a la salud. Aún así, los jueces sabían que esta garantía jurisdiccional no era la adecuada, e igualmente la concedieron. Después alegaron otras garantías jurisdiccionales por debido proceso y se les concedió la libertad.

IC: ¿Qué es lo que hace que el sistema judicial de Ecuador sea vulnerable a los abusos?  

PP: Nosotros no tenemos un sistema de common law, como por ejemplo lo tiene Inglaterra o Estados Unidos, que se guía todo en base a la jurisprudencia. En los años más recientes, la Corte Constitucional está haciendo un esfuerzo gigante, ha tomado un rol más activo y también ha tratado de limitar ciertas circunstancias que podrían ser un poco ambiguas y que han dado lugar a estos operadores de justicia malintencionados.

Hay sentencias que la Corte ha tenido que seguir desarrollando para limitar cada vez más estas irregularidades. 

Sin embargo, siempre van a existir estos jueces kamikaze dispuestos a hacer lo que sea para favorecer a estos miembros de bandas que por detrás están controlándolos a través de beneficios o amenazas.

IC: ¿Hay alguna forma de garantizar los derechos de las personas sin dejar libres a criminales con buenos abogados?

Yo no soy muy partidario de que el problema esté en las garantías o en la ley y que por eso haya que eliminarlas o restringirlas, sino más bien todo lo contrario. Estas son herramientas indispensables, porque la gran mayoría se utilizan para situaciones justas, pero lamentablemente el crimen organizado las ha distorsionado. Las garantías deben fortalecerse y tiene que existir un sistema que respete al máximo estos mecanismos, su naturaleza y evite el abuso de ellas. 

Sin duda alguna necesitamos más recursos para tener más unidades judiciales, pero creo que mucho más importante aún, es darles garantías a todos los jueces que hoy en día ejercen su trabajo en el país. 

Creo que lamentablemente la Fiscalía también tiene muchas limitaciones de recursos para investigar los casos penales, sobre todo los complejos. Creo que es evidente como muchos de los fiscales que tienen estos casos son asesinados, son amenazados, no tienen seguridad.

Sin duda hay que mejorar de manera estructural los órganos de control, mejorar su monitoreo, transparentar todos esos procedimientos administrativos para sancionar. Esto incluye mejorar el monitoreo de las actividades irregulares de los jueces y de los de los órganos jurisdiccionales. 

Y por último, considero transversal el trabajo para fortalecer el tema de la formación dentro del sistema de justicia. Es decir, no solamente que los jueces se capaciten más y mejor con temas de derecho, sino que también se impartan programas de formación en ética judicial. Lamentablemente vemos que toda la normalización de la narcocultura influye también en el sistema judicial.

Sin atender la corrupción, sin atender la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial y todos los problemas conexos que están dentro de ello, no va a haber ninguna reforma a la ley que sea suficiente para arreglar el problema.

Imagen principal: Oficiales de policía realizan un arresto en medio de un caso de corrupción judicial. Crédito: Primicias