En 2024, Ecuador se convirtió en el último país de la región en recurrir a una respuesta militarizada para combatir el crimen organizado. Sin embargo, la represión no ha dado en el blanco y, en lugar de frenar a los grupos criminales del país, ha dado lugar a una reorganización criminal.
Los problemas de seguridad de Ecuador salieron a la luz internacional el 8 y 9 de enero, cuando grupos criminales lanzaron ataques coordinados en todo el país contra guardias penitenciarios, funcionarios de seguridad e instituciones públicas. Hombres armados asaltaron también un canal de televisión y tomaron como rehenes a los empleados durante una transmisión en vivo.
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Los atentados se produjeron horas después de que las autoridades descubrieran que José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la banda carcelaria de Los Choneros, había huido de su celda en la prisión La Regional de Guayaquil.
En respuesta a la fuga de Fito y a los atentados, el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno”, calificó de “terroristas” a los miembros de 22 grupos criminales y anunció la ampliación de la presencia militar tanto en las calles como en las cárceles.
“He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles”, dijo Noboa en un discurso grabado en video el 8 de enero. “No vamos a negociar con terroristas”.
Para el público internacional, los atentados fueron sorprendentes, pero para los ecuatorianos fueron la continuación de una tendencia inquietante.
En los últimos cinco años, los grupos criminales con raíces en el sistema penitenciario han expandido sus operaciones por todo Ecuador. Cada vez más se disputan el territorio para el tráfico de drogas, así como para delitos depredadores como la extorsión y el secuestro.
En gran parte, como resultado de estos conflictos, la tasa de homicidios del país alcanzó un récord de 47 por cada 100.000 residentes en 2023, frente a solo 6 por cada 100.000 en 2018. Entre las víctimas de homicidio de grupos criminales durante este año se encontraba un importante candidato presidencial y numerosos funcionarios públicos.
Hoy, un año después de la declaración del conflicto armado interno, el gobierno ha enfrentado a los grupos criminales por la fuerza, tomando el control del sistema penitenciario, arrestando a muchos líderes de bandas de alto nivel y obligando a otros a huir del país. Los asesinatos descendieron aproximadamente un 20% en 2024, y las fuerzas de seguridad incautaron una cantidad récord de drogas.
Sin embargo, no hay señales de un plan a largo plazo para combatir las causas de fondo de la criminalidad en Ecuador. Y ya hay evidencia de nuevas normas criminales emergentes, tanto en las cárceles como en las calles.
La reorganización de las prisiones
La estrategia del gobierno se ha centrado en imponer la presencia del Estado en las cárceles, y puede que haya desplazado a las prisiones del centro del mundo criminal ecuatoriano. Pero hay pocos indicios de que la administración de Noboa planee abordar las raíces del problema carcelario.
El sistema penitenciario de Ecuador se ha convertido en un nodo criminal clave, que sirve de incubadora para grupos como Los Choneros, que pasaron de ser una banda local de traficantes de drogas con sede en la ciudad costera de Manta, a ser la mayor organización criminal del país.
Tras el encarcelamiento en 2011 del líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, y otros de sus miembros importantes, el grupo utilizó una combinación de pragmatismo y fuerza para construir un feudo criminal entre rejas. Forjaron conexiones con otros criminales y narcotraficantes encarcelados, reclutaron nuevos miembros entre la población privada de libertad (PPL) y coordinaron operaciones fuera de las prisiones con total impunidad. Cuando sus rivales amenazaban su poder, eran brutalmente asesinados.
Los Choneros consolidaron su influencia sobre la vida cotidiana en las prisiones, cobrando a la PPL por necesidades básicas como la comida y las visitas familiares, al tiempo que supervisaban las economías ilícitas que satisfacían las necesidades de los presos, como el contrabando, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. InSight Crime estimó que el valor total de estas economías es de más de US$200 millones al año.
Tras la violencia de 2023 y los ataques de enero de 2024, Noboa encargó a los militares del desmantelamiento permanente de las mafias carcelarias como Los Choneros. Las fuerzas armadas han asumido en gran medida las operaciones cotidianas en las prisiones, que estaban en manos de autoridades penitenciarias altamente corruptas y con escasos recursos. Esto ha puesto en jaque a los grupos criminales, cortando las comunicaciones y obligando a muchos de los principales líderes de las bandas a buscar refugio fuera de Ecuador.
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Sin embargo, los informes de InSight Crime y medios de comunicación locales han demostrado que las economías criminales al interior de las prisiones persisten, y que miembros del ejército están asumiendo el control de algunas de ellas.
Al comienzo de la represión, cuando se prohibieron las visitas de familiares a las prisiones, los soldados supuestamente cobraban sobornos a cambio de permitir a la PPL el acceso a teléfonos celulares para ponerse en contacto con su familia, según declararon familiares de presos a InSight Crime en mayo. Los arrestos de militares en las prisiones con posesión de teléfonos y otros artículos de contrabando proporcionan más evidencias del creciente involucramiento de los soldados en las economías criminales carcelarias. Mientras tanto, reportes de Primicias sugieren que los militares aún no han eliminado otras economías como el suministro de alimentos en prisión.
El caos reina en la calle
El desplazamiento de las prisiones como base de operaciones del crimen organizado ha provocado profundos cambios en el resto de Ecuador, fragmentando las mayores organizaciones criminales del país: Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones.
Antes de la intervención, muchos líderes de bandas locales recurrían a sus superiores en prisión para obtener drogas y armas. A cambio, los jefes locales controlaban el territorio en nombre de la mafia carcelaria y prestaban servicios de narcotráfico. Tras la represión militar, esta relación entre las cárceles y las calles se ha vuelto más horizontal.
Los homicidios en todo Ecuador disminuyeron sustancialmente en enero y febrero, luego del inicio de la represión. Algunos grupos criminales suspendieron sus actividades, sin órdenes de sus líderes y recelosos de la creciente presencia militar en las calles.
Pero los homicidios se dispararon en marzo y siguieron aumentando a medida que resurgían las bandas que estaban tratando de adaptarse al nuevo panorama criminal. Delitos como la extorsión y el secuestro se dispararon. Además, bandas rivales lanzaron una serie de ataques brutales en zonas de minería ilegal de las provincias de Azuay y El Oro.
Ahora, las bandas locales ven las alianzas fijas con las mafias carcelarias como menos beneficiosas y optan por la autonomía y las identidades fluidas. Esto ha exacerbado las tensiones tanto en las calles como en el interior de las bandas.
En Durán, uno de los municipios más violentos de Ecuador, las fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno dijeron a InSight Crime que la violencia está impulsada no solo por la rivalidad entre sus dos principales grupos criminales, Los Chone Killers y Los Latin Kings, sino también entre facciones enfrentadas de Los Chone Killers.
¿Un nuevo orden?
La dependencia de Ecuador de un enfoque de mano dura para combatir el crimen organizado ha producido un panorama de seguridad fragmentado y delicado que muestra pocas señales de cambio en 2025.
“Sigue habiendo una pugna de poder y a esa complicidad se han sumado ahora los militares, que son quienes están custodiando todo este entramado de complicidad de funcionarios a todo nivel… Entonces es bastante frágil y súper peligroso”, dijo a InSight Crime Karol Noroña, periodista de investigación y experta en prisiones ecuatoriana.
Noroña puso como ejemplo una masacre ocurrida en noviembre en la Penitenciaría del Litoral, que dejó 17 muertos y más de una docena de heridos. Los asesinatos de funcionarios de prisiones, el aumento de la violencia en las regiones mineras y el incremento de los asesinatos en masa también muestran cómo la violencia criminal sigue estando en el centro de la vida cotidiana en Ecuador.
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Como resultado, la seguridad ciudadana seguirá siendo uno de los principales temas en las elecciones presidenciales de febrero, cuando Noboa se enfrente a otros aspirantes a la presidencia en la primera vuelta electoral. Los ecuatorianos expresaron previamente su apoyo a la mano dura de su administración contra el crimen en un referéndum celebrado en abril de 2024, en el que varias cuestiones, incluido el despliegue de fuerzas armadas para luchar contra el crimen organizado, recibieron una aprobación abrumadora. Noboa también se ha jactado de haber reducido los homicidios este año en comparación con el anterior, de orquestar la captura de líderes criminales de alto nivel que residen en el extranjero y de los planes de abrir una nueva “mega cárcel”.
Las primeras encuestas sugieren que la principal oponente de Noboa será Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), con quien Noboa se enfrentó en las elecciones anticipadas de octubre de 2023. Durante la campaña, González rechazó inicialmente los enfoques de mano dura a la crisis de seguridad de Ecuador, pero cambió de táctica cerca de las elecciones, prometiendo utilizar a los militares para “retomar el control del país”.
Independientemente del resultado de las elecciones, al gobierno le costará avanzar a largo plazo contra el crimen organizado, sobre todo porque su estrategia principal, basada en políticas punitivas y en la militarización, sigue siendo la misma.
“No veo mucha salida porque no veo que el debate esté yendo a cómo vamos a reinsertar a la gente [privada de libertad]”, dijo a InSight Crime Jorge Núñez, cofundador del centro de investigación etnográfica ecuatoriano Kaleidos. “La gente sigue creyendo que el problema del crimen organizado se va a resolver con castigos y cárceles”.
