Los niveles de deforestación en Colombia y Brasil, dos de las naciones amazónicas que históricamente han estado entre los 10 países con mayor pérdida de bosques en el mundo, mostraron una significativa disminución durante 2023.
En Colombia, entre enero y septiembre, las alertas tempranas de deforestación presentaron una reducción de 70% respecto al mismo periodo de 2022. Así lo reveló Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en una rueda de prensa.
Por su parte, en Brasil, la deforestación disminuyó 61% en los primeros 10 meses de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonia (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – Imazon), una institución científica brasileña que promueve la justicia climática.
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En 2023, además, se llevaron a cabo encuentros multilaterales que han puesto la protección de la Amazonía en el centro de la mesa. En agosto se reunieron por primera vez en la ciudad brasileña de Belém mandatarios de los países que integran la Amazonía —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. En esta cumbre amazónica, los y las representantes de cada país se comprometieron a redoblar los esfuerzos para proteger la Amazonía.
Tanto la reducción en la pérdida de bosque en ambos países, como la celebración de la cumbre amazónica, constituyen una pequeña victoria en la batalla contra la deforestación en la región. Sin embargo, este triunfo contrasta con un preocupante panorama regional, en el que cada vez más grupos criminales echan raíces en la Amazonía y han hecho de los delitos ambientales un importante rubro de sus portafolios criminales.
¿Qué hay detrás de la reducción de la deforestación en Colombia?
Detrás de la reducción en los niveles de deforestación en la Amazonía de Colombia confluye un cambio de enfoque del gobierno frente a los delitos ambientales, con una suerte de gobernanza criminal ambiental.
La protección del Amazonas ha sido uno de los pilares de la agenda de Gustavo Petro, y desde su llegada a la presidencia en agosto de 2022, se logró revertir la tendencia ascendente que la deforestación estaba presentando durante los primeros meses del año. Según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en 2022 fueron deforestadas 123.517 hectáreas, mostrando una reducción de 29,1% frente a las 174.103 registradas en 2021.
Durante 2023, la pérdida de bosque ha continuado su descenso. Tan solo en el primer trimestre del 2023, se dio una disminución de 76%, respecto al mismo periodo en 2022. Mientras tanto, entre abril y junio de 2023, en la región amazónica se estimó una deforestación de alrededor de 850 hectáreas, 66% menos de la cantidad registrada en el mismo trimestre de 2022.
“Hay una satisfacción inicial, pero con los pies en la tierra. El cambio de estrategia generó un resultado, pero ahora el reto es sostenerlo el siguiente año”, dijo Muhamad durante la presentación de las cifras.
La reducción en la pérdida de bosque en 2023, que continúa con la tendencia que se presenta desde finales de 2022, es, en parte, resultado de los programas del gobierno de conservación y de forestería comunitaria, que buscan adoptar un manejo sostenible de los recursos forestales.
También es resultado de poner el medio ambiente en el centro de la “Paz Total”, la política insignia de Petro, que busca negociar con más de 20 grupos armados del país. Esto ha marcado un precedente, pues en el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en 2016, los bosques se abordaron más como beneficiarios del acuerdo, no como un pilar del mismo.
Esto a pesar de que las FARC habían actuado como guardianes de facto de gran parte de la selva Amazónica. El bosque sin desmontar servía principalmente como un manto protector frente a los ataques de las fuerzas armadas. Las FARC, que en ese momento eran la organización armada más grande del país, estaban más interesadas en garantizar su supervivencia, que en añadir una actividad criminal más a su portafolio.
Sin embargo, tras la desmovilización del grupo guerrillero en noviembre de 2016, la deforestación se disparó y el año siguiente aumentó un 23%. En los años siguientes, los grupos criminales, acompañados de actores corruptos, aprovecharon para añadir la tala a su portafolio criminal.
Sin embargo, en 2022, vaticinando una victoria de Petro, El Estado Mayor Central (EMC), el grupo más poderoso de las ex-FARC mafia, adoptó una política de protección de bosque en una de sus principales regiones de influencia: el Arco Noroccidental de la Amazonía, en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Esta zona es, a su vez, uno de los epicentros de la deforestación en Colombia.
“Antes de que Petro llegara a la presidencia, ellos [el EMC] sacan una especie de manual nuevo, en el que establecen nuevas reglas. Pasan de ser muy flexibles con la tala, a decir que se paraba y que no se podía tumbar montaña”, dijo a InSight Crime Juanita Vélez, experta en conflicto armado y deforestación en Colombia.
Con Petro en el poder, la orden de parar la tala del EMC se agudizó y en 2023 siguió vigente. Detrás de esta directriz, se esconde el interés de la facción disidente de tener el control de la tala de bosques como un elemento para inclinar la balanza en favor de sus intereses en medio de las negociaciones de la Paz Total.
“Esta [la tala] es una carta muy poderosa que tiene el EMC para negociar”, dijo Vélez. “Y dependiendo del vaivén de las negociaciones, el EMC puede dar la orden de volver a talar en cualquier momento”.
Apretando los motores de la deforestación en Brasil
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al igual que Petro, ha hecho de la protección ambiental y la lucha contra la deforestación uno de los pilares de su agenda de gobierno. Y su regreso al poder en 2023, ha dado un respiro a la Amazonía de Brasil, que bajo el mandato de su predecesor, Jair Bolsonaro, sufrió niveles récord de destrucción.
En total, durante los cuatro años de gobierno de Bolsonaro, se perdió un área de bosque superior al tamaño de Bélgica. Esta destrucción provocó que durante este periodo varias partes de la Amazonía brasileña pasaran de ser sumideros a emisores de carbono.
Bolsonaro prometió desarrollar económicamente el Amazonas y aprovechar sus riquezas naturales. Para esto, dio paso a una permisiva agenda extractiva que sentó las bases para la expansión de la frontera agrícola, el tráfico de tierras, la tala y la minería ilegal en la Amazonía. Todos estos han sido motores de la desbordada deforestación en Brasil.
El exmandatario, además, redujo el personal y los fondos para combatir los delitos ambientales del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), autoridad ambiental en Brasil. Con esta movida, la supervisión e interdicción ambiental se vieron limitadas.
Sin embargo, desde su llegada al gobierno en enero de 2023, Lula ha concentrado sus esfuerzos en revertir algunas de las controvertidas políticas de su predecesor y desacelerar la deforestación de la Amazonía de Brasil. Y lo ha logrado.
De enero a octubre de 2023, 380.600 hectáreas fueron deforestadas, lo que representa una reducción de 61% respecto al mismo periodo de 2022. Esta fue la superficie de pérdida de bosque más pequeña desde 2018, según Imazon.
Para lograr este freno en la devastación de la Amazonía, uno de los primeros pasos de Lula fue reconstruir el Ibama y devolverle los dientes para emprender operativos en defensa de los bosques.
“Cuando cambia el gobierno, este tiene un marco para cambiar esta situación”, dijo Melina Risso, directora de investigaciones del Instituto Igarapé, a InSight Crime. “Entró a congelar la destrucción en toda la Amazonía, ha puesto multas y embargado áreas donde se concentran actividades ilegales”.
Desde enero de 2023, el Ibama inició una serie de operativos contra la tala ilegal en los estados de Pará, Roraima y Acre, en el norte de Brasil, para multar a madereros ilegales y disuadirlos de realizar nuevas incursiones en el bosque.
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Agentes del Ibama con apoyo de la policía federal de Brasil han desarrollado una serie de operativos destinados a expulsar a los garimpeiros — como se conoce a aquellos que llevan a cabo minería ilegal — que operaban dentro del territorio indígena Yanomami, en la frontera entre Brasil y Venezuela.
Lula, además, ha tomado medidas para volver a endurecer las regulaciones flexibles de armas, que habían ayudado a poderosos grupos criminales a fortalecerse durante la administración de Bolsonaro.
Un largo camino que recorrer
Desacelerar en 2023 la deforestación en la Amazonía de Colombia y Brasil fue, sin duda, una pequeña victoria en medio de la actual crisis climática. Doblar a largo plazo la curva de deforestación en toda la Amazonía es un camino que enfrenta numerosos desafíos.
Por un lado, existen poderosas redes criminales profundamente arraigadas a lo largo de la Cuenca Amazónica, que tienen un interés de lucrarse de las ganancias derivadas de los delitos ambientales.
Por ejemplo, el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC), uno de los grupos criminales más prominentes de Brasil, que conquistó el tráfico de drogas en el país, en 2023 extendió sus tentáculos a lo largo de zonas mineras de la Amazonía brasileña. En el estado de Roraima, y en territorio Yanomamí, el PCC ha suministrado armas y maquinaria pesada a garimpeiros, ha proveído servicios de seguridad a minas, e incluso ha ayudado a sacar el oro del Amazonas.
En otros países de la región, como Perú, redes dedicadas al narcotráfico expandieron su influencia cada vez más adentro de la Amazonía durante 2023. Los cultivos de coca están reemplazando los bosques y los árboles están siendo talados para construir pistas de aterrizaje clandestinas. Algunos líderes ambientales e indígenas que se han opuesto al avance del narcotráfico en la Amazonía han sido blanco de amenazas, ataques e incluso, asesinatos.
En Colombia, además de la presencia de grupos criminales en la Amazonía, el rol protagónico del EMC en los niveles de deforestación hace que la sostenibilidad de la protección de los bosques en sus regiones de influencia penda de un hilo.
Por otro lado, reducir la deforestación a largo plazo requiere de cooperación regional y de una voluntad política sostenida.
“Tenemos que pensar la Amazonia regionalmente, si no, habrá un efecto globo”, dijo Risso. De hecho, esta necesidad se ha hecho latente luego de los operativos brasileños que se han emprendido a lo largo de 2023, para expulsar a mineros ilegales de las tierras Yanomami. Muchos garimpeiros cruzaron las fronteras hacia zonas mineras de Venezuela y Guyana para continuar sus actividades allí y en diciembre, han retornado a tierras Yanomami para retomar las operaciones mineras.
Sin embargo, la cooperación entre los gobiernos de la Amazonía, hasta el momento, ha sido limitada.
Si bien durante la cumbre Amazónica celebrada en agosto de este año los gobiernos Amazónicos aprobaron una declaración para proteger la selva, esta no contempló estrategias concretas para combatir la deforestación.
De hecho, la mayoría de los países de la Amazonía están lejos de mitigar la deforestación de sus bosques, bien sea porque enfrentar con contundencia la pérdida de bosque no hace parte de sus prioridades o va en contra de sus intereses.
En Venezuela, por ejemplo, la minería de oro continúa siendo una de las principales fuentes de financiación del gobierno de Nicolás Maduro. En Perú, la incesante inestabilidad política ha desplazado los delitos ambientales al fondo de la lista de las prioridades del gobierno. Y en Bolivia, las permisivas importaciones de mercurio, utilizado para separar el oro de los sedimentos, han favorecido el contrabando de este metal tóxico hasta llegar a operaciones de minería ilegal a lo largo de toda la Amazonía.