Tras una serie de detenciones recientes, autoridades colombianas han enfocado su atención en desmantelar los esquemas extorsivos dirigidos por miembros de grupos venezolanos tras las rejas. Sin embargo, no han tenido éxito en detener este delito.

La policía de Bogotá detuvo a 17 individuos vinculados a la banda Satanás, acusados de extorsionar a residentes locales, informaron medios de comunicación nacionales el 12 de enero.

Sin embargo, estos están lejos de ser los primeros arrestos relacionados a la organización criminal. El 4 de enero, habitantes de Bogotá declararon a medios de comunicación locales que siguen siendo objeto de extorsiones por parte de una banda dirigida por el ciudadano venezolano José Manuel Vera, alias “Satanás”. A pesar de que el jefe criminal y al menos 79 presuntos miembros de la banda se encuentran entre rejas desde el año pasado, muchos de los detenidos han sido imputados con cargos adicionales por seguir extorsionando desde la cárcel. 

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Satanás comenzó a operar en Bogotá en 2013, según la policía colombiana. Fue detenido en 2020, pero escapó a finales de 2022 y comenzó a extorsionar a residentes en al menos dos sectores de Bogotá, antes de huir a Ecuador a principios de 2023. Continuó dirigiendo su grupo desde allí y había ampliado sus operaciones a ocho de los 20 sectores de la capital colombiana cuando las autoridades ecuatorianas lo detuvieron en noviembre de 2023. Ese mismo mes fue extraditado a Colombia.

Organizaciones criminales de toda la región han convertido las cárceles en centros de operaciones de facto, como los Lobos y los Tiguerones en Ecuador, la MS13 en Centroamérica y, quizá la más famosa, el Tren de Aragua en Venezuela, que múltiples fuentes han vinculado a la banda de Satanás.

Análisis de InSight Crime

Dado que la banda liderada por Satanás ha demostrado que puede operar eficazmente desde las cárceles colombianas, es poco probable que el encarcelamiento de más miembros reduzca las actividades del grupo.

Debido a la falta de supervisión y corrupción, las cárceles colombianas se han utilizado con frecuencia como “centros de llamadas” de extorsión, donde se utilizan celulares de contrabando para ponerse en contacto con las víctimas. Generalmente, los presos exigen el pago a los residentes de los territorios donde la banda del preso tiene presencia. Sin embargo, a menudo llaman a números al azar de una guía telefónica y, haciéndose pasar por miembros de una organización criminal con presencia en todo el país, exigen que el pago se envíe a una cuenta específica.

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A pesar de los intentos de las autoridades por acabar con la extorsión bloqueando la señal de los teléfonos móviles en las cárceles de Colombia, muchos inhibidores de señal están actualmente fuera de uso. Algunos se han retirado por obsolescencia, mientras que otros se han retirado por órdenes judiciales derivadas de quejas de residentes cercanos a quienes los inhibidores habían impedido hacer llamadas. Por ahora, mientras los miembros de Satanás sigan teniendo acceso a teléfonos móviles de contrabando mientras cumplen sus sentencias, gracias, sobre todo, a guardias corruptos, el flujo de ingresos del grupo seguirá corriendo.

Las autoridades de otros países también se han enfrentado a dificultades similares para hacer frente a los grupos venezolanos que organizan sus actividades criminales desde la cárcel. Los problemas de seguridad obligaron que miembros del Tren de Aragua en prisiones chilenas fueran reubicados, mientras que en Lima, Perú, la banda venezolana los Gallegos ha seguido extorsionando a residentes de la capital peruana a pesar de las detenciones de decenas de sus miembros.