Tras una semana marcada por un secuestro de alto perfil y supuestas violaciones del cese al fuego entre el gobierno colombiano y los dos grupos armados más grandes del país, el futuro de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro está en juego.
El 28 de octubre, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestraron a los padres de la estrella del fútbol Luis Díaz en una gasolinera de Barrancas, La Guajira. La madre fue liberada rápidamente, pero el padre, Luis Manuel Díaz, permanece secuestrado al momento de esta publicación.
Miembros del Frente de Guerra Norte del ELN, con base en La Guajira, fueron los presuntos responsables del secuestro.
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Posteriormente, el 5 de noviembre, el Frente de Guerra Occidental del ELN declaró un paro armado en Baudó, Chocó, alegando que el ejército colombiano había violado el cese al fuego al actuar en connivencia con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la región.
Ese mismo día, el Estado Mayor Central (EMC), la principal facción de las ex-FARC mafia, disidentes de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), suspendió las negociaciones de paz con el gobierno tras sólo tres semanas. No obstante, el cese al fuego bilateral sigue en pie.
Un secuestro sume las negociaciones del ELN en una crisis
El secuestro de Luis Manuel Díaz por parte del ELN y el paro armado en Chocó podrían constituir una violación del cese al fuego del grupo con el gobierno y plantean dudas sobre su capacidad para adherirse a cualquier acuerdo de paz futuro.
Las violaciones del alto al fuego por parte del ELN dejan al gobierno colombiano en una situación precaria, ya que el ELN es el principal actor armado de Colombia y es fundamental para el éxito de la paz total. El cese al fuego lleva en vigor casi un año, y prohíbe las acciones hostiles entre el ELN y las fuerzas de seguridad colombianas, al igual que la toma de rehenes, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado por parte del ELN.
Estos incidentes han puesto de relieve una antigua preocupación en torno a las negociaciones con el ELN: la estructura de mando descentralizada del grupo concede a los frentes de guerra individuales una autonomía significativa, lo que hace que controlar las acciones de cada frente sea difícil y resulta en acciones por fuera de los mandatos del Comando Central, como el secuestro de Díaz y el anuncio del paro armado.
Aunque, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el ELN ha cometido al menos once posibles violaciones al cese al fuego entre el 3 de octubre y el 3 de noviembre, este secuestro ha atraído la atención internacional, aumentando la presión para que el gobierno establezca una clara línea roja con el ELN.
Dudas sobre el compromiso de las ex-FARC mafia con la paz
Las negociaciones entre el gobierno colombiano y el EMC se interrumpieron bruscamente tan sólo 20 días después de establecer un acuerdo de alto el fuego. El 5 de noviembre, el EMC anunció que el gobierno había incumplido los compromisos acordados durante las negociaciones, aunque el cese al fuego seguiría en vigor.
Esta ruptura se produjo tras un enfrentamiento en el corregimiento de El Plateado en Argelia, sur del Cauca, un punto clave del narcotráfico bajo el control del Frente Carlos Patiño, que forma parte del EMC. El 26 de octubre, se reportó que miembros del Frente Carlos Patiño estaban bloqueando la llegada de material electoral antes de las elecciones locales del 29 de octubre.
Su presencia parece haber violado un acuerdo alcanzado con el gobierno, según el cual las tropas del EMC desalojarían temporalmente el municipio durante las elecciones y permitirían al ejército garantizar que la votación se desarrollara pacíficamente. Tras las elecciones, el ejército debía retirarse. Sin embargo, el ejército permaneció en El Plateado, lo que provocó una protesta supuestamente instigada por el Frente Carlos Patiño, que acabó con el secuestro y posterior liberación de 20 miembros de las fuerzas de seguridad.
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El colapso de las negociaciones ha despertado preocupación entre algunos analistas, que temen que el EMC esté utilizando las negociaciones como pretexto para aumentar su pie de fuerza y consolidar su poder. Tras el fracaso de dos negociaciones en el último año, el EMC ha ampliado su influencia en áreas clave.
El proceso de paz con el EMC también ha tenido dificultades debido a la falta de supervisión, como las demoras en el establecimiento del mecanismo de supervisión y verificación previsto en el protocolo de cese al fuego. «[Estos acuerdos] no pueden hacerse sobre la marcha.Hay que tenerlo todo preparado para cuando entre en vigor el alto el fuego. Estas improvisaciones demuestran que este gobierno no tenía un plan estratégico», afirmó Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y analista del conflicto colombiano.
Negociaciones sin avances
Aunque las conversaciones con el ELN y el EMC son los mayores retos para la Paz Total, otras negociaciones, como las que tienen lugar en ciudades como Buenaventura y Medellín, se enfrentan a importantes desafíos.
En Buenaventura, las bandas rivales, Shottas y Espartanos, han intentado mantener un alto al fuego mientras avanzan las negociaciones. Sin embargo, el Congreso de Colombia no ha aprobado el marco legal necesario para permitir los diálogos con estos grupos criminales. A principios de octubre, miembros del Congreso presentaron un proyecto de ley destinado a modificar la ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, para incluir a los nuevos grupos. Desafortunadamente, esta medida también se enfrenta a una dura oposición en el Congreso, donde el partido del presidente necesita mayorías.
El retraso en el establecimiento de un marco legal también tiene implicaciones significativas para la posible reanudación de las negociaciones con uno de los mayores grupos armados de Colombia, las AGC. Las conversaciones de paz con las AGC se rompieron en marzo, cuando el gobierno acusó al grupo de orquestar una huelga armada de mineros en la región del Bajo Cauca, en el noroeste de Colombia.
Estancamiento político y público
Las tensiones alrededor de la Paz no hacen erosionan aún más el apoyo político y público a esta política, explicó Trejos.
En las elecciones regionales de Colombia, celebradas el 29 de octubre, varios alcaldes y gobernadores opositores al gobierno de Petro fueron elegidos, lo que amenaza aún más el apoyo a la Paz Total a nivel local.
Los hechos del último año también han erosionado el apoyo público al plan insignia de Petro. Entre agosto de 2022 y agosto de 2023, las encuestas mostraron que el porcentaje de colombianos que aprobaban las negociaciones con los grupos armados cayó del 76% al 59%, mientras que los que estaban a favor de derrotar a estos grupos por medios militares aumentó del 21% al 37%.
Aun si las conversaciones entre el EMC y el ELN continúan, es posible que no se completen antes de que finalice el actual mandato presidencial de Petro en 2026. El exitoso proceso de paz con las FARC contó con un apoyo más amplio y aún así tardó cuatro años en completarse. Por lo tanto, es probable que la responsabilidad de completar la Paz Total recaiga sobre un gobierno diferente.
