Las autoridades en Chile parecen empezar a perder el control sobre los centros penitenciarios del país, a medida que la creciente sobrepoblación anima a los grupos criminales en las cárceles a desafiar las medidas de seguridad penitenciarias.

Tras años de descenso sostenido, la población privada de libertad de Chile ha aumentado durante 25 meses consecutivos, según cifras oficiales de la Gendarmería de Chile, la autoridad penitenciaria en el país.

“Hoy estamos en 54 mil personas privadas de libertad. Es un aumento explosivo en muy poco tiempo”, dijo el ministro de justicia, Luis Cordero Vega en una entrevista en diciembre de 2023. 

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Las cifras han seguido aumentando. En febrero de 2024, había 54.766 personas en prisión – 131% más que la capacidad oficial. Esto sitúa a Chile por encima de su vecino Argentina (118,5%), pero aún por debajo de Brasil (173.9%) y Perú (230,4%), según datos de World Prison Brief.

¿Cómo se sobrepoblaron las cárceles?

El creciente uso de la prisión preventiva, sumado al aumento de delitos de mayor cuantía como el homicidio y el secuestro, que vienen con una pena mínima de cinco años, generó un aumento de la población carcelaria.

En 2021, el sistema penitenciario chileno tuvo una población inferior a su capacidad oficial de 41.762 plazas. Tras un descenso constante, la población reclusa alcanzó su punto más bajo de 39.641 en diciembre de ese año. 

En mayo de 2022, sin embargo, el número de personas encarceladas superó la capacidad de los edificios para albergar a los privados de la libertad, y el número de personas encarceladas no ha hecho más que aumentar.

El uso cada vez mayor de la prisión preventiva es uno de los factores detrás de este aumento. Entre diciembre de 2021 hasta febrero de 2024, el número de imputados tras las rejas pasó de 14.202 a 19.812, mientras que entre 2019 y 2022, el número de imputados se mantuvo estable entre 13.802 y 14.506.

Parte de este aumento podría estar relacionado con el pánico generalizado producto del  incremento de ciertos crímenes en el país. Aunque algunos delitos de mayor connotación social, una categoría que incluye homicidios, violaciones, y otros crímenes graves, siguen por debajo de los niveles de 2019  otros delitos específicos, como el homicidio y el secuestro se han incrementado.

El resultado es claro. Según una encuesta reciente de IPSOS, una empresa internacional de sondeos y estudios de mercado, los chilenos están más preocupados por la criminalidad que los ciudadanos de cualquier otro país del mundo. Y, ante la creciente preocupación por la delincuencia y la inseguridad, los jueces parecen estar recurriendo cada vez más a la prisión preventiva. 

Otra razón detrás del incremento de la población carcelaria es el aumento del número de casos de ciertas categorías de delitos. Delitos como el secuestro y el homicidio, tienen penas mínimas estrictas y tienden a ser más largas. De hecho, Chile registró un pico en la cantidad de secuestros en 2022, según datos del Ministerio Público. 

El número de casos policiales de homicidios también ha aumentado cada año desde 2017, a excepción de 2021. El número de víctimas de homicidio va en aumento desde 2018, pero bajó ligeramente en 2023 en comparación con 2022. A pesar de esta tendencia, Chile sigue teniendo una de las tasas de homicidio más bajas de la región.

Una amenaza creciente

Con la población carcelaria de Chile creciendo sin cesar, el sistema parece estar siguiendo los pasos de otros países que han perdido el control de sus prisiones en la región. 

Poderosos grupos criminales transnacionales, como el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Tren de Aragua, el Clan Rotela de Paraguay, y las pandillas de Ecuador se fundaron en cárceles sobrepobladas que el estado no podía controlar. Estos grupos criminales suelen usar la inseguridad dentro de los centros penitenciarios para reclutar nuevos miembros, dirigir negocios y tomar control de las prisiones. 

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Ante la latente de la aparición de un grupo criminal similar, el gobierno se ha propuesto agilizar la tramitación del proyecto de ley de expulsiones a extranjeros condenados por la Ley de drogas para recuperar el control de las cárceles, sin embargo, esto no generaría un impacto significativo. 

Los datos indican que aunque hoy liberaran a todos los extranjeros tras las rejas, las cárceles seguirían siendo sobrepobladas. Si bien la población reclusa originaria de otros países ha incrementado en los últimos años, los datos demuestran que la sobrepoblación carcelaria está compuesta principalmente por chilenos, quienes representan el 86% de la población privada de la libertad. Y para diciembre de 2023, la población reclusa de origen chileno ocupaba 45.978 plazas, una cifra que ya superaba la capacidad carcelaria en un 110%.

Hay otras propuestas en la mesa. En marzo, la Gendarmería del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, comenzó a instalar inhibidores de señal de teléfonos. La intención era interrumpir la comunicación entre los jefes del crimen y el mundo exterior, por lo que la acción de las autoridades provocó rechazo por parte de los reclusos. Algunos amenazaron a las autoridades, otros dijeron que tomarían visitantes y abogados como rehenes, y se rumoraba que grupos criminales usarían francotiradores conocidos como “sicarios” para destruir las antenas.

Imagen principal: Un oficial de la Gendarmería custodia una abarrotada prisión en Chile. Crédito: ATON